EL CHARRO BERZUNZA,
SOBERBIO
Dice el lexicón que soberbia es la estimación excesiva de si mismo con
menosprecio de los demás, etc., y esto se debe a que Joaquín Berzunza Valladares da
por sentado de que su corrupto plan de adjudicarse de nuevo el cargo de secretario
general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de
Campeche (SUPAUAC), se llevará a efecto
sin contratiempo alguno.
Este líder charro de la UAC arranca de facto su campaña de reelección
saludando complicidad con la autoridad universitaria visitando los centros de
investigación y facultades en una campaña abierta, prometiendo plazas y bases a
los docentes de diversos centros de investigación, que ante el temor de no ser
favorecido con una promoción, comprometen su voto a la continuidad.
No que ya renunció a la secretaría general y como todo docente debe
cumplir 40 horas de actividades laborales, tal parece que su amigo el director
de la facultad de ingeniería y la rectoría, le está dando todas las facilidades
para que siga reuniendo y usando las cuotas sindicales para gastar lo poco que
queda de recursos en el sindicato.
Por ejemplo, en un centro de investigación los profesores tienen plaza
de técnico docente y realizan trabajos de investigación de diversos programas.
Me pregunto, como él (Berzunza Valladares), ostenta la plaza de
asociado “C” ¿qué méritos tiene?
En el mes de septiembre se abrió la convocatoria para promoción, donde
muchos maestros interesados entregaron sus currículas académicas para poder
aspirar a mejores ingresos; la propia ley orgánica y el estatuto establecen los
requisitos para ser promocionados, pero lo único que se hace es beneficiar a su
cuates ¿verdad Secretario del Interior y Escalafón?
Un claro ejemplo es la preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy, donde
su delegado sindical suplente consiguió unas horas frente al grupo a su sobrina
y posteriormente a su sobrino político le otorgaron horas sin más que con el
apoyo de Berzunza
Valladares. En esa misma escuela está uno de sus parientes de
apellido Berzunza
e igual en la facultad de derecho.
En la facultad de humanidades, el secretario del Interior y Escalafón
también ha otorgado horas, que no dan frente a grupo sus amigos, sobre todo el
ex secretario general del Colegio de Bachilleres.
Para él era más importante su renuncia para buscar la reelección por
tercera vez que, realizar una asamblea sindical donde los docentes conozcan el
proyecto de contrato colectivo de trabajo, que supuestamente depositó ante la
H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Era tanto su interés de seguir
colgado de la ubre universitaria y sindical devengando la humilde cantidad de
sus dos plazas de más de 30 mil pesos mensuales, más gastos de representación,
que presentar el proyecto a la base en una asamblea extraordinaria.
Le pueden preguntar a los docentes universitarios, por lo anterior queda
claro que nunca informó a esa base por los maestros universitarios. Se
desconoce en que términos fue elaborado el contrato colectivo de este año. Esta
situación viola el Artículo 11, inciso “c”, de los citados estatutos sindicales
vigentes, que otorga el derecho de conocer las reformas realizadas a dicho
contrato.
Además, la reforma aprobada el pasado mes de febrero eliminó estatutos
---reformados el 21 de febrero de 2013---, no aparece la necesaria sanción de
la asamblea general sobre la formulación de dicho contrato colectivo, para darle
legitimidad, los mismos estatutos sindicales señalan que el Comité
Ejecutivo ---a través del secretario de Organización---, debió ya de haber
depositado en Conciliación y Arbitraje el contrato colectivo desde fines del
mes de septiembre de este año (Artículo 23, inciso “k”). ¿Será que los realizó
¿cómo quedará ahora el citado contrato de los docentes que no existe
jurídicamente secretario general? ¿ya habrá realizado como es costumbre de hace
12 años, acuerdos con la rectora de la Universidad, sobre los dividendos de
ambos? ¿Y la base? Bien gracias a él ¿qué otros apoyos adicionales ha negociado
a espaldas de la base con la autoridad?
Si el comité ejecutivo que renunció y que presidía Joaquín Berzunza Valladares ya
entregó el contrato colectivo sin el consentimiento de su contenido por los
integrantes de la asamblea como máxima autoridad, estaría violando el Artículo
11, en su inciso “c”, ya señalado anteriormente. Y si todavía no lo ha hecho,
está faltando al Artículo 23, inciso "k", que lo
obliga a entregar una copia, a fines de septiembre, a las autoridades
correspondientes.
En la integración de su comité a modo se le olvidó nombrar a un
secretario general interino y no a su amiga, la secretaria de Organización,
encargada del changarro, violando sus propios estatutos, dejando indefenso a
los sindicalizados, a quienes les dijo que “no se preocuparan del sindicato
porque con dinero lo resolveremos”. Como los maestros universitarios que
quedaron encargados del changarro, andan superendeudados aceptaron unos cuantos
pesos y hacerse de la vista gorda, prestándose a esta corrupción sindical.
En sus asambleas cuatrimestrales, en sus informes, dicen que se logró
otorgar préstamos personales a 85 docentes, y dicen que eso es un logro. Pobres
mentores; les cobra un diez por ciento de interés y cada día se incrementan los
préstamos personales. ¿Será posible que no se den cuanta de este émulo de Elba Esther
Gordillo Morales? Que lo único que demuestra es el raquítico poder
adquisitivo de los maestros universitarios? Mientras tanto el disfruta en
reuniones en la Confederación de Trabajadores Universitarios, es decir, en
viajes de placer a costa de las cuotas de “pobresores” universitarios.
Este líder charro, este embrión de embrión de dinosaurio que no rinde
cuentas sobre el contrato colectivo que va a definir las condiciones laborales,
nivel de ingresos, prestaciones económicas y relaciones con las autoridades
universitarias se prepara para una nueva reelección.
¡¡¡ Maestro
universitario tu tienes la última palabra !!!
RESUELLO DE CAGUAMO
Esta columna señaló el domingo 23 de septiembre de 2012, toda la zahúrda
en que se había convertido el ayuntamiento panista que inició con Carlos Ernesto
Rosado Ruelas, siguió con Francisco Romellón Herrera y terminó en
catástrofe con Beatriz
Selem Trueba, es decir casi 14 meses atrás. Tiempo más que
suficiente para que la inoperante Auditoría Superior del Estado (ASE)
descubriera el hilo negro y el agua hervida.
Ahora se lanza al ventilador toda
esa porquería que generaron tres años de un gobierno que no supo gobernar, de
un gobierno que pese a no decirlo siempre pidió permiso al gobierno de
enfrente, que muchas cosas se callaron para no crear problemas, aunque
finalmente el conejo cayó en la zarza de sus propias mentiras.
Enumerar éstas es perder el tiempo; sin embargo Jaque Mate demuestra, una vez
más que el compromiso con sus lectores está latente y por encima de cualquier
situación, que esa información que les hacemos llegar busca siempre ser
fidedigna y que vaya de la mano del interés público.
Hoy la ASE narra lo que esta columna había puesto un enlace en el que
pudieron sin ninguna limitación conocer todos los pormenores del polémico
documento denominado “Título de Concesión”, que no es otra cosa que el robo más
descarado que una niña de la sociedad campechana ejecutó de la manera más
burda.
La incorrecta asignación de los recursos y una inexplicable incapacidad
para organizar y operar con eficiencia las distintas áreas que integran el
Municipio de Campeche. Concejales de
todos los partidos que cayeron en la corrupción, finanzas con todas las
partidas en números rojos, ventas de todos los activos disponibles, incluyendo
lo concerniente al servicio de recolección de basura y muchas anomalías más,
dejó una administración panista que a la actual líder de la bancada panista en
el Congreso del Estado y presidenta local del PAN, Yolanda Guadalupe Valladares Valle,
solo se le ocurrió decir que “se trata de una venganza política” (¿le autorizó
decir esto su jefe de enfrente?) cuando la semana pasada la ASE resolló como un
viejo cahuamo.
Y es que los desvíos no solo fueron de Bety Selem, sino también de Rosado Ruelas
a quien acusan de desviar más de 22 millones de pesos y finalmente su
hombre de confianza Francisco Romellón Herrera, que solo estuvo
unas semanas y en ese corto tiempo desvió 18 millones 956 mil 050 pesos, lo
insólito del caso es que quedó en completa impunidad. Total, esta no fue la
banda de “Los Mazos” sino de los azules.
El robo más descarado lo realizó la alcaldesa suplente con el sistema de
recolección de basura, donde el problema adquirió una característica de pánico
porque la señora “socialité” vendió ---pero con beneficio a su peculio---, a la
empresa Red Ambiental la operación del relleno sanitario de Campeche, dejando
en la indefensión las finanzas municipales que carecen de los recursos para que
mes tras mes tengan que erogar más de cuatro millones de pesos, dejando al
ayuntamiento solamente con dos y medio millones de pesos, a inicios de la presente administración, para afrontar los enormes gastos de su programa operativo anual.
La señora Selem Trueba en medio del escándalo mediático solo acertó a
decir: “estoy tranquila, tengo la conciencia tranquila (sic) y no tengo más que
decir”. Sin embargo un viejo principio jurídico dice que “a confesión de parte,
relevo de pruebas”, Y es que ella “aclara” que efectivamente recibió 13
millones de pesos, para el pago de diferentes prestaciones como el pago
trianual, el bono de útiles escolares, colegiaturas y al final se utilizó para
pagar aguinaldos, aunque lo nieguen los trabajadores”.
No dijo por ejemplo que el título de concesión ---que Jaque Mate
hizo público oportunamente---, está firmado
por un apoderado legal denominado “Concesionaria” y por la otra parte
por Beatriz
Selem Trueba y José Rafael Fernández Martínez, en sus
caracteres de presidente muncipal y síndico de asuntos jurídicos del
Ayuntamiento de Campeche.
En el citado documento se aprecia una licitación pública amañada bajo el
número HAC-CC/LP-RP-001-2012 en la que supuestamente resultaron beneficiados
las personas morales Red Colector, S.A. de C.V. y Vigue Relleno Sanitario, S.A.
de C.V. ambas actuando bajo el nombre de Red Ambiental mediante convenio
colectivo en un procedimiento en el que ilícitamente participaron tres personas
físicas que sin ser empresas lo único que consiguieron fue equilibrar los
costos entre todos los participantes, para favorecer finalmente a la empresa
que hasta la fecha se ostenta como titular de la concesión y que resultaron desconocidas por la
ciudadanía quien a la postre es la principal afectada desde entonces.
En el documento que pusimos a disposición de colegios y barras de
abogados, así como del público en general, no se obtuvo respuesta porque la
indolencia, y la apatía prevalecieron sobre el interés de la ciudadanía.
Como publicamos en su momento, cómo se explica usted, estimado lector, que la
empresa Red Ambiental haya tenido siquiera acceso a la compra de las bases de
la licitación, si la publicación de las mismas se dio únicamente en el
Periódico Oficial del Estado, no así en el Diario Oficial de la federación como
empresa regiomontana que es, resultando incluso suficiente que el Síndico Jurídico hiciera los contactos y firmara al calce en ese
polémico documento para darle validez.
Lo que nos llamó y sigue llamando la atención, es la falta de capacidad
de los asesores jurídicos de Ana Martha Escalante Castillo, quienes no se
tomaron el cuidado de analizar de principio a fin el famoso “título de concesión”,
en donde además hay una “cláusula de exclusividad” en donde Red Ambiental será
la única que tenga a su cargo los servicios públicos municipales…durante ¡15
años!
Recuerde usted la dieta mensual a que se hizo merecedora la alcaldesa
suplente Bety
Selem, al aceptar esta situación y mayor aun al momento en que Red
Ambiental se salió con la suya. Hay mucha culpa de ese Cabildo vendido en todos
sus miembros, pero también los concejales que los suplieron y llegaron con Ana Martha,
al hacerse alcahuetes de este sangrado ciudadano que parece no tener fin.
Porque además, Red Ambiental se quedó con la posesión del relleno
sanitario que el panista Rosado Ruelas le había costado casi dos años
de su administración para construirlo con partida federal, obra que incluso fue
motivo de campaña política y fue apadrinada por el entonces secretario de
Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo. La alcaldesa suplente
total ignorante en materia de concesiones fue embaucada por el concesionario de
Red Ambiental y le entregó sin costo alguno ni condiciones el citado relleno
sanitario, que no se sabe porque la fallida ASE no investigó ese asunto que
puede ser tan penado como los 13 millones de pesos que un miércoles Red
Ambiental puso en una cuenta personal de doña Bety.
Según la concesionaria debe presentar anualmente, principalmente en los
meses de noviembre y diciembre de cada año, una propuesta de actualización o lo que es lo mismo, buscar hipotecar las
finanzas municipales con un aumento en el pago mensual a Red Ambiental que, se
traduce por obvias razones en un aumento al cobro al ciudadano ya de por si
irrazonable dada la mala calidad de los servicios que ha prestado en el último
año.
Y no es menor este caso si tomamos en consideración (tal vez a esto teme
la actual alcaldesa), ya que las citadas “actualizaciones” son onerosas de
facto y viciadas de origen porque en caso de no acceder a los aumentos, podría
sobrevenir el embargo de las cuentas municipales a largo plazo, situación nada
apartada de la realidad, toda vez que otra empresa Promotora ambiental, S.A. en
años pasados obtuvo el fallo de un Juzgado civil para embargar al ayuntamiento de
Cuernavaca: 61 bienes inmuebles y 20 cuentas bancarias, ejemplo que debe de
tenerse en cuenta ya que con la calidad de “asesores jurídicos” con que cuenta
la actual comuna puede darse por consumado un hecho semejante.
El espacio se nos acaba y hay mucho todavía por comentar de este asunto
tan estúpido que la ASE dio en parte, porque hay muchos puntos oscuros que ni
siquiera se menciona. Habremos de continuar la semana próxima, pero una cosa
nos queda clara: Bety Selem, Carlos Rosado, Francisco Romellón y cómplices de ellos
quedarán en la más escandalosa impunidad. Ninguno pisará una cárcel y tampoco
devolverán lo que se robaron. Justicia a la mexicana y a la campechana.
LA JUSTICIA TARDA PERO
LLEGA
Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado de Quintana
Roo, recibió en la semana que recién concluyó, un nuevo revés por parte de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su afán por hacerse de una
franja de terreno que también reclama Campeche como suyo y que data
precisamente del sexenio de Mario Villanueva Madrid, problema que por
cierto Jaque
Mate ha analizado exhaustivamente en muchas ocasiones.
Pero retomando la actualidad, dicha situación se dio dentro de una
sesión privada celebrada el miércoles pasado, en la cual se observa, dentro de
los acuerdos celebrados por la Primera Sala a los que tuvo acceso esta columna
y que se encuentran anexos al presente blog, que ambos recursos de reclamación
29/2013-CA, derivado de la Controversia Constitucional 13/1997 y 30/2013,
derivado de la Controversia Constitucional 9/1997, promovidas precisamente por
el vecino Estado de Quintana Roo, fueron declarados como improcedentes al
considerarse que la determinación de dicho Tribunal Pleno “es definitiva e
inatacable por haber sigo pronunciada por el órgano jurisdiccional de carácter
terminal dentro del sistema jurídico mexicano”, sin embargo se entiende que la
misma no constituye una sentencia definitiva sobre el problema limítrofe.
Cabe recordar que dichos recursos fueron promovidos contra la
determinación del Tribunal Pleno en sesión privada del 3 de Junio pasado, en la
que se señalaba la imposibilidad jurídica para solicitar al Senado de la
República remitiera a este Alto Tribunal los expedientes originales y sus
anexos de las citadas Controversias que este mismo le había remitido con motivo
de la reforma constitucional de diciembre de 2005 que trasladó al órgano
legislativo la competencia para resolver los conflictos limítrofes entre
entidades federativas, y de la reforma constitucional de octubre de 2012 que
devolvió dicha competencia a ese máximo Tribunal de la Nación.
En ese entonces la SCJN resolvió que no le tocaba pronunciarse sobre las
Controversias Constitucionales promovidas en el año 1997 por Quintana Roo y
Campeche con motivo de la creación del Municipio de Calakmul, debido a que el
Senado se quedó con los expedientes del caso, los archivó sin haberlos resuelto
y manifestó que existía imposibilidad jurídica para enviarlos al máximo
Tribunal. Precisamente durante la citada sesión del 3 de Junio, hay quien
afirma que los Ministros estudiaron un proyecto que imputaba al Senado de
“responsabilidad política” por su negligencia para resolver estos asuntos
durante los más de siete años que tuvo la facultad para hacerlo, sin embargo al
final de cuentas se optó por la salida más diplomática, entendiendo que la
reforma del 2005 únicamente le dio al Senado una atribución de índole política,
no así jurisdiccional para resolver de facto esos conflictos, dentro del cual
se incluye la Controversia que protagonizan los Estados de Jalisco y Colima, y
con ello evidentemente cesó la competencia de la corte para conocer de ellos,
por tanto si el Senado decidió archivar esos expedientes, se asume lo hizo en
pleno uso de su atribución política y no es problema de la Corte.
Hace unos meses atrás todavía el Gobernador del Estado, Fernando
Eutimio Ortega Bernés, se pronunciaba sobre dicha Controversia con
Quintana Roo afirmando que “Campeche nació entero, está entero y debe
permanecer entero para siempre, creemos en la entereza moral y política; y
creemos en la integridad del Derecho”, hoy casi siete meses después cobran trascendencia
sus palabras y se espera por tanto un pronunciamiento ante tanta batalla
dialéctica venida a más por parte de los quintanarroenses que no desaprovechan
una sola oportunidad para manifestar su beneplácito por los procedimientos
seguidos hasta hace poco.
Justamente un día después de hacerse público los resolutivos señalados
anteriormente, el jueves pasado para ser exactos, la Consejería Jurídica del
Estado de Quintana Roo declaró tras el revés sufrido en la SCJN, que
“continuará agotando todos los medios constitucionales y legales a su alcance
en la defensa de su soberanía territorial, con firmeza, con claridad de
objetivos y con la férrea convicción de que le asiste la razón histórica y
jurídica en este largo litigio”.
Dicha Consejería, a diferencia de la de Campeche, ha estado muy activa
promoviendo incluso una Controversia Constitucional hace un par de años, la
52/2011 en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
organismo que según el Estado de Quintana Roo, “en un claro exceso de
competencia, ha pretendido atribuirse la facultad de fijar los límites
territoriales de las entidades federativas, a través de la elaboración de
cartografías carentes de todo soporte constitucional y de metodologías
técnicamente sesgadas”, omitiendo por ejemplo el abuso cometido por dicho
gobierno de ese Estado contra los miles de ciudadanos del Municipio de Calakmul
al permitir que éstos fueran incluidos dentro del padrón electoral
quintanarroense sin siquiera recibir una inconformidad por parte del gobierno
de Campeche.
Hoy parece que Campeche tiene todas las de ganar, esperemos que así sea
y eso sería una estupenda noticia para todos, sin dejar de un lado el
reconocimiento al que se haría acreedor la presente administración por parte
del pueblo campechano, al defender su soberanía y no ceder sólo un centímetro
de su territorio.
Recordemos que en el sexenio de José Antonio González Curi, éste quiso
negociar con Quintana Roo y ceder una parte de algo que nos pertenece a los
campechanos. En ese entonces un abogado le dijo que si quería ser recordado
como el Antonio
López de Santa Anna, que lo hiciera pero nada tonto se salió de ese
despacho jurídico y nunca volvió a tocar el tema.
Hoy, los campechanos celebramos un hecho de
justicia de la Suprema Corte de la Nación y con el beneplácito (que no se ha
dado) por parte de los yucatecos porque finalmente ellos iban a perder más territorio
que los campechanos. Honor, a quien honor merece. Jaque Mate hace un
reconocimiento a tantas plumas que lucharon al lado de los gobernadores que ha
tenido esta entidad desde que Calakmul fue considerado el ayuntamiento número
10.
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