DE NUEVO EL VIEJO LITIGIO
Volver a empezar a veces se torna fastidioso, sobre todo cuando el tema ha sido tratado con amplitud en la edición del pasado domingo 10 de octubre de 2010 en el periódico El Sur y en mi blog http://jaquemateporcalderon.blogspot.com, pero es importante por lo que está en juego debido a que de golpe y porrazo vuelve el tema a la discusión por la creación del nuevo municipio de Bacalar en el Estado de Quintana Roo, que se adjudica en un decreto aprobado por el Congreso de esa entidad de la franja en disputa a las poblaciones de Chanchén, Chun Ek, Pach Uitz e Xcanha del municipio de Hopelchén y Bel Ha e Xpanzil del municipio de Calakmul.
El gobernador de Campeche Fernando Eutimio Ortega Bernés, ha reiterado que la vía del derecho es la única que empleará su administración para transitar en este conflicto limítrofe con Quintana Roo. Además puntualizó que nada se soluciona con discursos altisonantes y que respeta la decisión de crear el municipio de Bacalar.
Hasta ahí en el papel todo marcha con calma y respeto a las decisiones autónomas de cada una de las entidades de la península, pero los ánimos se han venido caldeando y no precisamente por los campechanos, sino por un medio de comunicación cuyos intereses en Quintana Roo son más que evidentes.
Sin embargo, volvemos a puntualizar que este litigio inició en su primera fase hace 88 años a raíz del decreto número 71 de fecha 12 de septiembre de 1922, expedido por el Congreso del Estado de Campeche, donde se reconocía el vértice llamado “Put”, y lo mismo hizo el gobierno de Yucatán por el decreto número 165 del 26 del propio mes.
Muchos años después en 1938, cuando la Secretaría de Agricultura, por medio de la Comisión de Límites, comenzó a hacer las observaciones astronómicas para fijar la posición geográfica de los pueblos inmediatos al lindero, fue cuando el gobierno de Campeche se dio cuenta de que varios de esos pueblos de esta entidad, pasaban a ser de Quintana Roo.
Apoyándose en el decreto aprobatorio del gobierno de Campeche, el de Quintana Roo participaba de las riquezas chiclera y maderera de la extensa zona invadida, y nombraba a las autoridades de sus pueblos, y a su vez, el gobernador Eduardo Mena Córdova, las hacía encarcelar, dando lugar a conflictos que la secretaría de Gobernación resolvía a favor del gobierno del entonces Territorio federal de Quintana Roo.
Ese era el estado de la cuestión que hoy vuelve a ocuparnos cuando en abril de 1939 se inicia propiamente la primera demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Congreso Federal había decretado a fines de 1931 la extinción del Territorio de Quintana Roo, y por diversas gestiones se había adjudicado a Campeche la parte de dicho Territorio, o sea la mejor; pero este Estado había perdido en 1935 la porción que se le había dado, y había vuelto a ser creado el Territorio de Quintana Roo, invocándose entre otras causas, deficiencias en la administración campechana, que según contaba mi padre fueron ciertas. Era, pues, impolítica la ocasión para volver a tratar en 1939 de una nueva modificación territorial de Quintana Roo, y así fue reconocido por el entonces gobernador campechano Mena Córdova, especialmente cuando, con los datos y pruebas que él tenía, los abogados campechanos formularon las alegaciones de nuestra entidad ante el Poder Ejecutivo Federal, reclamando la misma zona; pero no como una dádiva, sino como una legítima restitución.
La defensa campechana integrada por reconocidos juristas de esta entidad que vivían en otros lugares fue todo un documento suficiente para no dejar fuera ningún tema. El gobernador finalmente lo signó el 22 de mayo de 1939 y contenía: I.- Secesión de Campeche, II.- El Poder Ejecutivo Federal apoya la segregación, III.- Erección constitucional del Estado de Campeche, IV.- la región de “los indios pacíficos”, V.- la soberanía del Estado de Campeche, VII.- La erección del Territorio de Quintana Roo, VII.- Duda sobre Put, VIII.- Cerca de Put, no es Put y IX.- La inviolabilidad de la Constitución Federal.
Mena Córdova tenía urgencia por presentar esta reclamación, pero por tratarse de un asunto trascendental, de nuevo fue sometido a revisión por el destacado jurista Manuel R. Samperio, cuyo talento jurídico era reconocido nacionalmente. Fue un emérito maestro de derecho en el Instituto Campechano, en la extinta Escuela de Jurisprudencia que tantos abogados de renombre egresaron de ella.
En dicha defensa, presentada a las secretarías de Agricultura y Gobernación, se señala entre otros elementos de prueba, la parte del informe del constructor del monumento, o sea del Jefe de la Comisión Geodésica, que a la letra dice: “Las operaciones a que dio lugar el descubrimiento e identificación de la vivienda “Put”, fueron en extremo laboriosas, habiendo sido preciso abrir caminos y brechas en una longitud aproximada de veinte leguas (80 kms.) para llegar a él. En apoyo de este aserto, es de mencionarse la circunstancia de que no logró encontrase un solo guía que conociera aquel lugar, aun entre los más antiguos moradores de las cercanías”.
Los mismos investigadores opinaron: “Suponiendo que la citada comisión geodésica hubiera descubierto realmente las ruinas de la iglesia de “Put”, no debió de levantar allí el monumento divisorio, como si el vértice fuera el pueblo mismo; porque el decreto de 1902 cita a “Put” como simple punto de referencia, y no como vértice”.
Si el Gobierno Federal hubiera querido hacer entonces un trabajo más completo, debió de ordenar a la citada comisión, que una vez fija “Put”, y antes de levantar el monumento, determinara la situación geográfica de algunos pueblos como Mesapich, Lochhá, Icanché, etc, recorridos años después por mi padre en sus tiempos de cazador. Estos pueblos eran parte de “los indios pacíficos” de Campeche, y tomando como punto de partida al pueblo que se hallara más al Oriente, con su dotación ejidal, trazara una recta con rumbo franco de Sur a Norte hasta formar un vértice, cerca de “Put”, con la frontera de Yucatán, y después prolongar esa recta de Norte a Sur hasta encontrar la frontera internacional (con Guatemala). Esta es la rectificación que entonces se solicitaba para estar de acuerdo con los decretos constitucionales.
La demanda campechana tuvo un relativo éxito, porque con fecha 2 de septiembre de 1939, en un dictamen de 35 fojas, aprobado por el Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de gobernación y por el secretario del ramo, el abogado consultor y ex magistrado de la Suprema corte de justicia de la Nación, reconoció ampliamente la justificación de la demanda de Campeche.
Cuando el doctor Héctor Pérez Martínez, sucesor de Mena Córdova, toma posesión del gobierno campechano el 16 de septiembre de 1939, sólo faltaba a la decisión de Gobernación, la aprobación presidencial que aquel gestionó varios meses después.
Campeche entró en posesión de la zona discutida y recuperó de la Federación sumas importantes cuya cuantía nunca dio a conocerse con precisión. Ya desde entonces la transparencia brillaba por su ausencia.
Algo maquiavélico pasó entonces sobre todos los documentos que relataban este caso, porque el último informe que rindió al Congreso de Campeche el gobernador Mena Córdova, o sea el de 1939, en el que se señala en forma importante este asunto, no solamente no fue impreso, contra lo usual, sino que los dos únicos ejemplares escritos a máquina que existían en los archivos del Congreso del Estado y de la secretaría de Gobierno, fueron sustraídos.
Esto comprueba en que la secretaría de Agricultura levantó el monumento limítrofe de Campeche, no era vértice, ni lindero, ni vivienda, ni muchos menos “Put”.
Luego de extensas investigaciones he llegado a la conclusión de que el lío limítrofe en la Península de Yucatán es consecuencia en sus últimos 20 años de las actividades ilícitas del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, hoy preso en un penal federal de los Estados Unidos, por sus nexos con el narcotráfico.
El citado “chueco” como es su apodo, comenzó su delictiva carrera aprovechándose de la poca densidad poblacional de esa parte del territorio campechano, para ello crea Arroyo Negro una población quintanarroense vecina donde ingresaba ilícitamente a la Reserva de la Biosfera de Calakmul con gavillas de gente que talaban maderas preciosas para su negocio llamado MICROO. La invasión la realizó con recursos del erario de Quintana Roo al construir caminos paralelos a la franja hoy en disputa, por donde huía en caso de que los escasos guardias forestales detectaran las grandes cargas de madera que enviaba a sus aserraderos en territorio de su estado.
Y es que luego de que Campeche obtuvo para Calakmul el título de Reserva de la Biosfera, por disposición del Gobierno Federal quedó materialmente prohibido talar un árbol y cazar especies animales. La riqueza de esa zona es parte de la diversidad biológica de México y su conservación esta protegida por leyes federales hoy a cargo de la SEMARNAT.
Pero volviendo al culpable del litigio algunos amigos me han comentado si esta Controversia Constitucional no fue también autoría de Víctor Manuel Cervera Pacheco, quien era gobernador de Yucatán y su amistad con Villanueva Madrid, iba más allá de la camaradería de vecinos. La prueba es que cuando “el chueco” se da a la fuga y la PGR lo comienza a perseguir Cervera Pacheco, lo oculta en unos de los ranchos de su propiedad en Yucatán. Algunas personas afirman que “El balo” tenía rescoldos de una grandeza (como la de cierto loquito) yucateca, malograda hace 150 años por una lucha fraticida donde destaca la famosa batalla de Blanca Flor, donde los campechanos derrotan a los yucatecos en la época de Pablo García Montilla. Por lo que es curioso advertir que en la citada demanda constitucional no se menciona a Yucatán, pese a que si a Campeche pretende quitarle cuatro mil 600 kilómetros cuadrados y se tomaba como vértice la Línea Dupré, a Yucatán le segregaría cinco mil 600 kilómetros, que incluso le “mocharía” parte de unas localidades y entre ellas la mitad de una iglesia.
LOS ERRORES HISTORICOS
Durante el sexenio de Abelardo Carrillo Zavala, que tuvo la visión de darle valor arqueológico, turístico y forestal al hoy municipio de Calakmul, dos abogados campechanos junto con un grupo interinstitucional elaboraron lo que estaba contemplado como Parque Nacional Ecoarqueológico de Calakmul. Los abogados viajaron a la Ciudad de México, D.F., donde una subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, recibió el proyecto que hacía hincapié en aprovechar el bosque racionalmente, proteger flora y fauna de la región y rescatar los vestigios arqueológicos de mayor importancia en el país.
De este proyecto nació la necesidad de definir esa región con límites nacionales e internacionales, por lo que volvió a cobrar validez la olvidada Línea Dupré, que en sus partes medulares fijaba un convenio que definía los límites entre Celestún hasta Bolonchén de Rejón (Ruta Chenes).
Benito Juárez García, en uno de los pasos en que se queda en la capital del país (fue un presidente de la República itinerante), emite un decreto donde otorga a Campeche el territorio en disputa, desafortunadamente nunca se fijaron detalladamente las coordenadas, por ello nunca se fijó hacia el Este, donde no existía Quintana Roo.
En 1934 se crea el territorio libre de Quintana Roo durante la presidencia de la República de Lázaro Cárdenas y es entonces cuando se fijan límites, luego se da marcha atrás y en una reunión efectuada en el Palacio Cantón de la ciudad de Mérida, Yuc. A la que asistieron el Secretario de Gobernación en representación del Gobierno Federal y del Territorio de Quintana Roo; el gobernador de Yucatán y el gobernador de Campeche, donde se acuerda que vuelva a crearse el Territorio de Quintana Roo, para ello vuelven a fijarse nuevos límites y se corre de lugar el famoso punto “Put”. El ingeniero Dupré traza una línea ligeramente inclinada hacia el Oeste que divide a Campeche con Quintana Roo formando dos puntos trífiidos. Uno Nacional denominado Nuevo Punto Put (NPP) y otro Internacional denominado Mojonera 187. ¿Porqué trífidos? Porque dividía las tres regiones (Yucatán, Campeche y Territorio de Quintana Roo. Y en lo que corresponde al Internacional porque dividía a México con Guatemala y Belice.
El segundo error histórico que se dio en este largo caso fue que luego de la firma del convenio en el Palacio Cantón se volvió a la monserga de que Campeche, Yucatán y Quintana Roo conservaran las dimensiones originales, pero ¡ nunca ! este convenio fue ratificado por el Congreso de la Unión.
El tercer error histórico fue la creación del Estado de Quintana Roo, donde pasado el tiempo Villanueva Madrid, por sus ilícitos intereses y presuntamente asesorado por Cervera Pacheco no reconoce el viejo punto “Put”.
Por el contrario se apodera materialmente de esa zona limítrofe a la que convierte en sitio de delincuentes perseguidos por la justicia y donde se presume que ingresan drogas y armas.
Como caso curioso se recuerda que Eduardo Lavalle Urbina, fue el personaje de la reclamación por malversación de Payo Obispo, lugar que luego fue conocido como Chetumal, hoy capital de Quintana Roo. Lavalle pasado un tiempo logró la gubernatura de Campeche.
Patricio Patrón Laviada, cuando fue gobernador de Yucatán afirmó que los senadores debían darle al “lío limítrofe” una salida salomónica, basada en la conservación de las actuales demarcaciones territoriales, pero advirtió que Yucatán no está dispuesto a ceder ni un centímetro de su territorio, por lo que era necesario que las diferencias se solucionen por la vía política.
Yucatán aduce que “ya mucho territorio nos han quitado y no vamos a permitir más atropellos (?)”. entre Yucatán y Quintana Roo las relaciones son muy buenas y al parecer no existe problema para ponerse de acuerdo que al margen de lo que señalan las coordenadas entre ambos estados, cada gobierno está consciente de su demarcación.
Sin embargo entre Campeche y Quintana Roo la situación es diferente ya que ambos reclaman una porción de tierra que de concederse se alteraría la actual demarcación territorial de la Península.
Por su parte el Senado de la República tiene las facultades para resolver el conflicto del Punto de Unión Territorial (PUT), privilegiando “la voluntad política” de los gobernadores y ahora de los presidentes municipales (el municipio es de acuerdo con el Art. 115 Constitucional, un órgano autónomo), mediante un consenso de los presidentes municipales de Hopelchén, Calakmul y Bacalar, así como los de Yucatán que se encuentran en el litigio que más tiene de agandalle de politicos de última generación de Quintana Roo que de sustento legal. Pero coincido con el abogado Pedro Ocampo Calderón, en el sentido de que las leyes emitidas en una entidad federativa solo tienen vigencia en ese Estado, por lo que está de más pensar que los vecinitos del Oeste peninsular pueden hacernos lo de los caseros: echarnos de nuestra casa.
Casi 14 años han pasado, miles de fojas de investigaciones, cientos de entrevistas y millones de líneas ágata de medios de comunicación impresos, así como declaraciones de cuando menos 12 gobernadores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y el caso sigue en stand by.
Lo que si es importante es seguir en la lucha y no tirarse en la hamaca y esperar los resultados, porque mucho puede suceder ante la indiferencia. A los campechanos nos asiste la razón histórica y jurídica y no debe de cederse ni un solo milímetro de nuestro territorio.
Es importante que el actual gobierno del Estado de Campeche se asesore debidamente con gente que conozca de este litigio tales son los abogados José Trinidad Lanz Cárdenas, Cruz Manuel Alfaro isaac y Pedro Ocampo Calderón ¿ya habrán sido consultados por William Roberto Sarmiento Urbina?
LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVO
Qué la “chimuela” tiene en un brete a los del Ayuntamiento de Campeche, que “el jardinero de la avenida universidad”, dejó más muertos y heridos que la lucha contra el crimen organizado y que no habrá investigación por parte de la contraloría para el ex titular Carlos Cárdenas Montero.
Mal, muy mal, pero no crean que es el único culpable de esa debacle que en materia de vivienda ocurrió durante el Califato. Hay muchas personas escondidas y el gobernador en su última visita por el municipio de Champotón señaló cifras en el sentido de que en 10 años se habían construido una miseria de viviendas, prometiendo a su vez que el entregaría mil 187 casas en los próximos meses, cumpliendo así con sus compromisos de campaña de una promesa de 20 mil viviendas.
Cárdenas Montero, en la cúspide de su poder en el INVICAM realizó lo insólito vendió un terreno que el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez, había prometido a los habitantes de la colonia Siglo XXI estaría destinada para ser un parque.
El caso es que los vecinos cuando vieron que una persona acompañado de obreros realizaba trabajos de nivelación, pusieron el grito en el cielo y el masa ocurrieron al palacio de Gobierno, donde luego de varias vueltas al fin hablaron con el Ejecutivo estatal y le reclamaron que su promesa del parque no la había cumplido, porque una persona que estaba trabajando el terreno en Siglo XXI les había dicho que había pagado por ese lote y que pretendía construir en él. Además que había entregado el dinero al director del INVICAM en persona.
A Hurtado Valdez se le cerró más el ojo derecho que de costumbre y llamó urgentemente al “jardinero de la avenida Universidad”, para pedirle una explicación. Entonces a éste fulano no le quedó más remedio que admitir su corruptela y señalar cachondamente que le había dado “flit” a esa lana.
Como entre gitanos no se vale la buenaventura el hombre del sexenio de las piedras llamó a “Chano” Pérez, para que citara al comprador del terreno y le devolviera con cargo al erario estatal el importe pagado. Así se hizo y cuando el cheque estuvo firmado al entregarlo el beneficiario movió la cabeza en forma negativa y le dijo a “chano”.
· Discúlpeme contador, pero esta no es la cantidad que le di en efectivo al ingeniero Cárdenas. Esto es solo el 50 por ciento de lo que erogué.
· Al escucharlo Pérez Aguilar, corrió al cuarto piso e informó a su jefe de la gracia de ese caso.
· El que por poco cae en ataque de bilis fue el Ejecutivo y la zurrada a Cárdenas, fue a todo volumen, pero para evitar que el suceso corriera a voz en cuello ordenó a su Secretario de Finanzas devolver todo lo que había puesto, pidiéndole su absoluta discreción.
· El “taladro Black & Decker” pegó de manotazos en su escritorio y amenazó con cesar al responsable, pero pocos minutos después una llamada de larga distancia desde el extranjero le cambiaron el color rojo al amarillo en el rostro.
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