UN “LEVANTON” SUI GENERIS

En primera instancia tengo que decirlo, Juan Manuel Escoffié Castillo, no fue, no es un perita en dulce. Ha sido un hombre envuelto siempre en la polémica, desde mi ya lejana niñez lo conocimos siempre inquieto y envuelto en todos los asuntos que en el populoso barrio de San Román se generaban allá por los años 60 del siglo pasado.

Escoffié Castillo fue un narrador singular que proyectó cosas y sucesos; mirajes retrospectivos en sucesión de estampas con el matiz del tiempo; la dimensión exacta de los espacios interiores y exteriores, y el sentido terrestre que gravitó en su memoria prodigiosa; vaciaba con frecuencia su corazón en cornucopia generosa por los cuatro puntos cardinales de San Román, en sucesión de estampas con el matiz del tiempo; la dimensión exacta de los espacios interiores y exteriores de todo aquello que rodeaba a la venerada imagen del Cristo Negro de San Román.

Es indiscutible que Escoffié Castillo ha venerado siempre al Señor de San Román. Su vida giró en torno de las fiestas de este barrio y vivía su mejor momento y sus esfuerzos mayores durante el mes de septiembre, fecha de esta celebraciones anuales.

Juan Manuel era un adversario formidable en esos años, incluso se había opuesto al poderoso Comité Organizador de la Feria de San Román que presidió el desaparecido empresario Ricardo Guerrero Barahona y a un grupo fuerte de personas que integraban ese comité. Los fastos religiosos de septiembre tenían siempre que llevar el visto bueno de Escoffié Castillo. El tenía que ver con todo: gremios, aparatos mecánicos, puestos de fondas como las de La tecaxeña, artesanos artífices, artistas de las tandas, coronaciones de reinas, poetas, músicos, artistas campechanos y hasta los que lanzaban voladores, regueros y artillaban los cañoncitos (3) El rey y los leones.

Prolijo sería enumerar hasta dónde llegaba la influencia de tan singular personaje sanrromanero. El se daba el lujo de tratar hasta campechanos ilustres como don Enrique Hernáandez Carvajalr personaje sanrromanero. El se daba el lujo de tratar hasta campechanos ilustres como don El rey y los leones.

ndez Carvajal, al jurista don Fernando Trueba Formento, así también como a los hombres rudos del barrio: carretilleros, marinos, etc.

Fue además un cronista ilustrado que incluso publicó libros auspiciados por los gobiernos estatal y municipales. Fue además un protegido de un industrial poderoso, vecino de él, que le proveía muchos de los satisfactores económicos.

Pero en la vida todo lo que principia, acaba. Y los días dorados de Escoffié Castillo terminaron Consummatum est.

Hoy, a sus cerca de 90 años y aprovechándose de esta vejez, personas mal intencionadas pretenden despojar de la única propiedad que tiene Juan Manuel Escoffié Castillo que es su modestísima vivienda ubicada en el número 32 de la Calle Bravo de San Román, entre las calles 12 y 14 y con el aval de cuando menos cuatro notarios públicos, entre ellos María de las Mercedes Espínola Toraya, Xavier Hurtado Oliver, Gerardo Delgado Mendicuti y Ramón Rosado Lanz, este último tío político de la presunta despojadora.

Por este hecho, y a raíz de que un sobrino lejano de Escoffié Castillo, Juan Carlos Molina Aguileta, pidió la ayuda de un abogado, con lo que se inició el Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Escritura Pública, que obra en el expediente 197/II-2012, del Juzgado Segundo Civil.

Los acusados son los licenciados Enriqueta Sansores Díaz y Humberto Miguel Valdez Hernández, anterior director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Campeche, quien admitió los hechos.

La primera acusada, quien fungió como presidenta del DIF Municipal de Campeche, es esposa del ex secretario de Finanzas de Abelardo Carrillo Zavala; ex alcalde de Campeche; ex delegado del IMSS; ex senador de la República; ex diputado federal; ex diputado local y presidente de la extinta Gran Comisión del Congreso del Estado y simultáneamente sin renunciar a este último cargo ---porque los cargos de elección popular son irrenunciables---, fue nombrado por el actual gobierno estatal como Coordinador de Asesores, al que renunció luego de un escándalo y tuvo que terminar perdido en una curul hasta la conclusión del cargo. Finalmente el año pasado y seguramente con el apoyo de Emilio Gamboa Patrón (a) “El chupón”, logró colarse como delegado del ISSSTE en la entidad.

La primera acusada afirma en su alegato que el predio donde habitaba Escoffié Castillo se lo heredó su padre, Manuel Sansores Perez, hermano menor del ex gobernador Carlos Sansores Pérez.

Sin embargo el propio despojado, acompañado de su sobrino denunció que su predio ha sido vendido…¡en siete ocasiones! Pues aparece ese número de operaciones de compra-venta, a pesar de que nunca ha salido por un largo período de su casa, ni mucho menos vendido su única propiedad, que habita desde hace más de 60 años en el barrio de San Román, propiedad que acredita debidamente.

En los documentos oficiales se señala que la última “compradora” fue la citada Sansores Díaz de Méndez, quien argumenta que el predio de Escoffié Castillo se encuentra en “comodato”, sin precisar cómo y cuándo se la dieron en tal condición al sanrromanero.

La esposa de Víctor Méndez, recurrió a su tío notario público para avalar la supuesta  escritura a favor de su esposa, afirmando que el predio citado le fue heredado por su padre Manuel Sansores Pérez, quien habría sido “pareja” de la madre de Escoffié Castillo.

En sus alegatos la cónyugue del delegado del ISSSTE dice que su padre fue “pareja” de la madre de Escoffié, pero eso es refutado porque al parecer ese predio nunca ha sido vendido a nadie, aunque varias personas la han querido comprar.

El sobrino del hoy despojado ha señalado que existen otras demandas por otras vías, contra notarios y el titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ya que en la escritura con la que Sansores de Méndez se ostenta como dueña, le falsificaron la firma a su tío Escoffié Castillo y que los notarios actuaron fuera de la ley.

En un alegato reciente de Manuel Escoffié ante el Juzgado segundo, refirió “que con fecha 1 de febrero de 2012 ante este Juzgado, presenté demanda en la vía ordinaria civil con la acción de nulidad de escritura pública número 1801/2008 con número de cuenta U003343 clave catastral 02-001-1-1-3-06-00-00-00 y de la misma manera, la nulificación del comodato celebrado por la señora Enriqueta Sansores Díaz, y de igual manera, la nulidad de los actos de los notarios públicos que participaron”.

En el alegato II, añadió que la demanda “fue ratificada y admitida, en donde el Juez ordenó el emplazamiento a los demandados para su debida contestación”, apuntando que el 26 de marzo de 2012, fueron ofrecidas las pruebas en tiempo y forma.

En su escrito el ofendido citó 14 ordenamientos legales, por los cuales, la operación de Sansores Díaz para apoderarse del predio de Escoffié Castillo, debe de ser nulificado por ilegal, por nunca haber sido vendido y existir un falsificación de la firma del propietario.

En documental pública, Escoffié Castillo solicitó al Registro Público de la Propiedad y Comercio, los antecedentes registrados del predio número 32 de la calle Bravo, del barrio de San Román y que se expida copia certificada del registro 1949K, Tomo 57, a fojas 418 a 420, inscripción V número 82-43, “para poder demostrar que nunca ha firmado ni vendido mi propiedad, que tengo en posesión hasta la presente fecha, tal y como manifesté en mi escrito inicial de demanda”.

Por su parte, consultado al respecto, el entonces director del Registro Público de la Propiedad y Comercio, Humberto Miguel Valdez Hernández, en breve entrevista que le hicieron, dijo saber del predio de Manuel Escoffié y comentó que le falsificaron la firma y que él, cuando le presentaron (el o los notarios públicos) las escrituras para que les diera de alta, no sabía, ni podía saber que era falsificada dicha firma.

De la demanda en su contra, Valdez Hernández precisó que no es en su contra sino en contra del Registro Público de la Propiedad y Comercio y señaló que a esta dependencia, lo demandan de oficio, cuando alguien tiene un problema como el de Escoffié.

Sin embargo, aclaró, de la parte de los que afirman ser propietarios, estos dicen que Escoffié Castillo si firmó la venta y que recibió el dinero, pero que le dijeron que podía seguir viviendo en ese predio hasta que falleciera, aunque ahora aparece un sobrino y se ha creado una situación que se ventila en un juzgado.

“EL LEVANTON”

La esposa de Víctor Méndez sería responsable de graves señalamientos de privación ilegal de la libertad, cometidos en contra de Juan Manuel Escoffié Castillo, quien durante toda su vida se ocupó de la organización de las festividades en honor al Señor de San Román, del tradicional barrio del mismo nombre y las acusaciones contra Enriqueta Sansores de Méndez Lanz, se las formula un familiar de la víctima asesorado por un abogado ante el Juzgado Primero de Distrito, con sede en esta ciudad capital.

De acuerdo con una investigación realizada por Jaque Mate, Juan Carlos Molina Aguileta, familiar del cronista sanrromanero como es conocido Juan Manuel, interpusieron el amparo 40 III B/2014, en contra de las citadas personas, por el confinamiento y aislamiento en que hoy se encuentra en el asilo de ancianos “Dolores Lanz de Echeverría”, donde fue llevado. Muchos vecinos del barrio se preguntan porque no les permiten verlo cuando han ido a visitarlo al asilo mencionado.

Otros denunciados además de la señora de Víctor Méndez, son el director del asilo u hogar de ancianos, Dr. Alvaro Montero Segovia. Este se encuentra señalado como responsable de haber ordenado el “levantón” y encierro de Escoffié Castillo, que hoy sufre totalmente en contra de su voluntad y en un acto que vecinos de San Román consideran que fue un “levantón”.

El multicitado sanrromanero nació en este barrio el 27 de diciembre de 1924, por lo que este año cumpliría 90 años. No obstante contar con una propiedad legada por su madre y con un pariente que lo atendía, sin ningún problema, fue “arrancado” de la silla de ruedas en que se movía en su domicilio y llevado a un asilo donde vive sus últimos días en un aislamiento total, sin la posibilidad de ser visitado por nadie, ya que el director de ese lugar tiene dejadas instrucciones de no permitirle visitas, ni aún de su familiar.

Montero Segovia dirige el asilo de ancianos desde hace varias décadas y ha venido siendo el centro de muchos recelos de campechanos que han tenido que vender sus viviendas o, según nos hemos enterado, entregarle cualquier propiedad al asilo mencionado, para que pueda ser recibido como interno. Mientras tanto se pregona que se trata de una institución de asistencia social y todo mundo cree que no se cobra por darles ese servicio, puesto que ese lugar recibe un subsidio dentro del presupuesto anual destinado a la asistencia social y apoyo también de programas federales.

En plática con el familiar de Escoffié, acompañado de su abogado de apellido Trujeque, ambos señalan que Escoffié Castillo “fue levantado” y llevado en contra de su voluntad al asilo de ancianos y que en ese hecho tuvo injerencia Enriqueta Sansores en complicidad con el director del asilo de ancianos. Alvaro Martín Montero Segovia.

De acuerdo con la información, la firma de Manuel Escoffié, fue falsificada, razón por la que su propiedad de la calle Bravo, aparece en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Campeche, comprada y vendida siete veces. El anterior director del RPPyC, Humberto Miguel Valdez Hernández, en su momento al ser cuestionado por Jaque Mate, reconoció que pudo haberse falsificado la firma del hoy “levantado”.

La última “compradora” y que ahora se ostenta dueña con escrituras públicas apócrifas, de las que se pedirá su nulidad en su momento, se trata de Enriqueta Sansores.

Debido a la avanzada edad de Manuel Escoffié, Sansores Díaz, contando con todo el apoyo de su esposo se presume que es la responsable del “levantón” que sufriera hace ya varios meses Escoffié Castillo.

Montero Segovia, director del asilo de ancianos le ha negado la visita incluso al pariente de Escofié Castillo, quien lo atendía en su domicilio, Juan Carlos Molina Aguileta, también campechano conocido en la ciudad. “Prácticamente mi tío está secuestrado en el asilo de ancianos. Es un secuestro, pero tenemos que llamarle privación ilegal de la libertad por cuestiones legales. Pero lo aislado, privado de todo derecho a visitas, peor que si fuese un reo de alta peligrosidad encerrado en un penal de máxima seguridad.

En este caso hay que considerar que hay inmiscuidas varias personas con altos cargos que hay sido permeados por la influencia de Víctor Manuel Méndez Lanz. En el amparo, cuya audiencia constitucional se efectuará el próximo 24 de mayo, luego de diferirse en dos ocasiones, debido a que el Juzgado se negaba a aceptar las aportaciones que hacía el familiar de Escoffié Castillo, y la razón que daban era que aún no habían las autoridades responsables presentado su informe justificado.

Esta injusticia no acabó con el pretendido despojo del predio en pugna, encerrando a su dueño en el asilo para que ya no fuera óbice a las ambiciones de la esposa de Méndez Lanz, sino que su estrategia llegó al grado de que le cambiaron el nombre a Juan Manuel Escoffié Castillo, quien está registrado en el Asilo de Ancianos ”Dolores Lanz de Echeverría” como “Manuel Escoffié Carrillo”.

“Dolosamente para revolver y enredar todo y concretar el fraude y despojo contra mi tío, le cambiaron el nombre. Lo tienen asentado como “Carrillo” en su segundo apellido y le asientan además que su abuelo era Juan José Escoffié y que su madre era una tal “Brígida Carrillo”, señala el sobrino del afectado.

Pero todo eso no es cierto, su abuelo era Victoriano Escoffié y lo se porque yo tengo un pergamino ---que ha de presentar al Juzgado de Distrito en su momento---, en donde nombran al abuelo de mi tío como Capitán Naval. Todo lo cambiaron para enredar y así se puedan quedar con la propiedad de mi tío que viéndolo bien no es tan grande ni costosa, pero es el lugar adonde mi tío quiere pasar sus últimos días, precisa Molina Aguileta.

No cabe duda que los políticos es una fauna que ha depredado a la sociedad civil. Sabemos que en San Román se han aposentado y comprado muchas propiedades en las cercanías del parque de San Román. Habremos de señalarlas en su momento.

Por lo pronto es la justicia federal la que tiene la última palabra sobre este asunto de un hombre que ha dejado huella en este barrio con muchas recopilaciones como son: Radiografía del Barrio de Santa Ana, Una reseña del muelle fiscal de Campeche, Historia de la vida cotidiana de los antiguos sanrromaneros y San Román, barrio tuyo como mío.

De todo lo anterior señalado lo que verdaderamente sorprende no es la desmesura del silencio ante la posible crítica, sino la pasividad de las autoridades para impartir justicia pronta y expedita, sin importar si se rasgan voluntades e influencias de la casta política que tanto daño ha hecho a esta entidad.

PA ARRIBA MAMI PA ARRIBA

Ana Martha Escalante Castillo puede decirse que dio el disparo de salida con el cambio de Fernando Murillo Arzat, quien estaba al frente de Servicios Públicos hasta que este dio el resbalón con las huacaleritas. El hecho le costó irse a la SMAPAC, donde lo que puede hacer es no reparar las decenas de fugas (no de información) de agua clorada, además le creó la subdirección de Atención Rural.

También movió a Juan Carlos Salazar, gente del nefasto Carlos Oznerol Pacheco Castro. Como quien dice, está limpiando el camino hacia el 2015 porque quiere ser la cuarta en orden sucesivo en función de que los tres últimos gobernadores salieron del ex Cuartel Pedro Baranda.

En un boletín de prensa de la Comuna AMEC no manda ya mensajes subliminales: está en abierta campaña.

Pero es sumamente natural porque dos legisladores federales como son Raúl Aarón Pozos Lanz y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, hace mucho tiempo que arrancaron sus pre campañas y en ellas han gastado millones de pesos. La equidad de género se había rezagado.

LICONSA EN LA CORRUPCION

Diversas anomalías en la adjudicación de un contrato para transportar leche, hace que Liconsa caiga en la corrupción en una licitación amañada y sin la presencia de autoridades de Control interno y de la Secretaría de la Función Pública.

En la reciente adjudicación de un contrato (del que nunca se mencionó el monto ni se informó cuándo se formalizará el mismo) para transportar leche Liconsa (Leche heredada por la ex Conasupo), hubo (y presenciamos) claras y visibles irregularidades, para favorecer al jubilado del IMSS, que no empresario, Carlos Javier Castillo Campos.

Esta persona es un modesto prestanombre del famoso “empresario” Eleazar Ek, mejor conocido como “El Hampolol”, ejido de donde salió en los años 60 del siglo pasado para trabajar como “asistente” de José Gil Farfán Cab,  en la extinta Secretaría de Obras Públicas federal, brincando de ahí a pitcher de béisbol de donde de la noche a la mañana comenzó como prestanombre de funcionarios de dependencias federales como el ISSSTE donde se alió con Fernando Inurreta Baranda y dijeron a tirar facturas apócrifas por todos lados,  luego el IMSS, donde le pusieron un negocio de venta de aparatos ortopédicos.

Castillo Campos laboró por más de 30 años como un modesto almacenista del Seguro Social, donde finalmente se jubiló hace pocos años y por la amistad con el hijo de “El Hampolol” desemepeña un puesto de dependiente es SUPROCAM, de donde la mafia con mucha labia de los Ek y de Freddy Martínez Quijano,  lo convencieron de prestar su nombre para ser “empresario de la recolección de leche en la cuenca del sur del Estado”, donde si le pregumtan no sabrá ni donde quedan las lecherías ni que hace diariamente la pipa recolectora del lácteo.

Pero estamos en el regreso del PRI, con nuevas mañas y mucho más deseos de depredar los recursos del erario federal, a través de licitaciones y contratos amañados que Jaque Mate habrá de explicar detenidamente la forma y fondo de esta corrupción que en esta caso sale de Liconsa, filial de Sedesol y que mucho debe interesar a Rosario Robles Berlanga, porque estamos seguros de que desconoce a quienes ha nombrado como delegados de la dependencia donde ahora labora en el combate al hambre del pueblo de México.

Pero volviendo al acto de una licitación amañada, no solo se dejó sentir el tufo de la corrupción, el tráfico de influencias, sino también el prepotente interés de la Delegación de Liconsa porque su negocio no se les saliera del “huacal” y favorecer al prestanombre  Castillo Campos, que estamos seguros desconoce los montos que “su empresa” cobrará mensualmente y lo que los verdaderos vivales se embolsarán mes tras mes, aunque a él solo le den su sueldo como dependiente de la tienda de su jefe, y con suerte, unos pesos de más.

El día que se dio a conocer el “fallo”, en las oficinas de la Delegación de Liconsa, en las Torres de Cristal, donde estuvimos presentes, un valet de Martínez Quijano, delegado de esa paraestatal en Campeche y “convocante” amenazó a un reportero y a otra persona, ambos “oyentes” en la pseudo reunión para anunciarlo, con echarlos de la Sala de Juntas de la delegación de Liconsa, en las Torres de Cristal, si osaban o se atrevían a formular una sola pregunta, por pequeña que esta fuera.

De entrada, al arribar el representante de Jaque Mate al sitio donde se leería el fallo, el citado joven mayordomo (o caporal por aquello de la leche), del delegado de Liconsa, Martínez Quijano, de inmediato se puso a la defensiva cuando leyó el nombre de la primera persona que se había registrado para escuchar dicho fallo. El faldero del delegado encaró al periodista: “tú no puedes estar presente, porque esto es totalmente privado”, mientras, al unísono con la secretaria recepcionista de la dependencia, movía la cabeza (como Roque Raqueta, el muñeco de Paco Miller), negativamente, en visible desacuerdo de la indeseable presencia del enviado por esta columna, en donde quisimos estar al tanto, ya que nos causó mucha extrañeza que, la convocatoria, se hubiese realizado por medio de “Compranet.com”, como si se tratase de comprar cacahuates, mascotas, muebles, etc., y no de una convocatoria para una licitación pública para un servicio a una dependencia gubernamental federal.

Sin embargo, al responderle el periodista que aquello del fallo era una cosa totalmente pública, el asistente del delegado, al parecer previamente aleccionado, se retiró un rato y, minutos después regresó con una postura contraria: “bueno, sí puedes estar presente en el fallo, porque este es público”. A la hora de iniciar el mismo, espetó al periodista: “Vas a entrar o no vas a entrar”. Jaque Mate entró.

Pero de inmediato, al entrar, nos dimos cuenta de las violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y lo amañado del proceso, a pesar de que no esperábamos nada nuevo ni diferente a lo que se suele hacer cuando se trata de licitaciones y adjudicaciones de obra pública y/o compras de servicios de las entidades gubernamentales, sean federales, estatales o municipales.

En una lectura somera, violatoria de la Ley de Adquisiciones, la subdirectora de Administración y Finanzas de Liconsa-Campeche, María del Carmen Narváez Flores, expuso que las otras dos empresas “participantes”: Transportadora Interamericana, S.A. de C.V. y Transportadora y Edificadora “Libra”, fueron desechadas por supuestas “inconsistencias”, mientras que, la empresa Carlos Javier Castillo Campos, “cumplió con todos los requisitos”.

Sin embargo, dichas “inconsistencias”, no fueron expuestas ni detalladas, en la sesión del “fallo”, con lo cual se violó el Artículo 30. Fracción III, que a la letra dice: “Los concursos se celebrarán en el lugar, fecha y hora señalados, desarrollándose en la siguiente forma”: Una vez declarado abierto el concurso y registrarse a los interesados con sus respectivos sobres cerrados (plicas); procedido a su apertura, desechando aquellos que no cumplan con los mínimos requerimientos, la fracción III precisa que: “III. Se dará lectura en voz alta a las propuestas admitidas y se elaborarán cuadros comparativos de las mismas, verificando que estas no contengan errores aritméticos, en cuyo caso, se rectificarán tomando en cuenta las cantidades”.

Durante el fallo, cuya lectura solo duró 10 minutos, nunca se mostraron los cuadros comparativos, como marca esta Ley; pues las comparaciones no pueden quedarse en el secreto, ya que esta Ley solo manda mantener en reserva los detalles de las propuestas de cada interesado. Empero, está claro que, cuando se trata de hacer las comparaciones para seleccionar al ganador, se tiene que hacer ese cuadro que marca el artículo 30 de la Ley en cuestión, para que los desechados sepan que fueron tratados justa y legalmente.

La única que emitió el fallo, la de Administración y Finanzas de Liconsa, visiblemente nerviosa y presionada por el “secre” del delegado quien la vigilaba a su lado que no dijera ninguna torpeza, se limitó a decir escuetamente que, a “Libra” se le desechaba porque solo cumplía “parcialmente” con el requisito referente al número de empleados, pues no aclaró si tenía siete empleados nominales más cuatro eventuales o si todos estaban en nómina.

En tanto, de la empresa “Interamericana” solo se afirmó que tenía capacidad para transportar 32 mil toneladas de leche cuando el requerimiento, era de 44 mil toneladas.

Desde el principio se violó la Ley, pues no estuvo presente el titular de la dependencia en Campeche, solamente, como dijimos, la de Administración y Finanzas, situación irregular. Tampoco se anunció cuando sería la fecha en la que se haría formalmente el contrato al ganador.

Dice el Artículo 29.- “En todo lo relacionado con la celebración de los concursos intervendrán el titular de la convocante, el de la Oficialía, el de Finanzas y el de la Contraloría, por si o por conducto de las personas que designen”.

Empero, la única presente legalmente en dicho “fallo”, fue la de Administración y Finanzas, Carmen Narváez, quien dio la bienvenida y se presentó: “soy fulana de tal y a continuación voy a leer el fallo”. Y sanseacabó.

Junto a ella, estaba otra persona del sexo femenino, a quien nunca presentó ni tampoco ella se presentó, por lo que se descarta que se tratase de la Oficial Mayor, y no se podía abrir la boca pues el celosísimo joven del delegado Freddy Martínez Quijano mantenía los ojos en ascuas sobre el reportero y la otra persona “oyentes” para sacarlos a la menor palabra.

De hecho, después de presentarse Narváez Flores, el secretario del delegado leyó lo que dijo era el reglamento y advirtió que ahí decía que los asistentes (el reportero y una mujer, quien dijo que la enviaron pero sin carta poder) que no llevasen una carta poder de la empresa quien los envía no podían preguntar nada ni pedir aclaraciones, y si lo hacían, “se les iba a pedir que abandonen la sala”.

Antes del fallo y después de este, se preguntó por el delegado de Liconsa, pero su “achichincle” volvía y volvía a responder que "no estaba" y aunque reconocía que sí se le podía entrevistar sobre este asunto, nunca informó de la presencia del funcionario a fin –obvio- de no entrevistarlo sobre las claras irregularidades en este acto de licitación.

Como decíamos, en esta “licitación” se violó la Ley desde el principio, toda vez que, por tratarse de una licitación pública, se debió de publicar en un periódico de mayor circulación en la entidad.

Pero el único sitio en donde supuestamente fue publicada la convocatoria, fue en “Compranet.com”, es decir, por vía Internet, cuando este medio no es lícito ni reconocido pues aunque la mayoría de las empresas tendría acceso a Internet no todas estaban al pendiente de esa vía para conocer de las convocatorias a licitaciones de las dependencias de gobierno.

Artículo 24.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más pedidos, debiendo publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación.

Lo anterior, como se señala en el Artículo 23, “Para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado (plica) que será abierto públicamente a fin de asegurar al  gobierno federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,  calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes…”. No se hizo.

Tampoco se hizo lo que obliga el Artículo 24, en cuanto a que: V. “La convocante en base al análisis de las propuestas admitidas y al presupuesto disponible emitirá dictamen por escrito que servirá como fundamento para tal fallo”.

El dictamen no se hizo por escrito, sino solo se anunció que se publicaría por Internet. Esta fue la razón de que no asistió ningún representante de ninguna de las empresas supuestas participantes. Pues no tenía caso, ya que no iban a recibir nada por escrito. Como así fue, pues al término de la lectura, la lectora le preguntó al “secretario” del delegado Martínez que si los dos “oyentes” no iban a firmar una copia de lo leído y se les entrega, a lo que el dicho “secre” le sentenció a regaños que “No, porque ellos solo están como oyentes”.

Tampoco, y esto acaba por demostrar un fondo demasiado dudoso de este proceso de licitación, la única funcionaria de Liconsa que asitió al “fallo” dio a conocer cuándo sería la fecha en que se haría el contrato formal con la empresa ganadora.

Artículo 24, Fracción VI. “En el acto de adjudicación la convocante dará lectura en voz alta al dictamen, el cual deberá señalar a quien se le adjudica el contrato o pedido, los motivos que fundan la resolución, así como las demás proposiciones que considere conveniente incluir.

De igual manera se acordará, el lugar, fecha y hora en que se formalizará el pedido o contrato; que será 20 días hábiles después del acto de adjudicación, como plazo máximo.

Pues a pesar de que se señala un plazo de 20 días hábiles, la Ley dice que en después del fallo se debió y  precisa, la fecha exacta en que se haría el contrato al ganador.

Y para finalizar esta entrega, la Fracción VIII. “De todo lo actuado quedará constancia en acta que firmarán las personas que hayan intervenido, haciendo mención de quienes se negaren a hacerlo. Así mismo, se asentarán las observaciones que en su caso, hubieren manifestado los participantes”.

Como se ha señalado, no hubo nada de esto. Todo se hizo por “Compranet.com”. Nada por escrito. Los que fueron al fallo, que no eran representantes formales de empresas, fueron casi echados al término de la lectura del dictamen y amenazados con sacarlas antes si hablaban o preguntaban sobre el irregular contrato que nunca se dijo cuándo se concretaría.

Ahora bien, una cosa es que el delegado de Liconsa esté pensando en hacer negocios truculentos que habremos de señalar en esta columna más adelante, o que cuando menos nadie entiende porque no se apegan como deben a la Ley que regula las Adquisiciones en el Estado y otra cosa es que este asunto se haya acabado por completo. Pues por donde pasa el becerro destructor, ahí se le sigue la pista para ver qué va dejando atrás. Al tiempo y no tan largo habremos de referirnos a la forma de operar de Liconsa.

Ahora bien supongamos sin conceder, que el testaferro Carlos Javier Castillo Campos (pobre mi tío Fernando, se moriría de nuevo si ve en que está metido su hijo), facilitó su nombre y datos al hijo de Eleazar Ek, porque  éste como puede ser evasión fiscal, temas sucesorios de familia, buró de crédito, etc. por razones inconfesables no desea que los pagos de Liconsa mensuales estén a su nombre por algún motivo.

El proceso es un tanto complejo. En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a nombre de Castillo Campos el domicilio fiscal es señalado en la calle 59 número 41, Centro Campeche y su actividad se asienta como el Autotransporte Foráneo con Refrigeración. Su situación de registro dice que inició operaciones el 23 de mayo de 1975.

¡Increíble! don Carlos Javier, en ese entonces tenía 25 años y no pegaba un golpe porque vivía en casa de sus abuelos maternos en la calle 12 entre 65 y 67 del hoy Recinto Histórico. Y como ese dato, hay otras falsedades en que en una simple investigación del SAT puede corroborarse en detrimento de este prestanombre de Freddy Martínez Quijano y de Eleazar Ek, quienes harán el gran negocio con la recolección del lácteo en la cuenca lechera de Campeche.

Ante un notario o fedatario es facil confeccionar un escrito que seguramente garantiza a Eleazar Ek la verdadera propiedad de esta concesión ilícitamente lograda.

El Grupo de Trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó el año pasado un paquete muy completo de reformas tanto en la ley de delincuancia organizada como en el Código Penal, y lo que está previendo es castigar a los prestanombres o testaferros, dijo hace unas semanas atrás la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Las reformas proponen que se castigue a quien haya prestado su nombre para constituir una sociedad o realizar una compra-venta. Cuando no hay causa legal para hacerlo.

Puede haber casos en los que se justifique, pero prestar el nombre para constituir una sociedad o realizar una compra-venta y luego resulte que desconocían que era “dinero sucio” será penalizado en breve.

Otro caso será la transferencia de acciones, incluso en operaciones con empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Las propuestas buscan sancionar con una pena de cinco a 15 años de prisión a quienes falten a la normatividad, además de que establece nuevos sujetos a reportar las acciones sospechosas.

Existen prestanombres que son engañados y que en principio actuaron de buena fe, involuntariamente están siendo  utilizados para la corrupción y el lavado de dinero.

Un prestanombres es una persona que más allá de lo permitido por la ley, autoriza a otro emplee su nombre para realizar actividades (por lo regular ilícitas) que no puede hacer el peticionario de forma personal (deudores boletinados, desfraudadores y personas que por sus antecedentes son vigilados por las autoridades).

SOBRE EL PERRO MAS FLACO…

En medio del escándalo de Oceanografía se han emitido decenas de juicios, pero en todos ellos hay un chivo expiatorio, el villano favorito, el perro más flaco al que le han caido todas las pulgas: Mario Alberto Avila Lizárraga.

Es cierto, la verdadera joya de la corona de los cargos federales fue, es y seguirá siendo la subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex en Ciudad del Carmen, donde fue cesado el día 1 de diciembre de 2012, el ex candidato al gobierno del Estado de Campeche. El cese fulminante obedecía a un plan perfectamente orquestado desde Los Pinos, al cesar la enorme influencia de la familia Mouriño Terrazo  luego del auge económico que ésta tuvo durante el docenato panista.

Esta subdirección es considerada la auténtica joya de la corona de los cargos federales a nivel estatal. Durante su gestión Avila Lizárraga movió recursos por más de 60 mil millones de pesos anuales, que son un 200 por ciento del POA y un 400 por ciento del Presupuesto de Ingresos del Estado, ambos del 2013. Otorgó contratos millonarios a la clase panista en especial al director general de Oceanografía, Amado Yañez Osuna, este fue al parecer la principal causa de todo el proyecto de EPN para moverle el tapete a su antecesor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y con él a su incondicional Ernesto Cordero Arroyo.

Los panistas acusan a EPN de inmiscuirse en la elección interna del Partido Acción Nacional, para que Gustavo Madero derrote en el próximo proceso electoral a Ernesto Cordero Arroyo y en jugada de Jaque Mate desaparezca la influencia del anterior presidente de la República y todo el grupo que lidera en las filas de Acción Nacional.

Dice el grupo de Cordero Arroyo que este caso no tiene nada que ver con contratos, con Oceanografía, ni con Amado Yañez Osuna, sino que “buscan doblegarlos, amainarlos y presionarlos para ceder ante una de las banderas que el PAN tiene en las leyes secundarias de la reforma energética”, expresó el senador Roberto Gil Zuarth, del grupo corderista.

Este senador en larga entrevista a la revista Proceso afirma que “El PRI y el gobierno federal tienen la tentación y aprovechan la ocasión para intervenir en la vida interna del partido. Es el modelo del PRI del Estado de México: intervenir en los otros partidos”.

Gil Zuarth, secretario particular de Calderón, ex diputado federal, dos veces subsecretario de Gobernación y derrotado por Madero en la contienda por el PAN, en 2010, no evade el expediente de corrupción atribuido al PAN, y afirma que se deben “exorcizar a los fantasmas” de ese partido.

Sin embargo advierte, en el caso de las leyes secundarias de la reforma energética y de otros temas fundamentales, que el PAN no puede dejarse presionar por el gobierno federal y volver a ser “perros acosados” como decía el ideólogo del PAN, el yucateco Carlos Castilla Peraza.

Gil Zuarth afirma que “Enrique Peña Nieto se llevará una sorpresa. Intervenir en la vida política del PAN le va a implicar una dificultad importantísima en la interlocución política. Porque, hay que decirlo con claridad, el Senado durará el mismo tiempo de su gestión, y aquí  habrá quienes estamos dispuestos a defender, hasta con la vida, a una institución”.

Una foto de Madero, abrazado con la sobrina de "Chano" Pérez Aguilar, de nombre Illeana Jannette, ambos a bordo del jet ejecutivo, propiedad de Amado Yañez Osuna, cuando ambos se trasladaban de Ciudad del Carmen a la capital de Campeche, acrecentó la confrontacion entre facciones. Luego de deslindarse, exigió castigo a los responsables sin distingo de su militancia, y con malicia, involucró a Calderón y Cordero.

Madero, soltó una verdad de a kilo: “estoy seguro que la información detallada sobre el caso Oceanografía podrán ofrecerla los funcionarios que administraron Pemex en los últimos doce años, así como los miembros de su Consejo de Administración en ese lapso”.

Por su parte Gil Suarth dice que es una paradoja que esté reservada toda la información del caso Oceanografía para salvaguardar las investigaciones, pero que se filtren nombres de personas vinculadas al PAN, como es Mario Avila Lizárraga. Está rservado todo lo que pasó en 2013, pero no un contrato suscrito en los primeros días de diciembre de 2012, antes del relevo en el cargo de Avila Lizárraga en la subdirección en Pemex que. Al final de cuentas, no provocó  ese addendum ninguna contraprestación a cargo de la paraestatal. Fue una cacería de brujas.

Pretender tapar la cloaca de Fox y Calderón, a cambio de leyes secundarias. Se debe investigar antes que a MAAL a Amado Yáñez Osuna y detrás de todo este cochinero al grupo Mouriño.

Según una nota del periódico capitalino Excelsior de fecha 17 de marzo pasado, el área que dio 76 contratos a Oceanografía de 110 otorgados en los últimos once años, fue Manuel Jesús Alegría Constantino, coordinador de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP). MAAL solo trabajó dos años y meses en ese cargo, pero está calculado que había sido marcado como villano favorito.

Esos 76 contratos firmados por Alegría Constantino significaron un ingreso de 31 mil 750 millones 915 mil 97047 pesos, es decir, 62.2 por ciento de los 50 mil 981 millones 819 mil 596.27 pesos que Oceanografía “ganó” en los últimos once años con la firma de 110 acuerdos con Pemex.

Excelsior señala que cinco áreas de Pemex Exploración y Producción (PEP), durante el tiempo que estuvo a cargo de Jesús Ramirez Corzo y Carlos Morales Gil, desde el tiempo de Fox (en los que Martita mandaba en Pemex) en 2003, implicaron “ganancias” a Oceanografía por más de 50 mil millones de pesos.

Esas firmas que aparecen en contratos dan claramente los nombres y cargos de Coordinador de Servicios Marinos; Subdirección de Servicios y Proyectos; Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos; Subdirección de Producción región marina Suroeste y Subdirección de Producción Región Marina Noroeste.

En un ejemplo de la firma de contratos con el número 428237849 se observa que Alegría Constantino acordó con el apoderado legal de Oceanografía, Jaime López Zermeño, “el montaje de equipos y estructuras diversas, adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP, en la zona económica de los Estados Unidos Mexicanos” por cuatro mil 902 millones 777 mil 273.76 pesos.

El documento define claramente que Alegría Constantino con su carácter de subdirector de la Coordinación de Servicios Marinos, era el funcionario inmediato inferior al director de pemex Exploración y Producción de conformidad con escritura pública de la Notaría Pública 117 de México, D.F., contaba con las facultades que le corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio.

Desde el 2006 ---antes de que tomara posesión Felipe Calderón---, Alegría Consantino comenzó a ser el subdirector de la Coordinación de Servicios Marinos. De acuerdo con el portal de Transparencia, actualizado al 14 de septiembre de 2013, Alegría seguía con ese cargo, el primer contrato firmado entre Oceanografía y esa unidad coordinadora de Pemex, se fija el 1 de diciembre de 2003 y el último el 4 de marzo del año pasado.

De los 25 contratos que PEP firmó con oceanografía a lo largo de todo 2012, con lo cual promedió dos por mes, 16 fueron responsabilidad del coordinador de Servicios Marinos; seis más son de la Unidad de Perforación y Mantenimiento y tres de la subdirección de Servicios a Proyectos.

Otro “angelito” que está muy escondido es Ricardo Palomo Martínez, quien en la unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, firmó en tercer lugar el mayor número de contratos con Oceanografía.

Manuel Jesús Alegría Constantino, reportaba directamente a la dirección de Pemex Exploración y Producción. El grave problema y una real estupidez de MAAL fue haber firmado el adéndum (que es un anexo al original de un contrato) cinco días después de haber sido cesado en el cargo. Esa firma a destiempo por cierto implicaba el pago de 100 millones de pesos a Oceanografía.