Jaque Mate por Ricardo Calderón

KOBEN, ¿QUIÉN TIENE LA RAZON?

El problema de la Villa de San Francisco Kobén, del municipio de Campeche ha ido creciendo como bola de nieve, debido entre otras cosas, a la falta de interés por parte del gobierno federal y al desconocimiento que este conflicto ha generado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los ejidatarios, poseedores legítimos de esas tierras que fueron utilizadas al trazarse la primera vía de comunicación que unió a esta población con la capital del Estado y cabecera municipal.

Corría el año de 1960 cuando el entonces alcalde Eugenio Echeverría Castellot (1959-1961), realizó a instancias del gobernador Alberto Trueba Urbina (1955-1961), un camino de terracería que llegó hasta el poblado de Hampolol, antes de ello la comunicación era una brecha y por la vía del Ferrocarriles Unidos de Yucatán.

El camino terracero se construyó con la participación de la Junta Local de Caminos, quien realizó los estudios y proyectos, pero que sin tomar en cuenta que se trataba de terrenos ejidales había que convencer a los poseedores de esa área y posteriormente indemnizarlos por la afectación que el camino dejaría al establecerse el derecho de vía.

Este camino estaba contemplado a nivel nacional desde la época del Arq. Carlos Lazo que obedecía a un proyecto nacional que consideraba unir México en su costa del Golfo  con la Península de Yucatán. El citado proyecto iniciaba en Matamoros, Tamaulipas y concluía en Puerto Juárez, Quintana Roo (180). Era una carretera federal con 12 mts. de ancho y 60 mts. de derecho de vía (30 mts. por lado).

Para los habitantes de San Francisco Kobén el paso de ese camino fue motivo de fiesta, porque al fin terminaría el aislamiento ancestral. sin embargo estaban tan entretenidos que nunca se asesoraron a que los ejidatarios afectados en todo el ejido por el nuevo camino estaba obligado el gobierno federal y con la venía del gobierno estatal, a pagarles las afectaciones ejidales.

El tiempo pasó.  La indolencia y apatía tanto de quienes afectaron como de los afectados fue causa y efecto de que al paso de las décadas, ni una de las dos partes tienen documentos que prueben esos pagos. El derecho de vía se adquiere, se compra lo cual nunca se hizo efectivo. Hoy los ejidatarios se ponen en la situación de que son afectados.

Entonces no peleaban la vía, porque era una necesidad, pero al paso del tiempo y luego de que San Francisco Kobén se convirtió en paso obligado del transporte de carga y el penal que se encuentra en ese lugar, los bienes y servicios proliferaron. Con esos derechos ciertamente que no han perdido, están influyendo para que la modernización de la carretera federal se detenga, ante la negativa de que se construya un puente que evite el paso vehicular en esa plaza del poblado.

Platicando con un ex representante de la Junta Local de Caminos de Campeche, que vive en esta ciudad, me señalaba que la JLCC nunca pagó un centavo a esos ejidatarios y lo peor del caso es que luego de la disolución de esa Junta, desapareció también el Libro de Actas. El hecho ocurrió en el sexenio de Jorge Salomón Azar García. Los activos al parecer quedaron en poder de la secretaría de Obras Públicas de esa administración.

A priori no se encuentra una solución satisfactoria para ambas partes, porque los pobladores no querrán ser arrimados 30 metros por lado, ya que es un absurdo debido a las condiciones de construcción en que actualmente se encuentran. Es más el mismo gobierno del estado construyó un Centro Neurospsiquiátrico en las inmediaciones de ese camino.

Sobre este tema el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, dio a conocer que “en primer lugar no soy ingeniero; en segundo lugar ésta es una obra que se realiza con un alto sentido de previsión, y bueno, tiene una configuración técnica, pero como en todas las obras, pues es importante atender todas las inquietudes”.

Lo que el gobernador tal vez ignora es que los libramientos carreteros construidos en Campeche han sido invadidos al paso del tiempo sin que autoridad alguna lo haya impedido. Los ejemplos: el libramiento carretero de la ciudad, que tiene múltiples construcciones a lo largo de su recorrido; el de Seybaplaya, donde los 3.5 kms. están totalmente invadidos y además (¡insólito! En una carretera federal) con topes y vibradores. Y en Kobén no sucedió porque primero fue el pueblo y luego la carretera.

QUE ES EL DERECHO DE VIA

Dice la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, en su Art. 2º. Fracción III.- Que para los efectos de esta ley se entenderá por:

Derecho de vía, la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para uso adecuado de una vía general de comunicación cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos (como al parecer será la modernización de la Campeche-Mérida, vía Camino Real). Se medirá a partir del eje de cada uno de ellos.

La misma Ley en su Art. 28.- dice: Se requiere permiso previo de la SCT, para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión de productos derivados de petróleo o cualquiera otra obras subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación que pudieran entorpecer el buen funcionamiento de los caminos federales. La SCT evaluará, previo dictamen técnico, la procedencia de dichos permisos.

El que sin permiso, con cualquier obra o trabajo invada las vías de comunicación a que se refiere esta ley, estará obligado a demoler la obra ejecutada en la parte de la vía invadida y del derecho de vía delimitado y a realizar las reparaciones que la misma requiera.

Hay que puntualizar que la seguridad vial debe ser considerada como una prioridad y las autoridades las deben considerar en sus proyectos, respetando la ley, evitando que la carretera se vuelva una trampa mortal, sobre todo la vía Isla del Carmen—Puerto Real, Campeche y la del tramo San Francisco de Campeche, tramo San Francisco Kobén.

La Ley que establece el Derecho de Vía de una carretera o camino local. Dice:

Art. 1º  Son objeto de esta ley todas las vías de comunicación terrestre y por construir por cooperación, estatales y vecinales y que no están comprendidas en la Fracción VI del Art. 1º de la Ley General de Vías de Comunicación.

Art. 3º  La franja que determine el Derecho de Vía de un camino local, tendrá una amplitud mínima de 20 mts. a cada lado del eje del camino, la cual podrá ampliarse en los lugares en que esto resulte indicado por las necesidades técnicas de los mismos caminos, por la densidad del tránsito o por otras causas.

Art. 4º La adquisición de los terrenos para la creación de la zona de Derecho de Vía de un camino local, será por medios legales, por convenio o expropiación, cubriendo las indemnizaciones de ley, a las personas que acrediten sus derechos de propiedad sobre inmuebles expropiados.

Art.5º  La Junta Local de Caminos (desaparecida en Campeche desde el sexenio de Jorge Salomón Azar García), será la dependencia oficial que fijará la amplitud del Derecho de Vía, de acuerdo con las necesidades técnicas del camino.

Art. 6º  Se requerirá autorización previa del Ejecutivo a través de la JLCE, para instalar anuncios o hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el transporte; por lo tanto, los colindantes de una vía deben solicitar a la JLCE su alineamiento correspondiente.

Art. 9º  Los dueños cuyos predios sean atravesados por una vía de comunicación terrestre, están obligados a cercarlos en la parte que limitan con el Derecho de Vía.

TRANSITORIOS

Art. Primero.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial.

Art. Segundo.-  Las dudas que suscite la interpretación del articulado, serán resueltas por la JLCE.

Dado en el edificio de los Poderes del Estado de Campeche, a los seis días del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y uno.- El Gobernador Constitucional del Estado, Ing. Eugenio Echeverría Castellot.- El Secretario de Gobierno, Lic. Pablo González Lastra.- Rúbricas.

Expedido por Decreto núm. 82 P.D. 11/Nov./1981  L Legislatura.

Por su parte la SCT señala que los puentes con todas aquellas construcciones de seis metros o más de claro, que sirven para salvar algún obstáculo o falla geológica y permiten continuidad a un camino o carretera, o bien que su empleo sea necesario, para dar fluidez al tráfico y se clasifican según las categorías de los caminos en que se encuentran.

La Junta Local de Caminos de Campeche, cumplió con su cometido durante los más de 50 años de existencia, pero algunos gobernadores no les gustaba estar bajo el sistema de que el representante era nombrado por la Dirección General de Carreteras en Cooperación de la SCT. Su inquietud es que no le podían meter mano totalmente al presupuesto.

Un ejemplo es lo que ocurrió con los recursos del libramiento de Campeche, mismo que fue construido por la JCCC durante el gobierno de Rafael Rodríguez Barrera, donde escatimó los recursos destinados para ingeniería, haciendo caso omiso a los manuales de funcionamiento. En esa virtud, su tesorero Fernando Berrón Waring, le negaron a la JLCC capulinamente un millón 700 mil pesos de ese entonces, mismo que serían utilizados para supervisión constante de esa vía, evitando las inavasiones. Esos recursos enviados por la federación los desviaron y los objetivos nunca se cumplieron.

Según reportes nacionales de 1978 Rodríguez Barrera era el más negativo de los gobernadores de la Península, para la construcción de carreteras estatales y bajo el sistema tripartita; Federal-estatal-municipal.

Se dice que merced a esta tacañería política no se realizó el Ingenio Azucarero en Yohaltún. El presidente de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, Gilberto Flores Muñoz, externó una frase que pintaba de cuerpo entero al “Chel”: “El gobernador de Campeche es de los que acostumbran tocar el violín con una sola cuerda”.

EL DILEMA

El enfrentamiento entre pobladores de San Francisco Kobén y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha planteado al gobierno del Estado una solución negociada. Por esa razón el Ejecutivo estatal está siendo espectador de los acontecimientos, pero mientras tanto ese tramo carretero que ya muestra retrasos de más de ocho meses, puede prolongarse en caso de que los comerciantes de Kobén se vayan a la vía del amparo, lo que daría al juicio una detención de los trabajos con perjuicio para todos los campechanos y quienes hacen uso diario de esa vía en proceso de modernización.

Sin embargo, tal parece que la SCT y “sus cerebros jurídicos” han optado por amenazar a los 60 comerciantes por la vía del desalojo a través de la PGR, lo que llevaría el conflicto a su límite. Sin comprobar que los “invasores” fueron indemnizados en su oportunidad.

Este problema viejo de tenencia de la tierra, heredado por la administración de Echeverría Castellot, está a punto de convertirse en un detonante social, porque los pobladores de ese lugar pueden exigir indemnización por la invasión que se hizo a ese ejido al momento de que cruzó el primer camino terrajero y luego la carretera federal que, precisamente también realizó ese gobernador en su administración.

Este es el momento de que los operadores políticos del gobierno Justo y Solidario sienten a las partes en litigio y busquen una solución, evitando que se les salga de las manos y entonces sea el gobierno federal el que ponga las condiciones.

Finalmente dejo para la imaginación varias preguntas: ¿será que el puente ya fue licitado? ¿quién de los grandes beneficiados como son Eduardo Escalante Escalante, Augusto Gordillo Díaz y Ramón Espínola Toraya será el ganador de esa obra? ¿cuál es el costo del puente? ¿si el problema se traba se pagará a los verdaderos ejidatarios afectados hace más de 50 años?  ¿ya también fue emplazado el Neuropsiquiátrico a desalojar el derecho de vía?

Se quedan muchas preguntas en el tintero, pero que podrían ser motivo de otro comentario, de acuerdo con los acontecimientos por venir.

SE LE ESTA ACABANDO EL TIEMPO

El pasado viernes se abrió el proceso electoral 2012 en todo el país. Será el sereno pero es la primera vez que el nombre de Edgar Román Hernández Hernández aparezca en un cuestionario de una encuesta de preferencias electorales que podría ser en los primeros días de enero de 2012, para seleccionar al candidato del PRI al Ayuntamiento de Campeche.

Es, sin duda el aspirante principal por la prolongada cercanía que guarda con el habitante principal del ala sur del Palacio de Gobierno. En él se concentra el primer sembrado ---en caso de pasar todos los escollos--- para el 2015 que ya no está tan lejano; otros más saldrían del gabinete estatal e irían con todo por la victoria y la continuidad de un proyecto político de Fernando Eutimio Ortega Bernés.

En el citado sondeo por realizarse podrían estar también en la terna la diputada local por el V Distrito Ana Martha Escalante Castillo y Raúl Pozos Lanz, este último por la cercanía con grupos sociales que ha logrado en la Sedesore.

Pero estamos conscientes de que el gobernador no quitará el dedo del renglón, al margen de las cifras que sean. El mismo padeció en su momento esa coyuntura que lo llevó a varios cargos antes de enfilarse al Senado de la República y luego a la gubernatura.  Pero estamos hablando de dos personas distintas. De un hombre con carisma natural y otro que no la tiene.

Harnández Hernández ha sido un político mediano en el ámbito local, del que solo ha salido por la mano de su amigo Fernando Eutimio, quien lo ha conducido primero como secretario del Ayuntamiento de Campeche en el trienio 2003-2006, luego a un cargo administrativo como obscuro subsecretario de Desarrollo Rural, donde se empolvó tanto que pescó una rinitis alérgica burocrática. Llegó entonces su salvación en la campaña de su amigo y con ella al ganar la gubernatura, quedó en un lugar que “no me den, que me pongan donde hay”, como es el cargo de Secretario de Administración e Innovación Gubernamental donde se centralizaron todas las compras y nombramientos.

Pero el gusanillo del poder  ya había hecho mella en su cerebro burocrático, por eso hace 90 días se lanzó a la aventura de ser dirigente municipal de su partido, donde con la compañía de Ana Martha se aposentaron en el Comité Directivo Municipal, donde fue investido sin ningún principio democrático (candidatura de unidad, le dicen) y comenzó a tener su primeros errores, que no han terminado, porque el piensa que declarar a medios maiceados es tener presencia política.

Pero se olvida que en política no hay coincidencias y si denosta al actual alcalde debe ser sustentado en argumentos comprobatorios. Y digo lo anterior porque me consta que nadie puede acusar a otra persona de intolerante e incapaz si a su vez es lo mismo.

Resulta que hace una graciosa defensa del bribón Solrac Lorenzo Pacheco Castro y busca menospreciar algunos aciertos que el alcalde panista ciertamente ha tenido y que se ve que le han hecho cócora a él y a los suyos. Es el caso de la entrega de títulos de propiedad a invasores (sigo sin entender la legalización de lo ilegal), donde a la fecha se han otorgado mil 210 documentos de propiedad, pero que haciendo caso a despistados regidores, dice que el edil saluda con sombrero ajeno.

Lo cierto es que la herencia de Pacheco Castro todavía no está concluida, porque además de dejar deudas por 134 millones 828 mil 335 pesos 59/100 que un poco desglosado indica que de esa cantidad 37 millones 668 mil 068 pesos 18/100 son Fondos ajenos, es decir, que no hubo pago de retenciones; de tener pendiente la aclaración de un crimen; de haber sido el culpable de la pérdida del Ayuntamiento, porque el pueblo no votó tanto por el panista sino en contra del PRI por un mal alcalde y su mal candidato a sucederlo. Siempre ha sido así: cuando la controversia interna en el PRI crece, el PAN recoge las ganancias.

El tal “Garo” habla de un Plan Municipal de Desarrollo, de indicadores de desempeño y que siendo secretario de la Comuna campechana le pasaron de noche la herencia del trienio de Jorge Carlos Hurtado Valdez, considerado ayer, precisamente durante la Reunión del Consejo Político Nacional del PRI como Contralor. El PRI en manos “Rey de las albarradas”.

Y por si fuera poco no le agradece al edil panista que les haya ocultado los más de mil 500 aviadores que encontró en las nóminas del Ayuntamiento. ¿sabía eso ”Garo” o le juguetearon los dedos en la boca? Porque de acuerdo con un amigo panista que estuvo como Presidente del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana Municipal, me dijo palabras más, palabras menos: “Ricardo, estoy asombrado de la cantidad de aviadores que existen en el Ayuntamiento de Campeche, te lo digo yo, que he estado en la entrañas de la fiera”. Y ese hecho ocurrió precisamente cuando ”Garo” era secretario de esa Comuna.

No cabe duda de que quien lo empuja a declarar o es tonto compulsivo o no sabe nada de política, donde como en la ley física: toda acción trae aparejada una reacción.

Y mientras sigue haciendo guerra de infiernitos, su compañera de fórmula va en caballo de hacienda buscando aceptación. Pero es difícil que se le reconozca su mayor popularidad para el cargo en juego.

En esta tesitura si persiste la contumacia en el PRI para designar malos candidatos, pese a las severas dificultades que el PAN tiene para asegurar nuevos liderazgos, es posible que el ex cuartel Pedro Baranda no se recupere en este sexenio.