Jaque Mate por Ricardo Calderón

CERO EN ADMINISTRACION

No hay mucho que buscarle. Un gobernador no puede abarcar todo el entorno de una administración. Para eso existen asesores y colaboradores eficaces, pero más que nada con experiencia y honradez. Cuando esto no se conjuga es entonces el  inicio de un círculo vicioso entre falta de transparencia y aflora la corrupción.

Porque es muy cierto que los problemas que voy a señalar no son de la actual administración. Se originaron desde hace muchos años y nadie ha querido corregirlos por razones obvias.

Resulta que la Revista Política Digital correspondiente al bimestre octubre-noviembre de 2011 en un extenso artículo evalúa y da a conocer (http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=21123) a las entidades federativas en toda la República, misma que un amigo me hizo llegar oportunamente.

Los resultados para Campeche dejan mucho que desear. A continuación transcribo varios párrafos del extenso trabajo de investigación elaborado por Jana Palacios y Marcelina Valdés:

“Cada año, con el dinero derivado de los impuestos, las entidades federativas gastan más de 60 mil millones de pesos en la compra de bienes y servicios. La manera en que los gobiernos estatales ejercen sus compras interesa a los ciudadanos porque ellos son quienes generan los recursos públicos y porque finalmente son ellos quienes se benefician o perjudican por las decisiones de compra de los funcionarios.

¿Cuál es la alternativa más efectiva para que las compras públicas se realicen de la mejor manera posible? La respuesta se encuentra en la calidad de las legislaciones que regulan las compras, y en su correcta aplicación. Al igual que para cualquier consumidor, el objetivo de los gobiernos cuando compran debería ser obtener el máximo valor por su dinero, es decir, bienes y servicios de la mayor calidad y/o el mejor precio.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en colaboración con la División de competencia de la OCDE y la Comisión Federal de Competencia, desarrolló una metodología para evaluar la calidad de la normatividad de adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios, en términos de su capacidad para fomentar procesos de compra competidos. El principio rector es que a mayor competencia, mayor será el valor obtenido con los recursos públicos.

Además se consideró que las reglas adecuadas ayudan a mitigar la corrupción al cerrar los espacios de discrecionalidad. El objetivo del estudio fue detectar las normas contenidas en las leyes y reglamentos estatales de compras públicas que limitan la competencia entre potenciales proveedores.

Se revisaron las mejores prácticas en términos de compras públicas y se clasificaron en 41 métricas a lo largo de tres etapas del ciclo de adquisiciones: antes, durante y después de la licitación pública. En conjunto estas métricas conforman un “indicador” sobre la calidad de la normatividad estatal de compras públicas.

En cuanto a la aplicación de la metodología, a cada indicador se le asignó una calificación numérica en función de si la legislación analizada cumple con el criterio planteado en el indicador.

En la evaluación general en Pre Licitación, Licitación y Post Licitación el mejor calificado resultó el Distrito Federal con 70.7, seguido de Sinaloa con 61.0 y Baja California con 56.1.

Campeche estuvo entre los últimos cinco lugares con 37.8, seguido de Zacatecas con 34.1, Jalisco con 32.9, Yucatán con 30.5 y en último lugar Guerrero con 23.2.

En la etapa previa a la licitación pública, idealmente las normas deberían favorecer la participación del mayor número de licitantes posible para crear condiciones de competencia.

Como práctica ejemplar los ayuntamientos deben publicar las convocatorias en su tabla de avisos y en un periódico de circulación local o regional. Ninguna otra ley de adquisiciones regula la publicidad de una convocatoria a nivel municipal.

Pero como práctica no deseada la ley obliga a los licitantes a cumplir las leyes o criterios de las cámaras empresariales que son de carácter privado, pero forman parte del padrón de proveedores. Estos requisitos puede excluir innecesariamente a participantes que cuentan con la capacidad para proveer al estado (caso muy común en Campeche donde se licita a proveedores foráneos que materialmente arrasan con las ventas en perjuicio de los proveedores locales porque en vez de hacer cinco licitaciones ---por ejemplo--- se hace una sola que lógicamente impide a los proveedores locales al no poder competir con tales mayoristas).

Por otra parte se ha detectado que las leyes con reformas menos recientes (antes de 1995) son las que obtienen las calificaciones más bajas (Guerrero, Yucatán y Campeche). En cambio, las leyes de adquisiciones de los estados de Sinaloa, Estado de México, D.F., Nayarit, Baja California y Oaxaca son de las mejor evaluadas y a la vez han sido reformadas en tiempos recientes. Llama la atención las legislaciones de Jalisco, Zacatecas y Chihuahua que, aún habiendo sido reformadas relativamente hace poco tiempo, registran bajas calificaciones.

Bajo un sistema federal como el mexicano, cada estado tiene el derecho a crear leyes que se adecuen a sus particularidades. Se cree que el problema no es que el problema sea que 32 legislaciones estatales son distintas entre si. Sin embargo, si todos los estados forman parte de la misma federación y están obligado por ley a proveer los mismos servicios públicos a los ciudadanos, ¿porqué existe tanta variación en la calidad de las leyes de adquisiciones?”.

Este estudio hace hincapié en prácticas no deseadas que Campeche y Chihuahua, no consideran recurso alguno contra el fallo del procedimiento de adjudicación.

También el que Campeche, nuestro vecino Yucatán y Guerrero son los estados con reformas obsoletas en la materia y por eso obtienen las calificaciones más bajas.

Mueve a reflexión porque de esa manera las compras se hacen al arbitrio de las áreas administrativas de los gobiernos estatales y municipales.

En lo concerniente a Ranking de Normatividad Estatal del Gasto Público, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), este estudio también arrojó que Campeche se fue a la cola, porque quedó en el lugar 30 de los 31 estados del País, al lograr a duras penas la calificación reprobatoria de 43 puntos en una escala de 0 al 100. (en este estudio no fue considerado el D.F. por carecer de una normatividad establecida o equivalente.

Y para taparse la cara. En fiscalización la calificación que logró Campeche fue de 0 (cero) y en el último lugar ¿qué dirá de esto Finanzas, Administración e Innovación Gubernamental y Contraloría?

Pero en un breve análisis se colige que esto sucede a Campeche por la reticencia de reformar sus leyes vinculadas al gasto público y a la rendición de cuentas. Indicativo de que la corrupción permea y con ello no se viola la ley, porque ésta no existe o se encuentra obsoleta.

Por ello el triunfalismo de la Secretaría de la Contraloría es hilarante ante esta verdad contundente, que nos pone orejas de burro ante todos los estados del País.

CIELOS ENCAPOTADOS

Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos trabajan ---o hacen como que trabajan--- para lo factible entre pugnas subterráneas; los periodistas trabajan para lo deseable hundidos en la realidad. Entre ellos el matrimonio es imposible, pero inevitable el amasiato.

Las ideas guardadas de nada sirven. Cubiertas de moho, terminan descompuestas. He podido constatar que mis archivos tienen de todo, para todo y salen a la luz  a la primera oportunidad, porque en este mundo todos tenemos cola que nos pisen, políticos y periodistas. Mis conversaciones semanales siempre han sido desenvueltas y aún con políticos no me hacen sentir el poder que en su momento detentan, porque me queda claro, gracias a testimonios directos, me he apartado de un línea oficial, que mucho agradezco a mis amigos que aceptan a veces críticas de mi parte, aunque ninguna de estas lleva nada personal.

He tenido con ex gobernadores pláticas donde he escuchado relatos que amplían mi horizonte en la comprensión del periodismo. Me considero amigo de algunos, conocido de muchos y enemigo de otros. Soy, eso si, amigo de escritores, profesionistas, deportistas, embebido en la belleza de las mujeres y tal vez frívolo e inadvertido. Pero tengo historias reales que causarían disturbios si las diera a conocer. Por ello no soy adicto a defender a nadie ni comprar pleitos ajenos. Ya tengo bastante con los propios.

Sin embargo me llamó la atención un asunto en donde aparentemente un representante ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche promueve ante este órgano electoral, una iniciativa (como hizo en sus declaraciones “El peje” Manuel Andrés López Obrador, su nombre real, cuando gritó a los cuatro vientos: “Al diablo con las instituciones”), donde buscaba impedir a algunos medios de comunicación la divulgación de encuestas y la celebración de debates por TV entre candidatos a diversos cargos de elección popular.

Aparentemente, esta “encomienda” considero que tampoco buscaba exclusivamente restringir este derecho, es decir, a nadie le queda duda de que el citado representante no actúa exclusivamente en beneficio de su partido (sin presencia en el Estado según Parametría), sino también lo hace en pro de sus socios televisivos, situación que me lleva a pensar que esta supuesta “propuesta” para restringir no sea más que un pretexto para competir en igualdad de circunstancias ante los rivales de cable que sin duda alguna cuentan con mayor aceptación y por ende “presupuesto”. Asimismo, no hay que perder de vista el hecho de que con esta simple iniciativa al único que beneficiaba era al PRI, basta con ver lo “agraciados y fluidos” que fueron éstos al momento de encontrarse frente a una cámara de televisión.

Burdo intento por restringir la libertad de expresión que ha costado mucha sangre en México, para que en arrebatos y razones inconfesables puedan ser desechados. Ahora bien, me queda la duda de que en este enjuague han muchas manos metidas. Porque por ejemplo ¿en el IEEC puede hacerse lo que pretendía sin que nadie se enterara hasta ser sometido a la aprobación en el último momento? Y aún con el visto bueno de los consejeros o “achechores” del citado ente ¿habrían podido sacar a ese toro de la barranca? Difícilmente. Ya Campeche soporta sobre sus espaldas una ignominia en materia de Transparencia con el famoso Caso Campeche o de Definitividad que nos limita a quienes hacemos uso de este derecho a ser informados.

No se puede tapar el sol con un dedo. Las encuestas, todas, son como las pizzas, el que paga señala de que sabor las quiere. En la última de Parametría y como asenté en su oportunidad en esta columna, observé que no se encontraban en ella diversos actores políticos que sin duda tienen cierta o alta afinidad ciudadana.

Pero también en el caso del PRD, el pueblo no es tonto las pugnas internas de ese partido en todo el país lo han llevado a  los niveles de aceptación que apenas con la designación de “El Peje” la semana pasada, buscan repuntar en próximas EN-CUES-TAS. Acaban de perder el bastión de Michoacán y están que ni el sol los calienta. Porque también hay desazón entre la dupla Jesús Zambrano-Jesús Ortega mejor conocidos como “Los Chuchos”, enemigos eternos del candidato de la izquierda en México y obvio, que los perredistas campechanos tendrán que aceptar a regañadientes la presencia del Partido Movimiento Ciudadano, a cuyo frente se encuentra Layda Elena Sansores San Román, única persona confiable en Campeche de López Obrador. Varias cosas van a cambiar. Ojalá que sean para bien y para dejar atrás hegemonías que lastran a la democracia en Campeche.

Un problema público no se resuelve en privado. Ya habrá tiempo para poner a cada quien en su lugar.

PADRES IRRESPONSABLES

No cabe duda de que cuando el dinero fluye en una familia, ese acto de presunción se busca demostrarlo en muchas maneras. Darle a los hijos todo lo que desean y sueñen es a todas luces no solo irresponsable sino peligroso.

Esta semana ocurrió en la avenida más concurrida de Campeche un accidente que pudo haber tenido fatales consecuencias, cuando un joven con apenas 15 años, hijo del Director de la Administración Portuaria Integral (API) a bordo de un carro último modelo, Chevrolet Cruce, matrícula de circulación DGY-2800 del estado, manejado a exceso de velocidad impactó a otro vehículo estacionado.

Tras el choque el vehículo del joven volcó, resultando con una herida que no puso en peligro su vida.

Sin embargo, los numerosos amigos que tiene una familia en la prosperidad llegaron al sitio del accidente y sacaron al menor del carro trasladándolo a un hospital. Posteriormente agentes de vialidad levantaron el peritaje y colorín colorado. Pagar el deducible es pecata minuta para esa familia.

Ahora bien, ¿quién le otorgó un permiso para manejar al joven? ¿qué autoridad se hizo de la vista gorda ante esa solicitud que viola flagrantemente las disposiciones de la SSP? ¿qué hubiera pasado si el muchachito mata a alguna persona inocente en su loca carrera? ¿quién es más pecador, el que otorgó el permiso o el que lo porta?

En otros países este solo hecho motiva la renuncia ipso facto del padre consentidor y las sanciones ulteriores al menor para volver a tener una licencia de manejo o cuando menos un permiso, que tenemos entendido se otorga a mayores de 18 años y con un acompañante hasta el momento en que pase la prueba de manejo.