CERO EN ADMINISTRACION

No hay mucho que buscarle. Un gobernador no puede abarcar todo el entorno de una administración. Para eso existen asesores y colaboradores eficaces, pero más que nada con experiencia y honradez. Cuando esto no se conjuga es entonces el  inicio de un círculo vicioso entre falta de transparencia y aflora la corrupción.

Porque es muy cierto que los problemas que voy a señalar no son de la actual administración. Se originaron desde hace muchos años y nadie ha querido corregirlos por razones obvias.

Resulta que la Revista Política Digital correspondiente al bimestre octubre-noviembre de 2011 en un extenso artículo evalúa y da a conocer (http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=21123) a las entidades federativas en toda la República, misma que un amigo me hizo llegar oportunamente.

Los resultados para Campeche dejan mucho que desear. A continuación transcribo varios párrafos del extenso trabajo de investigación elaborado por Jana Palacios y Marcelina Valdés:

“Cada año, con el dinero derivado de los impuestos, las entidades federativas gastan más de 60 mil millones de pesos en la compra de bienes y servicios. La manera en que los gobiernos estatales ejercen sus compras interesa a los ciudadanos porque ellos son quienes generan los recursos públicos y porque finalmente son ellos quienes se benefician o perjudican por las decisiones de compra de los funcionarios.

¿Cuál es la alternativa más efectiva para que las compras públicas se realicen de la mejor manera posible? La respuesta se encuentra en la calidad de las legislaciones que regulan las compras, y en su correcta aplicación. Al igual que para cualquier consumidor, el objetivo de los gobiernos cuando compran debería ser obtener el máximo valor por su dinero, es decir, bienes y servicios de la mayor calidad y/o el mejor precio.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en colaboración con la División de competencia de la OCDE y la Comisión Federal de Competencia, desarrolló una metodología para evaluar la calidad de la normatividad de adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios, en términos de su capacidad para fomentar procesos de compra competidos. El principio rector es que a mayor competencia, mayor será el valor obtenido con los recursos públicos.

Además se consideró que las reglas adecuadas ayudan a mitigar la corrupción al cerrar los espacios de discrecionalidad. El objetivo del estudio fue detectar las normas contenidas en las leyes y reglamentos estatales de compras públicas que limitan la competencia entre potenciales proveedores.

Se revisaron las mejores prácticas en términos de compras públicas y se clasificaron en 41 métricas a lo largo de tres etapas del ciclo de adquisiciones: antes, durante y después de la licitación pública. En conjunto estas métricas conforman un “indicador” sobre la calidad de la normatividad estatal de compras públicas.

En cuanto a la aplicación de la metodología, a cada indicador se le asignó una calificación numérica en función de si la legislación analizada cumple con el criterio planteado en el indicador.

En la evaluación general en Pre Licitación, Licitación y Post Licitación el mejor calificado resultó el Distrito Federal con 70.7, seguido de Sinaloa con 61.0 y Baja California con 56.1.

Campeche estuvo entre los últimos cinco lugares con 37.8, seguido de Zacatecas con 34.1, Jalisco con 32.9, Yucatán con 30.5 y en último lugar Guerrero con 23.2.

En la etapa previa a la licitación pública, idealmente las normas deberían favorecer la participación del mayor número de licitantes posible para crear condiciones de competencia.

Como práctica ejemplar los ayuntamientos deben publicar las convocatorias en su tabla de avisos y en un periódico de circulación local o regional. Ninguna otra ley de adquisiciones regula la publicidad de una convocatoria a nivel municipal.

Pero como práctica no deseada la ley obliga a los licitantes a cumplir las leyes o criterios de las cámaras empresariales que son de carácter privado, pero forman parte del padrón de proveedores. Estos requisitos puede excluir innecesariamente a participantes que cuentan con la capacidad para proveer al estado (caso muy común en Campeche donde se licita a proveedores foráneos que materialmente arrasan con las ventas en perjuicio de los proveedores locales porque en vez de hacer cinco licitaciones ---por ejemplo--- se hace una sola que lógicamente impide a los proveedores locales al no poder competir con tales mayoristas).

Por otra parte se ha detectado que las leyes con reformas menos recientes (antes de 1995) son las que obtienen las calificaciones más bajas (Guerrero, Yucatán y Campeche). En cambio, las leyes de adquisiciones de los estados de Sinaloa, Estado de México, D.F., Nayarit, Baja California y Oaxaca son de las mejor evaluadas y a la vez han sido reformadas en tiempos recientes. Llama la atención las legislaciones de Jalisco, Zacatecas y Chihuahua que, aún habiendo sido reformadas relativamente hace poco tiempo, registran bajas calificaciones.

Bajo un sistema federal como el mexicano, cada estado tiene el derecho a crear leyes que se adecuen a sus particularidades. Se cree que el problema no es que el problema sea que 32 legislaciones estatales son distintas entre si. Sin embargo, si todos los estados forman parte de la misma federación y están obligado por ley a proveer los mismos servicios públicos a los ciudadanos, ¿porqué existe tanta variación en la calidad de las leyes de adquisiciones?”.

Este estudio hace hincapié en prácticas no deseadas que Campeche y Chihuahua, no consideran recurso alguno contra el fallo del procedimiento de adjudicación.

También el que Campeche, nuestro vecino Yucatán y Guerrero son los estados con reformas obsoletas en la materia y por eso obtienen las calificaciones más bajas.

Mueve a reflexión porque de esa manera las compras se hacen al arbitrio de las áreas administrativas de los gobiernos estatales y municipales.

En lo concerniente a Ranking de Normatividad Estatal del Gasto Público, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), este estudio también arrojó que Campeche se fue a la cola, porque quedó en el lugar 30 de los 31 estados del País, al lograr a duras penas la calificación reprobatoria de 43 puntos en una escala de 0 al 100. (en este estudio no fue considerado el D.F. por carecer de una normatividad establecida o equivalente.

Y para taparse la cara. En fiscalización la calificación que logró Campeche fue de 0 (cero) y en el último lugar ¿qué dirá de esto Finanzas, Administración e Innovación Gubernamental y Contraloría?

Pero en un breve análisis se colige que esto sucede a Campeche por la reticencia de reformar sus leyes vinculadas al gasto público y a la rendición de cuentas. Indicativo de que la corrupción permea y con ello no se viola la ley, porque ésta no existe o se encuentra obsoleta.

Por ello el triunfalismo de la Secretaría de la Contraloría es hilarante ante esta verdad contundente, que nos pone orejas de burro ante todos los estados del País.

CIELOS ENCAPOTADOS

Políticos y periodistas se buscan unos a otros, se rechazan, vuelven a encontrarse para tornar a discrepar. Son especies que se repelen y se necesitan para vivir. Los políticos trabajan ---o hacen como que trabajan--- para lo factible entre pugnas subterráneas; los periodistas trabajan para lo deseable hundidos en la realidad. Entre ellos el matrimonio es imposible, pero inevitable el amasiato.

Las ideas guardadas de nada sirven. Cubiertas de moho, terminan descompuestas. He podido constatar que mis archivos tienen de todo, para todo y salen a la luz  a la primera oportunidad, porque en este mundo todos tenemos cola que nos pisen, políticos y periodistas. Mis conversaciones semanales siempre han sido desenvueltas y aún con políticos no me hacen sentir el poder que en su momento detentan, porque me queda claro, gracias a testimonios directos, me he apartado de un línea oficial, que mucho agradezco a mis amigos que aceptan a veces críticas de mi parte, aunque ninguna de estas lleva nada personal.

He tenido con ex gobernadores pláticas donde he escuchado relatos que amplían mi horizonte en la comprensión del periodismo. Me considero amigo de algunos, conocido de muchos y enemigo de otros. Soy, eso si, amigo de escritores, profesionistas, deportistas, embebido en la belleza de las mujeres y tal vez frívolo e inadvertido. Pero tengo historias reales que causarían disturbios si las diera a conocer. Por ello no soy adicto a defender a nadie ni comprar pleitos ajenos. Ya tengo bastante con los propios.

Sin embargo me llamó la atención un asunto en donde aparentemente un representante ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche promueve ante este órgano electoral, una iniciativa (como hizo en sus declaraciones “El peje” Manuel Andrés López Obrador, su nombre real, cuando gritó a los cuatro vientos: “Al diablo con las instituciones”), donde buscaba impedir a algunos medios de comunicación la divulgación de encuestas y la celebración de debates por TV entre candidatos a diversos cargos de elección popular.

Aparentemente, esta “encomienda” considero que tampoco buscaba exclusivamente restringir este derecho, es decir, a nadie le queda duda de que el citado representante no actúa exclusivamente en beneficio de su partido (sin presencia en el Estado según Parametría), sino también lo hace en pro de sus socios televisivos, situación que me lleva a pensar que esta supuesta “propuesta” para restringir no sea más que un pretexto para competir en igualdad de circunstancias ante los rivales de cable que sin duda alguna cuentan con mayor aceptación y por ende “presupuesto”. Asimismo, no hay que perder de vista el hecho de que con esta simple iniciativa al único que beneficiaba era al PRI, basta con ver lo “agraciados y fluidos” que fueron éstos al momento de encontrarse frente a una cámara de televisión.

Burdo intento por restringir la libertad de expresión que ha costado mucha sangre en México, para que en arrebatos y razones inconfesables puedan ser desechados. Ahora bien, me queda la duda de que en este enjuague han muchas manos metidas. Porque por ejemplo ¿en el IEEC puede hacerse lo que pretendía sin que nadie se enterara hasta ser sometido a la aprobación en el último momento? Y aún con el visto bueno de los consejeros o “achechores” del citado ente ¿habrían podido sacar a ese toro de la barranca? Difícilmente. Ya Campeche soporta sobre sus espaldas una ignominia en materia de Transparencia con el famoso Caso Campeche o de Definitividad que nos limita a quienes hacemos uso de este derecho a ser informados.

No se puede tapar el sol con un dedo. Las encuestas, todas, son como las pizzas, el que paga señala de que sabor las quiere. En la última de Parametría y como asenté en su oportunidad en esta columna, observé que no se encontraban en ella diversos actores políticos que sin duda tienen cierta o alta afinidad ciudadana.

Pero también en el caso del PRD, el pueblo no es tonto las pugnas internas de ese partido en todo el país lo han llevado a  los niveles de aceptación que apenas con la designación de “El Peje” la semana pasada, buscan repuntar en próximas EN-CUES-TAS. Acaban de perder el bastión de Michoacán y están que ni el sol los calienta. Porque también hay desazón entre la dupla Jesús Zambrano-Jesús Ortega mejor conocidos como “Los Chuchos”, enemigos eternos del candidato de la izquierda en México y obvio, que los perredistas campechanos tendrán que aceptar a regañadientes la presencia del Partido Movimiento Ciudadano, a cuyo frente se encuentra Layda Elena Sansores San Román, única persona confiable en Campeche de López Obrador. Varias cosas van a cambiar. Ojalá que sean para bien y para dejar atrás hegemonías que lastran a la democracia en Campeche.

Un problema público no se resuelve en privado. Ya habrá tiempo para poner a cada quien en su lugar.

PADRES IRRESPONSABLES

No cabe duda de que cuando el dinero fluye en una familia, ese acto de presunción se busca demostrarlo en muchas maneras. Darle a los hijos todo lo que desean y sueñen es a todas luces no solo irresponsable sino peligroso.

Esta semana ocurrió en la avenida más concurrida de Campeche un accidente que pudo haber tenido fatales consecuencias, cuando un joven con apenas 15 años, hijo del Director de la Administración Portuaria Integral (API) a bordo de un carro último modelo, Chevrolet Cruce, matrícula de circulación DGY-2800 del estado, manejado a exceso de velocidad impactó a otro vehículo estacionado.

Tras el choque el vehículo del joven volcó, resultando con una herida que no puso en peligro su vida.

Sin embargo, los numerosos amigos que tiene una familia en la prosperidad llegaron al sitio del accidente y sacaron al menor del carro trasladándolo a un hospital. Posteriormente agentes de vialidad levantaron el peritaje y colorín colorado. Pagar el deducible es pecata minuta para esa familia.

Ahora bien, ¿quién le otorgó un permiso para manejar al joven? ¿qué autoridad se hizo de la vista gorda ante esa solicitud que viola flagrantemente las disposiciones de la SSP? ¿qué hubiera pasado si el muchachito mata a alguna persona inocente en su loca carrera? ¿quién es más pecador, el que otorgó el permiso o el que lo porta?

En otros países este solo hecho motiva la renuncia ipso facto del padre consentidor y las sanciones ulteriores al menor para volver a tener una licencia de manejo o cuando menos un permiso, que tenemos entendido se otorga a mayores de 18 años y con un acompañante hasta el momento en que pase la prueba de manejo.

UNA GUERRA PERDIDA

Casi todos los mexicanos tenemos una imagen muy clara del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Para bien o para mal es imposible quedarse sin reaccionar ante los más de 50 mil muertos durante los cinco años de gobierno.

Cada muerto es un fracaso. Calderón es para muchos, sinónimo de la lucha contra el crimen organizado. Para otros, sin embargo, es sinónimo de violencia e inseguridad.

Los cables de Wikileaks que aparecieron a finales de 2010 crearon enormes tensiones entre México y Estados Unidos. Se reveló que funcionarios de Estados Unidos, dentro y fuera de su embajada en la ciudad de México, expresaron lo que muchos mexicanos ya decían en reuniones familiares y de amigos: que había partes del país semicontroladas por los narcotraficantes, que los militares no podían con el paquete y no estaban preparados ---tenían “aversión al riesgo”, según los cables---, que había una especie de insurgencia contra las autoridades, y que no se veía una solución a corto o mediano plazo.

Ya para 2011 se había instalado en el país un clarísimo sentimiento de desesperación e indignación. A pesar de los muy públicos arrestos de líderes del narco, los actos de violencia no parecían detenerse.

La desesperanza ha llegado a tal grado que una encuesta de Univisión y Parametría realizada en febrero de 2011 confirmó que 56 por ciento de los mexicanos creían que el país iba en el “camino equivocado”. Además, buscando alternativas no del todo realistas, 46 por ciento respondió que prefería algún tipo de negociación que no haya violencia aunque haya narcotráfico.

Como puente entre los que servían drogas del sur del continente a los consumidores del norte, la realidad es que México puede hacer muy poco solo. México está poniendo los narcos y los muertos mientras Estados Unidos pone los consumidores y las armas.

Hay narcotraficantes en México porque hay drogadictos y consumidores de drogas en Estados Unidos. Así de simple. Y eso no va a cambiar. Estados Unidos tiene muchas prioridades pero entre ellas no parece estar el reducir el consumo de drogas. En Estados Unidos no hay un solo anuncio público que prevenga a los más jóvenes de los peligros de los estupefacientes.

Esta guerra en la que se metió Calderón por las causas que usted quiera ponerle, fue una decisión valiente pero no necesariamente la más inteligente ni la mejor planeada. Calderón  la ha tomado como una guerra personal cuando en realidad es un asunto colectivo. La quiso convertir en una guerra mexicana cuando es, de verdad, un conflicto mundial. Desafortunadamente, esta es una guerra que Calderón ---y todos los recursos de su gobierno--- no puede ganar solo.

Pero el control de daños en esta lucha ya está perdida. Aún cuando Vicente Fox Quezada no declaró la lucha contra el crimen organizado si tuvo la pérdida de Ramón Martín Huerta, primero subsecretario de Gobernación y después como responsable de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, tras la salida de su primer titular, Alejandro Gertz Manero. Una función ajena a sus capacidades, y que desempeñó en un breve lapso, entre 2004 y el 21 de septiembre de 2005, la jornada fatal, cuando no pudo cumplir su agenda prevista.

A las diez veinticinco, el helicóptero de la dependencia, un Bell 412, con matrícula XCPFI, partió del Campo Militar Número Uno, el antiguo Campo Marte, cuya puerta de acceso principal se abre hacia la avenida de los Constituyentes en la capital del país, llevando a bordo a Martín Huerta y a cinco subalternos y un visitador de la CNDH.

Apenas veinte minutos después de la partida esperaban aterrizar en Almoloya de Juárez. Sin embargo, una hora con trece minutos luego de la salida, se recibió de acuerdo con el parte de accidente, el último llamado de la aeronave. El helicóptero voló demasiados minutos para un trayecto tan corto, antes de perderse en un banco de niebla. Los restos de la aeronave fueron localizados en la parte alta del cerro. En ese momento comenzaron las especulaciones. Del helicóptero no quedó de él prácticamente nada.

Lo extraño es que piloto y copiloto optaron tácitamente por el suicidio. Y como no llevaban caja negra ---puesto que no es reglamentario para helicópteros de ese rango---, no hubo manera de corroborar las razones por las cuales cometieron, casi sin meditarla, la imprudencia que costó las vidas de tripulantes y funcionarios. ¿Error humano?

Martín Huerta fue objeto, en diversas ocasiones, de amenazas contra su vida, presumiblemente por parte de algunos capos. ¿Esa era la razón por la cual visitaría a Osiel Cárdenas Guillén en el penal de alta seguridad de Almoloya?

Un amigo personal de Martín Huerta dio a conocer que días antes de la tragedia que tenía un proyecto listo para combatir , “en serio” al narcotráfico. Consistía en provocar enfrentamientos entre los distintos cárteles, y al guerrear entre si, propiciar que se despedazaran unos con otros. ¿No suena como algo que comenzó a acontecer desde el año 2008 pero que no ha dado resultados?

El suceso fue un golpe mortal a Fox, porque era un amigo insustituible, alguien dijo que semejante al que sintió en su momento Carlos Salinas de Gortari tras el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, y en la misma línea, años más tarde, Felipe Calderón Hinojosa cuando perdiera a quien contra viento y marea, pretendía fuera su “delfín”, esto es, el sucesor institucional sin arabescos democráticos: Juan Camilo Mouriño Terrazo.

Este accidente, acaecido el 4 de noviembre de 2008 tuvo visos sospechosos. Por principio de cuentas Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, asumió tareas de Ministerio Público en su condición de titular de la SCT, sobre el rastro del aeroplano siniestrado, un Learjet 45, matrícula XC-VMC, adquirido por el gobierno federal, aun cuando su mantenimiento distaba de ser el correcto. Y fue el primero también , cuando apenas iniciaban las averiguaciones, en asegurar que debía descartarse cualquier especulación sobre un posible atentado terrorista. Hasta hoy no se ha dejado de insistir en este punto, máxime que él fue quien “dio la cara” a los medios sin permitir filtraciones informativas como en el caso de Martín Huerta.

En una Nación bajo el fuego cruzado de las mafias y las instituciones militares y policíacas infiltradas, cualquier pesquisa lleva siempre a factores criminales.

Motivos para atentar contra la vida de Mouriño Terrazo habían de sobra. Y no puede soslayarse la importancia de uno de los que lo acompañaron en el vuelo fatal: José Luis Santiago Vasconcelos, quien pocas semanas antes del “accidente” se había separado de la compleja Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cansado de las reiteradas amenazas, previsiblemente de distintos cárteles en su contra. Con ellos perecieron también ocho personas en total.

Turbulencias o no, lo cierto es que fue el primer secretario de Gobernación muerto en condiciones muy difíciles de concebir por la guerra que desde el primer momento del actual régimen se lleva a cabo en todo el territorio nacional.

El segundo secretario de Gobernación y tercero de primer nivel del gabinete en siete años de gobiernos panistas, cayó el pasado viernes antes del mediodía en las inmediaciones de un terreno inhóspito en el Estado de México, cuando el helicóptero Super Puma con matrícula HC-UPH, perteneciente a esa dependencia volaba en tránsito hacia una reunión que tendría lugar en el Estado de Morelos. Todos los pasajeros ---ocho en total--- perecieron.

El presidente Calderón, adelantó ayer mismo que el accidente ocurrió debido a las condiciones climáticas, que la nave estaba siempre resguardado en el hangar del Estado Mayor Presidencial y que piloto y copiloto tenían 10 años de experiencia en el manejo de este tipo de aeronaves.

La “nubosidad” no es la que nos preocupa sino la falta de transparencia por parte de la Presidencia de la República, para tratar de darle atole con el dedo a los mexicanos.

Francisco Blake Mora, había sido amenazado de muerte por el crimen organizado y a sabiendas de ello hace unos días el funcionario externó “ya sueño con ver tras las rejas al Chapo Guzmán”. Y lo que son las cosas es este último y el más conocido de los capos que aparecen en Fortune como el más rico (en dólares), ha amenazado con atacar a la ciudad de México, específicamente a un consulado, un medio de comunicación, un canal televisivo y otros objetivos reveló un funcionario de la DEA (por su siglas en inglés), al diario Chicago Sun, en una entrevista publicada. Saque cada quién sus propias conclusiones de quién pudo haber ordenado la tercera muerte de altísimos funcionarios.

¿Quién será el próximo?

UNA BOFETADA DE PAYASO

A Mr. Jackson se le escaparon los virus de su laboratorio. Resulta que en materia de administración anda todavía por el silabario y es entonces que un vivillo llamado Juan Gabriel Avila Ordóñez, nombrado sin méritos para ser sub secretario en esa dependencia, porque en este mismo espacio les señalamos hace más de un año que se había colado al gobierno Justo y Solidario, luego de la fracasada campaña para la presidencia municipal de Campeche. Era –y sigue siendo--- gente de la confianza de Carlos Felipe Ortega Rubio.

Hace unos días una gota rebosó el vaso de la prepotencia de Avila Ordóñez al gritar y amenazar al ex sub director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Luis Alfonso Maldonado Pérez. El hecho aconteció en presencia de algunos elementos de esa corporación y este último contestó con fuerza los cuestionamientos de su jefe. La situación llegó al extremo de que Avila Ordóñez ante la falta de argumentos le soltó una bofetada de payaso al hoy cesado, pero éste contestó con dos opercouts de derecha e izquierda que hicieron diana en la anatomía de quien está considerado una vaca sagrada en la SSPPC, haciendo que su gritón jefe  se fuera a la lona por más de 10 segundos. La pelotera se iba a armar porque ambos tienen seguidores y lo único que se le ocurrió a Mr. Jackson cuando se le enteró minutos después es que se guardara absoluto silencio y no solo a los medios de comunicación.

Avila Ordóñez tiene mucho que explicar sobre los recursos de más de 100 millones de pesos que “administra”, etiquetados para uniformes, armamento y patrullas. Hay un rumor no confirmado de que existen facturas alteradas y apócrifas y que son controladas por “Pepe el noqueado”. Por lo pronto el noqueado luce hace unas semanas un Jetta último modelo para su uso personal.

En calidad de mientras Maldonado Pérez quedó fuera de la corporación y se espera que con guitarra o sin guitarra “cante” todo lo que ahí sucede, mientras Mr. Jackson hace sus pininos en la política para ver si con el apoyo de su pariente se cuela como candidato del PRI a la alcaldía de Champotón.

EL PROXIMO PRESUPUESTO

La semana que terminó ayer, el gobernador del Estado, Fernando Eutimio Ortega Bernés, estuvo en la ciudad de México donde ocurrió acompañado de los seis diputados federales campechanos para cabildear, ---como ha sido la tónica por más de una década---, la aprobación de recursos tan necesarios para el desarrollo de la entidad.

Según se dio a conocer solicitó oficialmente a la Cámara de Diputados esos recursos adicionales cuyo monto son del orden de siete mil 756 millones 200 mil pesos para el presupuesto de 2012 y cuyo destino sería para los sectores transportes y recursos hidráulicos.

Esta semana según Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto deberá quedar terminado la Ley de Egresos y el decreto del Presupuesto 2012. Por su parte la próxima semana el titular del Ejecutivo estatal deberá presentar su Presupuesto de Egresos y la correspondiente Ley de Ingresos que de acuerdo con el propio gobernante será austero, debido a los recortes que el gobierno federal ha marcado en los últimos trimestres de este año. La discusión en México, D.F. parece ser toral en lo concerniente a la disminución de hasta cinco mil millones de pesos a la educación básica con el aval del PRI y los rubros de agua, carreteras y el campo causan dificultades.

De acuerdo con proyecciones del gasto público se busca un presupuesto  del orden de 21 mil 318 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, sacando en conclusión que el presente año fueron autorizados 13 mil 562 millones.

Si se da cumplimiento al proyecto de austeridad anunciado por Ortega Bernés, el próximo año (que cumple la mitad del actual sexenio) se buscará un recorte de gastos en diversos rubros que aún no ha sido dados a conocer. Sin embargo, de los recursos solicitados a la Cámara de Diputados Federal se destaca una partida de dos mil 318 millones de pesos para obras de infraestructura carretera federal; 503 millones de pesos para obra pública y 492 millones de pesos para la modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras.

Además, se solicitan dos mil 598 millones de pesos para recursos hidráulicos; mil 55 millones de pesos para el sector salud; 793 millones para agricultura y ganadería y 316 millones para energía.

En su propuesta el gobernador del Estado busca atender rubros estratégicos que son indispensables para el desarrollo de Campeche. Este plan está encaminado a lograr un mejor desarrollo económico y social, mediante programas de obras públicas que serían un detonante en la generación de empleos.

Destaca sin embargo el esperado programa de saneamiento de la Bahía de Campeche, proyecto que no ha sido atendido por décadas y para el que se solicitan más de mil 800 millones de pesos según dio a conocer la Conagua.

Ha levantado muchas conjeturas y opiniones encontradas los presupuestos de egresos, no solo de la federación, sino también del gobierno estatal.

Desde luego que a todos nos interese, porque al final de cuentas a todos nos afecta, de manera directa o indirecta. A unos más que a otros. A pesar de ello, resulta positivo que a todos nos llame la atención de dónde viene y hacia dónde se destinan los recursos que los ciudadanos aportan a través del pago de impuestos, los productos y de los servicios que les vende el gobierno. Como bien ha señalado Ortega Bernés el dinero no es privativo de ninguno de los tres niveles de gobierno sino del pueblo.

En un presupuesto se expresa un plan de acción del gasto de gobierno, para un período de tiempo determinado a partir de los ingresos disponibles. Desde luego, es un plan que se expresa en términos monetarios y esa propuesta conlleva el proyecto de país o estado, que queremos para el futuro.

De ahí deriva la importancia que reviste para una empresa o para un gobierno un documento presupuestal, pero también para cualquiera en el ámbito personal o profesional, ya que sus efectos pueden afectar el nivel de empleo, el crecimiento, los costos de los servicios públicos, así como la calidad y cantidad de ellos, los servicios médicos, la inversión que de no realizarse evitaría la creación de fuentes de trabajo necesarias para todos y, por supuesto la enemiga de cualquier presupuesto: la inflación que quiérase o no se ha disparado en los últimos meses.

Hay que recordar que los presupuestos son anuales, que en cada ejercicio fiscal, quedan adeudos pendientes de cubrir y obras por concluir, razón por la que hay quienes han sugerido presupuestos multianuales.

En la elaboración de este importante documento administrativo-contable se toman en consideración diversos atenuantes económico sociales, que afectan su funcionamiento, ya que todos sabemos que las necesidades son siempre mayores y los recursos cada vez menores, por lo tanto difícil de distribuir en las múltiples acciones que se quieren resolver.

Se ha dicho, que los presupuestos son diferentes, que cada uno expresa tópicos diferentes y diversos, pero que es importante conocer su estructura y sus componentes. En el caso del presupuesto para 2012 del Gobierno del Estado mucho se ha expresado acerca de que se reducirán partidas, de que hay engaños en lo de la deuda pública, de que no son suficientes los recursos que se destinan a los poderes del Estado y a los once municipios.

La realidad es que no puede crecer el presupuesto, porque desde hace 10 años la economía nacional está contraída y golpeada por crisis periódicas, por lo que se encuentra en un proceso de estancamiento, que afecta a todos, por lo tanto se trata de presupuestos austeros. En Campeche se han redistribuido racionalmente los recursos para tratar de cumplir los compromisos con la sociedad: austeridad significa gastar menos en lo necesario, más no dejar de hacer como piensan algunos.

Redistribuir es asignar de mejor manera el gasto. Entre el programable y no programable. En el primero se traduce el financiamiento de las funciones del Estado, incluyendo los tres poderes. Las prioridades se traducen en el gasto programable y se revelan al considerar la cantidad de dinero para cada una de las funciones y responsabilidades del Ejecutivo estatal. Para comprenderlo mejor hay que analizar los elementos que conforman los Capítulos, los conceptos y las Partidas Presupuestales, ya que estos elementos permiten visualizar el objeto del gasto, instrumento básico para la operación del sistema presupuestario y contable del gobierno.

Este gobierno Justo y Solidario ha orientado desde el principio su mayor monto al sector de desarrollo social, por ser a lo que el gobernador desea se ponga el mayor énfasis de acuerdo a los recursos posibles. De ahí, que permanece porcentualmente con cambios mínimos a lo registrado en el año 2011. Se esperan modificaciones por consistencia presupuestal que de manera general hace que se modifiquen los porcentajes, más no los recursos nominales que se destinan al gasto.

Si la Federación o sutilmente la Cámara de Diputados aprueba lo solicitado para el año próximo el presupuesto crecería moderadamente, hasta donde lo permite la incertidumbre económica y electoral del país, lo importante es su distribución cualitativa, ya que de ahí se desprende lo que desea hacer el gobierno, en que quiere cumplir más con el pueblo. Por eso, no son iguales los presupuestos, cuando sus fines esenciales son diferentes y sus propuestas también.

La ciudadanía quiere empleos y deben destinarse mayores recursos para la búsqueda  del fomento a las actividades capaces de generarlo en los sectores productivos del Estado. Pero el mismo Ejecutivo reconoce “que nadie está obligado a lo imposible”. Ciertamente el combate a la pobreza inicia con programas de desarrollo social, pero llega un momento en que el pueblo puede convertirlo en populista y eso está aceptado en años de procesos electorales pero no debe prolongarse demasiado.

Un presupuesto ideal equilibra ingresos y egreso, y en su elaboración deben coincidir todas las áreas que conforman los poderes del Estado y cada una presentó sus necesidades y responsabilidades a cumplir durante el ejercicio fiscal.

Para concluir este comentario me quiero referir a los criterios vertidos sobre los engaños que existen sobre la deuda pública del Estado. Vale la pena mencionar para aclarar lo que se ha dicho insistentemente en Comisiones en el Congreso del estado, que existe un registro que se puede consultar en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el apartado de Deuda Pública de Estados y Municipios, actualizada al 30 de septiembre de 2011, en el que se muestra la deuda de todas las entidades federativas del país. El Estado de Campeche, aparecía con una deuda mínima. En ese control cayó estrepitosamente Humberto Moreira Valdez y dio pie al escándalo que sigue creciendo como bola de nieve.

Cabe la posibilidad de que si no progresa el cabildeo del gobernador por el presupuesto 2012, le queda la alternativa de solicitar un préstamo que pueda servir para detonar la obra pública estatal tan deprimida en los últimos ocho años. De último momento nos enteramos de que solicitará ese préstamo pero para cubrir salarios del magisterio, es decir a fondo perdido.   

ESAS ENCUESTAS

La semana que nos antecedió inició dentro de una televisora un fenómeno de los tiempos electorales que quiérase o no ya iniciaron. Fue de hecho el balazo de salida de la fiebre de encuestas que seguramente nos estarán recetando en poco tiempo.

Ya se tenía conocimiento de que habían esa “fotografías de momento” en poder de varios políticos, incluso se nos aseguró que hasta el Poder Ejecutivo tenía una en su poder, además del PAN y de un senador por Campeche que le permitieron dar a conocer que El Carmen ya estaba perdido para el próximo proceso electoral.

Pero hemos de recordarles que estas encuestas fueron encargadas por alguien, pagadas con recursos de algún erario y hechas a las medidas del que encargó, para ser subjetivas y descriptivas. Las honestas causales y objetivas son las que agarran de sorpresa.

Estas encuestas ayudan a observar una realidad bastante compleja, por lo tanto, no hay que dejarse seducir por ellas como si se tratara de verdades absolutas, aunque tampoco despreciarlas como si solo fueran engaños.

La fiabilidad depende en gran parte de que las encuestas sean realizadas por una institución de prestigio, las universidades vienen a ser buenas referencias para este caso, también las empresas especializadas como Mitofsky, María de las Heras, AC Nielsen, Parametría, etc.

Pero al margen de todo esto, es importante considerar que una encuesta de opinión sigue siendo una fotografía instantánea del clima de opinión en un momento determinado, fotografía que es inclusive borrosa, esta falta de claridad en su contorno se debe al margen de error que toda encuesta tiene.

Por lo tanto, hay que estar conscientes que cualquier encuesta no puede predecir el futuro, ya que todo depende de aquello que ocurra después de realizada la encuesta y antes de una elección.

En el próximo proceso electoral como van las cosas serán los medios de comunicación lo que calificarán, construirán o destruirán a un candidato. Las verdaderas urnas no serán donde tradicionalmente se depositan los votos, porque esta será mediática.

La comunicación global ha convertido a la democracia en una especie de farsa, en 2006 por ejemplo costó un ojo de la cara la campaña del candidato del PRI a la alcaldía de Campeche, Carlos Felipe Ortega Rubio, pero lo peor no fue eso sino que perdió con un candidato que gastó un 10 por ciento de lo que costó al PRI su gallo perdedor.

Hoy, la comunicación global ha convertido a la democracia en una especie de farsa. Pero todos se preguntan ¿quiénes serán los priistas ganadores y quiénes los derrotados? ¿cuánto le va a costar al PRI inflar a un nuevo candidato que busque recuperar lo perdido en 2009? Y esa misma pregunta hay que hacerse en el municipio de El Carmen, pero en sentido contrario, es decir ¿volverá el PAN a recuperar lo que había sido su bastión por casi 10 años?

Pero además quién ganará ¿el mejor candidato? ¿la mejor propuesta? ¿el que invierta más dinero?. La mercadotecnia política tomará posesión de las campañas y así como se promocionan refrescos, papas fritas, pastas de dientes se harán las propagandas. Esto podría convertirse en un caos o peor aún el que tenga más dinero, el que tenga más poder, hombre o mujer.

Hay quien afirma que es necesario darle una vuelta  a la forma y al fondo de lo que se ha venido haciendo en materia de campañas electorales. Gobiernos, partidos y líderes sociales deberán elegir muy bien entre un buen candidato y el que solo pretende llegar al cargo para hacerse de dinero. He ahí el dilema.

Los “avances” de Alito hace unos días y la reciente encuesta de Parametría confirmaron que de seguir la actual tendencia ---y no importa que el gobernador esté con frecuencia en la isla--- El Carmen está perdido, porque Aracelly Escalante Jasso anda con unos números rojos a escasos siete meses y medio de un proceso electoral donde se le reconoce un 66 por ciento de popularidad, pero su gestión apenas anda en el 34 por ciento, mientras un 62 por ciento opina que va mal.

Por su parte el electorado de la capital del Estado le da a Carlos Ernesto Rosado Ruelas un 69 por ciento de popularidad ---pese a la publicidad tamaulipeca--- y 60 por ciento de aceptación, lo que debe encender los focos rojos del PRI. Y todo ello con quien ha hecho de la obra social su razón de ser. Fernando Eutimio Ortega Bernés, marcha con una popularidad extremadamente alta de 93 por ciento.

En cuanto a la identificación de los encuestados con un partido determinado se observa que en la capital un 29 por ciento acepta al PRI, mientras que un 11 por ciento sienten poca identificación con él. Por el contrario en El Carmen los ciudadanos y pese a los más de dos años de gobierno priista su identificación con el PAN es del orden de 25 por ciento, mientras que la aceptación es del 11 por ciento. Los números fríos indican que la ciudadanía sigue aceptando a la persona y no al partido.

Esto manda un mensaje que debe ser tomado en consideración. Edgar Román Hernández Hernández, casi precandidato a la alcaldía campechana anda con un popularidad de 21 por ciento, mientras que Raúl Pozos Lanz marcha con un 50 por ciento; Enrique Ariel Escalante Arceo tiene un 36 por ciento, ambos con números más altos que el presidente del PRI municipal, al igual que Ana Martha Escalante Castillo con un 27 por ciento de popularidad.

Sin embargo en esta encuesta hay grandes omisiones. En El Carmen en ningún momento se señala a Juan Carlos del Río González, quien en su última participación como candidato perdió la gubernatura contra Jorge Carlos Hurtado Valdez por escasos cuatro mil votos.  Tampoco se dio a conocer cuál es el grado de aceptación de Enrique Iván González López, hoy secretario de Salud del gobierno Justo y Solidario y quien no pasa una semana sin acudir a la isla, donde sigue viviendo los fines de semana.

Tampoco se dio a conocer el grado de popularidad de Yolanda Valladares Valle, quien trae un gran distanciamiento con la familia Mouriño. Y finalmente tampoco se mencionó el nombre de Miguel Angel Sulub Caamal, a quien algunos lo ven como candidato sustituto para la alcaldía y otros con una diputación plurinominal para el Congreso local.

La pregunta es ¿hay recursos para gastar en sondeos de opinión?

EL VIEJISIMO LITIGIO

Este mes se ajustan 109 años de un problema que no tiene para cuando terminar, sobre todo que ha cambiado de unas manos a otras, capacitadas o no, manoseadas o mal orientadas, pero que han servido para darnos cuenta de que el viejo problema de los límites entre Campeche y Quintana Roo siguen en stand bye.

Y le vuelvo a mover a este asunto porque entre algunos comunicadores hay un fuerte rumor de que estamos a punto de perder este viejo litigio por falta de una defensa adecuada. Todo indica que los vecinos de Quintana Roo dicen haber avanzado y de mostrar con hechos que la franja campechana les pertenece y lo que es mejor, lo demostrarán en el proceso electoral del 1 de julio de 2012, cuando las comunidades de ese territorio voten por los candidatos de Quintana Roo.

Los defensores de este asunto en el devenir de tantos años han puesto su mejor interés y talento jurídico. Campechanos que demostraron en su momento que nos asistía la razón y la ley. Pero como en el pasado, hoy también existen liberales y heroicos campechanos que no han cejado de aportar su esfuerzo a la tarea de no permitir que nadie se quede con un centímetro cuadrado de nuestro territorio. Llámese como se llame.

En este prolongado conflicto se han manejado 13 leyes federales, ocho decretos constitucionales sobre la materia: 1862, 1863, 1902, que es el toral; 1917, 1931, 1934, 1935 y 1974.

Además, tres decretos, dos de ellos aunque se consideran presidenciales no lo eran porque correspondían a don Venustiano Carranza, 1913 y 1915, como jefe máximo de la Revolución Mexicana; y un decreto del general Lázaro Cárdenas del Río del año de 1940. Así como dos leyes orgánicas del Distrito Federal y Territorios Federales del año de 1928 y del año 1941.

También de manera genérica comprenden 10 leyes y decretos del Estado de Campeche. A saber: el decreto de la Junta Gubernativa de Campeche, del 15 de mayo de 1858, sobre la erección del Estado; decreto del Congreso Constituyente del Estado de Campeche del 22 de julio de 1861, que emitió la Ley Constitucional para el Gobierno Interior de los Pueblos; seis leyes estatales, las cuatro interiores del Estado de Campeche de 1861, de 1901, 1913 y 1915, así como las leyes orgánicas municipales de 1957 y 1981, Decreto del Congreso del Estado, del 11 de septiembre de 1922, y Decreto del Congreso del Estado del 31 de diciembre de 1996, que creo el municipio de Calakmul y sus dos erratas del 4 de enero y el 21 de febrero de 1997.

Por si fuera poco también comprenden tres leyes del Estado de Yucatán y dos reformas legislativas constituyentes del Estado de Quintana Roo. Como se comprenderá con todo este compendio de leyes y decretos es altamente dificultoso poder orientar una defensa.

Lo que me ha llamado la atención de este problema es que en 1901 existía un concesionario forestal, en toda la zona que ahora ocupa el Estado de Quintana Roo, que era de don Manuel Sierra Méndez. Esta persona le plantea al presidente Porfirio Díaz la creación de un territorio y le asigna determinada superficie. Algunos peritos en historia, afirman que el fondo del litigio no era por la insurrección de los indios en la Guerra de Castas, sino los intereses forestales inmensos de Sierra Méndez, quien quería la concesión precisamente para proteger sus intereses en esa zona.

Es lógico suponer, esto generó inquietud en el gobierno de Yucatán. El general Cantón, que entonces era el gobernador de esa entidad, le propone a don Porfirio una determinada superficie, y ahí por primera vez se habla del Punto Put.

Ahora bien, escudriñando en la historia nos encontramos que don Justo Sierra Méndez, ministro de educación de Porfirio Díaz y hombre de todas sus confianzas tenía cuatro hermanos: María Concepción, María Jesús, Santiago y Manuel José (los tres últimos nacieron en Campeche). Manuel José fue diputado, diplomático y autor del libro “Tratado de Derecho Internacional Público”, por lo que la facilidad para tratar al presidente la aprovechó en su propuesta.

El verdadero problema lo suscitó Quintana Roo en 1975 al emitir su Constitución, donde ya daba coordenadas y cifras astronómicas que segregaban, nada más en el texto de esa constitución y en planos elaborados por Quintana Roo, cuatro mil 810 kilómetros cuadrados al Estado de Campeche y cinco mil 200 al Estado de Yucatán, es decir, una superficie de 10 mil kilómetros cuadrados entre los dos estados. Poco menos que las superficies de los estados de Colima y Tlaxcala.

Desde aquel acuerdo del Presidente Lázaro Cárdenas  del año 40, se empezó a hablar de una manera incorrecta, fundamentalmente en planos militares, del viejo Punto Put y del nuevo Punto Put. Pero no hay ni viejo ni nuevo, es cerca del Punto de Put. Eso fue lo que se estableció en la Constitución, eso fue lo que dijo la iniciativa del Presidente Porfirio Díaz, eso fue lo que dictaminó el Congreso de la Unión, eso es lo que contenían los dictámenes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y eso fue lo que aprobaron las legislaturas de los estados para reformar la Constitución. Sin embargo, ahí quedó ese decreto de Quintana Roo, segregando tan amplia superficie de tierras y olvidándose de todos los antecedentes y de la propia historia del conflicto.

Campeche atendió la sugerencia del entonces presidente de la República Luis Echeverría Alvarez, y Yucatán lo que hizo fue reformar su Constitución y establecer una discrepancia, también por coordenadas y astronómicas, entre la Constitución yucateca y la Constitución de Quintana Roo. Un problema que vino a hacer crisis 23 años después.

En febrero de 1997, todos lo recordamos, el Estado de Quintana Roo presenta una demanda de Controversia Constitucional en contra solo del Estado de Campeche, reclamando la nulidad del acuerdo de Cárdenas del Río, de 1940, y el decreto del Congreso del Estado de Campeche que creó el municipio de Calakmul.

Campeche es notificado, y contesta la demanda y reconviene, o sea, contrademanda la nulidad de la constitución de Quintana Roo, en cuanto al artículo que estaba dándole una superficie que nunca le ha correspondido.

 Lo que llama la atención es de cómo puede, extemporáneamente, 57 años después cuestionar un acuerdo presidencial. El jurista campechano José Trinidad Lanz Cárdenas, asesor y consultor en gobiernos pasados, señaló que: “El planteamiento de Quintana Roo no tiene interés jurídico, interés tutelado por la ley, el Estado de Quintana Roo, para impugnar un acuerdo que no pudo impugnar como territorio. ¿Por qué no podía impugnarlo como territorio? Sencillamente porque el jefe del territorio de Quintana Roo era el Presidente de la República, en los términos de la Constitución y en los términos de las leyes orgánicas del distrito y territorios federales”.

Continúa Lanz Cárdenas, “Presidente de la República era quien designaba y quitaba gobernadores, no eran electos, eran por designación presidencial, y tenían que acudir a los acuerdos con el Presidente de la República. Entonces, al emitir un acuerdo el presidente en 1940 que era territorio de Quintana Roo, no podían las autoridades de ésta hoy entidad impugnar el acuerdo presidencial. Y cuando se erige en Estado, no puede tener como Estado derechos que no tenía como territorio”.

“Ese es el argumento toral de la improcedencia. Aparte de la manifiesta extemporaneidad, la falta de interés jurídico como causahabiente legítimo, como Estado, de lo que era territorio federal, en los términos del propio decreto de 1974 de la Constitución General de la República, en donde se cambia de territorio a Estado”.

Todo esto demuestra que hace más de 109 años, este dolor de cabeza ---ocasionado por intereses personales--- que padece Campeche ha tenido a lo largo de más de un siglo defensores. Nunca, óigase bien, nunca los campechanos hemos claudicado, ni lo haremos en el presente y futuro para perder parte de nuestro territorio. Y esto lo afirmo porque hay mentes calenturientas que no parecen campechanos.

Pero hay todavía hechos que nos dicen que en geografía se insiste en dudas de un tal Medina Peralta en 1922, y del doctor Kert Lomelí, que en su peritaje afirma que Quintana Roo está invadiendo en 400 metros a Campeche, a partir del punto Garbut, en la frontera con Guatemala, y que debe recorrerse el límite 400 metros dentro del territorio del Estado de Quintana Roo, y da sus razones geográficas, históricas, cartográficas, que no objetaron los otros peritos. Esto es muy importante, quiere decir que no solamente no debemos, sino nos deben.

Muchos se preguntan porque son tan lentos los trámites procesales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un jurista relativamente joven que vive en México me aclaró que esto se debe a un error de la reforma estructural en el momento en que se aumentaron las capacidades de la Corte, y se redujeron los ministros a menos de la mitad. Actualmente son 11 y se encuentran saturados. En años pasados solamente se veían dos que tres controversias constitucionales. Ahora hay más de 500. Es lógico que no pueden.

Además hay numerosos recursos de reclamación en ambos juicios, ante el pleno de la SCJN. En el caso del litigio territorial, Campeche hizo valer dos, El Estado de Quintana Roo tres, la Procuraduría General de la República dos, y los municipios de Yucatán cerca de 40.

Se preguntan ¿porqué los municipios y no el Estado? Y esto se dio en el desahogo de las pruebas periciales, porque cuando el Estado asistió le declararon desierta la prueba por extemporánea, entonces ha tenido que defenderse a través de los municipios.

Luego por un problema que los abogados conocen muy bien, las deficiencias técnicas del procedimiento judicial en el desahogo de las pruebas periciales se han convertido en una industria y en una auténtica rémora del trámite jurisdiccional.

Por todo lo anteriormente señalado sobre los procedimientos cansinos, complicados para poder desahogar y un perito que no acepta y que luego nombran otro, y se hacen eternos los juicios por las pruebas periciales. Los abogados estarán de acuerdo con estas consideraciones. La realidad es que se carece de una justicia pronta y expedita.

Claro que son ocho pruebas periciales, con 29 dictámenes ¿por qué 29? Por los municipios involucrados. Cada municipio presenta el suyo y eso hace que también se cree otro grado de dificultad para resolver el asunto. Nada más hay que imaginarse que 29 dictámenes periciales son cerca de tres mil fojas; los dictámenes algunos son muy voluminosos, tanto en sus textos como en sus planos y son 70 cajas de pruebas. Se dice fácil.

Además, Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo en 1997, al ser apresado y procesado por narcotráfico ocasionó cierta detención en los procedimientos.

Finalmente, Fernando  Eutimio Ortega Bernés al igual que sus antecesores han defendido adecuadamente este asunto tan largo y peligroso, porque ninguno de ellos ha querido ser considerado como el moderno Antonio López de Santa Ana.

En estos momentos que los rumores cobran fuerza, no es en los medios de comunicación donde puede litigarse. Los campechanos necesitamos unidad, porque los mismos ministros de la Corte se enteran de que los campechanos no estamos unidos en el apoyo a Campeche. No se trata incluso de apoyar a un gobierno, porque los gobiernos son temporales, sino de apoyar al Estado que es único y que será indefinido en el tiempo.

A PROPOSITO DE CALAVERAS

En el sexenio del coronel José Ortiz Avila y como en todo sexenio siempre hay detractores que utilizan el ingenio y la voz popular para denostar y burlarse del gobernante en turno, en muchos casos a expensas de su buena o mala actuación.

Corría el año de 1963 y a los oídos de “Pepe” (como le llamaban sus amigos al milite) llegó luego de las fiestas del Carnaval, y a través de uno de sus “orejas” más chismosos y que de esa manera gozó de las mieles del poder de su paisano (ambos de Hecelchakán) un versito grosero que el ex agente viajero le recitó tal cual y que comenzaba con ¡ Oh jorondo coronel de espada virgen ¡ Por respeto a los lectores no lo transcribo.

Dicen que Ortiz Avila cuando lo escuchó se le fue el color de la cara y acto seguido llamó a su secretario particular y le gritó a voz en cuello: Cítame para hoy mismo a los maricones poetas que pudieran haber hecho esos versos.

Esa misma noche en el cuarto piso se encontraban Humberto Herrera Baqueiro, Manuel Lanz Peña, Manuel Lanz Cárdenas, Brígido Redondo, Pedro Espínola Blanco y tres más que escapan a la memoria.

El coronel que no se las guardaba les espetó sin preámbulos: “Ahora si h…de p… quiero saber quien fue el c… de ustedes que hizo ese verso en mi contra. Quiero que tenga los huevos de avestruz y me lo diga en este momento.

Todos los poetas que no se caracterizan por ser bragados y muy machos guardaron silencio y se miraron entre si, pero sin dar respuesta.

El milite que para entonces ya había perdido los estribos les gritó: Quiero saber quién fue el %*&Ç… cobarde porque tengo dos opciones: Una.- Condecorarlo por los huevos de avestruz que tuvo para rimar en mi contra y darlo a conocer y Dos, para fusilarlo.

Cuando los poetas escucharon eso y sabiendo como se las gastaba ese gobernador, además de observar todos ellos que sobre el escritorio había una pistola 45 casí se zurran, lo cual motivó que el hombre de la espada virgen se apiadó de ellos y luego de p… los despidió.

Esa misma noche en el Café Oreza no había una mesa desocupada y todos comentaban y se reían del suceso. Obvio es decir que ese versito casi fue olvidado durante los siguientes tres años. Seguramente Guillermo del Río Ortegón, también paisano de él lo usó en varias ocasiones durante su vida política.