Jaque Mate por Ricardo Calderón

A LA CUCA DEL TIGRE

La visita del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, levantó más polvo de lo esperado, sobre todo en aspectos presupuestales de los que la Federación nos ha tratado muy mal. La justicia fiscal nos sigue haciendo a un lado y no hay la mínima perspectiva de que esto vaya a cambiar.

Sin embargo las declaraciones de Cordero Arroyo,  le encendieron los ojitos al alcalde campechano  Carlos Ernesto Rosado Ruelas, que ni tardo ni perezoso pidió una reunión con sus pares azules del estado para solicitar una audiencia con el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, para saber cuál es la situación real de los recursos y qué está pasando en esta situación, ya que los documentos mostrados por el titular de Hacienda del 2006 al 2010 los campechanos recibimos más de 13 mil millones de pesos.

La duda quedó sentada y echó raíces porque este ha sido un problema del actual sexenio: la falta de recursos y la nula respuesta del gobierno federal. Más que exigir cuentas ---responsabilidad del Congreso del Estado--- se debe analizar lo aseverado por el primer panista destapado para el 2012.

Tenemos entendido que en el año 2010 se tenía un presupuesto de 12 mil 488 millones, 119 mil 447 pesos, pero se dieron ingresos del orden de 14 mil 578 millones, 039 mil 091 pesos, es decir que ahí se dio un 16.7 por ciento más de lo presupuestado, es decir que se manejó dos mil 89 millones, 918 mil 644 pesos por encima de lo calculado y de este monto solo mil 519 millones, 447 mil 583 pesos de ingresos propios.

De acuerdo con estas cifras en el 2010 se tuvieron más de dos mil  millones de pesos por encima de lo calculado. ¿Tiene entonces razón o no Cordero Arroyo con las cifras y datos que manejó y que dejó turulatos a los alcaldes no solo panistas sino también priistas?

Pero Jaque Mate ha realizado sus propias investigaciones y consideramos que el titular de Hacienda dio una visión real, pero macro y el secretario de Finanzas del Estado ve otra realidad, una realidad del diario. Y en ello realmente hay diferencias.

El problema es que el visitante y responsable de los recursos en el gobierno federal, no tuvo oportunidad de profundizar en las cifras que dio a conocer a priori, donde no explicó por ejemplo el aumento a la inflación, los costos del barril de petróleo mes por mes, etc. esto da una realidad pero que no es palpable cuando se trata de cifras macro.

Por su parte el gobernador del Estado afirma que Cordero Arroyo no vino al estado a desmentirlo sobre estos montos dados a conocer y que motivaron la inquietud del alcalde de esta capital y de otras alcaldías de la entidad. Dijo Ortega Bernés que los asuntos de estado no se ventilan en público, se trabajan en privado y que él defiende los intereses de Campeche.

El gobernador habló sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Aseveró que la política del gasto siempre considera que año tras año exista un crecimiento natural en los ingresos. Y puntualizó que “no se vale utilizar recursos políticos de manera oportunista para distorsionar la verdad”.

El gobernador dijo que “aprecio mucho al alcalde de Campeche, lo respeto y el gobernador de este Estado jamás se ha inmiscuido en asuntos que no son de su competencia, no ha tenido tampoco una posición absolutamente crítica hacia las autoridades municipales, por lo que estoy cooperando, nada más que no cuquen al tigre”.

¿Será? La política es de percepciones, que construyen realidades. Las declaraciones de banqueta son como las fotografías, pero sobre ella se formulan estrategias y árboles de decisiones. Si se manejan con responsabilidad y con análisis técnico riguroso, son herramientas útiles. Pero si se ven y se hacen cuentas alegres, y a partir de ellas se toman decisiones sin analizarlas y procesarlas, pueden ser fruto envenenado. En este caso que nos ocupa, parece que “el Cordero de los escándalos” ha lanzado una zanahoria a Rosado Ruelas para verlo correr detrás de ella con todas las consecuencias.

CENA DE AZULES

Hace ocho días a puertas cerradas para los medios de comunicación se celebró la elección para la nueva dirigencia municipal del PAN en Campeche. La compra de votos, las amenazas de trabajo, las promesas a futuro y varias ilegalidades fueron piedra de escándalo que confirmó que el partido azul está desquebrajado en varios grupos y que ni el mejor pegamento de contacto podrá unirlo de nuevo en el corto plazo.

Los favoritos para este proceso fueron José Inurreta Borges, mal llamado “candidato de unidad” ---propuesto y apoyado por el alcalde campechano---; la diputada federal Yolanda Montalvo López ---candidata del grupo muriñista---, Hilda Bautista Priego ---candidata de Chonita Caballero May y tres “candidatos cuña” como fueron Francisco Eustaquio Portela Chaparro, Adrián Manzanilla y Juan Carlos Omaña, quedándose en la puerta del edificio los medios de comunicación.

Luego de mil triquiñuelas al mejor estilo del PRI de los años 80 los ánimos se caldearon tanto que obligaron a los militantes a abandonar el recinto y su salida desordenada originó que los reporteros ingresaran al local, pero fue ahí donde la puerca torció el rabo porque de inmediato vino la orden que algunos dicen fue de aquel que echó fuera de la Comisión Nacional del Agua de tres madrazos a los priistas. Ardió Troya. Golpes y empujones y con el apagón…qué cosas suceden. Todo terminó en stand bye.

El divisionismo que muestra el panismo en estos momentos es síntoma de que ante el próximo proceso electoral caigan sus números y con ellos los cargos de elección popular en disputa. Erick Chong González, no controla ni a su propia directiva, porque tiene tras de el a la dupla Justa y Solidaria de Yolanda Valladares Valle y Nelly del Carmen Márquez Zapata, que lo tienen con un marcaje personal que no le permiten movimiento alguno y que su renuncia puede darse en cualquier momento.

Ahora bien, conforme a los pensadores clásicos de la democracia, la fuerza es el recurso último del poder. La violencia que ese día afloró en la elección panista no se legitima por nada. Usarla en vez del acuerdo o del consenso para resolver conflictos domésticos desgasta y degrada a quien la ejerce.

Norberto Bobbio nos dice que el abuso del poder deslegitima la misma legalidad en que se basa su uso, debilitando con ello el mismo marco legal que le da sustento e induciendo su renovación y adecuación democrática.

Si algo puede resultar bueno de un acto de autoridad excesivo, es que su rechazo generalizado fortalezca la conciencia social y derive en cambios del paradigma  actual de quienes tienen el poder, que se sustenta en la noción paternalista y hegemónica del grupo muriñista y de quienes se encuentran en antagonismo uniformemente acelerado como la dupla Justa y Solidaria, que responden a intereses ya bastante claros. Esto es lo que los panistas deben entender y evitar llevar a su partido hasta la ignominia, la degradación absoluta de los avances notables que los azules han logrado en 10 años.

Campeche tiene cultura pese al desarrollo incipiente en nuestra economía, que no se confundan los que pretenden tergiversar historias partidistas como la del pasado domingo.

DOBLE BOFETADA DE PAYASO

El asunto del grupo Mall o si se quiere el problema de Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort, no parece declinar, por el contrario está llegando a niveles donde están chocando poderes de Campeche en la búsqueda de soluciones para encontrar el hilo de una madeja que parece fácil pero que lleva necesariamente a las cabezas del pasado gobierno, responsables directos del desorden que en ese desarrollo turístico se generó.

Porque resulta increíble que ahora el Ministerio Público, dependiente del Poder Ejecutivo se encuentre a la greña con el Poder Judicial y todo por la mala integración de los expedientes penales de los supuestos once empleados del Grupo Mall, que por demandas de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), se encuentran sujetos a investigación.

En lo que está hecho una maraña penal es en lo concerniente a las órdenes de aprehensión emitidas y la consignación correspondiente. Tan es así que es la segunda ocasión que los detenidos son liberados horas después, el primero, Marco Antonio Marrufo Alcocer, y el último el de Víctor Manuel González-Valle Rodríguez,  español de 54 años de edad y padre de Víctor González-Valle García, éste que ya debe haber puesto pies en polvorosa, mientras que el padre capulinamente acepto 24 horas en el “resort de Kobén”, a sabiendas de que su detención no solo era arbitraria, sino equivocada y no podría durar mucho. Su silencio debió ser óbice al Mínisterio Público para capturar a su hijo, pero la falta de acuerdo entre Ministerio Público y la jueza Tercero de lo Penal, Míriam Guadalupe Collí Ramírez, permitió que el segundo toro de la tarde se fuera vivo.

Lo extraño de la situación es que el español detenido contaba con un amparo al momento de su aprehensión, y los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado nunca se dieron cuenta al momento de arrestarlo y enviarlo a prisión. Extraño, muy extraño porque la situación mueve a suspicacia debido a que todo indica que luego del “pitazo” de Marrufo Alcocer, quien dijo que habían otras onces órdenes de aprehensión, el sabía de quienes se trataba y rápidamente los abogados se dieron a la tarea de ampararlos ante la Justicia Federal.

El que nada debe, nada teme, ¿porqué el español detenido tenía un amparo, si supuestamente no tenía un delito, dado que no era la persona contra quién se liberó la orden? Si no hay orden de aprehensión , entonces no puede violarse un amparo y tampoco se puede librar un amparo en contra de quien no se tiene una orden. Hasta el más neófito comprende esto.

El caso es que esta situación dejó en muy mala posición a los poderes Ejecutivo y Judicial porque no debieron emitirse órdenes de aprehensión sin antes verificar e identificar a los indiciados.

El procurador Renato Sales Heredia, no admite la “pifia” de la autoridad ministerial y considera que es “una inconsistencia del Poder Judicial del Estado, al librar una orden de aprehensión a una persona, a quien luego se dejará en libertad, porque la parte judicial es la que considera si existen o no elementos para girar o no el mandamiento al presunto acusado, al ser consignado el expediente”.

Lo que llama la atención es que si una jueza libró una orden y luego se dicta un auto de libertad, no es un resbalón jurídico de la representación social, sino una inconsistencia del Poder Judicial, expresamente un juzgado bajo las órdenes de Guadalupe Quijano Villanueva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al existir un boquete en la procuración y administración de justicia del sistema penal que existe en México.

¿Será que este tipo de fallas no se den en los juicios orales que próximamente harán su arribo a esta entidad, y que rimbombantemente se les ha dado amplia difusión, sin haber sido puesto en práctica?

Don Renato también culpa al Sistema Plataforma México, al momento de verificar los datos del detenido con el que tiene el mandamiento judicial, al tardar entre 24 y 36 horas en dar una respuesta, lo que sin duda afecta a la persona arrestada, que tiene que ser dejada en libertad y, puede estarse liberando a un criminal.

No existe una base de datos confiable, como muchas veces se hace en la Procuraduría para evitar este tipo de errores, mandando la fotografía del acusado a las otras instituciones  para cotejar si es o no a quien se busca.

Por situaciones como las señaladas se encuentran en libertad Marrufo Alcocer y Cano Pech. Sin datos suficientes para ser procesados. Y vuelve la reflexión ¡extraño, muy extraño! porque los intereses creados en este problema llegan muy arriba.

Qué caso tiene seguir jugando a CSI o la Ley y el Orden, si no se quiere  hacer una verdadera investigación hacia arriba. Me refiero a la solicitud de la bancada panista en el Congreso del Estado, donde el pasado viernes en la sesión de la Permanente solicitaron la comparecencia en el Congreso de Jorge Carlos Hurtado Valdez y Víctor Santiago Pérez Aguilar, ex gobernador del Estado y ex secretario de Finanzas y Administración, responsables directos del otorgamiento de recursos extraordinarios en beneficio del Grupo Mall y aportados con cargo al erario estatal.

En otras circunstancias esta situación ameritaba un juicio político para los directamente responsables, pero también les faltó a los diputados de la oposición señalar que dos compañeros de ellos en esta legislatura como son los priistas Jorge Luis González Curi y Antonio Richaud Pinto, tuvieron injerencia directa en este enlodado asunto, el primero como Secretario de Turismo y el segundo como Secretario de Fomento Industrial y Comercial y responsable de tantas primeras piedras que resultaron fallidas inversiones en negocios del sexenio pasado.

¡Caramba! ¡recórcholis! ¡zambomba! ¡atiza! o como repetiría el asesor ---que opinará de todo esto--- ¡pa´su mecha! Renato, en efecto en los circos siempre hay dos tipos de payasos. Uno suelta el bofetón y el otro lo recibe, desafortunadamente todas las bofetadas que tira sin ser boxeadora la presi del Tribunal estallan en tus mejillas. No se vale.

¿AMPLIACIÓN ESPERANZA O AMPLIACIÓN ZAVALA?

Hace un par de días nos enteramos de boca del primer edil sobre un problema que aqueja a los vecinos de la colonia Ampliación Esperanza, situación que agarró de imprevisto al alcalde en la celebración de su “Miércoles Ciudadano” al ver como más de doscientas personas entraban al palacio municipal como si de la celebración de su cumpleaños se tratara; pues bien, dicho predio o polígono (como le guste usted llamar) resulta asentado a nombre de la Federación de Trabajadores del Estado de Campeche (FTC), miembro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), entiéndase PRI, eso sí, no queda muy en claro la forma en que la citada organización se hizo de la propiedad de dicho espacio ya que según documentos que obran en poder de Jaque Mate y en los cuales constan, entre otras cosas, la fecha de fundación de la Federación que dicho sea de paso data desde el 11 de agosto de 1937, el día 9 de Junio pasado se celebró una reunión “extraordinaria” del Comité Estatal que la conforma, exclusivamente con el objetivo primordial de obtener la aprobación de los miembros para la enajenación de un predio propiedad de la FTC, sin embargo, al momento de justificar dicha enajenación a sus compañeros, el Secretario General, Francisco J. Haas Palomo, explicó que dicho predio denominado polígono “C” fracción del predio San José Escalera ubicado en la zona suburbana de las inmediaciones del barrio de Santa Lucía, se había obtenido (¿según quién?) mediante la “gestión social” del ex gobernador Abelardo Carrillo Zavala y que el mismo había sido donado a esta organización sindical por el año de 1987.

Consecuentemente, resulta lógico que dentro del “vacío” de gobernabilidad que genera cada período electoral, aunado al negocio siempre redituable de los hijos y líderes de cada colonia, el mismo fuera invadido en su totalidad albergando al día de hoy a cerca de 240 familias que han visto pasar trienios y sexenios enteros sin obtener una respuesta en concreto de la problemática en la que ellos mismos se metieron.

No obstante lo anterior, también se obtuvo el consenso para que la inmobiliaria “Auto Casa”, a cargo de Jesús Alayola Vargas, se hiciera responsable de las operaciones de compraventa que permitan “capitalizar la organización”, todo esto ante la imposibilidad física de despojar a cada persona de su vivienda; sin embargo, es de extrañarse que en dicha reunión no se haya señalado, ni mucho menos aprobado, el valor por metro cuadrado que deberá cubrir cada familia que grita a los cuatro vientos que le exigen cerca de 35 mil pesos, situación que arroja, si los numeritos no me fallan, más de ocho millones de pesos (¿al bolsillo de quién?), que cobran mayor trascendencia si tomamos en cuenta que el ex gobernador gran parte de su carrera política la ha llevado a cabo dentro de la propia CTM y que al día de hoy continúa defendiendo los intereses de la misma bajo el cargo de secretario de Bienestar Social y Ecología. Sea cual fuere el desenlace de este problema, lo que sí es seguro es que hay mucho dinero de por medio.

Un abrazo solidario a las familias Puerto-Parrao, Puerto-López y Puerto-Lizarraga, por el fallecimiento del Dr. Tiburcio Puerto Parrao, acaecido el pasado viernes.