FOCOS ROJOS EN REDES SOCIALES

Twitter y Facebook son redes sociales creadas originalmente en San Francisco, California y en Boston, Masachussetts, respectivamente, ambas en Estados Unidos. Su popularidad ha sido enorme y se afirma que las revoluciones sociales en los países del medio Oriente, así como en España su uso ha sido determinante para que millones de jóvenes echaran del poder a dictadores con más de 40 años como son los casos de Egipto y Libia y los jóvenes indignados de la madre patria.

En el caso de Twister por defectos los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a seguidores. Twitter apareció en el mercado en 2009 y Facebook a mediados de 2007. Se dice que entre ambas redes tienen más de mil millones de miembros y traducción a 70 idiomas.

Consecuentemente, la influencia de estas dos redes sociales es de enorme influencia, principalmente porque más del 75 por ciento son utilizados por jóvenes, lo que le da un vigor social determinante para activar demandas ciudadanas y es precisamente el poder político en regímenes diversos los que han visto con recelo el avance y alcance de estas redes sociales.

En Campeche se han venido usando desde hace un poco más de dos años, y en la actualidad muchas noticias que circulan ipso facto en esas redes hacen palidecer a los medios electrónicos y dejando a los periódicos como verdaderas reliquias de la información.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, esta misma semana que ayer concluyó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, por presiones de Amnistía Internacional, otorgó la liberación de dos tuiteros detenidos por supuestos actos de terrorismo y sabotaje en esa entidad. El órgano judicial advirtió que la tipificación del delito de perturbación del orden público es preocupante y regresivo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que analiza y valora la constitucionalidad de la adicción que se le hizo al Código Penal de Veracruz para crear el delito, particularmente en lo relativo a la libertad de expresión.

Todavía el pasado martes  de esta semana, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó las reformas al Código Penal que tipifican como delito la perturbación del orden público, con la finalidad de “atenuar” los cargos en contra de los dos jóvenes detenidos por difundir en Twitter falsos rumores sobre ataques del crimen organizado a escuelas públicas.

Pero lo preocupante es precisamente que esta acción de los gobiernos que no admiten críticas, sean tricolores, azules o amarillos, aprovechan el espacio para tratar de aprobar un nuevo delito, para procesar a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público. Es desde donde quiera vérsele un paso represivo, regresivo y dañino para el estado de derecho, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Hoy se dio en Veracruz, pero otras entidades federativas ya están estudiando la posibilidad de legislar para adoptar estas medidas, sin considerar que es una regresión de leyes ya derogadas y que en mis años de juventud se les tipificaba como Disolución Social, donde el Estado perseguía y encarcelaba a cualquier persona por hacer afirmaciones que el gobierno considerara falsas o inconvenientes, y que según las autoridades perturbara el orden público. Estos elementos de tipo penal mi padre decía que eran “peligrosamente vagos”, por cuanto que la carga de la prueba recaía en el Ministerio Público y éste “adecuaba la averiguación previa a su conveniencia”. Es decir, según el sapo era la pedrada.

Con este nuevo delito se estaría disuadiendo a los ciudadanos a cambiar información de forma independiente y legítima por las redes sociales y otros medios. El impacto que este acto de Veracruz está teniendo será negativo sobre el derecho a la libertad de expresión y peor aún, no ayudará a aumentar la seguridad.

Un amigo de mi padre, que aún vive, me decía que es urgente que se revise y valore la constitucionalidad de la adicción al Artículo 373, que establece una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo a quien por cualquier medio, perturbe el orden público. Seguramente la CNDH estará en estos días valorando (cuenta con 30 días naturales), para resolver si procede ejercer la acción de inconstitucionalidad, en los términos que establece el inciso “g” fracción II del artículo 105 de la Carta Magna.

Sin embargo es la CNDH quien tiene la obligación de prevenir actos que violenten derechos como la libertad de expresión e impulsar reformas legales que la garanticen.

La misma comisión considera que se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente el artículo 13, en el cual se establece el derecho a la libertad de expresión.

Como está redactado, el tipo penal permite una aplicación arbitraria en contra de quien tuitee cosas que den lugar a perturbación del orden público, porque se tendrá que partir de la definición de lo que significa perturbación, si son cinco o más ciudadanos los que se asustan o empiezan a gritar; esto es muy subjetivo.

Mal avanza el PRI en la opinión pública nacional y , sobre todo, de los jóvenes con leyes como la de Veracruz. Un gobierno inteligente, humilde y honesto hubiera pedido disculpas a los tuiteros en lugar de encarcelarlos y tratarlos como terroristas. Este gobierno soberbio y arrogante respondió con esta “ley” con la clara intención de intimidar a las redes sociales resucitando el delito de Disolución Social. Con un Congreso a modo del gobierno, los veracruzanos están mal y esto apenas comienza.

A manera de comentario recordemos que el delito de Disolución Social fue aprobado por la Cámara de Diputados en 1941, cuando ya habían comenzado las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, pero tal como se indica en las consideraciones de la Segunda Comisión de Justicia, este tenía un destinatario específico: la posible quinta columna nazi-fascista que era más que probable que existiera o fuera a existir en nuestro país.

El proyecto de ley para el delito de Disolución Social provino del presidente Manuel Avila Camacho y no de los diputados. Se dice que la razón fue la segunda guerra mundial y la consecuente amenaza en México, teniendo una ley que velara por la paz interior. El ex gobernador de Campeche Alberto Trueba Urbina, aseveraba (era diputado federal por la CTM): “Los nuevos postulados están a la vista con la tragedia que vive Europa; tragedia de dolor, de opresión a los pueblos, que debemos tomar muy en cuenta para el presente y para el futuro. No nos debe pasar a nosotros lo que le pasó a las naciones civilizadas, pero militarmente débiles, de la vieja Europa: sus propios connacionales, los extranjeros, los quintacolumnistas, prepararon la invasión de sus pueblos”.

Años después y ya como gobernador de Campeche Trueba Urbina tuvo oportunidad de aplicar el delito de Disolución Social. Muchos campechanos fueron acusados por este delito y el régimen truebista se caracterizó por una mano dura para aplacar a sus críticos.

Cabe aclarar que este delito de Disolución Social era un delito político y curiosamente ninguna persona filo nazi o de derecha fue acusada por ese delito. Paradójicamente,  el delito se enderezó contra los militantes de izquierda, precisamente a los que no iba dirigido ni en las intenciones del Presidente, ni en la de los legisladores federales. Pero en México sucede una cosa curiosa si el delito estaba ahí, había que aplicarlo y así fueron cayendo personajes de la izquierda mexicana, víctimas de un delito que debió derogarse en cuanto terminó la guerra mundial y con ella la amenaza de la quinta columna.

Los alcances del juego de los dos veracruzanos detenidos por falsear noticias en Twitter puede tener consecuencias. Ese malentendido manejo de la libertad de expresión puede dar lugar a lo que algunos ya comienzan a mencionar. El ministro jubilado Juventino Castro y Castro advirtió que por presiones políticas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa podría “renacer” el delito de disolución social en el capítulo que tipifica el delito de terrorismo.

Quizá un abogado me corrija, yo no lo soy, aunque lo dicho, es proyecto de la lógica y alguna experiencia profesional dentro del periodismo.

Un gobierno humano, consciente, patriota y visionario, nunca realiza, ordena, ni tolera, acciones en contra del pueblo. Solamente los déspotas totalitarios lo hacen y entonces, para justificar el uso de la fuerza y las armas, aplican códigos por ellos inventados. El delito de disolución social fue cancelado gracias a la lucha estudiantil de 1968, y ningún gobierno humano, pienso que estaría dispuesto a revivirlo.

Mientras tanto todos los que hacemos uso de Twitter y Facebook debemos tener cuidado en lo que asentamos diariamente en esas pocas líneas. La cordura debe prevalecer sobre la arrogancia de lanzar a las redes sociales noticias o advertencias que son arma de doble filo.

Sustraerme en ejemplos como el del marido campechano que se le largó la vieja junto con su retoño y lo avisó por Twitter, es hacer uso de aquel consejo que decía: “te lo comento pero que de Campeche no salga”, es una soberana pérdida de tiempo y eso sí de chisme barato y conyugal.

LO QUE YA NO FUNCIONA

No hay que quitarle el mérito de que la alcaldesa de El Carmen, Aracelly Escalante Jasso vda. de Lliteras, ha puesto en varias ocasiones el ejemplo de que en política callarse equivale a que al asumir el olvido no se busque corregirlo.

Chelly fue muy clara al denunciar públicamente que el famoso Acuerdo Macro, celebrado entre el Gobierno del Estado y Petróleos Mexicanos (PEMEX), no ha servido para nada, porque la paraestatal  luego de la firma de ese documento el 10 de febrero de 2010, se ha burlado materialmente de Campeche.

Sin pelos en la lengua señala claramente que la gerencia de Desarrollo Social de Pemex no cumplió con sus promesas: que no ha reactivado la mesa de negociaciones; que los ocho ejes de “esa carreta” no funcionan; que los recursos de obras de beneficio mutuo son una cosa y los recursos asignados a Campeche son otra y finalmente que hasta el momento al ayuntamiento solamente se le han otorgado 13 millones para diversas obras, mientras que el trienio pasado a estas alturas ya habían asignado cerca de mil millones de pesos.

Chelly no lo dice pero de tanto tocar puertas de Pemex ya los nudillos de las manos están hinchadas y el hígado repleto de bilis.

Y es que también el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, ha llegado al tope su llenadera de aguante ante las injusticias y la falta de interés del gobierno federal para con esta entidad que sigue soportando el peso mayor del gasto público a través de Pemex.

El ejecutivo estatal y en ocasión del segundo informe del alcalde de Palizada, palabras más, palabras menos señaló que “necesitamos con valor, tomar decisiones que cambien muchas de las cosas que no están funcionando en el país, y me refiero a los temas relacionados con la seguridad, me refiero a los temas relacionados con los presupuestos, aquí no es que nos estén castigando, sino que simple y sencillamente ya no funcionan los mecanismos actuales”.

Aunque justificó que es por la crisis económica, nosotros vemos que la verdadera crisis es política y de falta de responsabilidad por parte del gobierno federal. Ortega Bernés dijo que “los gobiernos estatales y municipales llevan ya tres años de disminuciones en los presupuestos, pero que es imposible seguir con este estado de cosas”.

Y en efecto, hace ya 10 años que  no se modifican las reglas para apoyar a Estados y a municipios. Fue en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien con el apoyo del Congreso de la Unión respaldó a los Estados y municipios mediante fondos creados en la Cámara de Diputados.

La situación está llegando a su límite, porque el país en general carece de recursos para atender las graves demandas de la ciudadanía. El pueblo puso a los regidores, síndicos, alcaldes y al mismo gobernador, no para quejarse, sino para que resuelvan los problemas.

En un país donde nadie cumple y nadie se siente obligado por su palabra, Ortega Bernés, dio a conocer que en Palizada firmó ante notario 37 compromisos de los que 16 ya han sido solucionados. De esta forma y sin recursos se está enfrentando a la solución de los problemas, porque no debe de olvidar que un buen político debe tener cintura, sentido práctico y fuerza.

En política uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Los días del silencio sobre la injusticia federal para con Campeche parece que están llegando a su fin, porque este gobernador  electo con el mayor número de votos de toda la historia en Campeche, está gobernando para los que lo llevaron con su voto, para los que no lo hicieron y hasta para los que se abstuvieron de votar, quienes en definitiva están también hasta la madre de la política del actual gobierno federal.

COMENTARIO DE UN LECTOR

Recibí en mi correo un comentario que con el nombre de Anónimo me hace llegar un lector de Jaque Mate, con el fin de que sea publicado. Asumo esa responsabilidad, aunque también le aclaro a este “anónimo” que al hacerlo no necesariamente comparto con el su contenido.

“ Sinceramente hace ya una semana me encontré con la festividad de San Cacahuate en la capital campechana que años atrás eran narraciones algo épicas y románticas del Campeche antiguo, de campechanos exiliados ---por así decirlo--- en la capital de la República.

Y casualmente hoy quise reafirmar conocimientos sobre el santoral católico  y en especial la pérdida de las tradiciones.

Es verdad, Fernando Ortega Bernés “Purux”, como el mismo se hizo llamar durante toda su candidatura, ha sabido convencer al pueblo de que trabaja. Y es que no es para menos tratar de entrar en razón y dinamizar un pueblo ocioso desde hace casi 400 años de existencia; es complicado de lograr en solo seis años.

Merece mérito lo que hace con su eslogan de Campeche Justo y Solidario que acompaña de programas de desarrollo social, pero también es cierto que no ha habido mayores cambios de ahí en fuera; cabe mencionar que a mi gusto desde (Jorge Carlos) Hurtado Valdez y Ortega Bernés, han sido los sexenios que han marcado un mayor progreso en todos los sentidos en Campeche, y no me refiero al monopolio político de la capital, sino al Estado.

Han sido los dos gobernadores que han causado credibilidad y un buen sabor de boca, pero un gobernador no actúa de manera aislada y los recursos no llegan como aguacero en tiempos de lluvia, la Federación nos recorta cada vez más el presupuesto y a pesar de ser el Estado que más aporta a la economía, es más, en su “territorio libre y soberano” se extrae petróleo dejándonos a los campechanos inflación, inseguridad, desempleo y una ola migratoria de gentes non gratas a estas tierras.

Bueno, creo que me he salido un poco del tema pero no pude dejar de expresar lo que creo.

Saludos desde El Carmelo, Ciudad del Carmen.”

LA VIDA Y SUS CIRCUNSTANCIAS

El 4 de noviembre de 2008 un desafortunado accidente aéreo cobró la vida de Juan Camilo Mouriño Terrazo, cuando se encontraba en el esplendor de su vida política y era desde entonces el delfín de su amigo el presidente de la República para sucederlo en el cargo.

El pasado viernes el cuñado de su hermano mayor Francisco Gilberto Brown Gantús, falleció víctima de penosa enfermedad cuando había logrado en el Partido Acción Nacional, el mayor cargo en su vida laboral, como delegado de la Profepa en el Estado.

Ambos, en el año de 1997 se enfrentaron como candidatos a la diputación por el V Distrito. Esa campaña colisionó a los hoy fallecidos en una guerra que trascendió lo político y hasta bardas con ataques personales dividieron a esa familia. Finalmente el primero ganó limpiamente ese distrito y fue el primer triunfo de un candidato azul por la vía de la mayoría.

Por su parte Panchito se lamió las heridas y se fue a refugiar en el Congreso del Estado con un cargo administrativo, donde obtuvo experiencia y comenzó el penoso camino de volver a buscar un cargo político y lo obtuvo en el 2003 al ganar el mismo V Distrito por el PRI.

Por su parte el cuñado de su hermano buscó la alcaldía de Campeche y en una campaña muy peleada fue derrotado ampliamente por el actual gobernador del Estado y el PRI. De ahí brincó a una diputación federal como plurinominal y fue donde logró consolidar su amistad con el actual presidente de la República.

Las cosas de la vida fueron determinantes. Juan Camilo ascendió hasta los primeros planos de la política nacional, mientras que Panchito se desligó del PRI y se fue al PRD, donde logró la candidatura a la gubernatura, misma que dejó para pasarse a las filas del PAN y apoyar a Mario Avila Lizarraga, quien fue arrollado por Fernando Ortega Bernés.

Lo demás es historia reciente. Juan Camilo muere en México y año y medio más tarde Panchito fue designado delegado de la Profepa, donde la muerte lo sorprendió.

Ambos dejaron muchos proyectos pendientes y la familia de ambos hoy vuelve a sentir la tragedia de la pérdida de otro miembro. Los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres y el Creador sabe porque suceden esas cosas.

El autor de esta columna tuvo en ciertos momentos de la vida de periodista contacto con ellos en especial con Panchito, quien en una ocasión me llevó a la dirección del periódico como regalo un cachorro de Rottweiller con pedigri, mismo que no aceptaron en mi casa.

Es de meditarse aquello de que se nos adelantaron en el camino. Como quiera que esto sea mis condolencias a la familia Brown Gantús, a sus padres Francisco y Martha, a sus hermanos, hermanos políticos y demás familiares. Descanse en paz. Esa paz que tal vez nunca logró completamente en esta vida.

PEMEX, LA PARTE DEL LEON

Tarde, pero está recapacitando el gobernador del Estado sobre la mala relación que une a Campeche con Petróleos Mexicanos. El Quinto Informe del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es más que claro al dar a conocer que de los 95 mil millones de pesos que la Federación invirtió en Campeche, menos del uno por ciento se destinó para infraestructura social y carretera, números más, números menos solo tres mil millones. Nos dieron atole con el dedo, porque la parte del león fue para Pemex, la paraestatal más corrupta de toda la administración pública.

México es un país de tradición centralista. Desde los Aztecas, pasando por el virreinato, las repúblicas y los imperios, la gravitación del centro ha sido fuerte y constante. En materia tributaria, la Constitución de 1917 prácticamente no asignó potestades fiscales separadas al gobierno federal y a los estatales, salvo la federal relativa al comercio exterior.

Durante todo el Siglo XX se dio un proceso de concentración de potestades en la federación, pasando por tres convenciones nacionales fiscales y muchos acuerdos Federación-Estados. El culmen de ese proceso fue el sistema de coordinación fiscal instaurado en 1980.

Actualmente, más del 90 por ciento de la suma de los ingresos de los estados proviene de fondos federales. Esto no fue accidente. La concentración de potestades fiscales en el gobierno federal fue resultado de un diseño que buscaba una supuesta mayor eficiencia en la recaudación.

Y a la inversa, la suma de los ingresos fiscales propios de los estados más sus participaciones federales representaron en las últimas dos décadas, entre el 20 por ciento y el 25 por ciento de los ingresos presupuestales del gobierno federal. Y en el caso que nos ocupa, Pemex es el sustento desde ha Cantarell estaba en plena producción, que aportaba más del 87 por ciento de la producción de petróleo. Y un 40 por ciento del gas. Y ni entonces, n ce 30 años de la economía del país y Campeche llegó un momento cuando el megapozo i ahora,  ha existido reciprocidad para con nuestra entidad por parte del gobierno federal.

Para analizar el Paquete Económico 2012, no se requiere grandes conocimientos en materia económica ni en política fiscal y, mucho menos imaginación. El gobierno de Calderón Hinojosa dejó finalmente muerto lo que fue su principal bandera de campaña: la creación de empleos.

Y en el citado paquete se aumentó en 27 mil millones de pesos su presupuesto. La deuda externa ha llegado a 110 mil millones de dólares de 54 mil de esa misma moneda, que le heredó Vicente Fox Quezada, y la deuda interna ha llegado a 300 mil millones de dólares, mientras que cada día más mexicanos se lanzan al comercio informal ante la falta de empleos formales.

El petróleo ha caído a 11.9 millones de barriles de crudo en reservas probadas, de 51,3 millones con los que se contaban en 1990.

Para las universidades como la UNAM solo se le aumentó un 3.5 por ciento y al IPN un 3.4 por ciento, mientras que para la SSP federal fue de 15 por ciento, en su fallida guerra contra el narcotráfico y anexos.

Se olvidó de la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y apoyo al campo y a la pesca, etc. Se sigue sacrificando las necesidades urgentes por las estrategias electorales del próximo año. Pero en todo esto comparten el PAN con el PRI la falta de compromiso con el pueblo de México.

Por el lado del gasto, lo que ha sucedido en la última década no es ningún modelo a seguir. En 1992 el gobierno federal transfirió las escuelas y maestros federales a los estados. Y con esta transferencia ---en el caso de Campeche--- nos sacamos la rifa del tigre, porque 97 centavos de cada peso los absorbe una burocracia magisterial en la que el gobierno estatal tiene apenas cierto control, porque éste se encuentra en manos de un sindicato corrupto que le ha impedido crecer y enfrentar el reto de la educación y solamente tres centavos de cada peso para el enorme gasto de conservar y acrecentar la infraestructura educativa.

Al transferir a los estados la operación de esta parte de la educación básica y el presupuesto asignado para ello. Esta decisión, en principio correcta pero tomada por razones incorrectas y mal llevada  a cabo, ha traído muchas consecuencias negativas.

1.- Se perpetuó una muy inequitativa distribución del gasto educativo.

2.- El gobierno, buscando fragmentar al SNTE, se fragmentó él. Por consecuencia, donde antes había una negociación salarial federal, ahora subsiste la federal y se agregan 32 estatales para buscar ventajas adicionales.

3.- Los maestros antes federales y los estatales, ahora tienen el mismo patrón y cotejan sus percepciones y prestaciones más de cerca. Todos buscan igualarse hacia arriba obteniendo las prestaciones y ventajas que los otros tienen.

4.- Las facultades y programas siguieron concentradas en la SEP, por lo que si el principal efecto que normalmente se busca en cualquier descentralización es acercar la toma de decisiones al lugar de los problemas, en este caso más bien se alejó la ejecución de las decisiones del lugar en que se toman.

A partir de 1998, la presión de una Cámara de Diputados con mayoría de oposición arrancó a un pusilánime Ernesto Zedillo Ponce de León, algunos fondos obligándolo a establecer fórmulas para distribuir recursos que anteriormente eran repartidos discrecionalmente (fondos municipales y estatales del ramo 33).

Lo que ha sucedido en México es que la descentralización se ha dado muy parcialmente, en episodios coyunturales, y no siguiendo un plan coherente y consistente.

El resultado de esta compleja situación es una cultura política en que es más rentable necesitar y gestionar que producir y ser autosuficiente, Ahora ambas Cámaras del Congreso están divididas en minorías y con ello se aumenta fuertemente la posibilidad de presiones sobre la descentralización. Pero este es un proceso que debiera conducirse y administrarse con decisión y sensibilidad a la vez, en forma proactiva, anticipándose a los arrebatos y conduciendo los impulsos.

Al decir de los expertos en cuestiones de federalismo, en un país con los niveles de centralización que tiene México, la descentralización y el impulso al federalismo son otra cosa, que requiere decisión política, energía y organización de primer nivel. Una recomendación prácticamente unánime es que se cree una oficina líder de la descentralización, con un claro y directo mandato presidencial para lograr vencer la tendencia natural de las dependencias a mantener y acrecentar sus territorios, recursos y funciones.

El gobierno federal con un nuevo partido desde el año 2000, tomó todas las facultades de un priismo centralista y por su parte creó numerosas funciones de coordinación y de impulso a ciertas iniciativas. La frontera, los indígenas, Chiapas, la corrupción, el crimen organizado, los discapacitados, la innovación gubernamental, son solo algunas de ellas.

Sin embargo, los conceptos del federalismo y descentralización, aunque han sido objeto de repetidas menciones por los últimos dos presidentes de México, y aunque están en la línea con el principio de subsidiariedad, central en la doctrina de su partido, no tienen una contrapartida en su organización.

La preocupación sobre el tema se agudiza porque el flamante precandidato y delfín de Calderón Hinojosa, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, dejó todo el andamiaje sin tocar y la recaudación de impuestos y su administración nunca fue ni será un partidario de darle a los estados mejores participaciones porque cree el conejo que todos son de su pellejo.

De hecho fue el quien no retornó a los estados la administración del IVA que éstos tuvieron durante los años ochenta. Adicionalmente en la SHCP hay toda una caterva de “técnicos” enemigos de la fórmula de distribución de las participaciones que se crearon en 1990 para derivar recursos hacia las entidades más rezagadas como es el caso de Campeche, en un sistema que después de 21 años ha demostrado su ineficacia para reducir el rezago que ha ido acrecentándose en las entidades federativas.

REPRESENTACION MORRALLA

La Ley los tolera, los líderes saltimbanquis los crearon para seguir dentro del presupuesto y ahora se sienten con derecho para buscar que las prerrogativas y los cargos públicos sean lo más flexibles para que accedan a las cámaras de diputados.

William Roberto Sarmiento Urbina, un carpintero que todo lo tasa como “mesa” en su agitado camino para estabilizar los problemas políticos. Por lo pronto la mesa agraria se le cayó una pata y quedó en banquillo o taburete;  a la mesa para la reforma electoral le sucedió algo similar y nadie dijo cuál será la salida, pero quedan apenas semana y media para declarar al niño muerto, porque ni la respiración de boca a boca está funcionando y los partidos morralla, bonsai o chaquiste (porque pican y j… que da miedo) se están quedando fuera del presupuesto, y ya saben lo que eso significa.

Movimiento Ciudadano (léase franquicia Layda), Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, acusan que no hubo voluntad del PAN y del PRI para hacer reformas políticas, que les permitan la reducción de un tres a un dos y medio o dos por ciento en el voto de los diputados por representación.

En una democracia los partidos fuertes y estables se vuelven las instituciones clave, pero no está claro que sea del interés para fortalecer el sistema de partidos. Si volviese a vivir Jesús Reyes Heroles, no haría de nuevo lo que determinó para que las cámaras legislativas federales y estatales se maquillaran de democracia y crearan a los famosos plurinominales, que no le sirvan al pueblo para nada.

Puede uno pensar que los dos partidos con mayoría en el Congreso local han hecho tantas cosas malas durante tanto tiempo que sería muy buena cosa que desapareciera su poder, o que fuera castigado con la extinción por los votantes.

Moralmente estaría justificado, pero sería muy malo para el sistema. Ahora el PRI está embarcado en un análisis interno para ver que políticas pueden cambiar, porque evidentemente lo que estaban haciendo ya no funciona.

Se olvidan los dirigentes de partidos que lo más importante en democracia es la aceptación popular y esa se logra solo con trabajo de campo y no de escritorio. Las protestas en sesiones del Instituto Electoral  del Estado, en desayunos de prensa, en entrevistas de banqueta y en otras formas de llamar la atención no sirven. Pero no importa lo que suceda, tener partidos fuertes, así sean dos o tres sería lo importante, porque los partidos morralla son todos de una misma corriente, que como los ríos crearon afluentes y se salieron de su madre original por así convenir a sus intereses, pero no a los del pueblo.

Seymour Martin Lipset, profesor de políticas públicas de la Universidad George Mason, así como de Berkeley, Stanford, afirma que en cualquier sistema político se intenta garantizar que la oposición no desaparezca “y yo espero que esto suceda en México”, pues cuando se confunde el sistema y un solo partido quiere hacer todo para todos, las cosas se complican.

En Campeche necesitamos una cultura política que tenga un conjunto de normas, instituciones y valores como el derecho de expresión, de hacer campañas, en las que se desarrolla el juego de estira y afloja ---tan elemental en los partidos--- de oposición y el del gobierno.

Cuando un partido pierde el poder queda en la oposición, como el caso del ayuntamiento de Campeche, y siempre se queja de que los que están en el poder les están negando sus derechos, de que son antidemocráticos, que les niegan su libertad de expresión y entonces en sus campañas prometen rectificar eso. En este estira y afloja se da la democracia, no porque sean democráticos, sino porque tienen que estar en el jaloneo. Cuando la oposición es fuerte obliga a que haya decisiones democráticas.

Pero algo se les olvida a los partidos morralla y es el hecho de que al estar muy fragmentada la izquierda mexicana, son ellos mismos los que han llevado a esta corriente de izquierda al sitio en que se encuentran.  Tampoco es la pérdida del pluralismo lo que se ha quedado atrás porque aun teniendo dos partidos la democracia no está en riesgo.

Lo que parecen ignorar los dirigentes de los partidos “chaquiste” es que están pagando el mensaje claro de las urnas del pasado proceso de 2009. El 2012 tiene para ellos nueva oportunidad, pero nadie puede hacer por su causa, si ellos mismos no han cobrado conciencia de que ninguna reforma electoral les puede ser favorable si lo único que pretenden es llegar a algún cargo ya sea como regidores, síndicos o diputados plurinominales.

Sin embargo, lo que los partidos de izquierda necesitan es una verdadera unidad a partir de posturas irreconciliables. Las reglas del juego cambian para que nada cambie. Los políticos quieren borrar su pasado para beneficiarse en el futuro cercano y los enemigos de ayer pueden ser los candidatos de mañana. Todo depende de lo que cada uno de ello aporte y dejen de echarle la culpa al gobierno en el poder y a la segunda fuerza política en la entidad.

Con la Reforma Política de 1978, se abrieron las puertas para que participaran en la vida política esos partidos mInoritarios. Posteriormente en la reforma de 1986 a la ley electoral se cancelaron esas facilidades al establecerse el registro condicionado a los partidos que no alcanzaron un nivel de dos por ciento de la votación nacional. En la reforma de 1990 se restauraron, de nueva cuenta, condiciones mínimas para conservar el registro. Finalmente, en 1993 se canceló. Otra vez, la condicionalidad a los partidos que no obtengan la votación nacional mínima.

Ahora, cuando la mesa de trabajo para la reforma política está llegando a su fin sin acuerdos ni consenso, a los dos grandes partidos se les ocurre nimiedades como de que no se pinten carteles y menos aún que no se peguen en el recinto histórico. En eso terminó la Reforma Política.

EL PRI SE HACE HARAKIRI

El derecho a la libertad de expresión no es un privilegio dado por ningún gobierno, los principios de la libertad de expresión y la libertad de prensa son inherentes a las sociedades democráticas, y aunque sigue teniendo amenazas cada día, sobre todo en México, es uno de los principios fundamentales expresados en la Declaración de Chapultepec.

Bajo los auspicios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la Ciudad de México se signó el 11 de marzo de 1994, luego de un año de trabajos preparatorios, con presencia de líderes de todos los países Interamericanos, incluido España, se forjó una proclamación que se llamó desde entonces La Declaración de Chapultepec.

Este documento histórico encierra 10 sucintos principios, mismos que fueron señalados como una norma de “poder y claridad”. Nació luego de meses de opiniones se cumplieron las bases de: hipótesis, tesis, antítesis y síntesis. Nueve grupos de editores, directores, abogados, políticos, autores, académicos y otros expertos participaron y trabajaron para allanar diferentes puntos de vista, reflejando sus variados antecedentes culturales, políticos y geográficos, llegando eventualmente a los 10 principios y preámbulo de 17 párrafos que constituyen la Declaración final.

El documento contiene una advertencia a los gobiernos que intenten restringir la libertad de prensa en sus países. Y precisamente el Primer principio declara: “No es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo”.

Ese documento con total validez deja claro que las autoridades deben proporcionar acceso a la información pública, que los periodistas no deben ser obligados a revelar sus fuentes de información y que la censura o cualquier otra restricción del flujo de la información son inaceptables. El asesinato y otros actos de violencia cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación no deben de quedar impunes, agrega el documento.

Al mismo tiempo, los principios de esta declaración versan sobre otras amenazas a la libertad de prensa, a las que la SIP se ha opuesto a lo largo de estos años, tales como la colegiación obligatoria de periodistas, discriminación en la publicidad oficial, impuestos y aranceles usados para premiar o castigar a medios y sanciones a aquellos que critican al gobierno del día.

Aunque en México hay un fuerte avance hacia la consolidación de la democracia, no debe pensarse que los abusos contra la prensa se acabaron. La democracia en sí no es garantía de la libre expresión ni para la prensa ni para los ciudadanos.

Pero es el caso de que en estos días y precisamente el diputado federal priista Arturo Zamora, está enfrascado junto con otros priistas ---cuyos nombres daremos a conocer próximamente--- quienes están preparando en comisiones un documento que reformaría la libertad de expresión y de prensa, llegando a extremos tales de que buscan que sea aprobado en el pleno un paquete de reformas con multa y prisión de hasta seis años a quienes critiquen a políticos, partidos, instituciones electorales y candidatos a puestos de elección popular. Ni más ni menos su modus vivendi.

¿Este es el partido que busca recuperar el poder federal? ¿esos son los seguidores de Enrique Peña Nieto? ¿ese es el nuevo PRI que busca recuperar Los Pinos? A todas luces y desde el lado que se le quiera ver, es la más grande de las estupideces que pueden buscar desde el Congreso de la Unión un grupo de pseudo políticos que en su loco afán de brincar a nuevos cargos públicos pretenden cerrarle las puertas en las narices a la opinión pública.

Vuelve de esa manera el PRI de los años 70 cuando pasando sobre la Constitución General de la República atentaba contra las libertades fundamentales, como la de expresión y de prensa. Aquel PRI que no aceptaba ninguna crítica y los que la ejercían eran perseguidos e incluso asesinados. Hoy, con esa intención quiere sofocar las voces disidentes que quiérase o no, han logrado avanzar en los 11 años de gobiernos panistas en México.

Y no es por nada, sino apegados a la verdad debemos señalar que los legisladores son la escoria que arrastra la democracia de este país, quienes se abrogan derechos y prerrogativas que dañan la imagen de ese poder. Hoy el acuerdo que empuja este fulano busca desde sanciones de cárcel a periodistas o críticos, buscando que sus espurias intenciones de nuevos cargos los afecte la crítica en el ámbito de los procesos electorales por venir.

Se olvida por ejemplo el fantoche Zamora, que en Europa hace muchos años que existe el Código Deontológico Periodístico, que de la variedad de códigos de ética es posible formular una normativa que sintetice lo fundamental de estos principios éticos. Que pueden resumirse en: 1.- Informar de manera veraz, exacta, amplia y oportuna. 2.- Investigar e interpretar y opinar desde el interés público (del pueblo, de la sociedad civil, de los ciudadanos, del bien común de la sociedad). 3.- Difundir, exigir y defender de manera proactiva los derechos y deberes personales y colectivos, 4.- Fiscalizar con independencia a los poderes del Estado, del mercado y de la sociedad civil.

Este código hace referencia a la verdadera función del periodismo y su actividad ética debido a su importancia para la vida democrática, tal y como lo recogen otras declaraciones; sin embargo también se señala que la pretensión del periodismo no es de crear opinión pública, sino la de transmitir información a los ciudadanos, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la vida íntima.

Pero esto va aparejado a que también las personas con vida pública tienen derecho a no ser privadas de su vida privada, si bien en los campos en que haya algún tipo de incidencia sobre la vida pública, se recurrirá a la jurisprudencia pertinente para no dañar su vida privada.

En el ejercicio periodístico, el fin no justifica los medios, sino que la información debe ser obtenida a través de medios éticos y legales.

En cuanto a la vida privada se dice que, un individuo cuya vía pública es importante, puede exigir el derecho a preservar su vida privada siempre y cuando haya cumplido con sus deberes ante la sociedad.

El Código Europeo recomienda la redacción de estatutos para resolver situaciones puntuales. El principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opiniones.

Las noticias son informaciones de hechos y datos. Y las opiniones, por su parte, expresan pensamientos. Ideas, creencias o juicios de valor por parte de los medios de comunicación, editores o periodistas.

Será que alguna vez en su corrupta existencia como legislador el señor Zamora haya leído el citado código. Y también nos queda la duda ¿Peña Nieto tiene conocimiento de lo que pretenden? No cabe duda de que hay una enorme contumacia en las actitudes legislativas de esos diputados, sobre todo que los procesos electorales ya están en camino. De persistir en sus intenciones no será el PAN ni el PRD ni peor aún MORENA, rubia o negra los que acabarán con el “nuevo PRI”, sino ellos mismos se harán el harakiri.

SOBREVALORADOS

El último estudio de sondeos del Instituto Verificador de Medios (IVM) mostró que la credibilidad de los medios de comunicación ha caído al nivel más bajo en los últimos 10 años. Dos de cada tres campechanos creen que las historias, noticias y sucesos que leen, ven y escuchan en los medios a menudo carecen de rigor y precisión. El 73 por ciento considera que las noticias suelen ser inexactas.

En los periódicos y en los noticiaros televisivos se cocina de muy mala manera, pero nuestra sociedad devora el alimento basura con total algarabía. Y con la mayor impunidad. No hay inspección sanitaria informativa, ni a los telecableros se les exige una etiqueta en la que se indiquen los ingredientes o su elaboración, nada garantiza que la dosis de noticias que tomamos haya sido contrastada adecuadamente.

Desde el sexenio de Abelardo Carrillo Zavala, se inició un brutal ataque contra las finanzas estatales y municipales que fue creciendo hasta llegar a la administración de Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien dejó hacer y dejó pasar. Los famosos “convenios” se multiplicaron y el erario sufría sobre todo durante los procesos electorales de medio tiempo y finales.

¿Cuántos medios llámese periódicos, revistas, canales de televisión por cable, radiodifusoras, etcétera conocemos que hayan sido retiradas del mercado debido a su mala calidad y, peor aún, a su baja circulación, mediómetro INRA e IBOPE? Sencillamente ninguno.

La mayor parte de las noticias que nos llegan a Campeche, se elaboran, resumiendo, sin crítica y sin contrastarlas, algo que cualquier fuente interesada ha dicho a periodistas, es decir, el periodista generalmente muy mal pagado, no especializado, con gran presión de tiempo y un contrato ---si lo tiene--- precario, temeroso de perder su puesto de trabajo va a un lugar donde lo ha citado alguien que tiene interés en hacer saber algo, toma nota de lo que le cuentan, con frecuencia no puede preguntar, resume lo más llamativo y fácil de entender y con eso se elabora la noticia.

Si es mentira, no lo sabrá ni tendrá tiempo para comprobarlo antes de que la noticia se emita. Una cuarta parte de las fuentes consultadas son decorativas, sirven para adornar la información, darle calor humano, rostro, poner una nota de gracia o curiosidad, es decir, nada informativo, lo que los especialistas llaman pseudofuentes.

Es muy común que los tres niveles de gobierno impidan la difusión de determinadas noticias, mediante “convenios” realizados individualmente con cada medio. Pero todo esto ha llevado a la pérdida de la credibilidad y a una situación en que la falta de objetividad, la mentira, las manipulaciones o simplemente las imposturas no cesan.

El Artículo 19 de la declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece el derecho “a recibir informaciones y opiniones” veraces. Por lo tanto si los campechanos no reciben las noticias objetivas de los medios, no poseen la veracidad ni la calidad necesaria y las opiniones no están equilibradas, se están violando los dos pilares legislativos fundamentales de una comunidad: la libertad de .prensa.

Todos los medios se escudan en su “línea editorial” para desmarcarse de cualquier crítica ciudadana dejando un mal ejemplo de profesionalidad periodística que los ciudadanos esperan para conocer una verdad. En materia de tiraje la prensa de México es todo un estuche de monerías, cobra como si fuera El Clarín de Buenos Aires y su objetividad como la del The New York Times o The Washington Post.

El periódico que más se vende en México según el Instituto Verificador de Medios (IVM) es Esto con 385 mil ejemplares diarios de lunes a sábado y 425 mil los domingos; le sigue La Prensa con 330 mil ejemplares diarios de lunes a sábados y de los domingos no proporcionó datos; El Universal tiene un tiraje de 150 mil 855 ejemplares diarios de lunes a sábados y 165 mil los domingos. Esos son los tres principales diarios de la capital en tiraje certificado. Hay en estas cifras sin duda alguna fallas metodológicas.

En Campeche los tamaulipecos presumen de vender 200 mil ejemplares, pero no dicen si en un día, una semana o un año. Ciertamente son los de mayor circulación pero esta no es nada del otro mundo. No hay manera de saberlo porque jamás han aceptado ser certificados por el Instituto Verificador de Medios (IVM). Además, su venta de ejemplares caen en un hecho curioso ¿cómo podrían certificarse sus lectores y suscriptores en un AAA y AA (niveles económicos altos), donde hay cinco lectores por periódico contra otros medios? Ciertamente vende más ejemplares pero a gente que no tiene trabajo y con uno o dos salarios mínimos.

Que los medios sean veraces es una necesidad de una sociedad democrática, todavía más en un país como México. Los medios de comunicación no siempre han tenido como prioridad conquistar la confianza del público. Les basta con quedar bien con los gobernantes que, además, disponen de recursos para pagarse imagen y publicidad.

Una encuesta realizada hace unos meses atrás en Campeche arrojó una cruda realidad. Lo que los medios obtienen de los gobiernos estatal y municipales está muy por encima de lo que en realidad valen en su calidad informativa y su circulación que en algunos casos es mínima. Pero no lo son los millones que salen del erario estatal cada mes. La fuerza de esos medios está muy menguada y sobrevalorada, y se niegan a encuestas, ya que no hay un solo medio local que sea medido por el Instituto Verificador de Medios o a focus groups y consejos editoriales para retroalimentar sus secciones, permanecen estáticos porque lo que quieren es aumentar cada día el monto de sus “convenios”, mientras que lo la gente desea saber, nunca se les va a decir.

La Agencia L & R P calcula que lo invertido en prensa escrita, televisiones por cable y radiodifusoras, es entre el 60 o 70 por ciento del pastel publicitario. La mayoría de esta inversión destinada a la prensa se queda en tres diarios, dos de ellos con circulación mínima y el mayor con una fama que nadie le ha cuestionado.

En esta transición hay varios diarios moribundos que se sostienen como es el caso del “Diario de la familia campechana”, basado en que su actual propietario (o socio mayoritario) es Jorge Luis González Curi, que desde finales del sexenio pasado influyó para que el “convenio” se multiplicara al cuadrado y un año antes del proceso electoral las cantidades mensuales otorgadas sobrepasaron todo lo imaginable. Fue el diario que más recursos le costó al gobierno de “las albarradas” de Hurtado Valdez.

Esta jugada le salió mal al mayor de los González Curi, porque aprovechando ---por segunda ocasión--- la cercanía con la familia García Gamboa, desde el año de 2008 cerró operaciones de compraventa de la mayoría de las acciones del diario que originalmente eran del extinto Rómulo O´Farrill, Jr. y que habían quedado en poder del Grupo SIPSE. A partir de ese momento este medio dejó de ser un proyecto editorial independiente y aunque tiene el derecho a estar del lado político que les plazca a los hermanitos libaneses, no les asiste el derecho a engañar a sus lectores.

Los recursos es casi seguro salieron del erario estatal y se preparó todo el andamiaje para su fallida campaña por la gubernatura. El hecho no se dio porque la fuerza política del actual gobernador acabó con los “compromisos” de Hurtado Valdez de convertir en 18 años el Califato.

Pero, lo que no se dejó fue el famoso “convenio” que hoy asciende a un millón 453 mil 839 pesos 60/100 mensuales, (según datos proporcionados por la Unidad de Acceso a la Información Pública). de los que el “Presidente del Consejo de Administración” y cuñado de Jorge Luis, el arquitecto Jaime Ruiz Moreno, se despacha con la cuchara gorda un sueldo de 100 mil pesos mensuales, lo que indica que es un prestanombre de lujo, porque si fuera el dueño para que diablos estaría en la nómina.

Hoy, luego de que el proyecto de 18 años se cayó y con él la preeminencia del grupo árabe, se ha detectado por medio de la transparencia que el “convenio” celebrado ---de nombre--- entre el gobierno del Estado y Novedades Campeche, está lejos de ser equitativo y vean por qué.

Este medio le oferta a empresas de publicidad en México, que tienen un tiraje de 15 mil ejemplares diarios, para que con ello tase su diagrama de venta, una de las más caras de la ciudad. Pero en realidad están engañando, porque según no pocos datos que obran en poder de Jaque Mate el tiraje es de dos mil 525 ejemplares de lunes a viernes. Una sobrevaloración brutal que no hay manera de probar porque este medio, como todos los demás está fuera de este control. Es decir con certeza que solo vende un 10 por ciento de lo que presume corre por las calles de la entidad.

Por si fuera poco la devolución diaria es de cerca de mil ejemplares, con lo que se deduce que mil 500 diarios son los aparentemente vendidos. Para que este asunto no tenga el riesgo de conocerse hay un andamiaje en forma de negocio triangulado entre la gerencia y un incondicional de nombre Ladislao Dantes, el cual a pesar de ser empleado de la empresa es también quien compra negativos y todos los periódicos devueltos. Una auténtica tumba para ocultar ese asunto.

Hace un año, aproximadamente, la asistente de Ruiz Moreno, retiró de la cuenta bancaria todo el dinero de la nómina, e hicieron el drama de que se los habían robado por Internet, pero una persona ajena, “resolvió” el problema con un “puente express”. El medio es una empresa de nombre campechana pero trata a los empleados campechanos con la punta del pie. En las liquidaciones que se hacen a los trabajadores, a manera de desvío de recursos, utilizan una fundación que es quien liquida a los despedidos, de ninguna manera es Novedades Campeche.

También se promocionan con el gancho de tener vínculos comerciales con el Diario Milenio, pero ¿saben cuántos ejemplares vende diariamente este periódico en México? Pues nada más que 46 mil 900, pese a sus grandes comentaristas. Es más bluff que periodismo.

La realidad es que la verdadera pelea en circulación en Campeche la libran El Diario de Yucatán, de una derecha recalcitrante y los tamaulipecos con su ocultamiento perenne de la verdad. Jilguerillos de lujo.

Se me queda en el tintero muchos “secretitos” (y muy fuertes) del “Diario de la familia campechana”, sus “dueños” y sus altos empleados que han de quedar para mejor ocasión si continúan “picándole la cresta al gallo” o “cucando al tigre” como aseveró el señor gobernador en su momento.

Finalmente, cada empresa editorial arma el Brief que le conviene para enviar a la agencia de publicidad y generar su comunicación.

Pero mientras son peras o manzanas el Instituto Verificador de Medios (IVM) señala claramente que para ser responsable de avalar a un diario se necesita lo siguiente: información sobre el tiraje; controles sobre la distribución; controles sobre la devolución; información sobre los suscriptores; controles sobre los ingresos derivados de las suscripciones; controles sobre la compra y consumo de papel; acceso al proceso de impresión; conciliaciones con agentes y distribuidores y la información sobre campañas especiales o promociones.

Si esto se llega a dar el IVM emite un certificado de circulación y cobertura geográfica que establece los ejemplares distribuidos en cada entidad federativa y un número de registro. Los socios deberán dar a conocer que el medio está siendo auditado periódicamente por el IVM. ¿en Campeche, quién le entra?

Por lo que respecta a radio y televisión en muchas entidades la era de los “convenios” ya terminó y actualmente solo se signan contratos para la compra de espacios publicitarios, mismos que son utilizados de la misma manera en que lo usa cualquier empresa privada, para dar un mensaje concreto e inalterado a su público meta.

Para que este mensaje que el gobierno del estado llegue al sector de la población que busca el área de Comunicación Social, se debe hacer un estudio minucioso de cuáles son los medios, impresos o digitales, que gozan de un auditorio importante porque solo con ellos se firmarán los contratos. Se superan o desaparecen.

Pero hay más todavía. Estas “campañas de publicidad” solo podrán desarrollarse con medios que cumplan con las siguientes certificaciones: los periódicos ante el IVM, el cual exige el tiraje certificado ante notario; las radiodifusoras ante el mediómetro INRA y la televisión en el IBOPE, una multinacional brasileña.

Por su parte, los medios electrónicos serían certificados con el programa Google Analitics, para determinar el número de visitas que reciben, lectores fieles, tiempo de estancia y sus secciones más visitadas, con la finalidad de que los espacios publicitarios contratados sean vistos por el mayor número de personas posibles, pues se pagan dinero de los contribuyentes y deben de ser lo más eficientes posibles.

SIMULTANEA.- Jesús Montejo Blanco y su subdelegado de Administración, se agarraron a golpes en una reunión a puertas cerradas efectuada en el ISSSTE. Tal vez los números no les ajustaron y terminaron como las comadres bravuconas: a la greña.