“Bendito es el hombre
que oye muchas voces tiernas llamándolo padre”. Lydia M. Child (1802-18080).
COMO JUAN PALOMO
Cuando se esperaba que la cordura llegara a la secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, luego del paso del ciclón motejado como “El tucho”,
resulta que fue peor el remedio que la enfermedad, porque la experiencia esa
gran virtud de los seres humanos que sirven para corregir el camino y evitar
caer en los errores pasados, vuelve en el caso que les vamos a relatar al
constituirse varios delitos configurados en la Ley en el afán loco de
corrupción que han tenido los hermanos Jorge Luis y Antonio González Curi, quienes
han acaparado obras, empleos, cargos políticos influencias y recursos que los
han llevado a ser considerados como una de las familias más ricas del Estado de
Campeche.
Resulta que como todos sabemos el arquitecto Jorge Luis González Curi, ha
recorrido la escala musical de los cargos públicos desde secretario de Obras
Públicas y alcalde de San Francisco de Campeche con Abelardo Carrillo Zavala; secretario
de Turismo con Jorge
Carlos Hurtado Valdez; diputado local y secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas con la actual administración de Fernando Ortega Bernés. Además ha
sido presidente de diversas agrupaciones privadas incluido el Consejo
Coordinador Empresarial de Campeche; dueño del Periódico Novedades Campeche,
accionista de otro y decenas de empresas con prestanombres u ocultas como
Constructora Delmar S.A. de C.V.
Los ciudadanos campechanos de nuevo nos encontramos padeciendo una nueva
ola de engaños, simulaciones y burlas de personas como el arquitecto. Nos
encontramos en medio de un atroz maniqueísmo mediante el cual se pretende
hacernos creer que el manejo del erario estatal en materia de obra pública es
legal y transparente.
Recordemos que la transparencia es una característica que abre la
información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio
público, mediante sistemas de clasificación y difusión de la información de
cualquier nivel de gobierno. La transparencia es la práctica de colocar en la
“vitrina pública” toda la información generada sin que medie solicitud expresa
al respecto.
La rendición de cuentas es el acto por el cual los servidores públicos
responden a los representados sobre el uso de sus poderes y facultades,
aceptando su responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño como es
el caso que hoy nos ocupa.
Y ahora resulta que nos presume de transparente un secretario de
gabinete, que ha mantenido como política pública prioritaria la de ser
“tapadera perfecta” de los abusos y depredación del erario, cometidos por él
mismo.
Ahora nos enteramos que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Estado, dependiente de la secretaría a su cargo, dio a conocer el pasado 11 de
junio el fallo de la licitación número CAPAE-CAM-APAZU-LPN-15-13, realizada por
convocatoria pública, para la contratación de los trabajos consistentes en la
ampliación de la red y sectorización del sistema de agua potable 4ª etapa, en la localidad de Bécal, municipio de
Calkiní, con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y
servicios relacionados con las mismas. Y no es por el monto de esta licitación
sino porque es el preludio de otras más y por mayor cantidad las que estarían
en puerta.
Como es su costumbre ---y más en este caso---, el arquitecto nunca da la
cara y fue José Javier Chin Vázquez,
director de Construcción de esa Comisión, quien a su vez actuó en nombre y
representación del director de la CAPAE, Felipe Antonio Jiménez Silva, quienes dieron a
conocer que conforme a la convocatoria y en apego al artículo 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados y los artículos 63 fracción I, inciso
a, 64 apartado A y 65 apartado A de su Reglamento se dijo “contar con los elementos
necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas”.
En ese acto se presentaron 24 empresas constructoras y se les fue
desgranando las fallas que algunas habían tenido en sus propuestas. Finalmente,
llegaron a la conclusión de que…¡acertó usted! La propuesta presentada por la
sociedad mercantil denominada Distribuidora y Armadora de Aluminio, S.A. de
C.V. resultó ganadora al presentar la propuesta de dos millones 964 mil 407
pesos 75/100.
La fecha de inicio y terminación de los trabajos que se le adjudican,
quedarán comprendidos del 26 de julio de 2013 al 26 de diciembre de 2013, es
decir 184 días naturales.
Estimado lector usted estará pensando ¿y dónde está lo irregular?
Sencillamente, en que tal empresa que apenas hace un tiempo estaba a nombre del
arquitecto, para efectos como el de la presente licitación quedaron a nombre de
su hijo Jorge
Luis González Ruiz, lo que convierte esta licitación en un asunto
que debe investigar la Contraloría del Estado por violaciones a los artículos
52 y 53, en su fracciones XIV y XVI, de la Ley Reglamentaria del Capítulo VII
de la Constitución Política, con relación al Artículo 34, fracción I, de la Ley
de Obras Públicas, ambas del Estado de Campeche vigentes, que señalan entre
otras cosas los impedimentos a que están obligados y las sanciones a la que se
hacen acreedores los funcionarios públicos de todos los niveles en el ejercicio
de sus encargos, como lo son por ejemplo la destitución inmediata del cargo y
la inhabilitación hasta por 10 años dada la gravedad del beneficio o lucro
adquirido, sin impedimento de las sanciones penales que resulten, por tanto
sigo sin entender ¿cómo es posible que se haya armado todo un teatro para
adjudicarse este contrato, sobre todo que el titular del ramo apenas unos meses
atrás era ---sigue siendo--- el dueño absoluto de esa empresa?.
En Campeche todo se sabe, y bastaría una mínima investigación para darse
cuenta en que forma se están otorgando las licitaciones de obras y servicios en
esa dependencia.
Los campechanos tienen el derecho inalienable de recibir información
veraz y oportuna del manejo de los recursos públicos y de exigir a todos por
igual ---sin importar de que orden de gobierno se trate o de que partido
provengan los funcionarios--- una auténtica rendición de cuentas, premisa
indispensable para lograr la transparencia.
Que nadie engañe y menos se burle de la buena fe o desconocimiento
ciudadano sobre el manejo de los asuntos de la administración pública. Por si
las dudas, tengamos presente que entre pillos no se imparte justicia, se lucha
por el botín.
Como colofón, “Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”.
MUCHO PARA UNOS POCOS
En materia de obras ningún gobierno ha emulado al de José Ortiz
Avila (1961-1967), pero ni éste ni el gobierno de Eugenio
Echeverría Castellot (1979-1985) lograron sentar las bases de una
infraestructura inmobiliaria que permitiera darle salud financiera al gobierno
estatal en materia de arrendamientos y servicios.
En obras se dice que el coronel dejó
más de tres mil obras en el sexenio . Fuentes, plazas, el Palacio de
Gobierno y el Congreso del Estado que por cierto fueron muy criticadas en su
momento y hasta motes como “La radioconsola”, “El platillo volador”, “El
monstruo de la avenida resurgimiento”, etc.
Tal vez esa innovaciones, esos cambios de un estilo que rompió el
espacio de la historia y la costumbre no fue aceptada por algunos campechanos. Ortiz Avila
ciertamente cambió la fisonomía de la entidad, pero no pudo sentar las bases
para edificar inmuebles que desahogarían el sangrado de los recursos del erario
estatal en materia de oficinas públicas, bodegas, etc.
En un portal de transparencia de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental se encuentra una serie de datos que nos indican la
forma en que los políticos, exgobernadores, exalcaldes, empresarios amigos
“ordeñan” mes tras mes los recursos financieros de una parte ---no toda porque
es otra historia---, de la administración estatal que le fue heredada al actual
gobernador, porque sea dicho con la verdad, este tráfico de influencias nació
desde el sexenio de Jorge Salomón Azar García.
Prueba de ello es que la Inmobiliaria del Golfo de Campeche, S.A. de
C.V. ---cuyo prestanombre falleció semanas atrás---, Alejandro Piña Azar, recibe
rigurosamente 255 mil 856 pesos 84/100, por el arrendamiento de lo que un día
fue el Banco Unión, propiedad de Carlos Cabal Peniche y que todos saben de
quién es el citado edificio que hoy alberga a la Secretaría de Desarrollo
Social y Regional, así como a la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Pero no son los únicos ganadores de este “Melate político” porque Carlos Enrique
Lavalle Azar recibe la nada despreciable cantidad de 405 mil 443
pesos 69/100 por concepto de renta de los edificios que albergan precisamente a
la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de
Desarrollo Rural. Contratos millonarios adjudicados en épocas de los gobiernos
de Azar
García y revalidados en los de José Antonio González Curi y Jorge Carlos
Hurtado Valdez.
Y no termina esa derrama de recursos porque ¿saben ustedes de quién es
---o cuando menos cobra la renta--- el edificio del Registro Civil? Pues de la
diputada federal y esposa del exgobernador González Curi, quien mes tras mes desde hace
año y medio cobra 93 mil 780 pesos por
la renta de ese edificio ubicado a espaldas de los hospitales de Oncología y de
Especialidades Médicas, que ya se podrá imaginar como llegaron a sus manos esos
terrenos del fundo legal y que fue construido por su hermano el arquitecto.
También llama la atención los 120 mil pesos mensuales que se le otorgan
a Rafael
Flores Avila por el arrendamiento de la Sbsría “C”, Registro Civil y
Registro Público de la Propiedad en Ciudad del Carmen.
Y ni que decir de Francisco Chuc Rodríguez que retira cada mes
la nada despreciable suma de 101 587 pesos 41/100, por concepto de renta de las oficinas de la sría de
cultura, Injucam y Coespo en esta capital.
Tampoco puede soslayarse el bonito contrato que está por terminarse,
porque la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez volverá a su lugar tradicional
al ser concluida su nueva edificación. Me refiero a Guadalupe Felipe Ramos, que
algunos me aseguran es propiedad de un político. Este es el viejo edificio del
BANRURAL, ubicado frente al Hospital Manuel Campos y que funciona como parte de
la escuela primaria nombrada anteriormente.
Y políticas carmelitas no faltan tales son los casos de Carmen
Guadalupe Fonz Sáenz y Dulce María Dorantes Cervera, eternas aspirantes
a cargos de elección que han venido a menos, pero no en sus emolumentos porque
la primera cobra una renta mensual de 42
mil 425 pesos por las oficinas del Fondo Campeche en Ciudad del Carmen y, la
segunda 37 mil 389 pesos 25/100, por arrendar el local que ocupa la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la isla.
Y la lista es interminable, así como los prestanombres que en ella
aparecen. Lo cierto del caso es que este listado de 55 nombres suman la nada
despreciable cantidad de dos millones 290 mil 203 pesos 39/100 y que si lo
multiplicamos por 12 mes del año nos arrojan 27 millones 922 mil 159 pesos
68/100 que no incluyen impuestos.
La falta de planeación ha sido en el devenir de los gobiernos estatales
y municipales un problema de políticas públicas aplicadas al gasto corriente,
porque con una buena planeación se podrían construir macros edificios en
Campeche y Ciudad del Carmen que alberguen con ventajas a todas las
dependencias que ciertamente no tienen espacio para asentarse.
La plutocracia ha sido determinante en la asignación de estos
arrendamientos.
Y como bien señala don Francisco Martín Moreno, vivimos en una
sociedad cleptocrática. Si la celptomanía se define como un trastorno del
control de impulsos que lleva al robo compulsivo de cosas y la persona que
padece dicho trastorno recibe el nombre de cleptómano o ladrón compulsivo,
entonces nuestra sociedad debe ser cleptocrática y mil veces peor si los
cleptomaníacos en muy escasas ocasiones son sancionados.
Estimado lector puede usted buscar este primer listado en el link anexo en este blog de su servidor.
SIMULTANEAS
“Filomena”, libre por falta de méritos y
exceso de priismo. Las divisas del juego son la violencia, el engaño y la
impunidad… Con la lucha por la presidencia del PAN en el estado, este partido
se está tribalizando, desinstitucionalizando y desfigurando por el apetito
desmedido del Grupo Carmen y de Yolanda Guadalupe Valladares Valle, para
vender su posición al PRI en el proceso electoral de 2015 (léase construir
alianzas sociales con el PRI bajo el agua y con muchos pesos de por medio).
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