Jaque al pastor
DEL CLOSET A LA TUMBA
Luego de cerca de 30 años, seis lustros, tres décadas o si se quiere del paso de seis gobernadores del Estado, a la fecha hay muchos crímenes que se han quedado en la impunidad. La justicia se ha torcido y el tiempo se ha encargado de echarle el polvo del olvido, pero el pueblo que siempre tiene memoria recuerda, reflexiona y saca sus propias conclusiones.
Todos recordamos los sonados casos de los dos extranjeros (uno norteamericano y otro canadiense llamado Paul Fortier) y del maestro de baile y teatro Manuel Dodero Sosa “El güero”, quien fue asesinado cerca de un balneario que se ha puesto de moda. La familia del occiso buscó incansablemente justicia y nunca la obtuvo y el clásico carpetazo selló como lápida de mármol una verdad que todavía el pueblo sigue comentando.
Platicando la semana que nos antecede con un familiar del maestro de baile, nos decía que hace unos años buscaron consejo jurídico y un abogado de prestigio les dijo que si el asunto tuvo orígenes políticos era probable que nunca se investigara a fondo, y que incluso no se tomara en cuenta ni el artículo 97 constitucional, para crear un cuerpo de investigación.
Pero vamos por partes, los crímenes políticos se suceden con frecuencia en regímenes con tendencias dictatoriales, en Ejecutivos federales o estatales, donde la ley es violada y sesgada a favor de una de las partes. Por la acumulación de evidencias y datos que merecen una lectura cuidadosa, la revisión (si la hubiera) de una solicitud se estrellará una y mil veces ante los órganos encargados de procurar justicia.
Una cosa tienen en común esos tres crímenes: en todos los casos los occisos eran homosexuales y también en los tres casos estuvieron de por medio altos personajes políticos. Desde un principio existieron graves responsabilidades que demuestran que la autoridad que tenía la obligación de investigar, no lo hizo y, que por el contrario, hubo desaparición de objetos materiales que contaminaron las escenas de los crímenes.
En el caso del arquitecto que trabajaba en las oficinas que están en la Plaza Moch Cohuo, su desaparición física llevó aparejadas hasta las cartas y documentos que tenía en el lugar donde laboraba. Se dijo –y así se sigue repitiendo- que su cuerpo, luego de ser asesinado fue tirado al mar en aguas profundas y con pesadas cadenas con que fue amarrado. El cuerpo nunca apareció y se cumplió aquello de que no hay crimen sin cadáver.
El otro, Paul Fortier, un maestro de inglés de origen canadiense que tenía su academia en los altos de un edificio al lado de la Zapatería Canadá en la calle 10 del Recinto Histórico, fue encontrado una mañana con múltiples puñaladas que le causaron la muerte. Las evidencias conforme el caso fue avanzando desaparecieron; sin embargo una persona de conocida familia campechana fue “encontrado” responsable del crimen y aunque siempre lo negó su destino fue la cárcel ubicada en la calle 63 entre 16 y 18 de esta ciudad, donde contaba que iba pronto a salir y que era “un chivo expiatorio”, para ocultar el crimen político, ordenado desde las altas esferas del gobierno en turno.
Todavía en ese régimen político se dio otro intento de asesinato en la figura de Luis Opengo López, un joven abogado al que incluso le dieron el tiro de gracia. Estas son las horas de que esta persona vive aun y que durante muchos años ha callado siempre las causas que motivaron su intento de asesinato. El hoy flamante rector del Instituto Campechano, Ramón Santini Pech, era precisamente el secretario particular del Secretario de Gobierno que supuestamente ordenó “las investigaciones de esos crímenes”.
Finalmente, años después se daría el último caso en la persona de Manuel Dodero Sosa “El güero”, quien incluso era casado con la artista cubana Raquel Olmedo. El suceso despertó un mayor número de indagaciones propias, de comisiones coadyuvantes de investigación, pero aunque todo ello apuntaba a que la autoridad violó la certeza jurídica, se trató de otro crimen político.
En los tres casos de los crímenes e incluso el del ejecutado con el tiro de gracia el fondo fueron diferencias irreconciliables entre homosexuales y una marcada homofobia de un gobernante campechano. Las alteraciones de las investigaciones y de las escenas de los crímenes, la desaparición de evidencias, la falta de detenidos (salvo el “chivo expiatorio”) dejaron flotando muchas interrogantes como por ejemplo ¿cómo se supo que al arquitecto se le hundió en la bahía de Campeche? ¿porqué desaparecieron todas las cartas y correspondencia del maestro de inglés? ¿porqué a Dodero un comandante le aseguró a la familia luego de intensa búsqueda que ese día lo iban a encontrar, además de que nunca apareció el Volkswagen azul que era propiedad del occiso? ¿porqué no se investigó el seguimiento y vigilancia de dos personas fuereñas que estuvieron frente a la casa de Dodero, durante los días previos a la desaparición de esta persona?
En un Estado de derecho en el que supuestamente vivimos, la impunidad resulta lesionar no sólo a la parte afectada sino que corrompe las instituciones y empuja a los pueblos a la barbarie. Los campechanos hemos buscado erradicar esa impunidad que nos lesiona como seres humanos, pero la política, el poder y los intereses realizan acciones agresivas que nos siguen poniendo en riesgo. Los campechanos pese al tiempo transcurrido y que algunos de los protagonistas y dos de ellos señalados como los autores intelectuales ya se encuentran en las praderas de Manitou desde años atrás. Escaparon al castigo de los hombres ¿pero al de Dios?
Lo curioso es que el delito de homicidio se persigue de oficio, se considera un delito grave y el Estado tiene la obligación de perseguir, atrapar y castigar a los responsables. Con ello garantizan al pueblo acciones que mantienen la seguridad pública, el respeto a las garantías individuales y de unos años a la fecha a los derechos humanos. El Ministerio Público debió actuar con estricto apego a la ley y torció la justicia al caer bajo el peso del poder político.
El asunto a tantos años de distancia se antoja como que este columnista la fuma verde, pero cuidado, estamos viendo que ciertos sucesos actualmente están llevando un camino equivocado y prevalece la homofobia en nuestro medio. Esto es un campo propicio para que se desate como en ese entonces agresiones que partan del mismo lugar en que se dieron los ejemplos mencionados.
Sin ahondar demasiado en los sentimientos de la familia del campechano desaparecido y luego encontrado masacrado (de los extranjeros nunca se supo mayor información), se tiene la certeza de que la orden vino de una persona muy poderosa que se consideró un cacique de Campeche y que para proteger a su hijo –aparentemente del mismo modo de vida del asesinado- desapareció al maestro de baile, quién desafortunadamente tenía un grave defecto: le gritaba a cada quien sus verdades. El punto de quiebre del crimen se dio al parecer en el Hotel sihó Playa, donde se efectuó una fiesta donde actuaron las artistas Chabela Vargas y Lupita de Alessio, y que al calor de los tragos se suscitó una fuerte discusión entre el occiso y el hijo del político. Incluso se mencionó que un conocido abogado conectado con actividades culturales en nuestro medio dio a conocer su opinión sobre quién había sido el autor intelectual y, por ello, tuvo que salirse del país hacia Miami, Estados Unidos, para evitar represalias.
Esto no quiere decir que el Ejecutivo en turno en esos años sea totalmente inocente y que una persona a la que apodan “El Yerberito” haya sido el autor intelectual, pero si callaron y nunca denunciaron para perseguir y exhibir a los verdaderos culpables.
Y en esto de abrir investigaciones nada se ha vuelto a saber del asunto y hasta ahora el homicidio quedó impune. Jamás se supo en qué pararon las investigaciones en las que incluso intervinieron criminalistas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, enviados por el entonces titular Renato Sales Gasque. De pronto se echó tierra al caso, carpetazo clásico, y aquí no ha pasado nada. Pero es el caso que no se sabe si todavía opera la prescripción legal del delito y en cualquier momento puede reaparecer.
El derecho a la verdad para los campechanos exige la determinación de la más completa verdad histórica posible, la cual incluye la investigación de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de una y otra forma participaron en lo ocurrido.
Es fácil para el que manda, hacer “historias” a su gusto, con el papel y la tinta del gobierno, y dando empleos para callar bocas. Cuando el gobierno es espléndido sus jilgueros son geniales; pero cuando es avaro tiene que conformarse con los lisonjeros de oficio, que pasan de gobierno a gobierno, incensando hoy al que negarán mañana, y sirviendo los mismos temas en los mismos medios.
Los adictos repiten la conseja de que una vez que se ha logrado inculcar al pueblo una idea, nadie es capaz de destruirla, aunque resulte evidentemente falsa. Esto viene al caso por lo que muchos campechanos han creído que sucedió en el crimen de Dodero. Unas veces las rectificaciones comienzan pronto, en cuanto cesan los obstáculos que impiden su explanación; otras veces tardan mucho, pero la verdad triunfa siempre.
Y estamos en un tiempo en que un crimen como el de la pequeña Paulette Gevara Farah, sigue levantando opiniones, pero este homicidio “haiga sido como haiga sido” es igual de punitivo como el del taxista de Ciudad del Carmen, donde parece que el tiempo se detuvo y los culpables materiales e intelectuales siguen sin pagar su culpa, amén de que el procurador general de justicia del Estado, Renato Sales Heredia, parece haber encontrado la paz del Nirvana. Nada en ese lugar y en El Carmen se mueve para otorgar justicia pronta y expedita. Eso no es justicia y menos solidaridad.
Jaque del león
COMPETENTE PERO AMARRADO
Yo la quiero mucho, fue compañera de trabajo en los años 90, cuando ambos laborábamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Profesionista destacada, amable, dedicada y minuciosa hasta la pared de enfrente al momento de analizar cada asunto jurídico de su competencia. Pero, salió de ese lugar y comenzó a hacer política, llegó al Congreso del Estado como diputada plurinominal y al salir en la clásica operación “chapulín” de cada tres años su antecesor se quedó como Presidenta de la Gran Comisión de mayoría priista. Fue la encargada de tomarle protesta aquella alborotada mañana del 15 de septiembre de 1997 a José Antonio González Curi, como nuevo gobernador del Estado. Tuvo que gritar a voz en cuello porque las huestes de Layda Elena Sansores San Román, que se encontraban atrincheradas en el hotel Baluartes impedían escuchar lo que en la Plaza de la República se decía ante unos miles de campechanos en la toma de posesión, donde Jorge Salomón Azar García, dejaba en medio de una resistencia –que nunca fue pacífica- el poder. Allí probó Margarita Rosa Alfaro Waring, que nada es irremediable, salvo cuando dimiten la inteligencia y la voluntad.
Su paso por la Secretaría de la Contraloría en el sexenio pasado fue gris. No llegó a pescar ni un bolín gordo. Y su actuación quedó para la historia.
Hoy, en esa misma dependencia despacha Miguel Angel Sulub Caamal, uno de los amigos más cercanos y de la absoluta confianza del gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, un joven que ha tenido un comportamiento meticuloso y apegado a derecho; sin embargo ya es bastante comprometido que la Contraloría, siga dependiendo absolutamente del Poder Ejecutivo al que debe fiscalizar, y a quien debe lealtad política, como para tener garantías en un desempeño autónomo e imparcial.
Así ha sido desde hace 25 años en que el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, para dar credibilidad a su oferta de renovación moral y simplificación administrativa. Los funcionarios encarcelados parecieron siempre más presos políticos que políticos corruptos, generalmente impunes.
Ahora, cuando el gobierno Justo y Solidario alude a sus colaboradores, en primer lugar, como “muy cercanos a mi”, se antoja muy cuesta arriba que los auditores no la piensen dos veces antes de encontrar evidencias comprometedoras contra, digamos el Secretario de Desarrollo Rural, el Secretario de Cultura, el Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, el Director General de APICAM, etc.
Y si bien es cierto que las investigaciones no se hacen a pedido, por presiones mediáticas ni políticas, el problema es que, independientemente de la calidad moral del titular de la dependencia la línea de mando que cruza a la contraloría hace poco factible el combate a la corrupción al interior del gobierno del Estado.
Es inevitable recordar que investigaciones contra relevantes políticos y sus parientes no concluyen todavía o terminan con exoneraciones como sucedió en el sexenio anterior. Quizá los altos servidores públicos investigados efectivamente carezcan de culpa; sin embargo, con la actual estructura gubernamental, no es posible estar seguros.
Esta falta de credibilidad trasciende a partidos y a otros poderes. Los jueces se evalúan a si mismos por medio del Consejo de la Judicatura Federal. Los legisladores tienen control sobre la Auditoria Superior. Los gobernadores manejan a las contralorías estatales. Los partidos políticos remueven a voluntad a los consejeros electorales que los fiscalizan.
Con ese diseño institucional el combate a la corrupción siempre dependerá de la buena voluntad de los servidores públicos, de quienes la ciudadanía aprendió a desconfiar desde hace mucho.
Es de esperarse que la actuación de Sulub Caamal, no termine sólo en fincar responsabilidades a secretarias, administrativos menores y a uno que otro despistado servidor público que se le olvidó hacer su declaración patrimonial anual. Y por el contrario solapar la corrupción sistemática de “los jefes”. Y evitar que se le quite la leyenda peyorativa de que la Contraloría es el escudo contra las quejas y demandas del Congreso y de la sociedad contra los funcionarios amigos del gobernador.
Miguel Angel, tienes que demostrar con programas de auditoría ambiciosos y con buenos resultados que es posible entregarle buenas cuentas a su jefe y amigo.
Jaque al descubierto
SALUDAR CON SOMBRERO AJENO
El Municipio de Campeche carga sobre los hombros desde hace muchos años una deuda histórica lo que lo tiene en virtual quiebra técnica debido a la gran cantidad de “aviadores” que lastraron su endeble economía. Mes tras mes tapan un agujero y destapan otro para cubrir las necesidades de obras, servicios y un gasto corriente que nunca alcanza para quedar en números negros.
Hace un tiempo un panista que colaboró en un órgano de un Consejo Ciudadano me afirmó que casi tres años lo llevaron a “conocer las entrañas de la fiera” y que se encontraba asombrado porque existían –en ese entonces- de facto 1242 “aviadores” en la comuna campechana.
Con estos ruidos ¿quién duerme? ¿por esto se pelean los candidatos del PAN y del PRI a llegar a ser primer edil? ¿sabrán que las carencias tienen un culpable? y que no han hecho nada para corregir ese error garrafal.
“EL MARCO HISTORICO”
Durante el sexenio de la Concordia, Ciudad del Carmen se encontraba como zona de guerra. Sus pocas calles y avenidas estaban colapsadas porque los alcaldes se habían ocupado poco de reparar y pavimentar toda su vialidad. Es entonces que el Secretario de Gobierno que estaba siendo criticado por un affaire con una joven agraciada de conocida familia es “invitado” por su gobernador “para salvar a su tierra natal”: la isla del Carmen.
Luis Roberto Silva Pérez “El tufo”, acepta el ofrecimiento pero conociendo el colapso que existía en la isla más poblada de México pidió amplios recursos para que cuando llegara al edificio “Escárcega” tuviera manera de resolver los problemas.
El gobernador citó a sus colaboradores y asesores para que aportaran ideas para solucionar la falta de recursos. De esa forma sale una propuesta indecorosa por parte del alcalde campechano en ese entonces, quien señala que los recursos que el Ayuntamiento de Campeche recibía por el uso portuario de Cayo Arcas, perteneciente a este municipio podrían ayudar en parte al ser canalizados a Ciudad del Carmen durante un tiempo para enfrentar el problema.
El gobernador sin pensar las consecuencias activó todos los efectos legales y violando la Ley de Coordinación Fiscal supuestamente firmó un pseudo decreto donde se le otorgaba a El Carmen los recursos de Cayo Arcas.
La traición para los habitantes del Municipio de Campeche no sirvieron para gran cosa porque Silva Pérez dilapidó esos y otros recursos para vivir tres años de fantasía como alcalde y solamente bacheó con material de mala calidad lo que dejó peor las calles y avenidas.
Los recursos otorgados violando la ley continuaron en el siguiente sexenio y nadie o pocos se acordaron de la jugada traidora. El Carmen vivió así tres trienios más bajo el dominio priista pero José Antonio González Curi, por esa forma atrabiliaria de gobernar dejó el ayuntamiento en manos panistas, quienes ni tardos ni perezosos se movieron a nivel federal y convirtieron los recursos de Cayo Arcas en mayor cantidad, debido entre otras cosas a la mayor producción de petróleo y el costo por barril, tapándole el ojo al macho con una distribución que a la fecha continúa: 80 por ciento para El Carmen y 20 por ciento para el Municipio de Campeche. Esto traducido en pesos desde el año de 2005 refiere que Campeche recibió nueve millones 148 mil 621 pesos, mientras El Carmen en el mismo período obtuvo por parte de la Federación 36 millones 594 mil 485 pesos. Con estos recursos bien pudieron atenderse colonias populares que carecen de servicios públicos, pero que el gobierno priista ha ocultado para que esa vieja culpa de los propios priistas no se de a conocer.
LO QUE DICE LA LEY SOBRE ESTE ASUNTO
Existe un acuerdo de la API de Campeche y Pemex para el uso portuario de Cayo Arcas, puerto autorizado para el tráfico de altura según consta en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en su edición del 11 de julio de 1985 y mismo que a la letra dice: Secretaría de Comunicaciones y Transportes: “Decreto por el que se habilita el puerto de Cayo Arcas, Campeche, autorizado para tráfico de altura, mixto de cabotaje y de pesca”.
Dicho decreto presidencial señala la ubicación geográfica de monoboyas que sirven para cargar los buques tanques de Pemex que llevan el petróleo al extranjero, monoboyas que están dentro de la jurisdicción del Puerto de Cayo Arcas. Los barcos operan dentro del área comprendida como fondeadero oficial, que es una zona de espera, maniobra y fondeo, límites de pilotaje que también están señalados en el decreto presidencial.
Ahora bien, precisamente por las operaciones de Pemex en Cayo Arcas como punto de salida de sus exportaciones, es que el Municipio de Campeche tiene derecho contenido en el Artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Esta misma ley establece en su Artículo 2-A que en el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios en la forma siguiente:
“Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los Municipios, en la forma siguiente:
II.- 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos, informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior. “
Por su parte el nuevo Bando de Gobierno para el Municipio de Campeche, que entró en vigor a finales del 2009, detalla en su artículo 19 dentro del Capítulo II denominado Organización Política, la organización territorial y administrativa del Municipio de la siguiente manera:
“Artículo 19.- El Municipio de Campeche, para su organización territorial y administrativa, estará integrado por una Cabecera Municipal que es la Ciudad de San Francisco de Campeche; las Secciones Municipales de: Pich, Tixmucuy, Alfredo V. Bonfil y Hampolol; y la formación insular Cayo Arcas.
Asimismo la denominada Ley del Registro de Centros de Población del Estado de Campeche también en su Artículo 10 determina la jurisdicción territorial del Municipio de Campeche en la forma siguiente:
“Artículo 10.- La división territorial del Municipio de Campeche, así como la categoría política y toponimia de sus centros de población es la siguiente:
I. La ciudad de San Francisco de Campeche, Cabecera del Municipio;
II. La Sección Municipal de Pich;
III. La Sección Municipal de Tixmucuy;
IV. La Sección Municipal de Alfredo V. Bonfil;
V. La Sección Municipal de Hampolol;
VI. Cayo Arcas;
VII. Las poblaciones, ejidos, rancherías y heredades que constituyen la circunscripción jurisdiccional de la Cabecera y Secciones Municipales en la forma siguiente…”
En consecuencia, se concluye que Pemex sí utiliza el Puerto de Cayo Arcas; y el litoral por el que sus barcos salen con las exportaciones, es colindante con el Municipio de Campeche, pues Cayo Arcas forma parte de él, por lo que el impuesto citado es un legítimo derecho del actual Municipio de Campeche al 100 por ciento.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha venido dividiendo el monto correspondiente a este derecho entre el Municipio de Campeche (20 por ciento) y el Municipio de El Carmen (80 por ciento).
Es de significarse que no está en el ánimo del Ayuntamiento de Campeche afectar en ninguna forma al Municipio de El Carmen, pero que ya es tiempo de hacer valer el derecho que con justicia le corresponde al primero.
Esto es una canallada más de Pemex para el Estado de Campeche.
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