“El pecado mortal del periodismo es el silencio”.

Jorge Ramos

LA CAIDA DEL IMPERIO “ORTEGUISTA”

Dicen los conocedores en la materia que delinquir no es un acto de bondad ni de maldad, sino una conducta asocial o antisocial, según se vea, que atenta contra la costumbre común y para cuya manifestación la ley ha dispuesto una sanción en caso de verificarse el supuesto contenido en la norma penal existente con anterioridad a la comisión del ilícito.

Decía Edgardo Buscaglia, reconocido escritor, por ejemplo que: “la delincuencia organizada más organizada de México está en la política y este tipo de procesos no se entienden sin la colaboración del poder político”.

Y añadió, “en Estados Unidos gran parte del financiamiento de las campañas electorales viene de bancos, entonces los políticos en el fondo de su cerebro tienen un conflicto de interés latente. Además, los dineros que aportan los bancos norteamericanos en su país no están regulados. Uno sólo puede objetar sus aportaciones éticamente y eso es lo que llamo corrupción legalizada”.

En México la cosa por ejemplo no cambia, podemos observar que si bien el financiamiento de campañas está regulado al día de hoy, el dinero que entra a los partidos no está siendo auditado, es decir, los partidos gastan lo que quieren cada que así lo requieren.

Situaciones como las anteriores conllevan necesariamente que los presupuestos, llámese federales, estatales o municipales, se vean sujetos al manejo discrecional de cada periodo electoral.

Precisamente hace un par de días, Aurora de Dios Cobos Toledo, hermana del ex secretario de Salud y ex Director General del Indesalud hoy sujeto a reclusión preventiva por un proceso penal en su contra, Alfonso Cobos Toledo, destapó una presunta conversación entre el hoy Embajador y ex Gobernador saliente del Estado de Campeche, Fernando Eutimio Ortega Bernés, con el ex Secretario de Gobierno, hombre de su entera confianza o lo que es lo mismo, “el cobrador de la mafia”, William Roberto Sarmiento Urbina, palabras más, palabras menos, se refería que éste último había entrado abruptamente a la oficina del entonces Gobernador con visibles gestos de molestia porque momentos antes le había solicitado al Secretario de Salud 30 millones de pesos de su presupuesto para las elecciones que estaban por celebrarse y que su hermano rechazó ayudarles argumentando que él no se prestaba a ese tipo de actos (siempre según los comentarios de su hermana), situación que motivó que Fernando Eutimio riera a carcajadas y le contestara que no perdiera el tiempo y que dicha cantidad se la pidiera a Miguel (Miguel Román Duarte Reyes hoy también sujeto a proceso).

Pero ¿qué fue lo que paso en Indesalud? Muchas cosas de seguro, pero vamos a remontamos inicialmente al día 19 de Julio del año 2012, fecha en la cual el autor de esta columna recibió una carta presuntamente del personal del Indesalud, que hicimos pública en su momento en un medio local y misma que me permito relatar nuevamente:

“San Francisco de Campeche, Cam. a 19 de julio del 2012.

Somos muchas las personas que estamos inconformes, molestas por todo lo que hemos presenciado, leído a través de varios periódicos el domingo pasado como “El periódico del Sur” (sic), “El Expreso” y el programa “Noticias en la Barra” Déjenme (sic) decirles que todo lo que publicaron estos periódicos es verdad.

No nos explicamos porque el Gobernador permite que esta clase de gente ladrona, perversa, corrupta, siga trabajando en la Secretaría de Salud, nos referimos a Miguel Duarte Reyes, Margarita Bencomo Castro, Pablo Fabián Peralta, Claudia Chel y Corazón Qui Quijano.  Toda esta gente trabaja en la Secretaría de Salud y todo lo que mencionaron en el periódico “El Sur” es verdad --refiriéndose a la columna Jaque Mate--, porque nos da mucho coraje ver este tipo de atrocidades, mientras el doctor Alfonso Cobos Toledo está trabajando muy bien y está ayudando a toda la gente que menos tiene y les decimos esto porque a nosotros nos consta verlo trabajar en los centros de salud de los municipios, en las comunidades, ejidos, ayudando a la gente más necesitada.

Sabemos que es muy poco el tiempo que tiene para trabajar (3 años), sabemos que va a hacer muchas cosas por esta secretaría que está de cabeza, aunque la gente que está a su alrededor no es el equipo de trabajo que él necesita para sacar adelante a esta secretaría.

Mientras que esa gente que mencionamos anteriormente se da el lujo de irse a vacacionar cada fin de semana con dinero de la misma Secretaría de Salud. Nos preguntamos si el Dr. Cobos estará enterado de esto, como es el caso de la tal Margarita Bencomo Castro, quien es asistente de confianza de Miguel Duarte Reyes y que maneja los recursos financieros y materiales de esta dependencia, así como sus propios proveedores como la empresa llamada “Sinergia Camzac S.A. de C.V.” de un tal Salmon, que es una empresa del estado de Zacatecas.

¿Creen ustedes que es justo que venga una persona de otro estado a hacerse de dinero a expensas de nosotros los campechanos? Ya que a él le solicita la mayoría de las cosas, en cuanto a material de oficina, material de cómputo, así como las cosas para propio consumo de Margarita Bencomo y para el de Miguel Duarte, quien gasta el dinero en una casa que está construyendo por el Asilo de Ancianos, mandando a uno de sus hijos a estudiar a España y a otro a Inglaterra.

No se vale que esta gente siga trabajando en esta secretaría. Lo mismo decimos de Margarita Bencomo, quien tiene dos empresas en esta dependencia, cuales son (sic) Heiny Alejandra Blanquet Campos y Luis Arturo Campos Maldonado, quien es propiedad de ella y de su esposo. No sabemos de dónde saca tantos recursos para mandar a estudiar a su hija a la mejor escuela de Mérida, Yucatán. Nada más de inscripción paga de ocho a nueve mil pesos y las colegiaturas mensuales, así como el departamento que ya rentó para que viva en Mérida y que le costará 15 mil pesos mensuales, además de lujosa y amueblada. Ubicada frente al Hospital de Especialidades en esa ciudad. ¿de dónde saca esta persona tanto dinero para todos estos gastos? ¿será que detrás de todo esto está el “cuchi-cuchi”? Aparte el hermano Fernando Bencomo quien maneja una empresa a nombre de su esposa Guadalupe Isabel Barrera Gómez, quien presta los servicios de mantenimiento y cobrando miles de pesos.

En cuanto a Pablo Fabián y Corazón Qui Quijano, sabemos que la mayoría de lo que tienen son recursos de la propia secretaría porque llevan años trabajando aquí, ya que junto con Claudia Chel manejan una empresa de nombre Flavio Reyes Balam, quien es esposo de la tal Claudia.

¿Cómo es posible que esta misma persona de apellido Chel le deposite a su propio esposo facturas que surten a esta secretaría de medicamentos, material de oficina, etc, etc.? ¿sabrá de todo esto el Dr. Cobos Toledo? Aunque mucha gente comenta que el citado médico no se prestaría a este tipo de corrupción.

¿Cómo es que exista en esta secretaría tanta corrupción y el gobernador lo siga permitiendo? Se preguntarán, ¿cómo es que sabemos de todo esto? Lo sabemos, porque los conocemos desde hace muchos años y la forma en que en los últimos tres años se han enriquecido a expensas del Sector Salud.

(Omitimos nuestros nombres para evitar represalias a nuestras personas)”

Hasta ahí la misiva trascrita con todo y sus faltas ortográficas, misma que toma trascendencia dado que Alfonso Cobos Toledo fue designado como Secretario de Salud y Director General del Indesalud desde el 30 de Marzo de 2012 y  Miguel Román Duarte Reyes desde el 20 de Noviembre de 2009, tiempos en los cuales se cometieron las irregularidades denunciadas anónimamente en esta carta y que bien podrían atribuírsele también a Enrique Iván González López al ser el primer Secretario de Salud del “sexenio de los piratas” en la dependencia que según la Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la que Jaque Mate tuvo acceso, desde el año 2011 se han venido observando irregularidades que antes subsanaron.

EL“LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER” JUSTO Y SOLIDARIO

¿Qué es el FASSA? Es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que tiene como principal objetivo aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con un empleo formal o que no se encuentra incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud, es decir, el objetivo presuntamente se lleva a cabo mediante: la implementación de mecanismos que apoyan las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y la prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención, la seguridad en salud y finalmente el abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos.

En teoría todo parece adecuado y necesario, pudiendo inclusive ser creíble la versión de que todo se empleó para la contratación de personal necesario, pero denuncias anónimas como las transcritas anteriormente demuestran, a la par del mensaje de la hermana de unos de los indiciados, que ese presupuesto no era más que una “caja chica” como las muchas que existieron en otras dependencias del Gobierno del Estado como el API, SEDUOPI, SEDUC, etc.

Partiendo de ahí, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación suscribió convenios de coordinación y colaboración con todas las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas de los Estados, ASECAM por ejemplo, todo ello con el objeto de llevar a cabo un control y fortalecer las acciones de fiscalización de todos los recursos federales transferidos a los Estados, Municipios y demarcaciones territoriales.

Justamente el FASSA, ha recibido a lo largo de los sexenios en Campeche muchísimas observaciones, sobretodo por cuestiones que atañen al manejo sospechoso de los recursos depositados, es por ello que en el caso del Indesalud, se integraron desde la oficina central, desde el año 2014 y como consecuencia de la reincidencia observada, expedientes para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en ese momento despachaban en el Instituto y que quedaron registrados bajo los números P.INV/ASF/CRF-1493-FASSA2014/01/2105 y P.INV/ASF/CRF-1493-FASSA2014/02/2105, en los cuales se concluyó textualmente según lo observado en el reporte en poder de Jaque Mate: “14-A-04000-02-1493-06-001. Se presume probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública… Con la revisión del rubro del destino de los recursos en servicios personales financiados con recursos del FASSA se determinaron inconsistencias…”

Cabe aclarar que en cada ejercicio fiscal de los denunciados, esto es: 2012, 2013, 2014 y 2015, Indesalud Campeche reportó que devengó el 100% de los recursos transferidos, es decir, que no sólo se gastó lo presupuestado sino también lo que pudo ganar al omitir y robar el ISR de cada trabajador del sector salud con dolo, de manera continua y en total impunidad.

Situaciones como la señalada en el párrafo que antecede, motivaron que la ASF procediera a notificarle al ASECAM (Auditoría Superior del Estado de Campeche) las irregularidades mediante oficio núm. DGARFT”B”/4470/2015, mismo que acusó de recibido Elisa del Carmen Ching Heredia dando respuesta mediante oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2015/0331, documento también en poder de Jaque Mate en donde se informa el inicio de una investigación exhaustiva al respecto por las omisiones señaladas, es decir, mucha burocracia sin que ello se tradujera en alguna acción en concreto, por algo el sexenio pasado se apresuró en ratificar al Auditor Jorge Martín Pacheco Pérez, personaje asiduamente comentado en esta columna en donde hemos narrado sus innumerables omisiones.

Pero Pacheco Pérez, tuvo un jefe en la figura de Edgard Román Hernández Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, quien nunca objetó ni el, ni su bancada mayoritaria las enormes irregularidades en la Cuenta Pública, cuando en ese sitio se debieron haber prendido los focos rojos de esos desvíos presupuestales, pero como siempre y a conveniencia de todos los citados en esta columna, “dejaron hacer y dejaron pasar” toda la podredumbre que hoy respiramos los campechanos.

LA NORMA AL SERVICIO DEL AUDITOR QUE DESNUDA

En cuanto a Indesalud, podemos dar por sentado que año con año estuvo en conocimiento de las irregularidades, tan es así que por ejemplo desde el 17 de Agosto del año 2015, en oficio núm 400-19-00-00-00-2015-4873, el Administrador de Recaudación en Campeche del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Jesús Duarte Bórquez, reportó las omisiones de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Es por ello que resulta incomprensible el total desinterés del citado Administrador del SAT en Campeche al no iniciar, desde la primera omisión, un procedimiento contra los que en ese momento se encontraban aún despachando en Indesalud. ¿Arreglos aparte? Muy probablemente si, pero muy difícil de comprobar a corto plazo.

Sin embargo y como es sabido, cada que inicia un nuevo sexenio, lleva consigo un proceso de entrega-recepción del despacho de todos los titulares que integran la administración pública del Estado, consecuentemente y con base a ello, en caso de existir irregularidades evidentes y sobretodo si es un área que maneja un amplio presupuesto como es el caso del sector salud, será siempre aconsejable iniciar una auditoría exhaustiva para determinar o no si existe alguna omisión y consiguiente responsabilidad de los funcionarios con motivo de su ejercicio sexenal.

Posteriormente, fiel a lo que marca el librito, la Contraloría Interna del propio Indesalud inició el procedimiento administrativo disciplinario, integrando el expediente CI-ADR-008/2015 en contra de Miguel Román Duarte Reyes, con resultados por todos conocidos y que se resumieron en la inhabilitación como servidor público por un prolongado periodo, una más por cierto si sumamos la de Seduc donde también compartió ejercicio con el hoy embajador de Paraguay, por lo cual no es de extrañarse la aseveración realizada por la hermana de Cobos Toledo, en el sentido de que Miguel Román únicamente obedecía al titular del Ejecutivo, puesto que debe saber usted que el nombramiento de Duarte Reyes lo expidió y firmó el anterior Gobernador, a pesar de que la lógica indicaba que debía proponerlo y expedirlo Enrique Iván González López, ex alcalde y primer secretario de Salud del sexenio pasado, ¿curioso no? Tal parece que a FOB le urgía o interesaba que estuviera aquél al frente como administrador del Instituto, aunque no fuera del agrado del titular en turno.

Lo que sí es una realidad es que la Auditoría presentada por el despacho de Luis Alfredo Argüelles Maa, fue un completo acierto para la administración que encabeza Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, de no ser por ella y dada la naturaleza de todas las partes involucradas en mantener en la congeladora y en los archivos más escondidos estas irregularidades, difícilmente se hubiera llegado al conocimiento de la cifra real que fueron los 597 millones 616 mil 239 pesos y 66 centavos, documento en el cual se puede leer claramente la conclusión: “se actualiza la presunción del delito de defraudación fiscal…”

Finalmente, tal y como la Jueza  Ana Concepción Gutiérrez Pereyra lo manifestó en la larga Audiencia del pasado sábado --en la que Jaque Mate tuvo corresponsal--, tanto Duarte Reyes como Cobos Toledo, reconocieron tácitamente el desvío de recursos, uno como parte de su proceso ante la Contraloría Interna del Indesalud y el otro obligado, por las condiciones existentes, a manifestarlo en el acta de entrega-recepción que tuvo lugar en la Secretaría de Salud y Dirección General del Indesalud entre Álvaro Arceo Ortiz y Alfonso Cobos Toledo, que dicho sea de paso, si por éste último hubiera sido, como lo tenía pensado y había ejecutado, el acta no hubiera reflejado una sóla anomalía en cuanto al manejo del presupuesto, otro acierto más de la presente administración.

A todo ello, Jaque Mate concluye que la prisión preventiva de seis meses resulta insuficiente ante tal atrocidad por parte de los involucrados y sus jefes inmediatos que nunca aparecerán, que seguramente ellos dos no son los únicos ni los últimos involucrados puesto que la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Prueba de ello son los testigos que aún continúan trabajando en esas oficinas y que ya fueron denunciados algunos anónimamente a esta columna, que Jaque Mate siempre denunció el daño a la hacienda pública del Estado sin que ello conllevara la mínima intención de investigar o desmentir lo aseverado por esta columna y que las acciones emprendidas por la actual administración que encabeza Rafael Alejandro Moreno Cárdenas son propias de un gobierno que accede al poder y lo ejerce, de un gobierno comprometido con la transparencia y el manejo de  sus recursos, es por ello, que con toda seguridad veremos desfilar a más gente por los pasillos de Kobén en calidad de detenidos. Tiempo al tiempo.

LO QUE MENOS PENSABA ERA EN CAMPECHE

Este fue un caso que se guardó en los archivos. Lo más escondido posible, pero todo a la larga aflora y aunque ya demasiado tarde pero nos da una idea de que ese gobierno no fue ni justo ni solidario con el pueblo campechano y su segundo lema les vino como anillo al dedo: vamos por nuestro progreso (pero este fue personal).

Quienes han disentido del comportamiento que en ese entonces avaló la SCJN, podrían pensar que el efecto sobre la moral pública fue terrible, porque no han tenido refutación, ni siquiera respuesta, las denuncias de que esta actitud del gobernador entrante en 2009, se basa en su conveniencia y no la del Estado, pese a los atropellos a la ley, al derecho y a los valores morales que se ha visto carecía --y carece-- el entonces gobernador.

El fallo de la Corte más que un estímulo para no volver a caer en ello, es un acicate para emprender mejor la lucha por la justicia en una guerra santa contra el gobierno Federal que no termina nunca, donde incluso se retrocede un paso hoy, pero se tiene la esperanza de avanzar dos mañana, porque no se hace a favor de un nombre sino de Campeche.

        

La moraleja es que por muy gruesos y largos que sean, no se tienen dedos para tapar el sol.

Con motivo de los últimos acontecimientos de los fraudes cometidos por el gobierno ppdo., se remueve en su tumba la injusticia y el latrocinio en contra de Campeche, el estado del país que más petróleo aportó al desarrollo de México, pero también el más olvidado de la Federación en lo que a participaciones se refiere.

Este no fue un fraude sino un latrocinio de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes en contubernio con el entonces gobernador entrante de Campeche, Fernando Ortega Bernés. Según cálculos conservadores de los abogados del despacho que defendía a Campeche, se perdieron aproximadamente cinco mil millones de pesos.

Haciendo una recapitulación de esta injusticia les relato los hechos: El día 1 de enero de 1990, el Estado de Campeche celebró un acuerdo con el gobierno Federal, mismo que fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Campeche, el día martes 15 de mayo de 1990 que a la letra dice:

“Acuerdo que celebran el gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Campeche, designados respectivamente como la “Federación y el Estado”.

En atención a la situación financiera por la que atraviesa el Estado y a la circunstancia de tener que efectuar erogaciones importantes por la explotación del petróleo que se realiza en la región sin que se beneficie específicamente por dicha explotación, se ha llegado al siguiente:

ACUERDO

Primero.- La Federación conviene en otorgar al Estado a partir del ejercicio fiscal de 1990 un apoyo económico por la cantidad de Cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco millones de pesos (de viejos pesos), como una participación adicional a las participaciones que corresponden al Estado en dicho ejercicio, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Segundo.- Para el cálculo de dicho apoyo en los años siguientes a 1990 se procederá como sigue: A.- Se determinará el porciento que la cantidad de $43, 245, 000, 000, representa en la recaudación federal participable, excluyendo devoluciones del ejercicio de 1990.

B.- Dicho porciento se aplicará a la recaudación federal participable, excluyendo devoluciones, que la Federación obtenga en cada ejercicio fiscal.

C.- La cantidad resultante conforme al inciso anterior se incrementará anualmente con recursos de la Federación, al Fondo General de Participaciones y a la fórmula individual del Estado, para todos los efectos de distribución y determinación de participaciones.

Este acuerdo fue firmado por el entonces gobernador del Estado, Abelardo Carrillo Zavala; por el secretario de Gobierno, Manuel Flores Hernández; por el secretario de Finanzas, Víctor Manuel Méndez Lanz y por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella.

Este fue el marco de referencia del acuerdo desde el ejercicio fiscal de 1990, donde Campeche estuvo recibiendo lo que así se había convenido por parte de la Federación; sin embargo, luego de aproximadamente 18 años, tiempo durante el cual tales recursos fluyeron por parte del gobierno Federal a la hacienda pública de Campeche.

Fue la Federación a través del propio Ejecutivo Federal y su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes tomaron la decisión de emitir un ACTO, en especial el oficio 101-661, carente de toda motivación y fundamentación y de manera unilateral rompieron en forma inconstitucional un convenio o acuerdo por medio del cual en su párrafo cuarto, parte conducente textualmente se lee: “ …Le confirmo que se ha dejado de proporcionar el apoyo económico que recibía al amparo del referido acuerdo a partir del mes de agosto del año en curso” (2008).

La misma Federación justifica de esa forma la suspensión de ese apoyo destacando que el Estado de Campeche es la entidad federativa que mayores recursos recibe del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Señalado con números que al mes de septiembre de 2008 se habían cubierto a Campeche mil 387 millones de pesos. Que esta cantidad es 73.3 por ciento mayor a la programada para el período y ya había superado los mil 23 millones de pesos programados para todo el año.

Como podrán darse cuenta, el gobierno Federal no solo rompió un acuerdo legal sino además arbitrariamente disminuyó los recursos para la entidad. Aclarando que los recursos que se dieron a Campeche eran superiores a los del acuerdo señalado al principio.

Se resalta en esta situación que una de las principales premisas de las citadas modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal fue que ninguna entidad federativa perdiera recursos en comparación con lo recibido en 2007. En ese orden de ideas, las entidades federativas han visto incrementadas en forma sustancial sus participaciones federales de tal manera que en el período enero-septiembre de 2008, el aumento al Ramo 28 fue alrededor de 71 mil 970 MDP, respecto al mismo período de 2007 y en específico el Estado de Campeche recibió participaciones federales por alrededor de tres mil 294 MDP (sin incluir los recursos del FEXHI), lo que significó  un aumento de 26 por ciento respecto del mismo período de 2007, es decir 684 MDP adicionales.

Ante el rompimiento ilegal del gobierno federal a un acuerdo de la época de Carrillo Zavala, el gobierno del Estado inició una Controversia Constitucional, en la que se demandó que la actitud de la SHCP en vez de fortalecer, dar unidad y cohesión a los diversos órdenes jurídicos y dirimir conflictos entre entes, hizo todo lo contrario pero siempre a su favor sin proteger el Estado de Derecho, dado que no era posible parcializar este importante control debidamente firmado.

Esta ha sido una constante en la vida de las relaciones de la SHCP y Pemex con Campeche, para recibir recursos económicos que jurídicamente le corresponden y que traen acuerdos como el signado hace 26 años.

Pero es el caso de que los reclamos de Campeche en esa Controversia Constitucional fueron considerados en principio procedentes, debido a la arbitrariedad del gobierno Federal de suspender el apoyo, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se encontraba vigente pues el citado documento que contiene el acto impugnado se advierte que no se declaró la nulidad del mismo, ni la ineficacia, ni se revocó alguna causa de extinción de las obligaciones bilaterales.

Y hasta ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimaba procedente y bien fundada la Controversia interpuesta por Campeche,  durante el gobierno de Jorge Carlos Hurtado Valdéz, y con ello el buen derecho que asistía a nuestra entidad, para paliar los graves perjuicios que estaba (y sigue igual) pasando el estado de Campeche, para sustentar órdenes de gobierno, como son la educación, salud, seguridad, medio ambiente, infraestructura, obra pública con base en la cual se crean empleos, que sustituyen los que se suprimen por la explotación del petróleo y, sobre todo, por una injusta veda en más de  80 mil kms. cuadrados a la actividad pesquera en perjuicio de los hombres de mar, quienes se encuentran imposibilitados a realizar sus ancestrales labores en embarcaciones o lanchas, para internarse en aguas del Golfo de México, libres tanto de la veda impuesta por el gobierno Federal como de la contaminación petrolera.

Y estimados lectores, miren como se torcieron las cosas. Esta Controversia Constitucional buscaba la restitución del apoyo económico que por acuerdo celebrado entre el gobierno Federal por conducto de la SHCP y el gobierno del Estado de Campeche, le otorgaban a nuestra entidad un monto que promediaba mensualmente en algo así como 60 millones 800 mil pesos que fue la LITIS de la Controversia.

Este asunto fue encomendado a un despacho constitucionalista de la hoy CDMX, experto en la materia y litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a la llegada del gobierno corrupto del pasado sexenio ya no se quiso seguir por el buen camino que encaminaba a Campeche para ganar el fallo. Por instrucciones del Gobernador entrante quedó en manos del Consejero Jurídico. Hay que recordar un asunto parecido que los armadores  camaroneros tienen contra Pemex pero en manos de un despacho fuera de México.

El caso es que en menos de tres meses, el asunto de la Controversia Constitucional casi ganada dio un giro insospechado y la SCJN a través de la abogada Claudia Gabriela Soto Calleja, secretaria de la Comisión de Receso de ese alto tribunal, correspondiente al segundo periodo de vacaciones de 2008, envía al gobierno del Estado un oficio con el incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional.

El pleno del alto tribunal dio su sentencia en la que señala la inconstitucionalidad del acto reclamado (apariencia de buen derecho y peligro en la demora). En consecuencia, atendiendo a las circunstancias particulares de la presente controversia constitucional, y a la naturaleza de los actos impugnados, con apoyo en los artículos 14 al 16 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional se acuerda que:

   

I.- Se niega la suspensión solicitada por el gobernador Constitucional del Estado de Campeche en los términos de este proveído.

II.- Notifíquese por lista y por medio de oficio a las partes. Así lo proveyeron y firman los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo período de vacaciones de ese año, que actúan con la abogada Claudia Gabriela Soto Calleja, secretaria de la citada Comisión que da fé. Rúbricas, México, D.F. 19 de diciembre de 2009.

Es decir, que en escasos tres meses de gobierno, Ortega Bernés sin explicación alguna, dejó perder un litigio que pudo ser favorable para Campeche por más de cinco mil millones de pesos. De un carpetazo la SCJN dejó a Campeche sin ese apoyo que ni siquiera se tuvo el cuidado de cancelar. Se dejó de percibir por ese acuerdo un recurso importante para la economía campechana, en especial para el municipio de El Carmen. Todo ello se esfumó en un acto de gobierno de la noche a la mañana.

Además, se tuvo que erogar varios millones de pesos al despacho en la capital del país, quienes se asombraron del giro de ese proceder del nuevo gobierno estatal. Sobre todo, del primer acuerdo de FOB de cortar al despacho jurídico y dárselo a un campechano “Juan de los Palotes”.

Hoy, cuando Campeche ha declinado en su producción petrolera, cuando los precios del petróleo se desplomaron, cuando Pemex se declara casi en bancarrota y cuando un acuerdo desaparece la figura jurídica que sustentaba Pemex desde 1938, no queda la menor duda que las malas decisiones de quien no sabe gobernar dejan en la orfandad a los miles de campechanos.

Quienes protestan cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de la Constitución Política del Estado de Campeche, se hacen responsables de que casos como este sean dados a conocer y se le finquen responsabilidades por sus actos. Pero desafortunadamente hasta se les premia con inmunidad diplomática al nombrarlo embajador de México en Paraguay.

El Estado de Campeche aportó y sigue aportando millones de pesos diariamente a la economía del país completo con la producción de petróleo y gas, mientras que se le retribuye en cambio una cantidad ridícula como compensación y que en la actual crisis que se vive ha motivado que el nuevo Ejecutivo estatal se encuentre materialmente golpeando puertas en el gobierno Federal para paliar el desempleo y la falta de un desarrollo sostenido. Ningún esfuerzo que se haga podrá compensar a nuestra entidad por tantos años de olvido,  de abandono y peor aún de corrupción.