En el registro puntual de opiniones, entre los principales protagonistas políticos del presente que miran hacia el futuro, los vasos comunicantes entre éstos exhiben los rastros obscuros. Esto es: si propusiéramos los perfiles de cada uno de los miembros de Acción Nacional en Campeche, a partir de lo que de ellos dicen sus adversarios, sencillamente ninguno sería confiable ni, para colmo, capaz de conducir al Estado a partir del próximo proceso electoral de 2012. Lo mismo que a lo largo de la compleja campaña de 2009, el favorecido, si acaso, merecería el calificativo de “menos malo”, porque hace tiempo los “mejores hombres” y mujeres, por supuesto no están en los planes de las altas esferas del panismo, por sus acciones o porque por sus actos los conocereis.
Sin embargo, para nadie es ajena la fortaleza que logró, sin duda, el Partido Acción Nacional como fuerza política local en Campeche en el año 2000. En esta entidad gana por primera vez el municipio de El Carmen, en donde la participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes, como coordinador en el Sureste de la campaña de Vicente Fox Quezada, lo presiona y lo convierte en un líder natural en la entidad, capacidad y voluntad que pronto asume su hijo Juan Camilo Mouriño Terrazo.
En las elecciones de 2003, la diferencia de votos para alcanzar la gubernatura entre el PRI y el PAN no sobrepasa los cuatro mil votos. Además, logra el PAN seis presidencias municipales (hecho que no volvió a darse) y 14 diputaciones locales. En esta entidad se sentía un partido fuerte que subió como la espuma, al quedar Juan Camilo como el hombre de todas las confianzas del presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa.
El liderazgo de Mouriño Terrazo, mantuvo al PAN unido y con proyectos en el Estado que no se podían ocultar. Se sabía que incluso Jorge Carlos Hurtado Valdez, acudía y hablaba con el por teléfono con frecuencia para acelerar y acorrientar situaciones que en muchos casos se solucionaron. Para nadie es un secreto que incluso el hombre de confianza del Presidente gestionó el acelerador lineal que peleaban varios estados y que finalmente fue para Campeche. Como este asunto se dieron muchos más y todos con la venia del PRI y del Ejecutivo local. Pero su repentina desaparición generó inestabilidad, ambiciones de poder, conformación de grupos y enfrentamientos, algunos azuzados por el PRI-Gobierno y otros auspiciados por los mismos panistas ya sin freno ni orden.
Los primeros rompimientos vinieron del Distrito Federal, en la persona que había salido del PRI cuando vislumbró el despertar del panismo local, me refiero a la “Justa” (Villarino Arnabar dixit), Yolanda Guadalupe Valladares Valle, quien no pudo o no quiso entender que estaba ahí por el apoyo de Juan Camilo, pero que ahora sin esa presencia intentó ponerse al frente del panismo campechano, sin la capacidad ni los recursos, además de las relaciones del desaparecido. Lo peor, atizó fuertes críticas verbales y escritas (Jaque Mate la transcribió de pe a pa en meses pasados), contra la familia Mouriño Terrazo, con lo que evidenció su deslealtad y malagradecimiento, mordiendo la mano de quien le ayudó a escalar posiciones políticas y administrativas que la sacaron de una obscura dirección universitaria en que medraba.
Pero no lo echó en saco roto porque lo movimientos en contra la dejaron fuera del Gobierno Federal, yéndose a acurrucar bajo la égida del actual gobierno del Estado. Se afirma (con pruebas) que su traición comenzó desde el proceso electoral de 2009 y que junto con Nelly del Carmen Márquez Zapata (Solidaria, Villadino dixit), hundieron a su partido en el municipio de Calkiní, donde las pescaron con las manos en la masa comprando votos a favor del PRI. La venganza de ambas féminas ha continuado estructurándose y han hecho creer a panistas incautos que los pueden colocar en posiciones importantes en la estructura azul, para eso pretenden que actúen como ellas para sentirse acompañadas. La realidad es que las dos están afuera y su regreso sería al priismo al que están haciéndole un trabajo pero sin reconocimiento porque a ambas ya las conocen.
El grupo Carmen, que fuera el más poderoso y representativo del PAN en el Estado, también sufrió desgajamientos, porque los enfrentamientos entre los grupos de Juan Carlos del Río – José Seara Sierra, en contra de Jorge Rosiñol Abreu – Enrique Iván González López, rompieron al asignarle la candidatura a la alcaldía de El Carmen a José del Carmen Rodríguez Vera, cuando existía el compromiso a favor de “Satanás”. Este hecho terminó con la salida de González López de las filas del PAN, previo acuerdo con el actual gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, con quien se convino manejar con toda la parafernalia su salida del PAN y su llegada al PRI, donde fue premiado con una de las secretarías con mayor presupuesto del gabinete estatal, como es Salud.
Pero no son todas las féminas que han pateado el pesebre. Es el caso también de María Asunción Caballero May, a quien Juan Camilo, con mucha visión había visto en ella más calidad de diálogo que en Márquez Zapata. Pero todo cambia y luego de desaparecido el campechano-español, fue fortaleciéndose con una ambición desmedida su posición en el consejo local y en la conformación de la representación panista en el Congreso donde había salido al revelarse la cartita a Santa Claus, que finalmente el señor del trineo del cuarto piso le hizo válido el milagrito para que pasara una feliz navidad. Su abrupta salida se debió a que le comprobaron traiciones y quedó fuera como jefa de la bancada azul en el Congreso, pero a raíz de los tsunamis que por poco ahogan a Erick Chong González, volvió a ese cargo donde no ha podido hacer un papel más decoroso pese al numeroso grupo de diputados azules.
Un nuevo grupo se incorporó al ya dividido PAN en Campeche y es el de Carlos Ernesto Rosado Ruelas – Mario Pacheco Ceballos, que con el triunfo inobjetable del primero a la presidencia municipal de Campeche, se convierte de facto en uno de los activos más representativos; sin embargo, su actuación en el municipio aún no se consolida, sus compromisos de transparencia siguen pendientes, no presenta todavía la lista de los 150 aviadores que tenían pista de aterrizaje en la comuna en épocas del peor alcalde campechano el “gonzalezcurista” Solrac Lorenzo Pacheco Castro, además de que en un mal manejo administrativo ha visto crecer su deuda a la par del pago de imagen en determinados medios de comunicación. Sus posibilidades de manejar su sucesión con Pacheco Ceballos puede complicársele por la falta de acuerdos internos con los otros poderes fácticos panistas.
Por su parte el grupo Mouriñista, en su origen encabezado por Juan Camilo, se fue integrando en el municipio de Campeche por jóvenes, muchos de ellos hijos, hermanos o nietos de figuras priistas como son algunos casos. Arcadio Echeverría Lanz (+ hijo del ex gobernador Eugenio Echeverría Castellot), Pablo Escalante Castillo (hermano de Marigely, Ana Martha y Gabriel, la primera esposa y viuda de Juan Camilo), Benjamín Azar García (hermano del ex gobernador Jorge Salomón), Jorge Lavalle Maury (hijo de Jorge Luis Lavalle Azar, José Luis Llovera Abreu, Mauricio Arceo Piña (hijo del consultor jurídico Alvaro Arceo Corcuera), Karim Elías Bobadilla y su esposa Karla Pérez Marrufo (nieta del ex gobernador Carlos Pérez Cámara), Ileana Herrera Pérez (sobrina de Víctor Pérez Aguilar), Alejandra Escalante Arceo (hermana de Enrique Ariel Escalante Arceo), Joaquín Sánchez Gómez (sobrino del ex alcalde Leovigildo Gómez Hernández) Carlos Patrón Laviada (yucateco, hermano del ex gobernador de Yucatán Patricio), José Lomelí, Francisco Portela Chaparro y muchos más que aparecieron en publicaciones de medios locales.
Este grupo afectado ya por algunas bajas que reconsideraron su conveniencia política, apoyaron al ex candidato Mario Avila Lizarraga para la gubernatura de Campeche, pero no fue aceptado por todas las corrientes panistas, la más renuente la del grupo “Justa y Solidaria” (léase Yolanda y Nelly), la primera asesorada por su hermano Carlos, que goza de concesiones de venta de alcohol en horarios prohibidos, y quien llevó su inconformidad al extremo de jugar y negociar a favor del PRI.
A estas fechas los enfrentamientos en el PAN siguen vigentes, el nuevo líder del partido Chong González, de origen carmelita, respaldado por Avila Lizarraga, Jorge Lavalle Maury, Carlos Rosado Ruelas, Juan Carlos del Río González y sus adláteres no han logrado sentarse tranquilos en su silla para esbozar las estrategias locales del panismo. Sus enfrentamientos con la ex presidenta Caballero May y la forma como ésta fue corrida como lideresa de la bancada en el Congreso y luego reinstalada dejó resquemores en ambos bandos.
Los delegados federales que también tomaron partido se encuentran divididos entre los grupos de poder o alejados de ellos pero cuidando sus cabezas. Las estructuras municipales, si subsisten, ni se ven ni se oyen, y cuerpo que no se mueve se atrofia.
Ante este panorama del PAN campechano, la contienda del 2012 se espera sumamente complicada y sin verdaderas figuras políticas.
CONTUMACIA
La Pirámide de Kelsen establece la prelación de las normas jurídicas, poniendo unas por encima de otras a la hora de su aplicación. Digamos que una norma que está por debajo de la pirámide no puede contradecirse con la que está arriba, y si fuera el caso, no tendría efectos jurídicos, o no debería tenerlos. En esa pirámide se encuentra en lo más alto la Constitución General de la República, inmediatamente las Leyes Orgánicas y Leyes Especiales, luego las Leyes Ordinarias, los Decretos Leyes y finalmente los Reglamentos.
Bajo esa tesitura hay que analizar que se puede tener razón para ordenar un acto jurídico, pero nunca violando el espíritu de nuestra Carta Magna. ¿a qué me refiero con esto? A un impuesto injusto creado en la época de esplendor del Partido Revolucionario Institucional, tiempo en que nadie podía cuestionar las órdenes de un Presidente de la República con poderes metaconstitucionales, que obligaron al pueblo a aportar recursos para la realización de los Juegos Olímpicos de 1968. El impuesto nació propiamente en 1962 (hace casi 50 años) para justificar primero la candidatura y luego la realización de esos juegos.
Fue así como el impuesto por tener un vehículo se convirtió en una de las formas más efectivas de recaudación fiscal durante todos estas casi cinco décadas, y más aún conforme el parque vehicular se multiplicó en forma geométrica dichos recursos ya no los soltó el gobierno federal.
México es el único país del planeta, que año tras año, el gobierno le hace pagar a los mexicanos por un bien que ya pagó impuesto cuando fue adquirido. El dinero que se recauda por la tenencia vehicular es originalmente para que nuestros vehículos circulen por unas buenas carreteras, pistas aeroportuarias y puertos marítimos con las máximas condiciones de seguridad porque este impuesto también lo pagan lanchas, botes y yates, así como motocicletas, etc.. Pero es el caso que caminos, calles, carreteras, avenidas, etc., se encuentran en pésimas condiciones y sólo algunas autopistas son aceptables.
Este injusto impuesto se compara con la larga lista de gravámenes que impuso Antonio López de Santa Ana, que cobraba por puertas y ventanas. A este impuesto se le aparejaron otros más como son verificaciones, cambios de placa cada tres años, alta y baja de propietarios, supuestas multas que nadie sabe de donde vienen, pero que si saben a donde van: una parte al bolsillo de los recaudadores y otra a la benemérita Cruz Roja.
En Campeche con la llegada de un gobierno Justo y Solidario y con la aprobación de un Congreso del Estado que no mira a favor del pueblo, se tomó “la sabia decisión” de que el impuesto a la tenencia continuara en el 2012, siendo aprobado.
Sobre el particular el mismo Ejecutivo estatal afirmó que, “Tomar una decisión apresurada es atentar contra programas sociales de gran trascendencia”, por lo que descartó la posibilidad de sumarse a las medidas tomadas por 18 entidades federativas entre ellas nuestros vecinos de Tabasco y Yucatán.
El gobernador llegó a afirmar que “el tema de la tenencia tiene una prefiguración jurídica muy clara en la legislación federal y en la legislación estatal (sic), y el plazo para que cada entidad tome sus decisiones es diciembre de 2011.
Campechanamente como acostumbra Tirso de la Gala Gómez, dio a conocer que para evitar la desbandada de propietarios campechanos de vehículos para emplacar sus automóviles en Yucatán se establecieron candados que tiene el decreto que exenta el gravamen (no se esperaba menos de un gobierno Justo y Solidario).
Y para rematar el presidente de la bancada priista en el Congreso del Estado, Víctor Manuel Méndez Lanz, dio a conocer “lo irresponsable de la eliminación de la tenencia en Yucatán. Es un impuesto que no le gusta a la gente y al que le digan que no va a pagar quedaría muy contento”, externó capulinamente.
Pese a que la bancada panista pretendía que se dejara de cobrar la tenencia en Campeche, legisladores del PRI, Nueva Alianza y del PVEM, votaron para que se siga cobrando este impuesto. La crítica de los azules estuvo basada en conceptos como, “no han tenido (el gobierno estatal) la capacidad suficiente para fomentar la industria, les ha faltado capacidad para ampliar la base tributaria y no se han diseñado hasta el día, las estrategias efectivas para la atracción de verdaderas inversiones”.
El Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, es muy claro en sus artículos tercero y cuarto. Este último señala: “El artículo tercero de este decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012. En caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, antes de la fecha señalada en el párrafo anterior las entidades federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate”.
La Ley Suprema, Carta Magna o Constitución General de la República es muy clara en su Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Al parecer esta es letra muerta, porque a Tirso Agustín, se le hizo fácil repetir lo que con anterioridad los dos últimos gobernadores habían realizado “para llevar a las arcas públicas los frescos recursos de la injusta tenencia”. Y acto seguido, como en cualquier acto de la Santa Inquisición, en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, como perros guardianes se dieron a la tarea de iniciar una cacería contra los 44 mil campechanos que no por morosidad, sino por carecer de recursos (porque la prioridad de cualquier familia es comer), no han cubierto hasta la fecha esta exacción tributaria. ¿Esta medida es justa y responde a la solidaridad de un gobierno que el pueblo llevó al poder? Y lo peor del caso es que hasta se hacen “filtros” para cazar a propietarios y quitarles sus bienes (vehículos) y llevarlos al corralón, pero todavía los medios de comunicación sin el mínimo análisis y desconociendo o cumpliendo sus “compromisos” con el gobierno hacen apología de estas arbitrarias detenciones vehiculares, que para hacerlas válidas tienen antes que determinar el crédito fiscal correspondiente e iniciar con los citatorios individuales como parte del procedimiento administrativo de ejecución, para cada uno de esos 44 mil campechanos o no, pero si mexicanos asentados en esta entidad. Cumplido que sea este juicio proceder como lo determina la ley y, si pasado y emitida una sentencia de un juez, entonces si detener o embargar, pero nunca en la forma arbitraria con la que lo están haciendo actualmente.
En la Secretaría de Finanzas hay un auténtico verdugo que tras bambalinas ha hecho del impuesto de la tenencia vehicular su razón de vida, es un claro emisario del pasado que pese a su jubilación, hace ya muchos años del IMSS, se enquistó en el gobierno estatal donde ha manejado a su arbitrio e hígado la subsecretaría de ingresos. La derogación de este impuesto lo dejaría sin el placer sicológico que tienen los verdugos de ver sufrir a un semejante.
Y es que Finanzas, deben ser perfectos ignorantes de que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche en su artículo 27, incisos VI, VII y VIII, porque habla sobre recaudar, administrar y practicar auditorías, revisiones, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, requerimientos y numerosos ordenamientos tendientes a obligar a los contribuyentes a pagar.
Pero ni ésta dependencia ni Jackson Villacís Rosado, que tiene en el “cumplimiento” del Artículo 38, párrafo VIII, que a la letra dice: Vigilar el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de seguridad pública, vialidad y tránsito en todo el territorio del Estado, conforme a la competencia que le sea otorgada. Y efectivamente, Finanzas ordenó la detención y estos se dieron a la tarea de perseguir a indefensos ciudadanos, olvidándose por ejemplo de vigilar la venta clandestina de licor y evitar que la juventud consuma bebidas embriagantes hasta las cinco de la mañana, con las funestas consecuencias en accidentes de tránsito.
Y con todas las facultades que le confiere a Finanzas y a Seguridad Pública, en leyes menores, se olvidan de la Pirámide de Kelsen y la falta de efectos jurídicos al oponerse a la Constitución General de la República.
Estamos de acuerdo con el gobernador del Estado en su lucha por aumentar los ingresos, las participaciones federales y cambiar la injusta Ley de Coordinación Fiscal, pero nunca debe de buscarse dañar a la economía familiar. Incluso, el Estado de México derogó recientemente este impuesto y sacrificó ingresos por más de mil 600 millones de pesos que recibía por el pago de esa tenencia.
Si usted me dice que porque el Estado de México tendrá elecciones para cambiar gobierno, congreso y diputaciones locales, así como ayuntamientos, les aceptaría esa razón, pero que recuerden, sobre todo el actual presidente del CDE del PRI en Campeche, Miguel Angel Sulub Caamal, que esto puede y va a tener consecuencias el año próximo porque 44 mil propietarios y poniéndole a cuatro miembros por familia serían cerca de 180 mil votos que serían muy valorados a la hora de emitirse en una casilla a favor del PRI. Porque aquello que atenta contra la economía familiar, atenta contra los legítimos intereses de cada uno de esos campechanos.
Hay muchas opciones para resarcir esos recursos. Por ejemplo la desaparición o fusión de secretarías que duplican funciones y gastan en promedio muchos millones de pesos, que es lo que se calcula la recaudación de la tenencia vehicular.
Desde hace más de dos años se dijo que el Poder legislativo promovería la eliminación de la tenencia como impuesto federal, y es el caso que solo dos estados como Campeche y Oaxaca en los Congresos locales lo convirtieron ipso facto en estatales con la complicidad de los diputados no solo del PRI sino también del PAN, PRD, Panal y Verde Ecologista, pese a que se hizo hincapié de que esos recursos debían ser eliminados y sustituidos por otros, lo que obligaba a ser más eficientes en el cobro del predial, del agua potable, de la basura, de la venta de bebidas alcohólicas.
Los pocos gobernadores que no han accedido a eliminar ese impuesto no quieren que desaparezca porque es ya un ingreso de ellos, es un impuesto muy importante que ahora utilizan y disponen a su arbitrio, pero que no les cuesta. El diseño es muy perverso pues al ser un impuesto cien por ciento participable, es un dulcezote para cada gobernador.
Recapitulando, ¿a qué viene todo esto? ¿con que fines se está machacando con bombo uy platillo la eliminación del cobro de la tenencia, que no se hizo en su momento? Está bien que se haya acabado con este robo instaurado desde la época del “hocicón” Gustavo Díaz Ordaz. Lo que no se vale es la manipulación de los gobiernos federal y estatales en lucha sorda, que pretenden bajo la coyuntura que se vivirá el próximo año en materia electoral.
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