CHE CU, UN DELINCUENTE
Ante la falta de aplicación de la justicia a un grupo de delincuentes
---no puede llamárseles de otra manera---, la semana que nos antecede fue de
nuevo de atención de la ciudadanía que se vio afectada cuando Luis Antonio
Che Cu, líder del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata
Salazar (Freciez), mantuvieron en su poder el edificio del Palacio Federal
durante cuatro días y sus respectivas noches, impidiendo todas las actividades
de los empleados federales y los servicios que éstos prestan a quienes ocurren
a tramitar asuntos diversos, cobrar telegramas, denuncias ante Profeco, etc.,
etc., se paralizaran sin importar consecuencias.
De nada valió las cerca de 10 denuncias en contra de los supuestos
campesinos del Freciez, ninguna autoridad ni federal, ni estatal tuvo la
atingencia de atender las quejas en contra de los pelafustanes que tomaron
posesión y convirtieron en un muladar ese edificio federal.
El plantón supuestamente tuvo como motivo el llamar la atención a las autoridades
de Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para la solución de un conflicto de
tierras. Extraño, porque la gran mayoría de los supuestos campesinos ni
siquiera son campechanos. Son gente que ha invadido propiedades, terrenos y
amenazado a legítimos propietarios del sur del Estado.
La serie de movilizaciones desquiciaron la vida de los campechanos
durante la semana sin que ninguna autoridad haya dicho “esta boca es mía”. Ni
PGR, ni PGJE y menos aún la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la
Comunidad fueron capaces de impedir las amenazas a ciudadanos que con sobrada
razón se quejaban del bloqueo a que sometieron todo un edificio de carácter
federal.
La sociedad campechana como en otras ocasiones mostró su inconformidad
por la violación a la ley, las reglas y las normas, al no garantizar las
autoridades lo mínimo: la gobernabilidad, que sacrificó a los ciudadanos
quienes soportaron las alteraciones del orden. Aquí no se cumplió la norma
política de la mejor decisión para evitar males al mayor número de ciudadanos.
Este pseudo líder ha hecho lo que ha querido en incontables ocasiones,
allanado edificios, dañado un monumento en el Paseo de los Héroes y nadie, oígase
bien, nadie lo ha sancionado. Solamente una vez fue recluido en el penal de San
Francisco de Kobén, e ¡insólito! Amenazaron sus seguidores que si no lo
liberaban causarían un caos en la ciudad. Las autoridades responsables
temblando de miedo lo soltaron ipso facto. ¿En que condición quedó la justicia?
El gobernador intentó en varias ocasiones resolver el asunto de este
tipo de delincuentes, de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades y
poco se logró, supuestamente porque el asunto es de carácter federal. Sin
embargo los desmanes son estatales y la ciudadanía es campechana.
No llama la atención, porque precisamente esta es la forma de hacerse
oír, la actitud tomada por algunos diputados locales de la izquierda mexicana
quienes casi se desgarraron las vestiduras por “la deuda ancestral que se tiene
con el campo, con la miseria de los campesinos y por los millonarios recursos
federales y estatales que no son aplicados a resolver sus problemas”.
La decisión de aplicar la ley de manera directa fue una papa caliente
que se estuvieron tirando la PGJE y la PGR sin que ninguna se atreviera a
intervenir en el problema. Se esperó y nunca llegó la decisión final del
asunto, ante el temor de caer en la ingobernabilidad. Pero ya se había caído en
ella, al permitir durante tanto tiempo (96 horas) que las hordas de Che Cu se
pastorearan por el centro de la ciudad y además amenazaran con plantarse en el
Centro de Convenciones en un evento internacional de Turismo.
Las vías de negociación paralelas tardaron demasiado. No hubo ningún
detenido y luego del quinto día y sin una respuesta de la SRA los “campesinos”
dejaron como cochineros los pasillos y baños del Palacio Federal y se fueron
como llegaron: tan campantes y presuntamente con una buena lana. Los acuerdos
que alimentaron el conflicto quedaron postergados para la próxima ocasión y no
hubo manera de sancionar a los rijosos.
Estamos de acuerdo que el sector campesino es el más marginado y sin
justicia social, sobre todo en los casi 12 años que terminan el próximo 1 de
diciembre; que Campeche tiene graves conflictos de tierras que no han recibido
la atención de las autoridades federales y estatales, pero ya es hora de este
tipo de conflictos tengan un hasta aquí y se corte de golpe el chantaje a las
autoridades cada vez que toman posesión de esta ciudad capital.
No debe tampoco provocarse la óptica de ingobernabilidad que durante
cuatro días se padeció en la ciudad, colapsando importantes servicios
federales. No debe haber tolerancia para los menos, que visto de manera clara
es profundamente antidemocrático, porque debe prevalecer el mayor bien ---y en
este caso tranquilidad--- para el mayor número, porque las inconformidades y
descontentos hablan mal de la forma en que de nuevo no se aplicó la justicia a
un grupo de delincuentes.
Desafortunadamente, sobre el perro más flaco caen las pulgas. Este caso
que es originalmente de carácter federal la Secretaría de la Reforma Agraria,
cambió su postura y luego de condicionar
la expropiación a compartir la mitad del costo con el gobierno estatal,
finalmente desechó toda posibilidad de ella y dejó al gobierno de “Vamos por
Nuestro Desarrollo” toda la responsabilidad. Quedamos como el perro de la tía
Cleta, que cuando finalmente ladró, un zapatazo le quebró el hocico.
OREJAS DE BURRO Y AL
RINCON
La reelección de o elección para otra artimaña sindical de la lideresa
por ya 30 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther
Gordillo Morales, es causa y efecto de que de acuerdo con la OCDE
México se encuentre en niveles semejantes a países africanos y del cuarto
mundo.
Y todo se refleja en las esferas de la producción: profesionistas
mediocres. Así que no nos alarmemos cuando en la práctica se observe que la
propia Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que cerca de 100 mil
maestros ---cuatro de cada 10--- deben regresar a la escuela en forma inmediata
porque de conocimiento en especial en escritura, lectura, valores éticos y
comunicación verbal, son altamente deficientes, de acuerdo con los resultados
de la Primera Evaluación Universal.
La vergüenza del secretario de Educación Pública, José Angel Córdova Montoya lo
obligó a minorizar el tema y no los señaló como reprobados, sino como
necesitados de profesionalización. La calificación de cada uno no será revelada
oficialmente porque ese fue el acuerdo de Gordillo Morales con el presidente Felipe Calderón
Hinojosa, a cambio de que los maestros se sometieran a presentar un
examen.
La calificación promedio que no será difundida oficialmente por
cuestiones políticas, fue de 5.8 sobre 10. En pocas palabras fueron reprobados.
El dato fue revelado desde el más alto nivel en la SEP, con la consigna de “que
de México no salga”.
Campeche, la otrora entidad cultural del sureste. La de Justo Sierra
Méndez y José Vasconcelos; la del Colegio Clerical de
San Miguel; la del Instituto Campechano y su Escuela de Jurisprudencia donde
abrevaron conocimientos ilustres juristas campechanos, hoy tiene las más bajas
calificaciones en la Península de Yucatán, porque de los tres mil 169
profesores y directivos que se sometieron a la prueba, mil 169, que equivale al
37.1 por ciento, se ubicaron en el nivel de “atención inmediata” para reforzar
su trayectoria formativa.
Además mil 985 requieren terapia intensiva lo que los obliga a cursar
opciones formativas en el período 2012-2015. Y para Ripley la escuela primaria
justo Sierra Méndez de Campeche que ha sido tan elogiada y donde estudiaron
entre otros los recientes ex gobernadores de los últimos tres sexenios y no
menos de otro tanto de ex alcaldes de esta capital, tuvo el poco honroso mérito
de ser junto con la Héctor Pérez Martínez también de esta ciudad de las peor
calificadas.
¿Hacia dónde vamos? Sencillo. Nuestros imberbes diputados locales y aquí
no escapa ningún partido político, tienen un nivel de lectura que se asemeja a
la de cualquiera que esté cursando ¡el primer año de primaria! Como lo lee.
Hay por ejemplo la diputada Teida García Córdova, del PRD que ni siquiera
llega al nivel de primero de primaria.
En una iniciativa de 10 párrafos, en uno de ellos de 230 palabras tuvo 27
errores y tardó 15 minutos en su lectura. Ana María López Hernández, del PT, cuarta
secretaria de la Mesa Directiva del Congreso en la lectura de un párrafo de 96
palabras tuvo 18 errores y en una iniciativa de 14 párrafos sus errores fueron
42; además tardó seis minutos en leer dos cuartillas, ubicándose en la tabla
como una persona del primer año de primaria. Así están los padres conscriptos.
Los del PAN no cantan mal las ranchera porque doña Gloria Aguilar de Ita, tardó en
leer una iniciativa de 51 párrafos casi 17 minutos con 22 errores, aunque un
párrafo de 115 palabras lo leyó en un minuto, con lo que alcanzó a ubicarse en
tercero de primaria. Tal vez el caso de ella se deba a que lee mejor las
recetas de botica.
Eduardo Bravo Negrín, el popular “Galleta”, a quien los
nervios lo traicionan a cada instante en su lectura se equivocó ocho veces en
una intervención de dos minutos. El buen amigo Ismael Canul, al leer su texto
preparado en tribuna tuvo siete errores de lectura en 30 segundos y si hubiera
sido de tres minutos hubiera cometido 42 errores.
Con estos truenos ¿quién duerme? Nuestros flamantes diputados de la LXI
Legislatura no solo están pagando el noviciado, aunque hay tres legisladoras
que tienen dos de ellas experiencia de una vez en legislaturas anteriores y
doña María
Rafaela Santamaría Blum que parece que tiene el récord de tres veces
navegar en el platillo volador.
No es un requisito constitucional para ser legislador, pero más del 50
por ciento de nuestros actuales diputados no cuentan con licenciaturas, incluso
hay casos de que solo llegaron a cursar la educación secundaria.
Esta situación es un espejo de la realidad social. Es la consecuencia de
lo que somos primero como país y luego como Estado desarrollado. Tenemos por
tanto este tipo de legisladores y desde luego ello si afecta.
Para comenzar se entiende que el Congreso (a cualquiera de ellos, federal
o estatal), se va a legislar, a crear leyes y resulta que en la actual LXI
Legislatura solo hay dos diputado que estudiaron leyes. Con esa deficiencia es
poco lo que se puede lograr para beneficiar a la ciudadanía.
Al frente de las legislaturas 1989-1992, 1992-1994, 1994-1997. 2003-2006
y 2006-2009, estuvieron abogados Alvaro Arceo Corcuera, Tirso
Rodríguez de la Gala Guerrero, Ramón Santini
Pech, Oznerol Pacheco Castro y Carlos Felipe Ortega Rubio, respectivamente. Hemos
tenido de dulce, de chile y de manteca, pero solamente en esos trienios desde
el 89 a la fecha han sido profesionales del derecho.
Un diputado preparado con legisladores de formación académica sólida,
conocedores de nuestra cultura y con sensibilidad social nos daría un gran
impacto en la calidad del debate, de deliberación y de comisiones más efectivas
que no le carguen la mano a los múltiples asesores, quienes finalmente son los
que nos hacen las leyes que luego en el pleno se aprueban. Faltaba más.
Y es que el mal está de origen. Sería adecuado de que en cada proceso
electoral y en cada proceso interno de los partidos, fuese una obligación por
parte de los candidatos, hacer pública una serie de datos como su declaración
patrimonial, de intereses y también su formación académica y labor profesional
previa, para así normar el juicio del elector, no solamente el programa o la
plataforma del partido, que sería lo ideal y que tampoco ocurre.
Otra medida es la que es común en el derecho parlamentario que consiste
en fortalecer el nivel del equipo técnico, el equipo de asesores. Es el caso de José Luis Balam Chanona, Salvador López Espínola y el hoy Secretario
del Ayuntamiento de Campeche, Carlos Román Moreno Hernández, quienes han
sido en las últimas cuatro o cinco legislaturas jacha, calabaza y miel. Sus
aportaciones son importantes para el desempeño de una buena legislatura en
materia de protocolo, operación y orientación jurídica.
Sin un diputado preparado el producto que se genera (leyes) es deficiente.
No solo expiden leyes vistas en términos muy amplios, sino que modifican,
reforman, adicionan y derogan las actualmente vigentes, además de suprimir la
vigencia (abrogación) de las leyes completas.
El hecho de que no exista servicio de carrera parlamentaria genera cada tres años que los diputados no respeten
a los secretarios técnicos que durante mucho tiempo se capacitaron, pues son
impuestos nuevos secretarios sin preparación.
En el caso de los asesores en Campeche ha ocurrido una cosa curiosa. Resulta
que los (hasta la anterior legislatura) presidentes de la Gran comisión y hoy Presidente de la Junta de gobierno de Administración de
la LXI Legislatura, han sido previstas, entonces este tipo de personas casi
tienen carrera parlamentaria son otra cosa que producto de la experiencia.
Tales son los casos de los anteriormente señalados Chanona, López
y Moreno. Este último atravesó la calle
8 y se fue al viejo cuartel Pedro Baranda, dejando en la orfandad a la actual
legislatura y que el noviciado lo pagaron en las primeras sesiones donde no
sabían ni que hacer, causando la risa del diputado 36 Jorge García Oñate.
Es de fundamental importancia profesionalizar a los servidores públicos,
particularmente a quienes tienen la alta encomienda de regular la vida de todos
los ciudadanos, anteponiendo el bien común por encima de los intereses
particulares, partidistas, ideológicos o económicos. Situación que difícilmente
se logrará con gente carente de formación profesional.
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