Jaque Mate por Ricardo Calderón

“No basta aparentar que se dice la verdad, hay que mostrar la causa de la falsedad”.

                            Aristóteles.

CAMPECHE: DEL OLVIDO AL RECONOCIMIENTO

La economía del Estado de Campeche se ha visto seriamente afectada por la crisis petrolera, de eso nadie tiene duda, tan es así que mantiene una tasa de desempleo que raya en lo preocupante ya que asciende a cerca del 12%, es decir, son ya casi 17 mil empleos perdidos con motivo de la caída continua del crudo en los mercados internacionales.

Situaciones adversas como las citadas anteriormente motivaron que justamente hace poco más de un año, se emitiera una iniciativa que contemplara por primera vez en México Zonas Económicas Especiales.

Una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente, la cual previo análisis de su infraestructura y rezago, pero ubicada en un sitio con ventajas naturales y logísticas, le permite convertirse en una región altamente productiva.

Zonas Económicas Especiales las hay en todo el mundo, no es un tema nuevo y son cerca de tres mil 500 existentes en todo el globo terrestre y entre las cuales sobresalen la de Aqaba en Jordania, la de Jebel Alí en Emiratos Árabes, la Zona Franca de Shannon en Irlanda, la Zona Franca de Manaos en Brasil en donde se ha observado un crecimiento económico del 200% desde su creación hace cinco años, la Zona Franca Colón de Panamá que por cierto representa el ocho por ciento del PIB de aquél país y así sucesivamente podemos encontrar en China que cuenta con 150 Zonas, en la India, en Corea del Sur y en Polonia, por citar algunos ejemplos.

En México, todo esto es un tema nuevo y como consecuencia de ello el Ejecutivo federal únicamente contempló en el año 2015 que transcurrió y coincidiendo precisamente con los últimos meses del sexenio del recién nombrado Embajador de México en Paraguay, Fernando Eutimio Ortega Bernés, los Puertos de Lázaro Cárdenas y de Chiapas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es decir, que beneficiaba exclusivamente a los Estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

La razón es muy sencilla, en el sur de México el 60% de los municipios se encuentran con altos niveles de marginación con una tendencia todavía al alza, mientras que en los Estados de la frontera norte tan sólo ésta alcanza siquiera el dos por ciento del índice de pobreza ¿así o más claro?

A pesar de ello, Campeche, ya sea por desinterés de quienes entonces nos gobernaban, nunca estuvo contemplado; es más, se daba por sentado que ni siquiera lo necesitaba y que con el presupuesto recibido anualmente daba y sobraba para solventar cualquier situación apremiante.

A pesar de ello, entendido por todos como un acto de justicia del Presidente Enrique Peña Nieto para Campeche y coincidiendo con su visita al vecino Estado de Tabasco, hace unos días se anunció lo que muchos campechanos esperaban, que Campeche al igual que Tabasco, forman en conjunto desde ya la cuarta Zona Económica Especial de México, permitiendo mitigar de una vez por todas la caída de la actividad económica, impulsando por medio de ello más inversión pública y más empleo para los campechanos y sobretodo afrontar el grave y difícil problema que enfrentan al día de hoy los empresarios carmelitas.

Estas acciones anunciadas por el Presidente implican seis mil 800 millones para ambas entidades, recurso que se verá reflejado por medio del adelanto de inversiones estimadas para el año 2017 y duplicando el presupuesto de este ejercicio fiscal 2016 contemplado inicialmente para las Secretarías de Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Turismo, en donde por cierto la ocupación hotelera de ambos Estados no alcanza más del 40%.

Además se dará apertura, después de 30 años, a 10 mil kilómetros cuadrados de áreas de exclusión de Pemex en la Sonda de Campeche para intensificar acciones en cultivos regionales, de pesca y acuacultura, financiando por medio de ello también a sus productores.

Se agilizará también el pago a proveedores locales de Pemex para atender la falta de liquidez, invirtiendo la paraestatal en la pavimentación de 280 kilómetros de calles existentes en ambas entidades; habrán acciones emergentes en medianas y pequeñas empresas, lo mismo que facilidades fiscales en cuanto al pago del ISR e IVA, cuotas del IMSS e Infonavit, entre otros beneficios, es decir, que el objetivo de todo esto es evitar que la economía de ambos Estados colapse y con ello se “despetrolice”, previendo el quiebre y cierre de empresas locales.

Y por supuesto, el anuncio que motivó que toda la delegación campechana que se traslado a la Ciudad de Villahermosa se pusiera de pie, es que se construirá finalmente el nuevo Puente de la Unidad y el tramo dos del libramiento de Villahermosa, obras que en su conjunto implican cerca de dos mil 500 millones de pesos adicionales, logro enteramente atribuible a las numerosas visitas del Ejecutivo del Estado a los Pinos y es que también, dicho sea de paso, esta obra fue un compromiso de campaña del Presidente de la República.

Quizá la única duda que quedó en la mente de muchos campechanos que asistieron al Centro de Convenciones Tabasco 2000, sea la incertidumbre que generó el hecho de que no se haya indicado la fecha de inicio y conclusión de la obra del Puente de la Unidad y lo es justamente por culpa de acciones como la del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa quien al darle un trato preferencial a la empresa TRADECO y otorgándole un anticipo de casi 200 millones de pesos, situación ya comentada en esta columna, los 600 días naturales en los que se prometió entregar la obra, al día de hoy solamente quedaron en buenas intenciones (de eso está empedrado el camino del infierno) y un desfalco monumental.

Ahora bien, de lo que no cabe duda es que la cercanía del Gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas con el Presidente Enrique Peña Nieto se ha traducido en buenas noticias para Campeche, lo de hace unos días es sólo una muestra más de que cuando se quiere se puede y que en este sentido la economía estatal sí que lo necesitaba luego de un sexenio de auténticos piratas en donde lo mismo se robaba al sector Salud, como también se hacían obras de pésima calidad. Ya lo había dicho el hoy Gobernador: “para lograr lo que nunca hemos tenido, hay que hacer lo que nunca se ha hecho” y a escasos tres meses que separan del primer informe del Ejecutivo estatal, las pasividad y el desinterés no han tenido cabida en esta administración y con ello seguramente los resultados llegarán por añadidura.

Solamente esperamos los campechanos que el proyecto de Ley aprobado con 389 votos por parte del PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL, MC y PES, se vea reflejado, en el corto plazo, en una mejor economía para nuestro Estado que por cierto el día de ayer recibió una nueva visita del Presidente de la República en el marco del 30 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, evento que como va siendo costumbre, tuvo a Campeche como anfitrión.

NI UNO SOLO LA MERECE

Con el último escándalo de inmoralidad se confirma que  pese a los avances en la transparencia gubernamental, la hidra corruptora sigue habitando las planicies presupuestales.

La semana pasada el nuevo secretario de Administración e Innovación Gubernamental, Gustavo Ortiz González, en ocasión del día del empleado dio a conocer que cinco gobernadores gozaban de una pensión que sumaba mensualmente 250 mil pesos, lo que incidía en los fondos de pensiones del ISSSTECAM y que éstos cada vez eran más exiguos.

Destapado el asunto ha seguido saliendo información mostrando que en el área financiera del gobierno estatal se desconocía la de “los jubilosos jubilados”, que con su existencia confirman un viejo refrán: “quien parte y reparte, se queda con la mejor parte”.

En Campeche continúa arraigándose el escepticismo ante la legalidad. No es precisamente agradable pagar impuestos sabiendo que pueden dedicarse a mantener el dispendio de un selectísimo grupo de jubilados y pensionados.

Aquella austeridad de los gobernantes campechanos se acabó con Manuel José “Maistrín” López Hernández, y es que este señor tenía ya su buena canasta de lana esperándolo para pasar el resto de su vida sin volver a dar un golpe, pero, la vida da sorpresas.

Nunca se imaginó López Hernández, que su dinero a buen resguardo en La Habana, Cuba, iba a ser expropiado con la llegada del revolucionario Fidel Castro Ruz. Allí quedó materialmente en la calle y motivó que Abelardo Carrillo Zavala,  a instancias de amigos del ex gobernador, piadosamente a través del Congreso del Estado (controlado totalmente por priístas), le otorgara una módica pensión de por vida, misma que al fallecer pasó a su viuda.

Los gobernantes campechanos no solo dejan el poder con suficientes recursos propios para asegurarse una buena vida para varias generaciones de su familia, sino que durante sus administraciones dispusieron de abundantes recursos sin restricciones como sultanes sauditas.

La austeridad de los funcionarios públicos en efecto se acabó hace 50 años a nivel nacional con Adolfo Ruiz Cortines, quien la proclamó al suceder al presidente Miguel Alemán Valdéz. Los siguientes ocho sexenios habían producido como pintorescamente dijo el presidente Emilio Portes Gil, “comaladas de millonarios”.

El gobierno federal, sin embargo, es solo responsable de uno de los huecos a las arcas nacionales, pues existen otros 32 llamados gobiernos estatales. Sobre los gobernadores existe un sistema de fiscalización que adolece del mismo mal: cuidar poco los egresos, nada de ingresos. Exigen siempre más recursos de la federación aunque solo ellos sepan a ciencia cierta en dónde terminan.

El gobernante nacional que rompió con todas las marcas es Fidel Herrera Beltrán, que al dejar el poder había blindado totalmente su administración al prohibir toda información sobre gastos de promoción institucional, índices delictivos, pensiones alimenticias, viáticos, sueldos y prestaciones de los servidores públicos veracruzanos. Nunca se informó ni de los levantones públicos en Las Animas, el fraccionamiento más lujoso de Jalapa donde tuvo su residencia.

De los seis ex gobernadores vivos (muy vivos por cierto), Carlos Víctor Pérez Cámara, Abelardo Carrillo Zavala, Jorge Salomón Azar García, José Antonio González Curi, Jorge Carlos Hurtado Valdéz y Fernando Eutimio Ortega Bernés, el penúltimo, es el más caro para el erario estatal, seguido de José Antonio González Curi, debido a las pensiones que se auto otorgaron, entre ellas al gobernador de un semestre como fue Pérez Cámara, quien ciertamente ha transcurrido su vida política a base de cargos honoríficos.

No se tenía idea de las pensiones de Carrillo Zavala, quien ha pasado su vida en la CTM en la hoy CDMX, ni tampoco de Azar García que se dedicó a la dolche vita. Ninguno de ellos debió de ser pensionado por el ISSSTECAM. De acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, han sido pensionados por tener más de 60 años, decenas de trabajadores que son encabezados por estos cinco ex gobernadores. El zorro embajador de México en Paraguay está esperando cumplir los 60 años para hacer lo mismo que Carrillo y Azar. Capulinamente y con todo el silencio del mundo en tres años gestionará su pensión, que tampoco merece.

Estos salarios onerosos gravan las nóminas de esa institución, pese a que ninguno de ellos, si se les aplica la ley, tenían derecho a esa pensión.

Esos gobernadores así como otros con salarios mensuales superiores a los 15 mil pesos, gozan de otra pensión en el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por otra cantidad similar, debido a que se supone que cotizaron a ese instituto y se hicieron acreedores de un nuevo emolumento.

Mes tras mes, el gobierno estatal aporta más de tres millones de pesos para el pago de esa nómina, que hace una década no representaba problema alguno, pero los altos salarios de ex gobernadores y la alta burocracia han hecho descender los activos de esa dependencia y ahora se enfrentan al mismo problema, que por ejemplo, ya está teniendo la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

En la máxima casa de estudios las altas pensiones de los ex rectores (que se afirma reciben cada uno más de 100 mil pesos mensuales) son: Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Humberto Lanz Cárdenas, Juan José Casanova Isaac, José Alberto Abud Flores, Rafael Martínez Castro y  Enna Sandoval Castellanos, cuyas pensiones gravan severamente el fondo presupuestal de esa casa de estudios mes tras mes, aunado a otras más que han hecho constantemente sean rescatadas las finanzas de la UAC por el gobierno del Estado.

Y al igual que en la administración estatal, son los políticos los que han causado el trastorno de los recursos por las onerosas cantidades que se han adjudicado al paso de los años, para garantizar “una vejez sin problemas”.

Todavía se recuerda el caso de Rodríguez de la Gala, que habiendo pasado por casi todos los cargos públicos del estado, supo despacharse con la cuchara grande y en un alarde de impunidad está considerado como “el rey de las pensiones en Campeche”,  porque además de lo que recibe en la UAC también tiene otra en el ISSSTECAM donde mes tras mes “recolecta” más de 50 mil pesos mensuales.

La del IMSS por otra cantidad similar “por haber cotizado” pensiones más como por ejemplo la del CET del Mar. Lo que lo convierte en un “viejito” con recursos suficientes para no solicitar despensas.

Pero no nos engañemos, ninguno de los mencionados políticos se ganó ese dinero con el sudor de su frente y por los años de servicio que estipula la ley, son sus pensiones, causa y razón de la crisis financiera que los fondos de pensiones del gobierno estatal y de la UAC están padeciendo.

Y no deberían encontrase en esa situación porque durante el gobierno federal de Ernesto Zedillo Ponce de León, se inyectó suficientes recursos a los fondos de pensiones, incluidas las universidades, y en el caso de la UAC más de mil millones se dieron a 20 universidades.

Pero como los asuntos financieros de esa casa de estudios es cosa secreta a la que no ha podido penetrar la Ley de Transparencia, poco se sabe sobre la aplicación de ese dinero. Por ejemplo durante el tiempo de la rectora Ortiz Lanz, nunca dio a conocer montos pormenorizados nada más que al Consejo Universitario que funciona a modo.

Es necesario que ante la crisis que se avecina en los fondos de pensiones se revisen éstas y se expida una ley que evite que existan ex funcionarios que tengan tres y hasta cuatro pensiones. Eso es inmoral desde el punto que se le quiera ver, porque ninguno de ellos pudo haber trabajado el tiempo requerido y lograr en cada caso una pensión como la que gozan, mientras hay humildes trabajadores que sobreviven con mil 122 pesos 15 centavos quincenales.

Hay  un asunto que pese a los años nunca fue aclarado. Durante los primeros años del gobierno de “La grandeza”, el presidente Zedillo envió a Campeche 375 millones de pesos. 300 para amortizar la deuda que tenía el gobierno heredado de Salomón Azar y 75 millones para el fondo de pensiones estatales.

Los 75 millones de las pensiones nunca llegaron a las arcas del ISSSTECAM y de los 300 millones para la deuda pública, solamente se amortizaron 180 millones, despareciendo en contabilidades y en juegos malabares financieros 120 millones de pesos ¿Dónde acabaron esos recursos? Esa es una de las causas y efectos del porqué los fondos de pensiones se encuentran a punto de crisis.

De los “tapados” ex gobernadores como son Carrillo Zavala y Azar García, no existe mayor información que es la del tiempo en que laboraron en el gobierno estatal y ninguno de los dos como alcalde. En todos los casos ninguno de ellos al parecer solicitó ingresar a la nómina de jubilados y pensionados del ISSSTECAM, pero una cosa nos queda cierta, fue durante el pasado sexenio de Ortega Bernés.

También es cierto que ninguno de los cinco prometieron que no lo aceptarían y hasta la fecha todo indica que optaron por permanecer fuera de esas nóminas que tienen con los cabellos erizados a Gustavo Ortiz González, hoy responsable de la secretaría de Administración e Innovación  Gubernamental, porque como bien dice el monto de esas pensiones es sumamente oneroso para el ISSSTECAM.

Por lo que corresponde a Hurtado Valdéz y González Curi, han pagado a jilguerillos para reportajes amañados donde afirman que a ningún ex gobernador se les da pensión o jubilación, pero de acuerdo con datos que obran en poder de esta columna, hay un listado de nómina con fecha 27 de octubre de 2009 donde los ex gobernadores José Antonio González Curi (GOCA520504), cobra una pensión que se asienta como necesaria (jajaja) con 22 mil 490 pesos con 10 centavos quincenales, lo que multiplicado por dos arroja la cantidad de 44 mil 980 pesos con 20 centavos mensuales. Por lo que concierne a Jorge Carlos Hurtado Valdez (HUVJ490322(, tiene asignada una pensión también llamada necesaria (jajaja) con 24 mil 986 pesos con 80 centavos quincenales, también multiplicada por dos nos da el monto de 49 mil 973 pesos con 60 centavos.

De acuerdo con la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM), todo trabajador –y los ex gobernadores lo fueron en su momento.., no puede tener privilegios sobre los demás empleados ni gozar de pensiones que superen lo estipulado en el Artículo 68 de la citada ley, que señala que la cuota diaria de la pensión o jubilación que se conceda a la fecha de autorización, en ningún caso será mayor que 25 salarios mínimos generales diarios vigentes en el área geográfica “A”, que fija la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Estos montos de pensiones no considera los emolumentos de los elementos que cada uno de ellos tiene a su servicio como son ayudantes, choferes, vigilantes y todo un séquito de gente que paga el estado. Decía mi difunto padre que la ley es el lado obscuro de la justicia y que por eso los abogados defensores se “cuelgan” de intersticios donde se puede torcer a favor de quien la conozca y la sepa aprovechar.

Por eso es que la Ley  del ISSSTECAM ha sido el refugio de muchos políticos que luego de medrar en presupuestos durante años, y de ver disminuidos sus contactos y privilegios, optan durante el último tramo de su gestión acogerse a los beneficios de una ley que se aplica en forma sui generis.

El ISSSTECAM en un órgano encargado de la aplicación y cumplimiento de la ley, para eso se le reconoce el carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio, órganos de gobierno y administración propios.

El sistema empleado hasta la fecha para nutrir esa lista de beneficiados tiene que cambiar puesto que el órgano máximo de gobierno del ISSSTECAM, está constituido en forma de un Consejo Directivo que es integrado (¡increíble!) por un presidente que es el Gobernador Constitucional del Estado, o la persona que éste designe; por un secretario técnico que es el secretario de Finanzas o su suplente; por un secretario ejecutivo que es el Oficial Mayor o su suplente (en el caso actual esta función recae en el secretario de Administración e Innovación Gubernamental; por seis vocales ejecutivos o sus suplentes, dos nombrados por el Ejecutivo estatal y los demás son un representante de los trabajadores (¡Hosanna!), un representante de los organismos públicos descentralizados, designados respectivamente por sus agrupaciones.

Este Consejo tiene un vocal secretario que es el director del ISSSTECAM, quien participa con derecho a voz. Ahora se entiende el porqué el primo de Layda Elena Sansores San Román, Manuel Sansores Díaz, aguantó tantos años en ese cargo. Nos queda la convicción de que sabía demasiado y por eso tuvo que compensársele dándole a su esposa el Instituto de la Mujer (la información con silencio es poder). Finalmente, dicho Consejo tiene un comisario y su suplente que son designados y removidos por el Ejecutivo estatal. Es decir: juez y parte para propósitos de no equivocarse. Todos ellos durarán en sus funciones (en el Consejo) tres años y podrán ser reelectos o removidos por sus representados.

El Artículo 59 de esta ley dice que: “La jubilación se tramitará a solicitud escrita del interesado, o por acuerdo expreso del Consejo Directivo del ISSSTECAM y se resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes de iniciado el expediente. Solo por acuerdo del mismo Consejo se podrá ampliar este plazo en los casos en que el interesado no haya satisfecho los requerimientos legales a que está obligado para obtener su jubilación o pensión”.

Muchos se preguntarán las razones de que los ex gobernadores se hayan servido con la cuchara gorda, violando preceptos y brincando derechos inexistentes. El Artículo 60 de la multimencionada ley, dice que: “los servidores públicos adquieren derecho a pensión por I.- Jubilación necesaria al cumplir 55 años de edad y 15 o más años de servicio, con igual tiempo de aportaciones, II.- Por jubilación voluntaria cuando haya alcanzado 30 años de servicios, sin límite de edad, con igual tiempo de aportaciones y III.- Por inhabilitación, cuando se haya perdido las facultades físicas o intelectuales necesarias (¿será el caso de uno de ellos?) para el desempeño normal del servicio. Las pensiones se incrementarán en forma proporcional al salario mínimo.

En el caso que nos ocupa las pensiones de los ex gobernadores fueron otorgadas desde antes del mes de octubre de 2009, es decir si nos atenemos a lo indicado en los términos de esta ley, se refleja que fueron “solicitadas” cuando todavía estaba en funciones Hurtado Valdez y que González Curi, acababa de cumplir 56 años, mientras que Hurtado Valdez, apenas rebasaba los 60 años.

Los montos aplicados a los años de servicio están viciados de origen. No aguantan una auditoría en regla y con papeles y nombramientos en la mano de los supuestos cargos, así como de los años de servicio. González Curi, quería hasta que le consideraran los tres años que estuvo como diputado federal, sabiendo que ese tiempo era con cargo al Congreso de la Unión y no al gobierno estatal de Campeche. Tampoco debió ser considerado el tiempo que estuvo en la Administración Fiscal.

Aunque perro no come carne de perro, pero estos casos son otra manera de servir a la administración estatal. Consecuentemente Joaquín Sánchez Gómez, quien comenzó a destapar la cloaca de Salud, tiene elementos para aclarar este entuerto, sobre todo que este gobierno no tiene nada que ver con la rapiña de 30 años al erario. Y bien podría iniciarse una valoración a la Ley del ISSSTECAM y cambiar los principios elementales de ese Consejo que está basado en una Corte de los Milagros. Bastaría que se analizara y se aplicara lo que señala el Artículo 64 de la famosa ley.

Corolario: Los ex gobernadores tienen obligación de devolver los recursos, ya que toda pensión que se recibe en base a datos falsos puede anularse y se le debe exigir la devolución de las cantidades recibidas.

Todos ellos si desempeñaron cargos públicos partidistas y de elección popular, no pueden considerarse como trabajadores estatales. De ninguna manera tienen por tanto la edad y los años de servicio, ni otra razón para merecer pensión alguna que hayan sido propiciadas por tráfico de influencias y abuso del poder. Complacencia que raya en la complicidad.