domingo, 5 de mayo de 2013


“No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo.”  Francoise Marie Arouet (Voltaire).


SIGUE DESFASADO CAMPECHE

Es una verdad sabida que desde que en México se dio un cambio en el poder, el nuevo sistema político mexicano, después de que desapareció la Presidencia de la República como el órgano articulador de las decisiones de poder; los gobernadores adoptaron un papel crucial en ese proceso.

Aun los pertenecientes al PAN ganaron con la nueva relación entre los Estados y la Federación un importante margen de autonomía que, sin embargo, es poco perceptible comparado con el que benefició a los provenientes del PRI.

Esto les trajo lenidad y respeto a los intereses entramados durante sus gobiernos en esa docena de años. En esa tesitura las acciones en materia de libertad de expresión pese a que a nivel central se modificaron, en Campeche nada se movió ni lo ha hecho en este año, en lo concerniente al cambio de fecha del Día Mundial de la Libertad de Expresión que se celebra en el mundo y en México desde su aprobación por parte de la UNESCO, con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.

La fecha recuerda la instauración de la declaración de Windhoeck, sobre libertad del ejercicio del periodismo.

En Campeche nos quedamos en el siglo pasado celebrando esta fecha el 7 de junio, pese a que algunos compañeros y este articulista hemos venido mencionando la necesidad del cambio de fechas para propósitos de uniformar criterios con organismos relacionados con la libre expresión, además de ciudadanizar los premios a los mejores trabajos del año inmediato anterior. Dejar en manos del gobierno ese galardón implica antes que nada sumisión y abandono por parte de quienes son considerados la unión entre Estado y sociedad.

La propia UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. Este organismo de la Naciones Unidas convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros (México entre ellos) y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación.

El 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de la ONU en la decisión 48/432 declaró Día Mundial de la Libertad de Prensa al 3 de mayo, aniversario de la Declaración de Windhoeck.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es un país de sumo peligro para la libertad de expresión. Desde el año 2006 al instaurarse casi por decreto por parte del gobierno Federal una “guerra al crimen organizado”. Los periodistas en su labor de informar de este flagelo han sufrido desde simples amenazas a sus carreras profesionales a amenazas de muerte, secuestros, tortura y asesinato.

Honor a quien honor merece. El PAN dejó los estrictos controles del viejo priismo y soltó las amarras a una libertad de expresión más acorde a los nuevos tiempos. Es innegable que esta libertad está más garantizada que en los pasados años, donde la represión oficial casi desapareció. Pero la violencia que implica la muerte de más de 50 periodistas y 14 desaparecidos, sumando más de 600 agresiones en estos doce años son la mejor evidencia que estamos lejos de tener una libre expresión en México.

En México, y Campeche no es la excepción, hay medios de comunicación cuyas agendas están muy cercanas al poder y muy lejos de la ciudadanía, o bien son empresas periodísticas que en la noche duermen con el poder y en el día dan un beso al ciudadano. Esa bipolaridad de algunos medios no contribuye a la democracia del país ni a la fiscalización de los fenómenos sociales. A menor número de ojos y periodistas vigilando, mayor es la posibilidad de que un gobierno sea corrupto o totalitario.

El periodismo ayuda a construir la democracia cuando no se limita a enunciar los conflictos sociales sino que los traduce, los explica a la audiencia. La mejor prueba la tenemos en las campañas electorales donde es muy común que solo se informe lo que dicen los candidatos. No se investiga porque desean el poder, que harán con él, cómo cumplirán lo que prometen ya que firmar ante notario es solo un compromiso ético; si están preparados para gobernar, cuántos ofrecimientos han hecho y además si éstos son factibles.

Un periodismo mal ejercido puede contribuir a regímenes totalitarios, porque entre menos periódicos y periodistas con disponibilidad a vigilar las acciones del poder de los tres niveles de gobierno, mayor es el riesgo de que cierto tipo de políticos actúen de una u otra forma.

Es innegable que hay ejemplos de periodistas que al hacer esa tarea de vigilancia son perseguidos por instancias gubernamentales. La persecución es real se crean leyes y mecanismos para callar a los periodistas. La solidaridad activa no es siempre un bien común dentro del gremio periodístico. Las líneas editoriales de cada medio responden a los intereses de sus propietarios.

El pasado viernes 3 de mayo pasó sin pena ni gloria por las salas de redacción de los innumerables medios escritos y electrónicos de esta entidad. Nadie, o casi nadie se acordó que esa fecha es la real no la obsoleta en que todavía vive Campeche.

Han quedado muy atrás aquellos días de marzo de 1994, cuando en la Ciudad de México, D.F., la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó una Conferencia Hemisférica que culminó con la Declaración de Chapultepec, donde Carlos Salinas de Gortari y Ramiro de León Carpio, presidentes de México y de Guatemala, fueron los primeros jefes de gobierno en firmar oficialmente esta declaración y que fueron secundados por el resto de los jefes de gobierno del Hemisferio Occidental, donde se completó el proceso de firma.

Esta declaración de Chapultepec ocurrió frente a amenazas cada vez más frecuentes a la libertad de prensa, como la que actualmente se vuelve a vivir en México. Entre las más serias amenazas a una prensa libre están los intentos de gobiernos de establecer la colegiación e inscripción obligatoria de periodistas.  Venezuela prohíbe a la mayoría de los ciudadanos practicar libremente el periodismo y otros lugares como Veracruz en México ha llegado al extremo de utilizar la violencia para evitar la libre expresión en aras del abuso en el poder.

Las campañas de intimidación contra periodistas se están extendiendo hasta a sus familiares en un esfuerzo por aterrorizar, como llegó el caso de la periodista recientemente asesinada en Veracruz. Los ataques contra las instalaciones físicas de medios de comunicación se han intensificado y en algunos casos se culpa al crimen organizado.

Los periodistas mexicanos que cubren los sucesos diarios de miles de muertos por la lucha contra el crimen organizado han puesto en riesgo sus vidas y la de sus familiares, por dar información sobre sucesos de primera mano.

Pese a que en Estados Unidos se protege la libertad de expresión hace un tiempo un reportero fue condenado a prisión por negarse a revelar fuentes confidenciales para la información que posteriormente fue objeto de un juicio. La confidencialidad de las fuentes es esencial para el trabajo de periodistas, que no deben convertirse de hecho en un brazo de la ley para poder reportar con credibilidad.

El principio de que el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa son inherentes a las sociedades democráticas, y no un privilegio dado por ningún gobierno, sigue siendo algo poco palpable en este hemisferio. Este principio es uno de los fundamentales expresados en la Declaración de Chapultepec. El derecho a la libertad de expresión, no es un privilegio dado por ningún gobierno.


YUCATAN, A LA CONTIENDA LIMITROFE

El silencio que durante 16 años ha guardado el Estado de Yucatán no ha sido por pasividad, sino que en los primeros años cuando Mario Villanueva Madrid “cara chueca”, lanzó contra Campeche su Controversia Constitucional por la reclamación de supuesta usurpación de su territorio, existía el cacique Víctor Manuel Cervera Pacheco, quien seguramente le recomendó que en esa controversia no incluyera a Yucatán.

Pero a estas alturas del litigio Yucatán ha cobrado conciencia de que lo que le suceda a Campeche va a lesionar también a esa entidad. El gobierno de Rolando Zapata Bello tengo entendido que mandó días atrás a su Consultor Jurídico a esta ciudad para entrevistarse con el de Campeche y enterarse de los riesgos que ambas entidades corren cuando un belicoso gobernador como Roberto Borge Angulo, ha aumentado su actividad para confundir a la opinión nacional de que quien más ruido hace tiene la razón.

Sin embargo, en este litigio limítrofe Quintana Roo acusa a Campeche de despojo de cuatro mil 800 kms. cuadrados, pero a Yucatán le quitaría también cinco mil 800 kms. cuadrados, ya que su reclamación va aparejada. En el supuesto de que llegara a ganar esa Controversia Yucatán perdería 800 kms. cuadrados más que nuestra entidad. Así de fácil.

Lo innecesario de la actitud belicosa de Borge Angulo ha causado una reacción en los campechanos de los municipios de Hopelchén y Calakmul donde se han agrupado y se aprestan a defender lo que consideran es de Campeche.

Pero no hay que perder la calma y recordar que este es un problema político y como tal se tiene que resolver políticamente. Este asunto por si los responsables lo han olvidado, se gana con alianzas, con batallas jurídicas no con mentadas de madre. Hay que recordar que con insultos hace muchos años entre Yucatán y Campeche terminó una contienda en la Hacienda Blanca Flor del municipio de Hecelchakán. Eso no debe volver a ocurrir.

Como señalamos líneas arriba a Yucatán ya le cayó el veinte de que como tercero interesado tiene a la larga que intervenir, quiera o no quiera, porque ellos van a perder ---en última instancia--- más que nosotros y este es el momento de entrar en la contienda ante la belicosidad de un muchachito que piensa que con dinero puede comprar a un estado como Campeche y pese a que hay más de 540 “campechanos” que como las falenas se han vendido para firmar en el vecino Estado su anuencia para dejar de ser campechanos. Falacia jurídica porque estos malos ciudadanos pueden irse con quien quieran pero la tierra, que por cierto no los vio nacer se queda en Campeche.

Si nos ponemos a analizar el lío limítrofe, éste afecta más a Yucatán que a Campeche, donde si se corren las coordenadas la torre de la iglesia de un poblado yucateco pasará a formar parte de Quintana Roo. Para Ripley, el sacristán será quintanarroense y el sacerdote yucateco y las campanas propiedad del loco Borge Angulo.

Apoyar también a un ególatra como el Consultor Jurídico de Campeche puede tener consecuencias. Campeche necesita otro gestor que piense con la cabeza y opere en forma serena. Cada actitud tomada en este litigio no es con improperios como vamos a ganar este pleito a los quintanarroenses.

Hay que recordar que no es el que grita más quien tiene la razón. Tenemos en el pasado reciente el caso del ex gobernador José Antonio González Curi, quien sacando espuma por la boca se iba a México, D.F. y se pasaba días a las puertas de Petróleos Mexicanos para exigir ciertamente derechos de Campeche, pero a esos niveles nunca lo recibieron por antipático, por pesado, por fatuo y grosero. Y porque además no le caía nada bien al entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada, a quien por cierto había prometido sacar a patadas de Campeche.

No hay que dejar de reconocer que Campeche no tiene los recursos económicos que si posee Quintana Roo, mismos que le han permitido comprar voluntades políticas. Hay un caso muy significativo de este asunto.

Resulta que existe un Magistrado de nombre César Molina Suárez, quien hace un tiempo estuvo de visita en el municipio Othón P. Blanco de Chetumal, donde presumió que él había hecho un proyecto de sentencia en el que daba la razón y el territorio en disputa a Quintana Roo. Magistrados como éste deberían ser procesados por dar a conocer su muy particular punto de vista y calentar el ambiente que nadie quiere tocar en la SCJN.

Pero la Litis ya está planteada desde 1997 (hace más de 15 años). Procesalmente no hay nada más que hacer. Las pruebas ya están ofrecidas y solo falta la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ésta es ajustada a derecho tendrá que ser a favor de Campeche y por ende Yucatán, ya que ambos estados se verían afectados con el regreso al Viejo Punto Put como Punto Trino Nacional, en vez del Nuevo Punto Put, acuerdo reconocido en el Palacio Cantón en 1938 en la ciudad de Mérida, Yuc.

Por último, por oposición negativa, ya que Quintana Roo nace como Estado en 1974 y durante más de 22 años no presentó reclamación alguna; por lo tanto opera la prescripción negativa por el transcurso de más de diez años en base al Código Civil Federal y muchas más razones históricas y de atención a los habitantes de la región que siempre ha estado a cargo de Campeche.

Ahora bien, ¿porqué no plantear una Controversia Constitucional por la explotación del petróleo y gas que el Gobierno Federal recibe de Campeche? Para ello lo único que se necesita es un buen par de atributos definidos. ¿Qué haría la SCJN ante ello?

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