Jaque Mate por Ricardo Calderón

“LA JUSTICIA ESTA SOBREVALUADA”

Esta semana se ajustó una década de aquella reunión en la hacienda Juriquilla de Querétaro, lo que fue considerado como la cuarta ocasión en que la República se reunió para afrontar lo que fue mal llamada Convención Nacional Hacendaria. En ese entonces los más optimistas no creyeron que los acuerdos sustanciales fueran a ser modificados ---como así ocurrió---, aunque todos se llevaron tarea a la casa. Fue una etapa de un proceso en que se suponía  habría un diagnóstico general de los problemas financieros y hacendarios de México.

Las tres anteriores “cumbres” se efectuaron en la primera mitad del siglo pasado, unos años después de concluida la Revolución Mexicana. En todos los tres casos las reuniones fueron convocadas por la Secretaría de Hacienda, es decir, el Poder Ejecutivo Federal.

Esa última reunión buscó afanosamente generar consensos para que en una reunión de medio año se dieran las conclusiones que serían base para que el Congreso de la Unión, elaborara iniciativas en la materia. Fue por lo tanto una oportunidad única para iniciar el diseño de un México más justo, aunque la gran mayoría no apostó que se lograra el éxito para un modelo económico más competitivo. Esa reunión aunque quiera sustraerse de ello, estuvo como siempre, mas permeada por intereses partidarios que buscar no ceder en sus pretensiones.

Hay una injusticia en la que Estados como Campeche han padecido a lo largo de muchas décadas. A los campechanos no se nos ha hecho justicia en función de que la entidad tiene un reducido número de habitantes (no llegamos todavía al millón), en comparación con monstruos como el Estado de México (20 mlls.). Por si fuera poco, nuestro mar territorial que produjo en su mejor momento más del 82 por ciento del petróleo de exportación y que fue la base de la economía hacendaria por más de 35 años; sin embargo Campeche recibió migajas en comparación con el Estado de México, que no producía ni produce un litro de hidrocarburo.

La aberrante política del 80-16-4 (esa misma distribución de cada peso en los gobiernos federal, estatal y municipal, respectivamente), originó el peligroso desgarramiento del tejido social que actualmente padecemos y que se ha querido paliar con inoperantes programas del combate a la pobreza. No hay ayuntamiento en todo el país que reciba una participación adecuada para enfrentar sus necesidades y si a eso se aúna la corrupción tendremos un panorama de nuestra actual situación.

La filosofía de la política fiscal de México, se origina desde el momento en que nacieron a la vida independiente y se adopta el federalismo como sistema de organización política y económica. Este sistema a su vez, se integra cuando los estados soberanos, en un acto de voluntad y en el ejercicio de su supuesta soberanía, ceden parte de su poder originario para formar un todo llamado federación. Tomando en consideración que para su coexistencia y desarrollo deben  establecerse relaciones en todas sus actividades, especialmente en las tributarias. Pero eso fue solo en el papel. En la práctica el centralismo y la falta de un federalismo ha sido causa y efecto de los males que los mexicanos padecemos en materia económica.

Nuestra Carta Magna consigna que la soberanía nacional se ejerce por los poderes de la Unión y por los estados en lo que compete a sus regímenes interiores. Al establecerse las competencias del poder central, ejercido por la Federación y el de los Estados, se procedió a aplicarla en todas las funciones de derecho público que realiza el Estado, de donde surgieron problemas particularmente en lo relativo a la soberanía tributaria.

El próximo año 2017 Campeche recibirá 364 millones 582 mil 695 pesos menos que en el 2016, reflejo de la recesión de la actividad económica, pero más que nada de la forma injusta en que la Federación hizo a un lado a nuestra entidad cuando esta producía la riqueza que sostenía al país. Millares de políticos y su corrupción se alimentaron de esas enormes cantidades de recursos.

Desde 2006 en Querétaro expertos en materia tributaria criticaron que los estados y municipios no vieron con buenos ojos la recaudación fiscal, por el costo político que encerraba, además de la falta de infraestructura administrativa y de transparencia en los mecanismos de rendición de cuentas, como principales elementos que limitaban el ejercicio de las facultades tributarias que tenían los estados y municipios.

Desafortunadamente en México, mas del 90 por ciento de la recaudación nacional proviene de impuestos federales, es decir IVA, Impuesto sobre la renta (ISR), Impuesto sobre activos, Impuesto sobre producción y servicios (IEPS) y el Impuesto sobre autos nuevos (ISAN). La pobreza de los municipios es una limitante para administrar una ley municipal, que suele ser muy caro y la potestad la asume el Estado.

En contraste, en el caso de municipios fuertes, como el de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, tienen su propia ley municipal donde establecen su propio impuesto predial y sus derechos. Para nadie es un secreto que los estados y municipios optan por evitar los costos políticos de aumentar impuestos y cobrarlos, aunque la misma Secretaría de Hacienda “premia” a los municipios más recaudadores por su esfuerzo y crecimiento en sus participaciones.

Nada se logró de la reunión a la que me refiero al inicio de este comentario, porque nunca se lograron consensos y promesas que vieron pasar como “Pedro por su casa” , los  170 días posteriores a esa cita hacendaria. Ya no puede seguirse dependiendo de luchas internas en el seno del Congreso de la Unión, cada año, para lograr deformidades que a nadie han beneficiado. Un país como el nuestro con más de 120 millones de habitantes no debe de seguir siendo centralizado por Hacienda. Debe dotarse a cada entidad federativa con mayores recursos y evitar que la clase política en el poder ayer el PAN por 12 años y hoy el PRI, destinen multimillonarios recursos para sus altos funcionarios.

Campeche llevó a esa cumbre nacional ---que ni siquiera acusaron recibo---, la propuesta de incrementar al 24 por ciento el Fondo General de Participaciones, para integrarla a una recaudación federal participable de todos los derechos sobre la extracción de hidrocarburos y minería, incluyendo los aprovechamientos y productos que obtenga PEMEX y sus filiales; la obligación de la SHCP de informar mensualmente el comportamiento de las participaciones y los elementos que sirvieron de base para su determinación y, finalmente, el resarcimiento por parte de la SHCP a las entidades federativas por los ingresos que éstas dejaran de percibir por reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones a las leyes federales respectivas, en relación con las cuales se haya convenido en administración y como incentivo un porcentaje en su recaudación a las entidades federativas (como fueron la tenencia y el ISAN).

Nada se logró de ello y con seguridad nada se hará en lo futuro. Aunque los tiempos cambian. Sin berrinches, pero con energía debemos unirnos los campechanos para lograr esa justicia fiscal que nos ha lastrado desde que Pablo García Montilla erigió en 1857 a Campeche como estado de la República Mexicana.

Hace poco más de una semana fue aprobada la Ley de Ingresos 2017 y entre la propuesta de los diputados locales se encuentran: desarticular el círculo de la pobreza, destinar más recursos a la equidad de género, dotar de médicos especialistas a los hospitales, traer más maquiladoras, usar drones para vigilar las costas, detectar a depredadores y fomentar la vigilancia en Campeche y El Carmen. Son algunas de las recomendaciones del Congreso local al Ejecutivo estatal, tras glosar el Primer Informe de Gobierno de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas en septiembre pasado.

Ahora bien, esas y más son necesidades ingentes de nuestra entidad, pero “¿con qué ojos, divino tuerto?”.

SIMULTÁNEAS

“A confesión de parte, relevo de pruebas”. La guerra contra el crimen organizado que declaró Felipe Calderón Hinojosa ya se perdió. El propio Secretario de la SEDENA así lo reconoció públicamente.