LICONSA EN
LA CORRUPCION
Diversas anomalías en la adjudicación de un
contrato para transportar leche, hace que Liconsa caiga en la corrupción en una
licitación amañada y sin la presencia de autoridades de Control interno y de la
Secretaría de la Función Pública.
En la reciente adjudicación de un contrato (del que nunca se
mencionó el monto ni se informó cuándo se formalizará el mismo) para
transportar leche Liconsa (Leche heredada por la ex Conasupo), hubo (y
presenciamos) claras y visibles irregularidades, para favorecer al jubilado del
IMSS, que no empresario, Carlos Javier Castillo Campos.
Esta persona es un modesto prestanombre del famoso
“empresario” Eleazar Ek, mejor conocido como “El Hampolol”, ejido de donde
salió en los años 60 del siglo pasado para trabajar como “asistente” de José
Gil Farfán Cab, en la extinta Secretaría
de Obras Públicas federal, brincando de ahí a pitcher de béisbol de donde de la
noche a la mañana comenzó como prestanombre de funcionarios de dependencias
federales como el ISSSTE donde se alió con Fernando Inurreta Baranda y dijeron a tirar
facturas apócrifas por todos lados, luego el IMSS, donde le pusieron un negocio de
venta de aparatos ortopédicos.
Castillo
Campos
laboró por más de 30 años como un modesto almacenista del Seguro Social, donde
finalmente se jubiló hace pocos años y por la amistad con el hijo de “El
Hampolol” desemepeña un puesto de dependiente es SUPROCAM, de donde la mafia
con mucha labia de los Ek y de Freddy Martínez Quijano, lo convencieron de prestar su nombre para ser
“empresario de la recolección de leche en la cuenca del sur del Estado”, donde
si le pregumtan no sabrá ni donde quedan las lecherías ni que hace diariamente
la pipa recolectora del lácteo.
Pero estamos en el regreso del PRI, con nuevas mañas y mucho
más deseos de depredar los recursos del erario federal, a través de
licitaciones y contratos amañados que Jaque Mate habrá de explicar detenidamente la
forma y fondo de esta corrupción que en esta caso sale de Liconsa, filial de
Sedesol y que mucho debe interesar a Rosario Robles Berlanga, porque estamos
seguros de que desconoce a quienes ha nombrado como delegados de la dependencia
donde ahora labora en el combate al hambre del pueblo de México.
Pero volviendo al acto de una licitación amañada, no solo se
dejó sentir el tufo de la corrupción, el tráfico de influencias, sino también
el prepotente interés de la Delegación de Liconsa porque su negocio no se les
saliera del “huacal” y favorecer al prestanombre Castillo Campos, que estamos seguros desconoce
los montos que “su empresa” cobrará mensualmente y lo que los verdaderos
vivales se embolsarán mes tras mes, aunque a él solo le den su sueldo como
dependiente de la tienda de su jefe, y con suerte, unos pesos de más.
El día que se dio a conocer el “fallo”, en las oficinas de
la Delegación de Liconsa, en las Torres de Cristal, donde estuvimos presentes,
un valet de Martínez
Quijano, delegado de esa paraestatal en Campeche y “convocante”
amenazó a un reportero y a otra persona, ambos “oyentes” en la pseudo reunión
para anunciarlo, con echarlos de la Sala de Juntas de la delegación de Liconsa,
en las Torres de Cristal, si osaban o se atrevían a formular una sola pregunta,
por pequeña que esta fuera.
De entrada, al arribar el representante de Jaque Mate
al sitio donde se leería el fallo, el citado joven mayordomo (o caporal por
aquello de la leche), del delegado de Liconsa, Martínez Quijano, de inmediato
se puso a la defensiva cuando leyó el nombre de la primera persona que se había
registrado para escuchar dicho fallo. El faldero del delegado encaró al
periodista: “tú no puedes estar presente, porque esto es totalmente privado”,
mientras, al unísono con la secretaria recepcionista de la dependencia, movía
la cabeza (como Roque Raqueta, el muñeco de Paco Miller), negativamente, en
visible desacuerdo de la indeseable presencia del enviado por esta columna, en
donde quisimos estar al tanto, ya que nos causó mucha extrañeza que, la
convocatoria, se hubiese realizado por medio de “Compranet.com”, como si se
tratase de comprar cacahuates, mascotas, muebles, etc., y no de una
convocatoria para una licitación pública para un servicio a una dependencia
gubernamental federal.
Sin embargo, al responderle el periodista que aquello del
fallo era una cosa totalmente pública, el asistente del delegado, al parecer
previamente aleccionado, se retiró un rato y, minutos después regresó con una
postura contraria: “bueno, sí puedes estar presente en el fallo, porque este es
público”. A la hora de iniciar el mismo, espetó al periodista: “Vas a entrar o
no vas a entrar”. Jaque Mate entró.
Pero de inmediato, al entrar, nos dimos cuenta de las
violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y
lo amañado del proceso, a pesar de que no esperábamos nada nuevo ni diferente a
lo que se suele hacer cuando se trata de licitaciones y adjudicaciones de obra
pública y/o compras de servicios de las entidades gubernamentales, sean
federales, estatales o municipales.
En una lectura somera, violatoria de la Ley de
Adquisiciones, la subdirectora de Administración y Finanzas de
Liconsa-Campeche, María del Carmen Narváez Flores, expuso que las
otras dos empresas “participantes”: Transportadora Interamericana, S.A. de C.V.
y Transportadora y Edificadora “Libra”, fueron desechadas por supuestas
“inconsistencias”, mientras que, la empresa Carlos Javier Castillo Campos,
“cumplió con todos los requisitos”.
Sin embargo, dichas “inconsistencias”, no fueron expuestas
ni detalladas, en la sesión del “fallo”, con lo cual se violó el Artículo 30. Fracción
III, que a la letra dice: “Los concursos se celebrarán en el lugar, fecha y
hora señalados, desarrollándose en la siguiente forma”: Una vez declarado
abierto el concurso y registrarse a los interesados con sus respectivos sobres
cerrados (plicas); procedido a su apertura, desechando aquellos que no cumplan
con los mínimos requerimientos, la fracción III precisa que: “III. Se dará
lectura en voz alta a las propuestas admitidas y se elaborarán cuadros
comparativos de las mismas, verificando que estas no contengan errores
aritméticos, en cuyo caso, se rectificarán tomando en cuenta las cantidades”.
Durante el fallo, cuya lectura solo duró 10 minutos, nunca
se mostraron los cuadros comparativos, como marca esta Ley; pues las
comparaciones no pueden quedarse en el secreto, ya que esta Ley solo manda
mantener en reserva los detalles de las propuestas de cada interesado. Empero,
está claro que, cuando se trata de hacer las comparaciones para seleccionar al
ganador, se tiene que hacer ese cuadro que marca el artículo 30 de la Ley en
cuestión, para que los desechados sepan que fueron tratados justa y legalmente.
La única que emitió el fallo, la de Administración y
Finanzas de Liconsa, visiblemente nerviosa y presionada por el “secre” del delegado
quien la vigilaba a su lado que no dijera ninguna torpeza, se limitó a decir
escuetamente que, a “Libra” se le desechaba porque solo cumplía “parcialmente”
con el requisito referente al número de empleados, pues no aclaró si tenía siete
empleados nominales más cuatro eventuales o si todos estaban en nómina.
En tanto, de la empresa “Interamericana” solo se afirmó que
tenía capacidad para transportar 32 mil toneladas de leche cuando el
requerimiento, era de 44 mil toneladas.
Desde el principio se violó la Ley, pues no estuvo presente
el titular de la dependencia en Campeche, solamente, como dijimos, la de
Administración y Finanzas, situación irregular. Tampoco se anunció cuando sería
la fecha en la que se haría formalmente el contrato al ganador.
Dice el Artículo 29.- “En todo lo relacionado con la
celebración de los concursos intervendrán el titular de la convocante, el de la
Oficialía, el de Finanzas y el de la Contraloría, por si o por conducto de las
personas que designen”.
Empero, la única presente legalmente en dicho “fallo”, fue
la de Administración y Finanzas, Carmen Narváez, quien dio la bienvenida y se
presentó: “soy fulana de tal y a continuación voy a leer el fallo”. Y
sanseacabó.
Junto a ella, estaba otra persona del sexo femenino, a quien
nunca presentó ni tampoco ella se presentó, por lo que se descarta que se
tratase de la Oficial Mayor, y no se podía abrir la boca pues el celosísimo
joven del delegado Freddy Martínez Quijano mantenía los ojos en
ascuas sobre el reportero y la otra persona “oyentes” para sacarlos a la menor
palabra.
De hecho, después de presentarse Narváez Flores, el secretario
del delegado leyó lo que dijo era el reglamento y advirtió que ahí decía que
los asistentes (el reportero y una mujer, quien dijo que la enviaron pero sin
carta poder) que no llevasen una carta poder de la empresa quien los envía no
podían preguntar nada ni pedir aclaraciones, y si lo hacían, “se les iba a
pedir que abandonen la sala”.
Antes del fallo y después de este, se preguntó por el
delegado de Liconsa, pero su “achichincle” volvía y volvía a responder que
"no estaba" y aunque reconocía que sí se le podía entrevistar sobre
este asunto, nunca informó de la presencia del funcionario a fin –obvio- de no
entrevistarlo sobre las claras irregularidades en este acto de licitación.
Como decíamos, en esta “licitación” se violó la Ley desde el
principio, toda vez que, por tratarse de una licitación pública, se debió de
publicar en un periódico de mayor circulación en la entidad.
Pero el único sitio en donde supuestamente fue publicada la
convocatoria, fue en “Compranet.com”, es decir, por vía Internet, cuando este
medio no es lícito ni reconocido pues aunque la mayoría de las empresas tendría
acceso a Internet no todas estaban al pendiente de esa vía para conocer de las
convocatorias a licitaciones de las dependencias de gobierno.
Artículo 24.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más
pedidos, debiendo
publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación.
Lo anterior, como se señala en el Artículo 23, “Para que libremente se presenten
proposiciones en sobre cerrado (plica) que será abierto públicamente a fin de
asegurar al gobierno federal las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes…”.
No se hizo.
Tampoco se hizo lo que obliga el Artículo 24, en cuanto a
que: V. “La convocante en base al análisis de las propuestas admitidas y al
presupuesto disponible emitirá dictamen por escrito que servirá como fundamento para
tal fallo”.
El dictamen no se hizo por escrito, sino solo se anunció que
se publicaría por Internet. Esta fue la razón de que no asistió ningún
representante de ninguna de las empresas supuestas participantes. Pues no tenía
caso, ya que no iban a recibir nada por escrito. Como así fue, pues al término
de la lectura, la lectora le preguntó al “secretario” del delegado Martínez
que si los dos “oyentes” no iban a firmar una copia de lo leído y se les
entrega, a lo que el dicho “secre” le sentenció a regaños que “No, porque ellos
solo están como oyentes”.
Tampoco, y esto acaba por demostrar un fondo demasiado
dudoso de este proceso de licitación, la única funcionaria de Liconsa que
asitió al “fallo” dio a conocer cuándo sería la fecha en que se haría el
contrato formal con la empresa ganadora.
Artículo 24, Fracción VI. “En el acto de adjudicación la
convocante dará lectura en voz alta al dictamen, el cual deberá señalar a quien
se le adjudica el contrato o pedido, los motivos que fundan la resolución, así
como las demás proposiciones que considere conveniente incluir.
De igual manera se acordará, el lugar, fecha y hora en que se formalizará
el pedido o contrato; que será 20 días hábiles después del acto de adjudicación,
como plazo máximo.
Pues a pesar de que se señala un plazo de 20 días hábiles,
la Ley dice que en después del fallo se debió y
precisa, la fecha exacta en que se haría el contrato al ganador.
Y para finalizar esta entrega, la Fracción VIII. “De todo lo
actuado quedará constancia en acta que firmarán las personas que hayan
intervenido, haciendo mención de quienes se negaren a hacerlo. Así mismo, se
asentarán las observaciones que en su caso, hubieren manifestado los participantes”.
Como se ha señalado, no hubo nada de esto. Todo se hizo por
“Compranet.com”. Nada por escrito. Los que fueron al fallo, que no eran
representantes formales de empresas, fueron casi echados al término de la
lectura del dictamen y amenazados con sacarlas antes si hablaban o preguntaban
sobre el irregular contrato que nunca se dijo cuándo se concretaría.
Ahora bien, una cosa es que el delegado de Liconsa esté
pensando en hacer negocios truculentos que habremos de señalar en esta columna
más adelante, o que cuando menos nadie entiende porque no se apegan como deben
a la Ley que regula las Adquisiciones en el Estado y otra cosa es que este
asunto se haya acabado por completo. Pues por donde pasa el becerro destructor,
ahí se le sigue la pista para ver qué va dejando atrás. Al tiempo y no tan
largo habremos de referirnos a la forma de operar de Liconsa.
Ahora bien supongamos sin conceder, que el testaferro Carlos Javier
Castillo Campos (pobre mi tío Fernando, se moriría de nuevo si ve en que
está metido su hijo), facilitó su nombre y datos al hijo de Eleazar Ek,
porque éste como puede ser evasión
fiscal, temas sucesorios de familia, buró de crédito, etc. por razones
inconfesables no desea que los pagos de Liconsa mensuales estén a su nombre por
algún motivo.
El proceso es un tanto complejo. En el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y a nombre de Castillo Campos el domicilio
fiscal es señalado en la calle 59 número 41, Centro Campeche y su actividad se
asienta como el Autotransporte Foráneo con Refrigeración. Su situación de
registro dice que inició operaciones el 23 de mayo de 1975.
¡Increíble! don Carlos Javier, en ese entonces tenía 25 años y
no pegaba un golpe porque vivía en casa de sus abuelos maternos en la calle 12
entre 65 y 67 del hoy Recinto Histórico. Y como ese dato, hay otras falsedades
en que en una simple investigación del SAT puede corroborarse en detrimento de
este prestanombre de Freddy Martínez Quijano y de Eleazar Ek,
quienes harán el gran negocio con la recolección del lácteo en la cuenca
lechera de Campeche.
Ante un notario o fedatario es facil confeccionar un escrito
que seguramente garantiza a Eleazar Ek la verdadera propiedad de esta
concesión ilícitamente lograda.
El Grupo de Trabajo de la Procuraduría General de la
República (PGR), presentó el año pasado un paquete muy completo de reformas
tanto en la ley de delincuancia organizada como en el Código Penal, y lo que
está previendo es castigar a los prestanombres o testaferros, dijo hace unas
semanas atrás la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Las reformas proponen que se castigue a quien haya prestado
su nombre para constituir una sociedad o realizar una compra-venta. Cuando no
hay causa legal para hacerlo.
Puede haber casos en los que se justifique, pero prestar el
nombre para constituir una sociedad o realizar una compra-venta y luego resulte
que desconocían que era “dinero sucio” será penalizado en breve.
Otro caso será la transferencia de acciones, incluso en
operaciones con empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Las
propuestas buscan sancionar con una pena de cinco a 15 años de prisión a
quienes falten a la normatividad, además de que establece nuevos sujetos a
reportar las acciones sospechosas.
Existen prestanombres que son engañados y que en principio
actuaron de buena fe, involuntariamente están siendo utilizados para la corrupción y el lavado de
dinero.
Un prestanombres es una persona que más allá de lo permitido
por la ley, autoriza a otro emplee su nombre para realizar actividades (por lo
regular ilícitas) que no puede hacer el peticionario de forma personal
(deudores boletinados, desfraudadores y personas que por sus antecedentes son
vigilados por las autoridades).
SOBRE EL
PERRO MAS FLACO…
En medio del escándalo de Oceanografía se han emitido
decenas de juicios, pero en todos ellos hay un chivo expiatorio, el villano
favorito, el perro más flaco al que le han caido todas las pulgas: Mario Alberto
Avila Lizárraga.
Es cierto, la verdadera joya de la corona de los cargos
federales fue, es y seguirá siendo la subdirección de Mantenimiento y Logística
de Pemex en Ciudad del Carmen, donde fue cesado el día 1 de diciembre de 2012,
el ex candidato al gobierno del Estado de Campeche. El cese fulminante obedecía
a un plan perfectamente orquestado desde Los Pinos, al cesar la enorme
influencia de la familia Mouriño Terrazo luego del auge económico que ésta tuvo durante
el docenato panista.
Esta subdirección es considerada la auténtica joya de la
corona de los cargos federales a nivel estatal. Durante su gestión Avila Lizárraga
movió recursos por más de 60 mil millones de pesos anuales, que son un 200 por
ciento del POA y un 400 por ciento del Presupuesto de Ingresos del Estado,
ambos del 2013. Otorgó contratos millonarios a la clase panista en especial al
director general de Oceanografía, Amado Yañez Osuna, este fue al parecer la
principal causa de todo el proyecto de EPN para moverle el tapete a su antecesor Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, y con él a su incondicional Ernesto Cordero Arroyo.
Los panistas acusan a EPN de inmiscuirse en la elección interna del
Partido Acción Nacional, para que Gustavo Madero derrote en el próximo proceso
electoral a Ernesto
Cordero Arroyo y en jugada de Jaque Mate desaparezca la influencia del
anterior presidente de la República y todo el grupo que lidera en las filas de
Acción Nacional.
Dice el grupo de Cordero Arroyo que este caso no tiene nada que
ver con contratos, con Oceanografía, ni con Amado Yañez Osuna, sino que
“buscan doblegarlos, amainarlos y presionarlos para ceder ante una de las
banderas que el PAN tiene en las leyes secundarias de la reforma energética”,
expresó el senador Roberto Gil Zuarth, del grupo corderista.
Este senador en larga entrevista a la revista Proceso afirma
que “El PRI y el gobierno federal tienen la tentación y aprovechan la ocasión
para intervenir en la vida interna del partido. Es el modelo del PRI del Estado
de México: intervenir en los otros partidos”.
Gil Zuarth, secretario particular de Calderón, ex diputado federal,
dos veces subsecretario de Gobernación y derrotado por Madero en la contienda por el
PAN, en 2010, no evade el expediente de corrupción atribuido al PAN, y afirma
que se deben “exorcizar a los fantasmas” de ese partido.
Sin embargo advierte, en el caso de las leyes secundarias de
la reforma energética y de otros temas fundamentales, que el PAN no puede
dejarse presionar por el gobierno federal y volver a ser “perros acosados” como
decía el ideólogo del PAN, el yucateco Carlos Castilla Peraza.
Gil Zuarth afirma que “Enrique Peña
Nieto se llevará una sorpresa. Intervenir en la vida política del
PAN le va a implicar una dificultad importantísima en la interlocución
política. Porque, hay que decirlo con claridad, el Senado durará el mismo
tiempo de su gestión, y aquí habrá
quienes estamos dispuestos a defender, hasta con la vida, a una institución”.
Una foto de Madero, abrazado con la sobrina de "Chano" Pérez
Aguilar, de nombre Illeana Jannette, ambos a bordo del jet
ejecutivo, propiedad de Amado Yañez Osuna, cuando ambos se trasladaban
de Ciudad del Carmen a la capital de Campeche, acrecentó la confrontacion entre
facciones. Luego de deslindarse, exigió castigo a los responsables sin distingo
de su militancia, y con malicia, involucró a Calderón y Cordero.
Madero, soltó una verdad de a
kilo: “estoy seguro que la información detallada sobre el caso Oceanografía
podrán ofrecerla los funcionarios que administraron Pemex en los últimos doce
años, así como los miembros de su Consejo de Administración en ese lapso”.
Por su parte Gil Suarth dice que es una paradoja que esté
reservada toda la información del caso Oceanografía para salvaguardar las
investigaciones, pero que se filtren nombres de personas vinculadas al PAN,
como es Mario
Avila Lizárraga. Está rservado todo lo que pasó en 2013, pero no un
contrato suscrito en los primeros días de diciembre de 2012, antes del relevo
en el cargo de Avila
Lizárraga en la subdirección en Pemex que. Al final de cuentas, no
provocó ese addendum ninguna
contraprestación a cargo de la paraestatal. Fue una cacería de brujas.
Pretender tapar la cloaca de Fox y Calderón, a cambio de leyes
secundarias. Se debe investigar antes que a MAAL a Amado Yáñez Osuna y detrás de
todo este cochinero al grupo Mouriño.
Según una nota del periódico capitalino Excelsior de fecha
17 de marzo pasado, el área que dio 76 contratos a Oceanografía de 110
otorgados en los últimos once años, fue Manuel Jesús Alegría Constantino, coordinador
de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP). MAAL solo
trabajó dos años y meses en ese cargo, pero está calculado que había sido
marcado como villano favorito.
Esos 76 contratos firmados por Alegría Constantino significaron
un ingreso de 31 mil 750 millones 915 mil 97047 pesos, es decir, 62.2 por
ciento de los 50 mil 981 millones 819 mil 596.27 pesos que Oceanografía “ganó”
en los últimos once años con la firma de 110 acuerdos con Pemex.
Excelsior señala que cinco áreas de Pemex Exploración y
Producción (PEP), durante el tiempo que estuvo a cargo de Jesús Ramirez Corzo y Carlos Morales
Gil, desde el tiempo de Fox (en los que Martita mandaba en Pemex) en
2003, implicaron “ganancias” a Oceanografía por más de 50 mil millones de
pesos.
Esas firmas que aparecen en contratos dan claramente los
nombres y cargos de Coordinador de Servicios Marinos; Subdirección de Servicios
y Proyectos; Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos; Subdirección de
Producción región marina Suroeste y Subdirección de Producción Región Marina
Noroeste.
En un ejemplo de la firma de contratos con el número
428237849 se observa que Alegría Constantino acordó con el apoderado
legal de Oceanografía, Jaime López Zermeño, “el montaje de equipos y
estructuras diversas, adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la
operación en las instalaciones de PEP, en la zona económica de los Estados
Unidos Mexicanos” por cuatro mil 902 millones 777 mil 273.76 pesos.
El documento define claramente que Alegría Constantino con su
carácter de subdirector de la Coordinación de Servicios Marinos, era el
funcionario inmediato inferior al director de pemex Exploración y Producción de
conformidad con escritura pública de la Notaría Pública 117 de México, D.F.,
contaba con las facultades que le corresponden a los mandatarios generales para
pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio.
Desde el 2006 ---antes de que tomara posesión Felipe Calderón---,
Alegría
Consantino comenzó a ser el subdirector de la Coordinación de
Servicios Marinos. De acuerdo con el portal de Transparencia, actualizado al 14
de septiembre de 2013, Alegría seguía con ese cargo, el primer
contrato firmado entre Oceanografía y esa unidad coordinadora de Pemex, se fija
el 1 de diciembre de 2003 y el último el 4 de marzo del año pasado.
De los 25 contratos que PEP firmó con oceanografía a lo
largo de todo 2012, con lo cual promedió dos por mes, 16 fueron responsabilidad
del coordinador de Servicios Marinos; seis más son de la Unidad de Perforación
y Mantenimiento y tres de la subdirección de Servicios a Proyectos.
Otro “angelito” que está muy escondido es Ricardo Palomo
Martínez, quien en la unidad de Perforación y Mantenimiento de
Pozos, firmó en tercer lugar el mayor número de contratos con Oceanografía.
Manuel
Jesús Alegría Constantino, reportaba directamente a la dirección de Pemex Exploración
y Producción. El grave problema y una real estupidez de MAAL fue haber firmado el
adéndum (que es un anexo al original de un contrato) cinco días después de
haber sido cesado en el cargo. Esa firma a destiempo por cierto implicaba el
pago de 100 millones de pesos a Oceanografía.
