Jaque Mate por Ricardo Calderón

PROCURACION DE JUSTICIA

Nadie que haya vivido en Campeche los últimos 50 años puede ignorar lo que sucedía tras bambalinas en los oscuros cuartos y celdas del antiguo Departamento de Averiguaciones Previas (DAP) hoy constituido rimbombantemente como Procuraduría General de Justicia del Estado. En esas “oficinas” desde que por ejemplo estuvieron en San Juan de Dios y luego pasaron a donde hoy se encuentra El Archivo General del Estado, los detenidos para arrancarles su culpabilidad o simplemente para declarar lo que se pensaba era la verdad, ocurrieron mil barbaridades.

El tehuacanazo con chile piquín; los “toques” en las partes nobles previo baño de agua; los golpes donde no dejaran tantos moretones; la reventada de tímpanos, por golpes de las palmas de la mano aplicados simultáneamente en los oídos; los alfilerazos bajo las uñas; “el baño turco” ese que consistía en amarrarle pies y manos y pasarle una soga por el cuello, para luego tirar al infeliz en lugares donde el mar es profundo y sacar una confesión luego de varios intentos de callar del “ahogado”; bañar a “la tucha” y otras gracias para integrar las averiguaciones previas.

Ciertamente no es la primera vez que hay muertos en esos cariñitos, porque hay quien afirma que al exprocurador Manuel Francisco de Padua Delgado Durán, se “le enfrió Amado Salomón”, líder de un partido de oposición y que luego se corrió el borrego de que el dirigente del partido del gallito había pagado para que lo mataran a pedradas. Y hay cientos de casos, algunos tan lamentables que ofenden a la ciudadanía si se dan a conocer, sobre todo que los actores intelectuales ya están en las praderas de Manitú. Aquí no cabe por ejemplo seguir con aquella cantaleta de que el marido de Rita del Río Avila, está preparando a un grupo de profesionistas jóvenes para echar a andar un programa de detección de capacidades en los ministerios públicos, que con aplicación del famoso detector de mentiras (polígrafo) vendrán a resolver todas las carencias de esa parte de la justicia: la averiguación previa.

Los graves acontecimientos de la semana pasada en Ciudad del Carmen, aceleraron un acuerdo del gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, para iniciar las reformas al código penal, con la creación del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche (Cisjupe).

La procuración de justicia en todo el país deja mucho que desear. Tenemos problemas de impartición de justicia serios, pero también leyes que no son las mejores para garantizar ese derecho de los campechanos. Ortega Bernés, ha sido muy claro y preciso para resolver los hechos que han llenado de oprobio a la procuración de justicia en la isla del Carmen, al ordenar el cese inmediato y la aprehensión de los autores del homicidio de José Luis Flores Rosado, taxista carmelita que recibió la brutalidad de los responsables de velar por la justicia y que finalmente acabaron con su vida.

¿Después de ahogado el niño tapado el pozo? Desafortunadamente si. Pero más vale tarde que nunca y aunque en otro sitio esto hubiera ocasionado la petición de la cabeza del propio procurador, éste ha hecho un examen de mea culpa y reconoció que fue engañado por sus propios colaboradores. Sin embargo la sociedad carmelita exige la verdad legal sobre el origen, naturaleza y alcances de las acciones jurídicas realizadas en el caso del taxista. Pero nada dicen los carmelitas del vandalismo ocasionado por los propios taxistas que sumieron en un clima de violencia y anarquía a Ciudad del Carmen, como por ejemplo lo ocurrido en los años 50 cuando un fulano le disparó y mató a un niño, ocasionando casi una revolución en la entonces poco poblada isla. Renato Sales Heredia, actual subprocurador, es un profesionista que ha vivido etapas mayores en el D.F., hijo de un jurista campechano de gran prestigio y con suficiente solvencia moral para ese cargo, por lo que el apoyo recibido del gobernador del Estado, estoy seguro lo motivará a superar estos difíciles momentos que cursa.

La verdad legal sólo puede ser establecida por tribunales agotadas las instancias previstas en la ley. El Ministerio Público actualmente no posee esa verdad legal, en virtud de que sus acusaciones son una conjetura que debe probarse ante un juez, habida cuenta de que se encuentran prófugos de la justicia quienes participaron en este homicidio. No es leal por tanto presentar a la ciudadanía una apreciación de los hechos que puede ser desechada, en general, por cualquier árbitro judicial y, en el caso presente, hasta por un órgano legislativo que se responsabilice de determinar si el Ministerio Público puede iniciar acción penal contra sus excompañeros de trabajo que no sólo son siete servidores públicos, sino incluso más de 30 que conforman la Subprocuraduría de Justicia en El Carmen.

La constitución ha sido objeto de más de 500 enmiendas desde 1917, de manera que el marco legal inadecuado y las fallas de los encargados de aplicar la ley son problemáticas. No obstante que la situación política del país está enmarcada en una sucesión presidencial demasiado anticipada, de una lucha (que no guerra, eso es otra cosa) contra el crimen organizado y de una enorme corrupción, no hay reglas claras pero tampoco representa un riesgo para la estabilidad del país.

Esa paz social , cultivada con tanto trabajo por todos los campechanos no puede ser destruida por delincuentes (pues no puede llamárseles de otra forma), en busca de un indigno interés personal o una notoria falta de preparación.

En Campeche, cuna de grandes penalistas no necesitamos que ningún aspirante a doctorado, venga a decirnos cómo se imparte la justicia, sobre todo si viene de un Estado donde la legislación deja mucho que desear.

Condenamos que gente no campechana que se entrometen en nuestro quehacer, utilicen estos momentos que se vive en la procuración de justicia, para que sin fundamento alguno exhiban con la venia apátrida de malos campechanos la falta de seguridad de un órgano de justicia.

Por otra parte el inicio del proceso para aplicar en Campeche los juicios orales, abren una ventana para trabajar a favor de la comunidad y en contra del burocratismo, la oscuridad y la corrupción. En un procedimiento oral, transparente e inmediato, en el que durante una sola mañana pudieran declarar todos los testigos y admitir y desahogar todas las documentales y periciales necesarias.

Los juicios orales que dejaron un grato sabor de boca a mi padre cuando defendió en esa forma varios casos en la década de los años 40, es una forma de retroalimentar los principios del Derecho Romano, y que el sistema de justicia actual creado en el siglo pasado con el objeto primordial de proteger los intereses de un poder dictatorial y corrupto, que nos fue llevando de una manera lenta pero inexorable al caos que hoy enfrentamos en materia de impartición de justicia penal.

Lo más delicado en este asunto es que las estructuras legislativas del país simplemente han ignorado la gravedad de la situación que vivimos todos los mexicanos. Mientras ocurre todo lo anterior, quienes creemos que la ciudadanía merece una respuesta y los instrumentos necesarios para defenderse del asedio de los delincuentes, hemos logrado que llegue finalmente un proyecto de ley de FOB a las comisiones respectivas del Congreso local para modificar en lo sustantivo los juicios penales en orales y públicos, ello sin cambiar el sistema procesal napoleónico que rige en los países latinos, ni modificar sustancialmente las etapas esenciales del mismo, para que lo puedan llevar adelante los actuales jueces, secretarios y personal de apoyo, pero eso si, abriéndolo a la transparencia, para que todas las actuaciones sean orales frente al juez, y ante el se transcriban, para que quede constancia de ellas y de semejante manera se desahogue todo el procedimiento y se opongan los recursos y las excepciones que procedan.

Lento ha sido el proceso de asentamiento institucional. Muy rápida puede ser su caída en el desprestigio. Una regla imprudente y una renovación errada pueden ser causa y efecto para depositar en la basura lo que se busca conquistar en aras de una mejor impartición de justicia.

La norma implica reconformar íntegramente la cabeza de los que fungirán como jueces y renovar con suavidad cada una de sus partes. La diputación campechana tiene ciertamente una papa caliente que habrá de graduar con honores a los integrantes de la Comisión respectiva del Congreso local o convertirla en alfiletero.

Esta semana que terminó ayer, la gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, lanzó una auténtica bomba yucateca en la propuesta a su Congreso de 43 cambios a la Constitución Política de esa entidad, todos ellos en materia de seguridad y de justicia. Entre los cambios propuestos sobresalen los siguientes.

1.- Reformar 43 de 109 artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

2.- La Procuraduría General de Justicia del Estado se convierte en la Fiscalía General del Estado, cuyo titular será el Fiscal General del Estado y será elegido por el Congreso local en terna que le presente el Ejecutivo.

3.- Creación del Instituto de la Defensoría Pública para la prestación obligatoria en materia penal para el Estado, y que esta pueda hacerse, en su caso, a través de personas físicas o morales externas al instituto. Actualmente no existe esta figura.

4.- En materia penal se incorpora el principio de presunción de inocencia. Actualmente el principio es inquisitorio.

5.- Se instaura el procedimiento procesal penal acusatorio y oral basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, salvo las excepciones que establezca la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y la ley.

6.- Se crea la figura de Juez de Control, es decir, que el juez o tribunal que juzgue no haya conocido del caso previamente. Esto no existe en la actualidad.

7.- Se organiza el sistema penitenciario para lograr la reinserción social del sentenciado a través del trabajo y la capacitación. Lo anterior está previsto en la ley, pero no se cumple.

8.- Desaparece el concepto de “auto de formal prisión”, que en el proceso penal vigente trae como consecuencia directa la prisión preventiva, y es sustituido por el de “medida cautelar de prisión preventiva”, que incorpora el sistema acusatorio.

9.- En el Poder Judicial el número de magistrados pasa de seis a 11, quienes durarán en su encargo inicial seis años, en vez de los actuales cuatro.

10.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará cuatro años en el encargo, podrá ser reelecto para un período más y no integrará sala.

11.- Cada uno de los magistrados, dejará de ser inamovible cuando sea ratificado y sólo podrá durar en el cargo hasta 15 años.

12.- Se crea el Tribunal Electoral y Contencioso Administrativo integrado por tres magistrados, con el objetivo de hacer más rápida la justicia administrativa.

13.- Se incorpora al Poder Judicial el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, y se remite a la ley secundaria su integración.

14.- Se crea el Consejo de la Judicatura como el órgano del Poder Judicial encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia.

15.- Se determina que el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al dos por ciento del gasto programable de los tres poderes públicos del estado, con lo que se garantiza que la función jurisdiccional no estará sujeta a vaivenes políticos.

En serio, Yucatán al aprobar estas propuestas habrá dado un paso gigantesco en su aparato de procuración de justicia. Copiar esa propuesta no es dable, pero sí debemos en Campeche pensar en una modificación a fondo de ese engendro en que se ha constituido en los últimos 20 años el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Finalmente, hago un llamado a la sociedad a una reflexión profunda, sostener firmemente la posición de rechazo al enfrentamiento, a la usurpación de funciones y subrayar la necesidad de confiar en nuestras instituciones y en su capacidad para no hacer justicia por mano propia como medio de conservar la paz social.

Jugada de espera

UNA MALA HERENCIA

¿Alguien se acuerda del Lío Limítrofe? Si, aquel que se originó como una bomba de humo lanzada por Mario Villanueva Madrid, para quitarse de encima los reflectores que ya tenía de la Procuraduría General de la República, sobre sus nexos –después, ampliamente comprobados- con el narcotráfico en Quintana Roo y que lo llevaron a Almoloya de Juárez, y luego al Reclusorio Norte con petición insistente de extradición a los Estados Unidos.

La creación del Municipio de Calakmul, zona estratégica donde se realizaba el trasiego de droga que se almacenaba en su rancho de Hopelchén, Cam., fue la respuesta para que “El chueco” apoyado por su brazo derecho Peyrefitte, armara un clamor que dura hasta nuestros días. El lío limítrofe entre Campeche y Quintana Roo está por cumplir 13 años y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de manosearlo lo entregó al Senado de la República donde duerme el sueño de los justos. Pero que en cualquier momento puede despertar y causarnos a los campechanos un dolor de cabeza mayúsculo.

Esta es una herencia que pasaron de Jorge Salomón Azar García, a José Antonio González Curi, a Jorge Carlos Hurtado Valdez y a Fernando Eutimio Ortega Bernés. El asunto es eminentemente político y no se piensa que se vaya a ventilar en los próximos dos años, debido a la sucesión en Quintana Roo y al cambio de la Presidencia de la República. Luego entonces todo podría iniciarse en el 2013, salvo una circunstancia especial no contemplada en este momento.

Muy mala herencia que le heredaron a Ortega Bernés, y que de facto tiene consecuencias en la zona del litigio donde a quienes menos les conviene una solución es a los moradores de ese lugar, ya que para comenzar pronto tienen doble credencial para votar, ayudas de ambos gobiernos y ¿a quién le dan pan que llore?

El asunto tuvo muchos factores de interés ya que Maderas Industrializadas de Quintana Roo (MICROO), tenía como principal fuente de explotación de maderas preciosas a la Linea Dupré, mejor conocida como el Punto Put. En 1942 en Mérida, Yuc., fijan las bases en un convenio para delimitar el territorio de la Península de Yucatán.

En el sexenio de Abelardo Carrillo Zavala, se crea la reserva de la Biosfera de Calakmul. Sin embargo mucho pesaron los errores históricos de Benito Juárez García y José López Portillo y Pacheco, ambos en sus momento como presidentes de México. Juárez, huía de la capital en un gobierno itinerante en el siglo XIX, cuando Campeche y Yucatán se encontraban en plena contienda por la independencia política del primero. Fue entonces cuando en una cláusula final de 1861 se fijaron límites a la zona norte de la Península en una acción desesperada por poner fin a la guerra entre estas dos (hoy) entidades.

Por cierto que un viejo político me asegura que la mojonera llamada Punto Put se encuentra en un rancho del ex gobernador Rafael Rodríguez Barrera.

El otro error cometido, éste en 1970, López Portillo, emite un decreto con el que crea el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Pasan los años y todos felices. La Ley Agraria crea ejidos que abarcan los dos estados de la Península (Quintana Roo y Campeche). Comienzan a funcionar las Comisiones Forestales en ambos estados y con ello comienza a darse las presiones de ambos gobiernos sobre la riqueza forestal de esa amplia zona rica en vestigios arqueológicos y hoy considerada el corazón del Mundo Maya y su colosal industria turística.

Azar García deja el gobierno y González Curi acepta (extraño pero así es) y no mueve un dedo durante los seis años de su administración; sin embargo comete un grave error al venderle la idea a su sucesor Hurtado Valdez, para que este ofrezca una solución política que era la de perder, sí señor perder, por parte de Campeche una porción de su territorio. Jorge Carlos, podrán decirle lo que quieran pero el no se peleó con nadie y vislumbró que González Curi, quería convertirlo en un moderno Antonio López de Santa Ana, es decir en un auténtico “chivo expiatorio” que perdiera parte del territorio campechano, cuando en justicia nos pertenece.

Las Controversias Constitucionales planteadas a la Suprema corte de Justicia de la Nación, las mil verificaciones físicas de otro tanto de comisiones de la corte y del Senado no han dado solución y esto no se resolverá mientras no exista un detonante o un interés especial que por el momento no se tiene. Por cierto que todo el material que uso el laureado Lic. José Trinidad Lanz Cárdenas, para este litigio que duró años fue preparado por dos abogados campechanos, uno de ellos retirado de la política y el otro fallecido hace unos años.

Finalmente, y quizás el error histórico más importante cometido en este lío limítrofe, es el no haber usado la intervención del Congreso de la Unión, quien se cansó de observar todo el procedimiento y nunca recibió solicitud alguna.

Hoy, el gobierno de Ortega Bernés, tendrá necesariamente que enfrentar tarde que temprano este asunto. Es el momento de crear una comisión lo suficientemente capacitada para estar listos en lo que será el último round de esta pelea que no debe perder Campeche por ningún motivo.

Jaque perpetuo

LA REFORMA FISCAL

El gobernador del Estado de Campeche, Fernando Ortega Bernés, ha insistido en la necesidad de una reforma fiscal que pueda darle al estado mayores recursos por la extracción del petróleo, pero ese es un galimatías envuelto en un dilema.

Apenas hace unos días tuve una nota informativa de las que Pemex suele soltar cuando alguien del gabinete federal emprende visitas a sitios petroleros. El pasado jueves la secretaria de Energía Georgina Kessel Martínez, en visita relámpago a Ciudad del Carmen dio a conocer la necesidad de que Pemex adopte mejores prácticas en la reducción de la quema de gas (desde el aire por las noches las plataformas semejan una ciudad flotante), asimismo dijo que en corto tiempo se dará a conocer una agenda nacional en materia de seguridad energética y de sustentabilidad.

Pero nada, absolutamente nada dijo sobre que en las últimas cifras de ingresos a la federación Pemex generó dos mil millones de dólares mensuales en Campeche.

Las cifras admiten que el pasado mes de enero fue productivo para la paraestatal al exportar 26 millones 904 mil barriles de petróleo crudo tipo maya, lo que generó millonarias divisas cercanas a los dos mil millones de dólares, cerca de 28 mil millones de pesos al tipo de cambio actual.

Curiosamente el embarque de este crudo de exportación fue desde Cayo Arcas del municipio de Campeche. Este tipo de información fue proporcionada por la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales de Pemex y tuvieron su punto de embarque en Cayo Arcas con destino a tres continentes (EE.UU., España, India y Portugal). Pemex fortalece la economía mexicana pero se sigue olvidando de los campechanos.

El cambio fiscal adecuado para un estado que ha fortalecido y sigue fortaleciendo las finanzas públicas es necesario. Las suntuosas reuniones de la Conago sirven para dos cosas. Nada se ha hecho para fortalecer el federalismo mediante el otorgamiento de mayores facultades tributarias a entidades federativas y municipios.

De esas reuniones nada se concretó y Campeche no salió beneficiado, porque desafortunadamente sus justas peticiones quedaron empaquetadas por las planteadas por entidades que nada tienen que aportar y si mucho que pedir. Peticiones absurdas, pérdida de tiempo y de recursos en los 34 sitios expresamente destinados para esas reuniones.

El Pacto Federal sigue siendo lo mismo. Todo para la federación y cuentagotas para las entidades federativas. ¿Eso es federalismo?

A fin de cuentas con el actual gobierno panista, el que quiera cambios, que los proponga y se siente a esperarlos, a ver que dispone el Congreso de la Unión. Ahí es la instancia que siempre tiene la última palabra. Así que hay que apurarse los miembros del gabinete de Ortega Bernés, quienes junto con todos los legisladores federales y locales deben ir elaborando un documento que podría ser presentado en el próximo mes de septiembre en San Lázaro.

Por parte del gobierno federal no se modifica nada, el federalismo fiscal está perfecto para ellos que tienen la sartén por el mango. Todo continuará centralizado, poco o nada se hará y nada pasará, como siempre y más si Campeche sigue callando porque espera que Pemex cumpla sus acuerdos.

Tiene razón el gobernador por el pobre trato que nos da Pemex, pero hay que tener un plan B y hasta uno C en el caso que nos ocupa.

Jaque al descubierto

¿Se acuerdan ustedes de aquel problema de los narcos en Bosques de Campeche y la colonia Bellavista? Sabían que al parecer en la de Bosques el líder del partido mayoritario del estado está involucrado porque en la casa trasera donde se evadió parte del grupo de narcos tiene ingerencia.

Un medio de comunicación escrita dejó una “factura” por cinco millones de pesos en el “Deshonorable Ayuntamiento” 2006-2009 que abandonó el hoy diputado federal, “factura” que por supuesto se va a un museo como el que Layda hizo cuando le birlaron la gubernatura. ¿Pagarse? Dicen los panistas que jamás.

Si el alcalde quiere meter en cintura a su Dirección de Desarrollo Urbano resulta indispensable que se elabore ahora sí una adecuada actualización del Programa Director Urbano, en la cual se contemple que cada lote, cada manzana y cada predio de la ciudad tengan no sólo predefinido su uso sino también los nombres de sus actuales poseedores, ya que si alguno de ellos tuvo o goza actualmente de algún cargo en cualquiera de los tres niveles de gobierno (llámese federal, estatal o municipal) estará cayendo en una franca violación a sus propias leyes.