UN PUNTO SOBRE LA I
La
presencia de tres gobernadores la semana que nos antecede, entre ellos el de
Campeche, obedeció a la necesidad de PEMEX y la CFE, respondan mejor a México,
mediante la propuesta de la Reforma Energética. Es uno más de los gobernadores
que desde Eugenio
Echeverría Castellot, han ocurrido para solicitar la atención de
legisladores federales para recibir lo que en justicia corresponde a esta
entidad federativa.
Campeche
aportó anualmente al país hasta 2010 379 mil millones de pesos por la
extracción en la Sonda de petróleo y gas. Pero la “federación” solo regresó vía
presupuesto…12 mil millones de pesos, lo cual ha reflejado las enormes
carencias que viven los once ayuntamientos de la entidad pese a su enorme
aportación para una economía petrolizada como la mexicana.
Fernando Eutimio Ortega Bernés, en esa mañana en el Senado de la República
dio a conocer que en la Sonda se ha generado en la última década y media el 72
por ciento de la producción de crudo nacional, ilustrativo de lo que la
industria petrolera ha significado para el desarrollo de México.
Pero
este desarrollo no ha sido justo con la entidad, porque las poblaciones
vinculadas a la explotación petrolera presentan retos mayúsculos en materia de
infraestructura urbana y de servicios públicos, así como servicios logísticos
de toda naturaleza. Esto, no ha sido igual en el caso de las inversiones
federales para encarar múltiples desafíos.
Y
es en este punto donde el gobernador campechano fue muy enfático al ejemplificar con el caso de Ciudad del Carmen, la que ha
sido considerada en las últimas décadas como la capital petrolera de México, su
puerto el de más arribos al país, con más de 17 mil, y su aeropuerto con un
movimiento incesante de lo que es considerado el primer helipuerto de México.
Pero esto solo con cifras que en nada han contribuido para evitar los enormes
focos rojos de la injusticia social, de la falta de empleos, porque la
industria petrolera trae a la isla sus propios trabajadores.
Este
caso de Campeche, es un ejemplo claro y triste de lo que se busca ponderar en
el contexto de la reforma energética, que lleve hacia una justicia fiscal para
que las poblaciones y los estados petroleros puedan encarar los retos derivados
de esta industria, la más grande del país.
Se
dijo esa mañana en el Senado que de 1998 a 2012, la producción nacional de
crudo fue de 825 mil 743 millones de dólares, representando la Sonda de
Campeche una producción de 599 mil 583 millones, casi tres cuartas partes del
total.
En
ese mismo período en acciones de desarrollo social y obras de beneficio mutuo,
PEMEX invirtió en el Estado de Campeche 429 millones de dólares, el 0.07 por
ciento del valor de lo producido en nuestra Sonda. ¿Hay justicia fiscal?
UN OBSOLETO SISTEMA
La
filosofía de la política fiscal de los Estados Unidos Mexicanos, se origina
desde el momento en que nacieron a la vida independiente y se adopta el
federalismo como Sistema de Organización política y Económica. Este sistema a
su vez, se integra cuando los estados soberanos, en un acto de voluntad y en el
ejercicio de su soberanía, ceden parte de su poder originario para formar un
todo llamado federación, tomando en consideración que para su coexistencia y
desarrollo deben establecerse relaciones en todas sus actividades,
especialmente en las tributarias.
La
Constitución política del país consigna que la soberanía nacional se ejerce por
los Poderes de la Unión y por Estados en lo que compete a sus regímenes
interiores.
Establecidas
las competencias del poder central, ejercido por la Federación y el de los
Estados, se procedió a aplicarla en todas las funciones de derecho público que
realiza el Estado, de donde surgieron problemas particularmente en lo relativo
a la soberanía tributaria.
Hubieron
de pasar muchos años para decidir en materia de participaciones, continuar
pagándole a estados y municipios, pero ya no sobre esta o aquella contribución,
sino sobre la recaudación federal total, de ahí que hoy todos los impuestos de
la Federación son participables, incluso los derechos de extracción del
petróleo y de la minería que, habiendo sido impuestos se pasaron por una
reforma legal a la categoría de derechos. Así se aprobó en 1978, junto con la
Ley del IVA, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y ambos entran en vigor a
partir de 1980.
Puede
decirse que el oneroso sistema tributario ha tenido varias etapas llegando
hasta la contemplada en la Ley de Coordinación fiscal a partir de 1991 y hasta
el año de 1994, en que el fondo se divide en tres partes, adecuándose
anualmente en proporciones de la primera y segundas partes, hasta igualarse en
ambos en 1994, la primera parte se distribuye en relación directa a los datos
poblacionales del último censo (45.17%), la segunda parte se distribuye
mediante la aplicación del artículo tercero de la ley (45.17%), que considera
impuestos asignables. El impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (el ISTUV
derogado por el anterior gobierno federal), Impuesto Especial sobre Producción
y Servicio (IEPS) e Impuesto sobre Automóviles Nuevos (INSAN), y la tercera
parte (9.66%) se reparte de forma inversa a las participaciones per cápita de cada entidad (donde
Campeche tiene su peor parte) en la suma de las participaciones de la primera y
segunda parte.
Ortega Bernés, en su disertación en el Senado señaló que
“con el nuevo régimen fiscal al que migraría la paraestatal PEMEX, como
renovada empresa de la nación y consecuentemente con un sistema tributario
asimilable a cualquier empresa, es decir, pagando Impuesto Sobre la Renta en
lugar de Derechos, esto significaría la disminución gradual hasta su extinción
del citado derecho que alimenta el Fondo de Extracción de Hidrocarburos
(FEXHI).
En
este esquema, es necesario que esta nueva ley considere en el marco de justicia
republicana hacia las entidades federativas donde se extrae petróleo y gas,
como socios en un renovado esquema de federalismo fiscal, se propone una
adición a la fracción segunda del artículo 4º de la iniciativa de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos para quedar como sigue:
I.-
…
II.-
La secretaría, considerando la información a que se refiere el párrafo
anterior, determinará la propuesta de monto que Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios deberán entregar al Gobierno Federal como dividendo
estatal, de
cuyo monto se entregará el 20 por ciento a las entidades federativas que formen
parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último
censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
distribuyéndolos con base a lo establecido en el artículo 4º B de la Ley de
Coordinación Fiscal”.
No
hay que dejar de reconocer que las peticiones que hizo el titular del Ejecutivo
son de una justicia que siempre hemos pedido a la federación; sin embargo no
debe pensarse que será fácil para llegar a la retribución que merecen no solo
Campeche sino los estados petroleros, por su aporte a la principal industria
del país. Justicia por los niveles de producción, por los impactos sociales y
los ambientales. Nada más, pero tampoco nada menos.
CAMPECHE NO SOLO ES PETROLEO
No
debe perderse de vista que la reforma energética necesariamente va a pasar. En
relación a transferencias y aportaciones fiscales, urge definir con claridad
los objetivos de cada fondo y establecer en todos los casos fórmulas de
asignación precisas que tomen en cuenta el desempeño de la autoridad
responsable del gasto, así como poner en práctica un mecanismo de transición que atempere el
efecto de suma cero que se produce al cambiar de fórmula de asignación.
El
federalismo fiscal que la sociedad demanda debe basarse no solo en la
corresponsabilidad del ejercicio del gasto entre los diferentes órdenes de
gobierno sino también y de manera crucial en el esfuerzo compartido en la
recaudación tributaria. Ello conllevaría la promoción de prácticas democráticas
en el ámbito económico y, en esa medida, contribuiría al crecimiento y
desarrollo de México.
Nuestra
entidad federativa no solo son las decenas de plataformas petroleras en la
Sonda, tampoco el movimiento económico que ha convertido a la isla del Carmen
en la capital económica del Estado y, mucho menos el nuevo puente de La Unidad.
Campeche cuenta con ocho áreas naturales protegidas, que significan el 40 por
ciento de su superficie, estamos hablando de los más de 51 mil kilómetros
cuadrados; en tanto que el 58 por ciento del territorio estatal constituye su
gran riqueza forestal.
Nuestro
patrimonio natural nos permite generar oxígeno para México y para el mundo.
Así, nuestra entidad es el lugar de mayor producción de hidrocarburos del país,
y bastaría estos números fríos para darnos cuenta de lo que han sido explotados
los pozos petroleros en la Sonda.
La
Auditoría superior de la Federación (ASF) reveló que entre el año 2000 y
septiembre de 2010, PEMEX tuvo que cerrar 362 pozos petroleros en el complejo
Cantarell, ante la contaminación del nitrógeno que se le sigue inyectando al
mejor yacimiento mexicano de todos los tiempos y que hoy está a punto de
concluir su vida productiva.
El
organismo manifestó que la salida de explotación de estos pozos “afectó la
producción de aceite en nueve mil 794 millones 700 mil barriles de petróleo
crudo y cinco billones 502 mil 109 millones de pies cúbicos de gas natural”,
por utilizar una técnica de la que PEMEX no contaba con estudios de
factibilidad sino solo un documento elaborado por una empresa extranjera.
Ese
desperdicio de aceite y la quema de gas hicieron que un mega pozo como
Cantarell, en el sexenio panista de Vicente Fox Quezada declinara de 2000 a 2006
de tres millones 200 mil barriles diarios a más del 20 por ciento en 2009 y la
cifra va para abajo. Es obvio que no se han aprovechado de manera integral los
recursos naturales no renovables extraídos de los yacimientos de petróleo y gas
de nuestra Sonda.
Campeche
es todavía el lugar de mayor producción de hidrocarburos del país y tiene luego
de El Amazonas (El Mato Grosso), la segunda selva tropical más grande de
América Latina. Paradoja, pero así es: oro negro y aire puro al mismo tiempo.
Todo
esto es en realidad el principal objetivo de cualquier gobierno de Campeche:
conservar nuestro valioso patrimonio natural y social, en medio de las prioridades
de crecimiento económico tanto nacionales como locales. Un verdadero desafío el
de construir sin destruir. Ese es el motivo de mi anterior comentario sobre “El
Mega Drenaje”, es decir, crecer preservando lo nuestro, lo que nos legaron
nuestros antepasados campechanos.
Se
preguntaba el gobernador qué ¿cuál es el valor de PEMEX? Cuál es el valor de
las industrias petrolera y eléctrica? Y afirmaba que es lo que representan para
el presente y lo que podrán representar potencialmente para el Campeche del
futuro. Su valor es lo que nos han heredado en orgullo nacionalista y lo que
podrán brindarle a las nuevas generaciones si ese nacionalismo se transforma
para fortalecer a la Nación.
La
reforma energética es necesaria hay que mirar hacia delante y dejar atrás los
mitos y tabúes que han lastrado nuestro desarrollo. Es si se da en sus partes
medulares el futuro de México en materia energética.
LOS MUERTOS DE MARTHA ALBORES
El
pasado jueves de de octubre el procurador
general de Justicia del Estado, José Ambrosio Herrera, anunció el carpetazo al
caso de Carlos
Andrés Salas Navarrete, entonces de 42 años, quien fue encontrado
muerto y con aparents golpes y heridas de arma punzocortante, en el interior
del “albergue” “Aprendiendo a vivir en libertad”, propiedad de Martha Albores
Avendaño, y de su hijo, Juan Carlos Aguilar Albores, jefe del grupo de
“Los pelones” alcaides de esa prisión ---literalmente---.
Albores Avendaño, quien se ha reelecto en más de una ocasión
como secretaria general del Sindicato Estatal de Salud y de una diputación en
la anterior LX Legislatura y además en una regiduría en el Ayuntamiento de
Campeche. Además es demasiado si se piensa que no es campechana, sino oriunda
Chiapas.
El
cargo que hoy ocupa creó fricciones por violación a la ley, toda vez que sin
haber concluido su período como legisladora estatal, se hizo candidata a
integrar el Cabildo como regidora. En la misma forma que hizo su homólogo del
Panal, Nicolás
Inurreta Mancera, quien también de diputado pasó a ser regidor en El
Carmen, brincándose las trancas, gracias a la complicidad del Panal y del
---próximo a desaparecer---, Instituto Electoral del Estado de Campeche, cuyo
presidente Jesús
Antonio Sabido Góngora, es más priista que la misma Ana Graciela
Crisanty Villarino, y por consiguiente parcial e inequitativo.
La
absolución de la PGJE a este evidente hecho delictuoso ocurrido en el
irregular, ilegal y “patito” mal llamado Centro de Rehabilitación de doña Martha,
quien en el acta de sociedad aparece junto con su hijo como propietarios de esa
empresa, que no paga impuestos a la SHCP, al Estado, ni a nadie. Se antoja más
bien como producto de la posición privilegiada que hoy ocupa su dueña, es decir
la Albores
Avendaño, quien como legisladora fue borrega tricolor, por lo que
supo buscar y encontrar el cobijo de un nuevo cargo público, para seguir
lucrando con la miseria de las familias que tienen la desgracia de caer en las
manos de “Los pelones”, comandados por su hijo al llevar a algún joven víctima
del alcohol o las drogas y, creídos, ante la falta de opciones o la búsqueda de
ellas, de que en el terrorífico centro “de rehabilitación” de doña Martha
encontrarán de nuevo el camino.
UNO MURIO DE HAMBRE
No
es fácilmente creíble que el centro de “Rehabilitación” esté libre de toda
culpa y con ella su vástago y cómplices, a pesar de que se han procesado a
maltratadores de esos internos, luego de trascender la fuga del centro de Albores
Avendaño en El Carmelo y posterior alcance y golpiza en la vía
pública a los osados, cansados del infierno que vivían ahí por parte de “Los
pelones”. Estos se han salvado, pues por la influencia política de la líder
sindical del sector Salud, no los tocan ni con el pétalo de una rosa las
inspecciones que realiza la Comisión para la prevención contra Riesgos
Sanitarios (Copriscam), porque el titular de Salud, Alfonso Toledo Cobos, le debería
el cargo precisamente a doña Martha, ya que el funcionario hizo sus pininos
políticos como supuesto “médico” interno de ese maléfico y tenebroso sitio que
bien podría llamarse “Marat-Sade” por aquello de “Persecución y muerte de Jean
Paul Marat, ejecutada por los pacientes del hospital Charenton, bajo la
dirección del Marqués de Sade”.
En
medio de esa impunidad del centro de rehabilitación para adictos, ubicado en la
avenida Concordia, en el fraccionamiento Justo Sierra Méndez “El Carmelo”, de
ahí la hoy regidora recomendó a Toledo Cobos.
Pero
es el caso que en ese sitio de horror se da la muerte de otro interno de nombre
Rafael Dzul
Maas, entonces de 32 años, cuyos padres tuvieron el infortunio de
llevar a su hijo para que lo “rehabilitaran” en el albergue señalado, el cual
es sostenido por los familiares de los internos, quienes tienen que llevar una
despensa quincenal, tres mil 500 peos de inscripción, una mensualidad de tres
mil pesos y desistirse de toda intención de ver siquiera a sus parientes más
cercanos hasta que no “estén rehabilitados”, cosa que nunca ocurre como la
explotación y los maltratos a que son sometidos los internos dentro de sus locales.
Dzul Maas, fue encerrado según la denuncia de su padre Marcelino Dzul
Cahuich, presentada ante la PGJE el 11 de noviembre de 2011, por
abandono de persona y omisión de cuidados, durante tres meses en un cuarto más
negro que una boca de lobo, sin proporcionarle ningún alimento más que agua de
vez en cuando, por lo que, cuando sus padres pudieron rescatarlo después de
tanto insistir y exigir a Juan Carlos Aguilar Albores, fue llevado al
hospital, pero murió a los pocos días, declarando el médico que lo auscultó
apenas salir de su infernal encierro, que su cuerpo no resistió la anemia aguda
a causa de que le habían dejado de suministrar alimentos en dicho centro de
doña Martha.
La
información que se dio a conocer entonces precisó: “encerrado durante tres meses
en un cuarto oscuro del albergue ---denominado--- “Fundadores: Albores Aguilar
Albergue Aprendiendo a Vivir en Libertad, A.C.”(sic) Sin prácticamente
administrarle alimentos, el cuerpo de Dzul Maas, de 32 años, quien se había
aficionado a las bebidas embriagantes, no soportó tal castigo y falleció a los
pocos días, según dijeron los médicos, por inanición por la falta de ingesta de
alimentos que no le suministraron en el albergue donde de buena fe y creyendo
en su rehabilitación sus familiares lo internaron.
Aun
no se le hecho justicia a su padre, Marcelino Dzul Cahuich. En otra parte de la
información sobre esta muerte en la que se involucra a “Fundadores Aguilar,
etc. cita: “desesperada, la madre y su hermana salió corriendo a buscar a su
otro hermano y enterados de las condiciones del interno, entraron y lo sacaron
llevándolo a un médico, y fue así que lograron rescatarlo de ese trato
inhumano, explicó el abogado. Lo atendió el médico particular Luis Francisco
Leal Escamilla quien dijo: “Está muy delicado de salud pues presenta
una prolongada inanición, que le ha provocado una anemia excesiva y una
gastritis aguda, que si no aguantaba el tratamiento que le iba a dar había que
internarlo en algún hospital para su mejor atención”.
A
los dos días de ver que no mejoraba lo llevaron el 1 de noviembre al hospital
de Especialidades “Javier Buenfil Osorio”, en donde falleció el 7 de noviembre.
Los siete días que estuvo ingresado el occiso los médicos que lo atendían
informaron a su familia que estaba delicado de salud y que todo lo presentaba a
causa de que sele había dejado totalmente de alimentar por varios meses, eso lo
había desgastado y le había provocado severos padecimientos y que iban a hacer
todo lo posible por salvarlo, cosa que no lograron.
Lo
anterior solo son muestras de un largo caso de violaciones en un sitio que a
todas luces es protegido por las autoridades de salud. En ese sitio sin
vigilancia y protección de COPRISCAM, que incluso se anuncia por Internet, con
volantes donde dice que existen psicólogos, terapistas, médicos y personal
especializado, en realidad es una mentira porque los internos son tratados peor
que delincuentes en un penal.
Son
según se dijo carne de cañón donde los encargados pueden descargar sus
frustraciones personales y sus enfermedades patológicas y criminales, que les
permite violar sucesivamente los derechos humanos de quienes tien el infortunio
de caer en sus garras.
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