LA REINTEGRACION TERRITORIAL
El sociólogo español don Gregorio Marañón, decía que la base de la pedagogía es la repetición. En esta virtud hemos de exhibir y condenar reiteradamente, en busca de la verdad histórica las supercherías patrioteras que, aunque ya han sido repudiadas por los campechanos libres, siguen sirviendo de pretexto a los burócratas sin escrúpulos para adular y explotar a los gobernadores de Campeche.
En el año1957 al celebrar el gobierno del Estado de Campeche, uno de los sobados y parecidos centenarios, se publicó en un diario peninsular lo siguiente:
“El siete de agosto de cada año es la fiesta oficial más solemnizada de Campeche, porque con ella se celebra su erección en Estado de la Federación Mexicana. Su exaltación se ha hecho consigna en proclamas, decretos, lecciones escolares, artículos periodísticos, libros, revistas y un largo etcétera.
Y sin embargo el siete de agosto de 1857 no ocurrió en la ciudad de Campeche nada digno, ni siquiera de cohetes o voladores muy en boga en esa época. Nadie habló en ese día en separarse de Yucatán, ni de autonomía, ni mucho menos de erigir en Estado el distrito o departamento de Campeche. Ni mucho menos se pensó en ello.
Paradojas de la historia, la sublevación de la ciudad de Campeche, fue concebida y preparada en Mérida, Yuc., por yucatecos; tuvo repercusiones en varios sitios de Yucatán, que no pertenecían al distrito de Campeche, y sus finalidades fueron esencialmente yucatanenses.
Está claro que el siete de agosto de 1857, ni se erigió el estado de Campeche, ni se habló, ni jamás se pensó en ello. La idea germinó varios meses en la viva, insatisfecha y propicia inquietud de los campechanos, aunque alimentada por el gobierno federal.
Campeche nació contra su propia conveniencia, contra la razón, contra los censos, contra las estadísticas, contra la Constitución de la República y contra la misma historia. Pero una vez creado, tuvo que perdurar mientras subsistiera la Federación. El día de la erección del estado de Campeche, es el 29 de abril de 1863, fecha del decreto número 5858 que expidió el Presidente de la República don Benito Juárez García, después de recibir la ratificación de la mayoría de las legislaturas de los Estados. Antes no existía el Estado de Campeche”.
La Constitución política que promulgó en Campeche el gobernador don Pablo García Montilla, en 1861, fue tan viciada y tan nula como el decreto que expidió el 25 de diciembre de 1857, adhiriéndose al cuartelazo de Zuloaga y declarándose el primer gobernador Tacubayista del Estado de Yucatán. Exaltar lo heroico de Pablo García no lo creen ni los campehuaches que hasta el siglo pasado venían de vez en cuando a Campeche de visita. Curiosamente es una tarea ingrata contra la Constitución de 1857, misma que desconoció García Montilla contra el Benemérito de las Américas, mismo que depuso y expulsó de Campeche a semejante “prócer”.
Lo que si ocurrió en Campeche en agosto siguiente, fue el estallido del resentimiento de Pedro Baranda por no haber obtenido la Aduana. Por esta causa secunda el pronunciamiento de Maxcanú, en complicidad con su medio hermano, el coronel Alejandro García, jefe de la artillería de la plaza, y este dispara un cañonazo contra sus propias tropas, deliberadamente y con toda malicia, y no por miedo e ineptitud, como se ha hecho creer, porque si el parentesco no hubiera sido bastante, consta en su hoja de servicios, en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue desde joven un artillero valeroso y competente.
La historia de Campeche ha sido monopolizada, desde hace muchos años, por los gobiernos del Estado, y éstos no han querido que se diga escuetamente la verdad, ni cuando escogen tribunos, ni cuando contratan investigadores foráneos, hay de facto un ambiente nebuloso que flota sobre la verdadera historia de nuestra entidad.
Hasta acá llegamos en el marco histórico de Campeche, porque el Lío Limítrofe tiene como origen principal la separación del Estado de Yucatán, e inmediatamente la guerra fraticida entre Yucatán y Campeche, donde luego de terminar el conflicto nunca se sentaron a delimitar lo que cada Estado había logrado en territorio. De ahí dimana la falta de unos límites perfectamente establecidos.
El segundo error histórico fue el Decreto del Presidente Benito Juárez García, quien tal vez por los problemas que arrastraba no solo en su salud sino en su gobierno, comete un error al no enviar al Congreso de la Unión el citado decreto para ser ratificado, con lo que deja sin validez todo el procedimiento.
El tercer error histórico es la creación del Territorio Libre de Andrés Quintana Roo. Posteriormente un nuevo decreto desaparece este Territorio y adjunta a Yucatán y a Campeche las tierras de Quintana Roo, dejando a Yucatán la posesión del Norte y a Campeche las del Sur.
Llegamos entonces al cuarto error histórico. Este se origina cuando en el Palacio Cantón de Mérida, Yuc., se reúnen los gobernadores de Campeche y Yucatán con el Secretario de Gobernación, donde de común acuerdo se limitan y se pone fin al conflicto territorial. Desafortunadamente, pese a estar presente el Secretario de Gobernación y haber firmado el acta protocolaria, esta nunca fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. De este acto hay constancia plena en el Archivo de la Nación y es un punto importante para fincar la posesión de lo que hoy esgrime como suyas las tierras de Quintana Roo, que nunca fueron de ellos, porque los estudiosos del Derecho saben lo que son los Principios Generales.
Entre estos Principios se encuentra una máxima que señala: “Primero en tiempo, primero en derecho” y, desde el acuerdo en el Palacio Cantón han pasado más de 70 años. Quintana Roo no existía como entidad federativa y de ese acuerdo luego de la creación de esa entidad como Estado de la Federación han pasado más de 30 años, o que se interpreta en Derecho como Prescripción Positiva. Lo que hoy esgrime Quintana Roo es un dicho de propiedad y un derecho de posesión.
Pero que en la vía estrictamente jurídica tenía que haber demandado el Acuerdo del Palacio Cantón y luego promover un juicio reivindicatorio que hasta la fecha no se ha dado. No se puede dejar a un lado el derecho en general, porque las entidades son personas que tienen derechos y obligaciones.
Una situación que no puede darse en este conflicto es que se resuelva por la vía de la política. Solo puede ser legal o por un conflicto armado que debe descartarse por supuesto.
La defensa que el gobierno Justo y Solidario ha de basarse en un juicio de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que ésta reciba del Senado de la República los líos limítrofes entre entidades federativas, después de manosearlos y no haber resuelto ninguno. Mediante la vía del amparo para que las cosas permanezcan conforme al Acuerdo del Palacio de Cantón, el territorio de Campeche permanecerá inalterado y dejar al paso de los años o siglos una respuesta. Es decir que las cosas permanezcan como están.
Porque donde la situación inició el enredo hecho por Quintana Roo fue luego de otro decreto presidencial donde se vuelve a crear el territorio, que fue de facto el quinto error histórico, que finaliza muchos años después cuando el delincuente y loco Mario Villanueva Madrid, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos por narcotraficante, lanza como bomba de humo su famosa Controversia Constitucional.
Ahora bien ¿tendrá el gobierno Justo y Solidario a quien encargarle la defensa de este delicado asunto, que ante todo deja en riesgo una porción de nuestro territorio? ¿esta persona cuenta con capacidad, preparación, conocimiento profundo de la forma como operan este tipo de conflictos, además de la humildad para resolverlo sin llevar agua a su molino?
Preocupa sin embargo el enfoque que se está dando al problema. Me refiero a las declaraciones de Víctor Manuel Méndez Lanz, quien insistió durante la apertura del Segundo Año de la LX Legislatura del Congreso del Estado, al proponer la creación de una Comisión (ya sabemos en México lo que son las comisiones oficiales) especial para insistir que sea el Senado de la República el que resuelva el conflicto limítrofe entre las tres entidades de la Península de Yucatán. No cabe duda son simples “húmedos sueños tropicales” del pastor.
Está bastante desconectado del asunto porque el senador Pedro Joaquín Coldwell, de Quintana Roo dio a conocer hace unos días que nunca se le debió quitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el manejo de esta controversia, porque el hecho de enviarla al Senado “era para que el conflicto no se resolviera”.
Entonces hay que prepararse porque el procedimiento puede ser largo, porque la iniciativa, que aún no es un hecho consumado, se tiene que procesar en la Cámara de Senadores, pero de allí todavía debe pasar a la Cámara de Diputados y luego a los Congresos de los Estados, por tratarse de una reforma constitucional.
Esto prueba el error cometido por la Corte Suprema porque el hecho de haberla enviado al Senado fue negativo porque la Cámara alta es un órgano político legislativo, y no un órgano jurisdiccional. Los senadores son políticos y no jueces, y el problema dimana de un decreto constitucional y solo puede darle solución el máximo tribunal de justicia de la Nación.
Sin ninguna duda este es tal vez el más delicado de los asuntos a los que Fernando Eutimio Ortega Bernés, se habrá de enfrentar en toda su administración, porque a ningún campechano le gustaría perder un centímetro de territorio que, en apego a la justicia y a la verdad histórica es de Campeche.
No cabe tampoco la movilización social, porque es un arma de dos filos y debe atenderse desde el punto de vista de la ley. No estoy de acuerdo con la suspicacia de que si el Senado se lava las manos y le avienta el paquete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se complique más. Hay que olvidarse del “lobbyng” a estas alturas. Hacer valer el Acuerdo del Palacio de Cantón en Mérida, Yuc. Ahí reside la verdadera litis del problema.
La posesión del territorio nunca ha estado en poder de los quintanarroenses, aunque en apego a la verdad ha existido por parte de los gobiernos de Campeche, cierto abandono a los habitantes de esa zona, lo cual ha servido para que los vecinos aduzcan que ellos han erogado en obras y servicios.
El tratadista Felipe Tena Ramírez, señala que para fijar los límites de los Estados hay que determinar la ocupación primitiva y la posesión constante como medios de prueba. Como la posesión se revela en estos casos por actos de autoridad, la prueba consiste en demostrar la pertenencia de estos actos de autoridad, por lo que el Presidente Lázaro Cárdenas, no trazó fronteras, sino reconoció la jurisdicción del Estado de Campeche, lo que prueba que quien ha estado poseyendo la franja en disputa desde ese entonces, y aun antes, es Campeche.
La erección de Quintana Roo en Estado, se da en 1974, reavivando en los mapas la sobreposición territorial que ahora es la base de sus alegatos, pero la posesión de Campeche es mucho más antigua y completa. Los errores y equivocaciones en los trazos, no dan jurisdicción, sino que solo son motivo de clarificación.
Hay que recordar que la topografía nunca puede estar por encima de la Constitución, ni de las leyes que de ella emanan, mismas que señalan que quien posee, tiene la presunción de propietario. Por todo ello y de nuevo, a Campeche le asiste la razón.
Para concluir este cuarto comentario sobre el Lío limítrofe entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán vuelvo a relatar una anécdota de un suceso acaecido hace poco más de 10 años.
Resulta que José Antonio González Curi, gobernador del Estado en el sexenio de “La Grandeza”, queriendo borrar de un plumazo el litigio y convertirse en héroe de esta entidad, ocurrió ante un abogado para plantearle “una brillante idea”: negociar ante Quintana Roo la franja en disputa y quedar en posesión de Campeche un sesenta por ciento a nuestro favor y el restante, con las tierras más áridas y menos productivas, es decir el cuarenta por ciento para los vecinos.
Al escuchar esto el abogado por poco se va de bruces y antes de que siguiera en su perorata, le espetó diciéndole: estás loco, no comprendes que en principio estarías reconociendo que esa franja si pertenece a Quintana Roo y en segundo lugar te convertirías en el Antonio López de Santa Ana, del sureste al perder la mitad de tu territorio. Además, en el problema está también Yucatán.
El bilioso gobernante arrebató los papeles con más ideas brillantes y salió presuroso de ese despacho jurídico, no volviendo nunca más. No cabe duda que el poder marea a los inteligentes, pero a los p… los vuelve locos.
HARAKIRI DEL “CHAVO DEL 2% SOBRE NOMINAS
En la forma más infantil Rogelio Hoil Canul, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, quedó fuera de participar en su segunda reelección el próximo 11 de abril, al cazarlo la Comisión Electoral de esa cúpula empresarial en un detalle que nunca pensó.
Resulta que para participar en el proceso electoral debía tener un mínimo del 50 por ciento de las asistencias a asambleas y por no firmar las actas de asamblea y no tener el mínimo de asistencias automáticamente quedó fuera. Hay momentos en que la desesperación alumbra la torpeza y ante este imprevisto tiró todas sus cartas al par que lo ha acompañado en todas sus triquiñuelas: Yolanda Apolinar Quijano y Jaime Ruiz Moreno.
La primera está obligada a presentar su informe como Comisaria de la actual directiva, pero de acuerdo con estatutos no podrá presentar ese mismo día su candidatura para presidenta del CCEC. En cuanto al segundo, todos sabemos que ha hecho los grandes negocios con Hoil, además de meterle mano a los recursos del dos por ciento, por lo tanto anoche en su desesperación organizó una “velada romántica” en su domicilio particular, adonde invitó a todo mundo en busca de convencerlos para que voten por el el próximo lunes 11 de abril.
Si las cosas siguen el curso normal y Arturo May Maas, deja de meter las manos en este Consejo, lo más probable es que resulte vencedor un nuevo presidente sin nexos con los nefastos ya mencionados.
No hay duda. Lo reiteramos estamos en contacto con Alexander Canul, quien nos enviará todo lo relacionado con la anticonstitucionalidad del Impuesto del dos por ciento sobre nóminas, y de las consecuencias de seguir usando el erario estatal para estos fines.
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