“No estoy de acuerdo con lo que
usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo.” Francoise Marie Arouet (Voltaire).
SIGUE DESFASADO CAMPECHE
Es
una verdad sabida que desde que en México se dio un cambio en el poder, el
nuevo sistema político mexicano, después de que desapareció la Presidencia de
la República como el órgano articulador de las decisiones de poder; los
gobernadores adoptaron un papel crucial en ese proceso.
Aun
los pertenecientes al PAN ganaron con la nueva relación entre los Estados y la
Federación un importante margen de autonomía que, sin embargo, es poco
perceptible comparado con el que benefició a los provenientes del PRI.
Esto
les trajo lenidad y respeto a los intereses entramados durante sus gobiernos en
esa docena de años. En esa tesitura las acciones en materia de libertad de
expresión pese a que a nivel central se modificaron, en Campeche nada se movió
ni lo ha hecho en este año, en lo concerniente al cambio de fecha del Día
Mundial de la Libertad de Expresión que se celebra en el mundo y en México
desde su aprobación por parte de la UNESCO, con la idea de “fomentar la
libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e
independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.
La
fecha recuerda la instauración de la declaración de Windhoeck, sobre libertad
del ejercicio del periodismo.
En
Campeche nos quedamos en el siglo pasado celebrando esta fecha el 7 de junio,
pese a que algunos compañeros y este articulista hemos venido mencionando la
necesidad del cambio de fechas para propósitos de uniformar criterios con
organismos relacionados con la libre expresión, además de ciudadanizar los
premios a los mejores trabajos del año inmediato anterior. Dejar en manos del
gobierno ese galardón implica antes que nada sumisión y abandono por parte de
quienes son considerados la unión entre Estado y sociedad.
La
propia UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los
numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en
peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el
libre flujo de la información. Este organismo de la Naciones Unidas convoca
cada 3 de mayo a todos los países miembros (México entre ellos) y a sus
sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que
atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación.
El
20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de la ONU en la decisión 48/432
declaró Día Mundial de la Libertad de Prensa al 3 de mayo, aniversario de la
Declaración de Windhoeck.
De
acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es un país de sumo peligro para la
libertad de expresión. Desde el año 2006 al instaurarse casi por decreto por
parte del gobierno Federal una “guerra al crimen organizado”. Los periodistas
en su labor de informar de este flagelo han sufrido desde simples amenazas a
sus carreras profesionales a amenazas de muerte, secuestros, tortura y
asesinato.
Honor
a quien honor merece. El PAN dejó los estrictos controles del viejo priismo y
soltó las amarras a una libertad de expresión más acorde a los nuevos tiempos.
Es innegable que esta libertad está más garantizada que en los pasados años,
donde la represión oficial casi desapareció. Pero la violencia que implica la
muerte de más de 50 periodistas y 14 desaparecidos, sumando más de 600
agresiones en estos doce años son la mejor evidencia que estamos lejos de tener
una libre expresión en México.
En
México, y Campeche no es la excepción, hay medios de comunicación cuyas agendas
están muy cercanas al poder y muy lejos de la ciudadanía, o bien son empresas
periodísticas que en la noche duermen con el poder y en el día dan un beso al
ciudadano. Esa bipolaridad de algunos medios no contribuye a la democracia del
país ni a la fiscalización de los fenómenos sociales. A menor número de ojos y
periodistas vigilando, mayor es la posibilidad de que un gobierno sea corrupto
o totalitario.
El
periodismo ayuda a construir la democracia cuando no se limita a enunciar los
conflictos sociales sino que los traduce, los explica a la audiencia. La mejor
prueba la tenemos en las campañas electorales donde es muy común que solo se
informe lo que dicen los candidatos. No se investiga porque desean el poder,
que harán con él, cómo cumplirán lo que prometen ya que firmar ante notario es
solo un compromiso ético; si están preparados para gobernar, cuántos
ofrecimientos han hecho y además si éstos son factibles.
Un
periodismo mal ejercido puede contribuir a regímenes totalitarios, porque entre
menos periódicos y periodistas con disponibilidad a vigilar las acciones del
poder de los tres niveles de gobierno, mayor es el riesgo de que cierto tipo de
políticos actúen de una u otra forma.
Es
innegable que hay ejemplos de periodistas que al hacer esa tarea de vigilancia
son perseguidos por instancias gubernamentales. La persecución es real se crean
leyes y mecanismos para callar a los periodistas. La solidaridad activa no es
siempre un bien común dentro del gremio periodístico. Las líneas editoriales de
cada medio responden a los intereses de sus propietarios.
El
pasado viernes 3 de mayo pasó sin pena ni gloria por las salas de redacción de
los innumerables medios escritos y electrónicos de esta entidad. Nadie, o casi
nadie se acordó que esa fecha es la real no la obsoleta en que todavía vive
Campeche.
Han
quedado muy atrás aquellos días de marzo de 1994, cuando en la Ciudad de
México, D.F., la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó una
Conferencia Hemisférica que culminó con la Declaración de Chapultepec, donde Carlos Salinas
de Gortari y Ramiro de León Carpio, presidentes de México y
de Guatemala, fueron los primeros jefes de gobierno en firmar oficialmente esta
declaración y que fueron secundados por el resto de los jefes de gobierno del
Hemisferio Occidental, donde se completó el proceso de firma.
Esta
declaración de Chapultepec ocurrió frente a amenazas cada vez más frecuentes a
la libertad de prensa, como la que actualmente se vuelve a vivir en México.
Entre las más serias amenazas a una prensa libre están los intentos de
gobiernos de establecer la colegiación e inscripción obligatoria de
periodistas. Venezuela prohíbe a la
mayoría de los ciudadanos practicar libremente el periodismo y otros lugares
como Veracruz en México ha llegado al extremo de utilizar la violencia para
evitar la libre expresión en aras del abuso en el poder.
Las
campañas de intimidación contra periodistas se están extendiendo hasta a sus
familiares en un esfuerzo por aterrorizar, como llegó el caso de la periodista
recientemente asesinada en Veracruz. Los ataques contra las instalaciones
físicas de medios de comunicación se han intensificado y en algunos casos se
culpa al crimen organizado.
Los
periodistas mexicanos que cubren los sucesos diarios de miles de muertos por la
lucha contra el crimen organizado han puesto en riesgo sus vidas y la de sus
familiares, por dar información sobre sucesos de primera mano.
Pese
a que en Estados Unidos se protege la libertad de expresión hace un tiempo un
reportero fue condenado a prisión por negarse a revelar fuentes confidenciales
para la información que posteriormente fue objeto de un juicio. La
confidencialidad de las fuentes es esencial para el trabajo de periodistas, que
no deben convertirse de hecho en un brazo de la ley para poder reportar con
credibilidad.
El
principio de que el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa
son inherentes a las sociedades democráticas, y no un privilegio dado por
ningún gobierno, sigue siendo algo poco palpable en este hemisferio. Este
principio es uno de los fundamentales expresados en la Declaración de
Chapultepec. El derecho a la libertad de expresión, no es un privilegio dado
por ningún gobierno.
YUCATAN, A LA CONTIENDA LIMITROFE
El
silencio que durante 16 años ha guardado el Estado de Yucatán no ha sido por
pasividad, sino que en los primeros años cuando Mario Villanueva Madrid “cara chueca”,
lanzó contra Campeche su Controversia Constitucional por la reclamación de
supuesta usurpación de su territorio, existía el cacique Víctor Manuel Cervera Pacheco,
quien seguramente le recomendó que en esa controversia no incluyera a Yucatán.
Pero
a estas alturas del litigio Yucatán ha cobrado conciencia de que lo que le
suceda a Campeche va a lesionar también a esa entidad. El gobierno de Rolando Zapata
Bello tengo entendido que mandó días atrás a su Consultor Jurídico a
esta ciudad para entrevistarse con el de Campeche y enterarse de los riesgos
que ambas entidades corren cuando un belicoso gobernador como Roberto Borge
Angulo, ha aumentado su actividad para confundir a la opinión
nacional de que quien más ruido hace tiene la razón.
Sin
embargo, en este litigio limítrofe Quintana Roo acusa a Campeche de despojo de
cuatro mil 800 kms. cuadrados, pero a Yucatán le quitaría también cinco mil 800
kms. cuadrados, ya que su reclamación va aparejada. En el supuesto de que
llegara a ganar esa Controversia Yucatán perdería 800 kms. cuadrados más que
nuestra entidad. Así de fácil.
Lo
innecesario de la actitud belicosa de Borge Angulo ha causado una reacción en los
campechanos de los municipios de Hopelchén y Calakmul donde se han agrupado y
se aprestan a defender lo que consideran es de Campeche.
Pero
no hay que perder la calma y recordar que este es un problema político y como
tal se tiene que resolver políticamente. Este asunto por si los responsables lo
han olvidado, se gana con alianzas, con batallas jurídicas no con mentadas de
madre. Hay que recordar que con insultos hace muchos años entre Yucatán y
Campeche terminó una contienda en la Hacienda Blanca Flor del municipio de
Hecelchakán. Eso no debe volver a ocurrir.
Como
señalamos líneas arriba a Yucatán ya le cayó el veinte de que como tercero
interesado tiene a la larga que intervenir, quiera o no quiera, porque ellos
van a perder ---en última instancia--- más que nosotros y este es el momento de
entrar en la contienda ante la belicosidad de un muchachito que piensa que con
dinero puede comprar a un estado como Campeche y pese a que hay más de 540
“campechanos” que como las falenas se han vendido para firmar en el vecino
Estado su anuencia para dejar de ser campechanos. Falacia jurídica porque estos
malos ciudadanos pueden irse con quien quieran pero la tierra, que por cierto
no los vio nacer se queda en Campeche.
Si
nos ponemos a analizar el lío limítrofe, éste afecta más a Yucatán que a Campeche,
donde si se corren las coordenadas la torre de la iglesia de un poblado
yucateco pasará a formar parte de Quintana Roo. Para Ripley, el sacristán será
quintanarroense y el sacerdote yucateco y las campanas propiedad del loco Borge Angulo.
Apoyar
también a un ególatra como el Consultor Jurídico de Campeche puede tener
consecuencias. Campeche necesita otro gestor que piense con la cabeza y opere
en forma serena. Cada actitud tomada en este litigio no es con improperios como
vamos a ganar este pleito a los quintanarroenses.
Hay
que recordar que no es el que grita más quien tiene la razón. Tenemos en el
pasado reciente el caso del ex gobernador José Antonio González Curi, quien sacando
espuma por la boca se iba a México, D.F. y se pasaba días a las puertas de
Petróleos Mexicanos para exigir ciertamente derechos de Campeche, pero a esos
niveles nunca lo recibieron por antipático, por pesado, por fatuo y grosero. Y
porque además no le caía nada bien al entonces presidente de la República Vicente Fox
Quesada, a quien por cierto había prometido sacar a patadas de
Campeche.
No
hay que dejar de reconocer que Campeche no tiene los recursos económicos que si
posee Quintana Roo, mismos que le han permitido comprar voluntades políticas.
Hay un caso muy significativo de este asunto.
Resulta
que existe un Magistrado de nombre César Molina Suárez, quien hace un tiempo
estuvo de visita en el municipio Othón P. Blanco de Chetumal, donde presumió
que él había hecho un proyecto de sentencia en el que daba la razón y el
territorio en disputa a Quintana Roo. Magistrados como éste deberían ser
procesados por dar a conocer su muy particular punto de vista y calentar el
ambiente que nadie quiere tocar en la SCJN.
Pero
la Litis ya está planteada desde 1997 (hace más de 15 años). Procesalmente no
hay nada más que hacer. Las pruebas ya están ofrecidas y solo falta la
Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ésta es ajustada a
derecho tendrá que ser a favor de Campeche y por ende Yucatán, ya que ambos
estados se verían afectados con el regreso al Viejo Punto Put como Punto Trino
Nacional, en vez del Nuevo Punto Put, acuerdo reconocido en el Palacio Cantón
en 1938 en la ciudad de Mérida, Yuc.
Por
último, por oposición negativa, ya que Quintana Roo nace como Estado en 1974 y
durante más de 22 años no presentó reclamación alguna; por lo tanto opera la
prescripción negativa por el transcurso de más de diez años en base al Código
Civil Federal y muchas más razones históricas y de atención a los habitantes de
la región que siempre ha estado a cargo de Campeche.
Ahora bien, ¿porqué no plantear una Controversia
Constitucional por la explotación del petróleo y gas que el Gobierno Federal recibe
de Campeche? Para ello lo único que se necesita es un buen par de atributos
definidos. ¿Qué haría la SCJN ante ello?
No hay comentarios:
Publicar un comentario